Especial para CLARIDAD
En días recientes, el gobernador Pedro Pierluisi ha querido presentarse como el campeón de la reducción de la cuenta de la electricidad. En realidad, no propone reducirla, sino mitigar temporalmente el más reciente aumento. Para esto propone sacar $200 millones del Fondo del Seguro del Estado. Los aumentos pasados siguen igual de presentes y el último no dejará de afectarnos una vez el alivio temporero se agote. De paso, afectará negativamente al FSE. Veamos el problema y las alternativas con más detalle y más previsión que la mirada politiquera y miope del gobernador.
El costo de la electricidad no puede reducirse al monto de la cuenta mensual. Hay que añadir el costo en términos de salud y de deterioro ambiental, es decir, de nuestra calidad de vida, asociado a la quema de combustibles fósiles. Tanto para el creciente costo y la dependencia de las fluctuaciones del costo del petróleo y el gas, como para su costo ambiental solo existe una solución real y duradera: la transición acelerada a las fuentes de energía renovable. La propuesta para dicha transición en Puerto Rico ya existe. Es la propuesta ¡Queremos sol!, elaborada por una coalición de organizaciones ambientales, comunitarias y sindicales en colaboración con ingenieros, científicos y expertos en la materia. Esa transición a la energía renovable debe realizarse tomando en cuenta el mejor uso de nuestro limitado territorio, empezando por los terrenos agrícolas. Debe centrarse en la generación distribuida (la mayor parte en techos) y minimizar las llamadas granjas solares. Recientemente se ha modelado la implementación de este modelo, ejercicio que indica que para 2035 Puerto Rico podría generar 75% de la energía que consume con fuentes renovables, a la vez que se reduce, de manera duradera, el costo de la generación a 15 centavos kW/h, es decir menos de la mitad de lo que hoy pagamos. Está claro que este es el camino que seguir, si queremos reducir tanto la cuenta de la luz como los demás costos de la generación, además de crear un sistema más resistente a los embates de huracanes o terremotos. En resumen: no necesitamos ni queremos energía nuclear (con su consecuencias y riesgos), ni malgasto de fondos en la conversión a gas natural, ni granjas solares, sino una acelerada transición a un sistema de generación distribuida centrado en la energía solar. Los fondos disponibles para reconstruir el sistema eléctrico (más $9 mil millones) deben usarse para financiar esta transición.
Por otro lado, existe otra amenaza al bolsillo del consumidor, aparte del aumento del petróleo, del cual debemos desprendernos cuanto antes. Se trata de un posible aumento para pagar a los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica. En marzo, el gobernador, ante el reclamo de distintos sectores, descartó la propuesta de ajuste de la deuda de la AEE que, entre otras disposiciones, incluía un aumento que ascendería hasta más de 4 centavos kW/h, para pagar a los bonistas. La deuda se encuentra ahora en proceso de mediación, ordenado por la Jueza Taylor Swain. Es imperativo que el ajuste de la deuda esté subordinado a los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. Cualquier acuerdo debe incluir una reducción sustancial de la deuda y cero aumentos de la tarifa para pagar a los bonistas. Hay que recordar que la deuda de la AEE se emitió según un acuerdo (conocido como Trust Agreement) en que se establecía el pago de los bonistas luego de que la AEE cubriera sus gastos operacionales, incluyendo los pagos a los sistemas de pensiones. En fin, se trata de lo que se conoce como una deuda no asegurada, que la AEE podría reducir a cero. Cualquier ajuste de la deuda, además de reducirla sustancialmente y de no incluir un aumento en la tarifa, debe mantener el orden de prioridades fijado en el Trust Agreement, poniendo en primer lugar los gastos operacionales y los pagos a los sistemas de pensiones. Estas disposiciones están incluidas en el Proyecto de la Cámara 1383, que ya fue aprobado por ambas cámaras legislativas. La medida adopta los puntos señalados como política pública (incluyendo la reducción de la deuda en al menos 75%) y mandata que sean adoptados por la AEE y el Negociado de Energía y cualquier agencia del gobierno al evaluar cualquier propuesta de ajuste de la deuda. El gobernador, si en realidad le interesa la salud financiera de la AEE y evitar futuros aumentos, debe firmar este proyecto inmediatamente.
Hasta ahora, en lugar de comprometerse con el modelo de generación distribuida y de firmar el Proyecto de la Cámara 1383, el gobernador Pedro Pierluisi ha convocado una sesión extraordinaria para aprobar el Proyecto del Senado 931. El Proyecto 931, como indicamos, pretende quitar más de $200 millones al Fondo del Seguro del Estado para mitigar el más reciente aumento de la luz. Es decir, se atacan los recursos de una agencia para proveer una alivio mínimo y temporero que no atiende el problema del costo creciente del petróleo y de sus efectos ambientales. ¿Qué hará cuando se agote el alivio financiado por esos millones? ¿Seguir vaciando los fondos del FSE o de otras agencias? Incluso la comisionada residente Jennifer González ha indicado que esto sería repetir errores del pasado. Aunque cueste decirlo, hay que reconocer que la amiga de Trump en este caso tiene razón contra el gobernador de su partido.
Si el gobernador busca fondos para un alivio inmediato debe empezar por renegociar aspectos del contrato de LUMA. Ese contrato establece un fondo de reserva de más de $750 millones, de los cuales se pueden sacar fondos para el alivio temporero que pretende realizar con fondos del FSE. En todo caso, lo que hace tiempo de debió hacer es cancelar el contrato de LUMA.
Por estas razones, la delegación del MVC votará contra el Proyecto de la Cámara 931, medida engañosa que nada resuelve. Las únicas alternativas reales y duraderas al creciente costo de la generación es la transición a la energía renovable, según el modelo de generación distribuida (según la propuesta de ¡Queremos sol!) y una renegociación adecuada de la deuda, que priorice los gastos operacionales y los sistemas de pensiones y evite nuevos aumentos de la tarifa, según dispone el Proyecto de la Cámara 1583. Los fondos para un alivio inmediato no deben generarse a costa del debilitamiento acentuado de las finanzas de otras agencias del gobierno.
El 20 de julio próximo marcharemos del Capitolio a Fortaleza exigiendo la cancelación del contrato de LUMA, en rechazo del Proyecto del Senado 931, en apoyo la Proyecto de la Cámara 1383 (incluyendo la reducción de la deuda en más de 75%, no aumentos para pagar a los bonistas, la protección de las pensiones y la priorización de los gastos para dar un servicio adecuado al país) y en apoyo a la propuesta de ¡Queremos sol! y la transición acelerada a la energía renovable. Ese día debemos movilizarnos todos y todas. Allí estaremos, fieles a nuestra consigna: ¡En la legislatura y en la calle!
