CLARIDAD
A juicio del licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez, a pesar de las diferencias cosméticas, el quinto Plan de Ajuste de Deuda (PAD) presentado por la Junta de Control Fiscal (JCF) es igual de malo o peor que el anterior. El PAD sometido a finales de marzo por la JCF les sigue ofreciendo pagar $2,600 millones de compensación en efectivo o en bonos a los bonistas acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
En entrevista con CLARIDAD sobre cuál es la diferencia entre este quinto PAD y los anteriores, el experto en la Ley PROMESA y en casos de quiebra señaló que la diferencia más llamativa es que, antes, esos $2,600 millones salían del cargo híbrido y, ahora, según la Junta, saldrán de “un fondo misterioso, porque la Junta no ha dicho cuál es, dónde se va a acumular ese dinero”.
Según el PAD, el dinero no será para pagar directamente a los acreedores, sino que cuando le falte dinero la AEE, va tomar prestado de dicho fondo. Describió que sería como un fondo de emergencia que saldrá del Gobierno central y que, eventualmente, habría que reponer; es decir, aunque la Junta no va a aumentar la tarifa para pagar deuda, va a sacar los $2,600 millones del Gobierno central. Además, ya se emitió una deuda por $2,500 millones con vencimientos anuales a 35 años.
Emmanuelli expuso la contradicción de decir que la AEE no tiene dinero para ofrecer un buen servicio y ofrecer tanto dinero a los bonistas. Subrayó que en el Derecho de Quiebra cualquier deudor paga a los acreedores dos cosas: lo que está garantizado y la garantía es de los ingresos netos. En el caso de la AEE, no hay ingresos netos y solo se paga cuando hay ingresos disponibles. “Aquí no hay ingresos disponibles; por lo tanto, no se supone que se le esté ofreciendo esa cantidad obscena a los acreedores. Eso, a pesar de las diferencias cosméticas hace el plan igual de malo o peor que el anterior”.
Otra contradicción que expuso es el que para salir de la deuda se esté emitiendo una deuda nueva, lo cual es parte del acuerdo con Black Rock.
Una interrogante es si la JCF está considerando que a la AEE no le sobra dinero para reconstruir la red ni para mantenimiento y reconstrucción y que todavía Genera y LUMA tienen que cobrar por su trabajo, si ante ello se vislumbra que pueda haber la posibilidad de que las privatizadoras salgan del escenario.
En ambos contratos dice que si la reestructuración no es compatible con los contratos, ellos se pueden salir, por lo que eso es una contingencia, explicó. En ambos, la realidad es que no va a sobrar nada para poder operar y cumplir con las metas. En el caso de LUMA, esta recibe un pago fijo y un incentivo que depende de las métricas que establece el Negociado de Energía. En ese caso, LUMA puede decir que con tanto dinero que tiene que sacar no va a poder cumplir con las obligaciones que tiene con el contrato. “Eso es algo que siempre está en el aire”, indicó.
Para Emmanuelli, la situación parece un círculo vicioso porque para LUMA dar un buen servicio necesita reconstrucción, y si no hay dinero para la reconstrucción, dado a que el dinero federal para la reconstrucción está en un hilo, ya que el pasado mes de febrero FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) le puso restricciones adicionales, ello pone sobre el tapete si se va a poder dar o no la reconstrucción o si el dinero se lo van a cancelar o no. El licenciado confirmó que aunque en el PAD se menciona dicho riesgo, de ocurrir, no se dan alternativas. El director ejecutivo de la JCF, Mujica, ya dijo que no había remedio para los recortes del dinero federal.
El también representante legal del Sistema de Retiro de los trabajadores de la AEE añadió que otra vez el PAD deja fuera las pensiones para que se consideren como un gasto operacional, y el gasto operacional a su vez se tiene que imponer en la tarifa. Eso se está revisando en el Negociado de Energía, y se espera esta emita una resolución el próximo 1.0 de julio. “Es decir, que no es cierto que no va a haber aumento. Todo lo contrario, va a haber aumento significativo para cubrir las peticiones que están haciendo LUMA y Genera para cubrir el sistema de retiro”.
Respecto a cuánto tiempo más podrá tomar el pleito de la deuda de la AEE, que es la única que queda por negociar por la Ley PROMESA, comentó que en realidad puede tomarse un año más en lo que se resuelven todas las mociones presentadas. Como, por ejemplo, con la situación de un grupo de bonistas que presentó una moción en la que están diciendo que no les han pagado lo que se supone les pagaran año tras años. Hay otra moción que cuestiona los gastos administrativos de la AEE. Incluso, la Junta también pidió una extensión para acudir al Tribunal Supremo. Del tribunal aceptar el caso, se podría extender hasta el año que viene.
El licenciado Emmanuelli Jiménez planteó que la gravedad del nuevo plan debe generar preocupación y la misma oposición que generó el plan anterior, contra el cual se radicaron más de 800 objeciones. “Hay que estar preparados para hacer el mismo esfuerzo”.
En entrevista por separado, la licenciada Eva Prados Rodríguez, directora ejecutiva de la Comisión Ciudadana para la Auditoria del Crédito Público (CCACP), explicó que la diferencia entre el nuevo plan y el plan presentado en marzo del 2024 es que no se sostiene en el cargo híbrido, lo cual es un logro para todos los sectores sociales que se unieron para oponerse al aumento. No obstante, censuró que la JCF mantiene la propuesta de pagar $2,600 millones, a sabiendas de que no hay fuente de pago para ello. “No nos sorprende que no exista una fuente de pago. Nuestra postura es que se cancele esa deuda porque el Gobierno no cuenta con el dinero y el país no tiene la capacidad económica para aguantar un aumento en la luz”, defendió.
Hizo la anotación de que este PAD es todavía temporero, no es la versión que entiende va a llegar a su fin. La misma JCF reconoce que tiene que someter un plan suplementario o una enmienda adicional en donde incluirá entonces de dónde saldría el dinero. “Lo único que sabemos es que ellos dicen que no va a salir de los activos, ni del efectivo ni los aumentos en la factura”.
Según las proyecciones de la misma JCF, los costos de la privatización más el costo de las pensiones son tan altos que por el momento no se ve que vaya a haber sobrante de los ingresos netos (dinero disponible a través del pago de las facturas),que es de donde los bonistas supuestamente tienen derecho a cobrar.
En fin, la JCF deberá aclarar en el PAD de dónde va a salir el dinero para pagar a los bonistas, si será una transferencia del Fondo General o un nuevo impuesto. Si no se clarifica de dónde saldrá el dinero, va a ser un argumento en contra del PAD porque este debe dar una garantía. La licenciada Prados Rodríguez coincidió con la postura de Emmanuelli Jiménez de que es más que evidente sin los números de LUMA, ya la AEE está en rojo. Cualquier corporación que puede demostrar que no genera los ingresos suficientes para pagar su deuda puede ir a una cancelación total, “por lo que el que todavía esté pendiente una oferta de $2,600 millones, que no se sabe de dónde van a salir, sigue siendo una preocupación para todos; se deja la puerta abierta a que no se sabe de dónde va a salir ese dinero”.
