La comunidad ha emplazado al municipio de múltiples formas
CLARIDAD
A más de ocho meses de recibir las cartas de intención de expropiación por parte del Municipio de Cayey, los residentes de la comunidad Carrasquillo aún enfrentan ambigüedades por parte del ayuntamiento, que no ha expedido una ordenanza para resolver el asunto.
Desde el 18 de octubre, los vecinos de Carrasquillo aguardan por una enmienda a la Ordenanza 34-2023-24, que establece un plan para desarrollar un Parque Urbano que tardaría, de acuerdo con el propio alcalde, aproximadamente un siglo en completarse. Los terrenos donde se ubicaría el parque ya expropiaron, en 2012, a decenas de familias.
“Es nuestro interés que, de acuerdo con las múltiples expresiones del alcalde de no expropiar a los residentes de la comunidad Carrasquillo, que las mismas se pongan por escrito y aprobadas mediante la enmienda a la ordenanza municipal ya previamente mencionada”, compartió el sector por escrito.
La comunidad también recordó los diversos medios de comunicación a los que ha acudido para difundir la noticia de la expropiación y la ambivalencia del mandatario municipal, Rolando Ortiz Velázquez. Carrasquillo quiere que la enmienda a la ordenanza explicite que el Municipio de Cayey solamente podrá adquirir nuevos terrenos mediante “medios voluntarios”. Es decir, que cada persona acceda a la propuesta según su criterio.
“Además, (la ordenanza) enfatiza que existen terrenos previamente expropiados hace más de una década, los cuales pueden ser utilizados para dicho proyecto sin afectar a las familias que aún habitan en el sector”, agregaron.
Del mismo modo, la comunidad recordó el impacto emocional que este anuncio ha lastrado en la comunidad. Durante el verano de este año, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) visitó a Carrasquillo en dos ocasiones en las que interactuó con la comunidad que, para entonces, aún atravesaba esta “ansiedad”.
“Se estima que la gran mayoría de los residentes de Carrasquillo son adultos mayores, muchos de ellos afectados emocionalmente tras recibir notificaciones de intención de adquisición de sus propiedades. La medida busca priorizar el mejoramiento del entorno urbano y social por encima de las familias que han vivido por generaciones en la comunidad”, continuó la denuncia.
En un vídeo publicado el 18 de noviembre, don Miguel Rivera Luna– portavoz de la comunidad en medio de estos esfuerzos— hizo pública la oferta de $80,000 que el Municipio de Cayey le ofreció a su vecino Luis. De acuerdo con Rivera Luna, quien reside en la comunidad desde pequeño, Luis compró su propiedad años atrás por una suma estimada entre $120,000 y $140,000.
“Para sorpresa de nosotros, el 17 de noviembre… El alcalde le aumentó, en una ordenanza, $85,000 adicionales a los $80,000, pero no se queda ahí. Eso no es ‘ay, qué bueno es el alcalde de Cayey’. El alcalde de Cayey le puso una cláusula a don Luis”, aseguró Rivera Luna.
La cláusula, explicó, consiste en restricciones como no traspasar el título de propiedad por un período de 17 años, de manera que el municipio pueda disponer del terreno según sus intereses. Para Rivera Luna, se trata de una artimaña legal que da paso a la “expropiación forzosa” que Ortiz Velázquez propuso inicialmente.
“Él dice que no va a expropiar. Él dice que está cansado de decirle a don Miguel, que se refiere a mí, de que estén tranquilos porque no va a expropiar, no va a sacar de sus hogares a nadie de la comunidad Carrasquillo… Sin embargo, él dice que quien le quiera vender voluntariamente, pues él la compra”, recordó Rivera Luna, enfatizando en que las tasaciones que realiza el municipio no corresponden al valor de las propiedades.
Como otro ejemplo, el vecino de Carrasquillo mencionó el caso de otro residente de la comunidad que recibió una oferta de $170,000 por parte del ayuntamiento. Después de que la persona no accedió, el monto ascendió a $225,000, suponiendo un aumento de $55,000. A juicio de Rivera Luna, la injusticia radica en que la administración del alcalde “disfraza” sus métodos de expropiación.
“De la noche a la mañana, esto (la oferta) aparece como que va a ser para el desarrollo, que incluye el Parque Urbano, transporte colectivo y veredas de río… También tiene las restricciones que le aplicaron a don Luis. Esto incluye las mismas cláusulas, pero en su caso por 11 años”, contó.
Continúan impulsando investigaciones
De manera paralela, el Senado de Puerto Rico acogió la Resolución 156– radicada por Eliezer Molina e ideada por José Carlos Rivera Santiago– para investigar estos procesos de expropiación en la comunidad Carrasquillo. Actualmente, la resolución aguarda por memoriales explicativos en el Comité de Asuntos Municipales.
La senadora independentista María de Lourdes Santiago Negrón, por su parte, radicó la petición de información 2025-0133, que exige los documentos oficiales relacionados con el proyectos del Parque Urbano como partidas presupuestarias, planos, mapas, fotografías, diseño, propiedades sujetas, adquisición o expropiación, construcción y mantenimiento.
“Con estas acciones, tanto a nivel municipal como estatal, la lucha de la comunidad Carrasquillo se consolida como un símbolo de resistencia frente al desplazamiento y la gentrificación, reafirmando el reclamo de los residentes por su derecho a la vivienda, la permanencia y la justicia social”, concluyeron los integrantes por escrito.
