CLARIDAD
De lo único que las y los consumidores podemos estar seguros con la privatización de la generación de la energía eléctrica es que habrá aumentos en la tarifa, igual que ha sucedido con privatización de la transmisión y distribución en manos de LUMA Energy.
La semana pasada, en apenas par de días, los entes responsables de la privatización, la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP), la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) y la Fortaleza, anunciaron y aprobaron la privatización de la generación de la energía eléctrica de la AEE. Según informó el director ejecutivo de la AAPP, Fermín Fontanés, el contrato es uno solo, a 10 años, y entrará en vigor en seis meses. Fontanés no identificó a la empresa privatizadora; pero varios medios han revelado que se trata de un consorcio de varias empresas, entre las cuales se encuentra la compañía New Fortres Energy, que ya le suple gas natural a las plantas 4 y 5 en San Juan de la AEE y que tiene una deuda con esa agencia de más de $34 millones por la falta de suplido entre junio de 2021 y abril de 2022.
Para el representante legal de la Unión de Empleados de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) que participa en el proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez, la privatización de la AEE “es otra derrota para Puerto Rico por las fuerzas neoliberales que están impulsando beneficiar a los ricos y desregular todas las protecciones que tienen los mercados y el pueblo a la insaciable ambición de los sectores capitalistas tradicionales”. Observó que los cambios se van a notar de inmediato debido a que el dinero para operar las plantas (que es el presupuesto de la AEE) está justo. Cualquier tercero es totalmente innecesario y lo que hará será encarecer el costo de la energía.
“Ahora mismo, hay un presupuesto que la Autoridad lo está administrando lo más económicamente posible, y ahora viene una persona a la que le van a pagar. El ánimo de lucro será otro aumento a la tarifa”. Esto, porque primero le van a pagar al privatizador por hacer lo que actualmente hace la AEE y, segundo, porque se le da la facultad de contratar “a los amigos y dolientes”, lo que implica que no hay licitación competitiva, por lo que todo sale más caro. Según el director de la APPP, el contrato tendrá un tope de gastos —no indicó cuánto— que el privatizador podrá reclamar durante la transición.
En cuanto al manejo de los fondos otorgados por FEMA para la reconstrucción de la red, el licenciado Emmanuelli Jiménez, anticipó que su manejo será el mismo negocio que se hizo con LUMA: la privatizadora será quien los va administrar y establecer las prioridades de cómo se van a gastar. “Estamos en la misma indefensión que ante LUMA”.
Este aclaró que cuando se vaya a discutir el plan de ajuste de deuda (PAD) de la AEE en el tribunal, no necesariamente la jueza Taylor Swain pedirá ver el contrato de privatización. Una vez ya aprobado por el Gobierno, incluido el gobernador Pedro Pierluisi, quien delegó la firma del contrato en la secretaria de la gobernación, Noelia Crespo, se espera que la Junta de Control Fiscal (JCF) lo apruebe. Emmanuelli Jiménez coincidió con el señalamiento de que seguramente la Junta ya está detrás del contrato negociado.
A la interrogante de si en un futuro se podrá prescindir del contrato, el experto en casos de quiebra indicó que en cualquier momento se puede prescindir de esos contratos, tanto el de la AEE como del de LUMA. Considera que lo que se necesita, pero que no hay, es voluntad política. “Todos los contratos tienen cláusulas de cancelación, y más el de LUMA, que es uno leonino. Vamos a ver cómo sale este. A la luz de la experiencia, ya sabemos que esa compañía no va a poner nada, así que ya tiene un pie en el umbral”.
Por su parte, en declaraciones a la prensa, la Coalición para el Pensamiento Energético (COPE) también repudio la privatización. “Al igual que sucedió con el contrato de LUMA, el proceso ha sido totalmente a oscuras y tenemos la sospecha de que la aprobación de este contrato será igual de atropellada”, expresó la licenciada Jessica E. Méndez Colberg, vicepresidenta del Bufete Emmanuelli CSP y portavoz de COPE.
Otra de las asociadas al Bufete Emmanuelli CSP y miembro de COPE, la licenciada Zoé C. Negrón Comas, trajo a la atención que mientras LUMA Energy LLC está operando bajo un contrato suplementario y la AEE se encuentra en el proceso contencioso de su quiebra, la AAPP está promoviendo otro proyecto de privatización de los componentes del sistema eléctrico del país.
“De por sí, el contrato de LUMA presenta una cantidad de interrogantes que nunca hemos visto atendidas en el proceso de quiebra. LUMA tiene prioridad de pago, tiene poder de veto, acapara el presupuesto de la AEE y ha solicitado numerosos aumentos de factura mientras provee un servicio eléctrico deficiente y más caro. Por otro lado, sabemos que la Junta de Control Fiscal está dirigiendo la reestructuración de la AEE de una manera que va a imponer más aumentos en la tarifa para el pago de la deuda. La entrada de otro privatizador, definitivamente, va a aumentar ese problema”, concluyó.
Mientras, en declaraciones oficiales, la delegación legislativa del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), senadora María de Lourdes Santiago y representante Dennis Márquez Lebrón, también censuraron la privatización. “La determinación de iniciar el proceso de privatización de la generación de electricidad en Puerto Rico constituye el paso final en la carrera por entregar a los intereses privados una de las funciones fundamentales del sector público. La votación de la Junta de Directores de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas fue unánime, lo que quiere decir que los representantes en esa Junta de los presidentes de Cámara y Senado favorecieron la entrega de lo que quedaba en manos públicas de la AEE. Como legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño condenamos ese voto y cuestionamos si representa el parecer de la mayoría de las legisladores en ambos cuerpos”.
En su más reciente acción, Márquez Lebrón radicó, este lunes 23 de enero, la resolución 902 para que se investigue el proceso de aprobación del acuerdo de privatización de la generación de electricidad, pactado entre la Junta de Gobierno de la AEE y la empresa Genera PR.
El representante, quien es abogado, señaló que el contrato entrega al consorcio Genera PR el derecho a administrar por los próximos diez años las centrales termoeléctricas de la AEE, lo que de facto convertiría esa empresa privada en un monopolio, con las implicaciones que ello acarrea. Resaltó además, que la investigación incluye analizar las consecuencias sobre los empleados de la AEE, sus convenios colectivos y su sistema de retiro.
“Este contrato no exigirá a Genera PR ningún tipo de inversión de capital, es decir, no desembolsará fondos en el desempeño de un rol fundamental para el sistema eléctrico del país y, por ende, para la estabilidad de nuestra economía. Varios sectores han planteado que el contrato de privatización podría carecer de herramientas para fiscalizar al privatizador, como ha sido el caso con el contrato de LUMA Energy, y por eso desde nuestro espacio en la Legislatura insistiremos en investigar, en cumplimiento con nuestra labor fiscalizadora”, concluyó.
