Especial para En Rojo
Del 11 al 13 de junio se celebró en Noruega el Foro Mundial Antibullying, un evento que reunió a más de 750 investigadores, profesores, psicólogos, sociólogos y profesionales de distintas disciplinas, todos comprometidos con la prevención y el manejo de uno de los fenómenos más devastadores para la salud mental: el acoso escolar.
Este foro internacional se distingue no solo por el rigor científico de las investigaciones presentadas, sino también por el espíritu de colaboración desinteresada que lo envuelve. A diferencia de otros espacios académicos, aquí prevalece un objetivo común por encima de intereses económicos o institucionales.
Sin embargo, este año el encuentro tuvo un matiz particularmente sombrío. Desde el discurso de apertura, pronunciado por la Dra. Hildegunn Fandrem, se percibió un tono de preocupación por las restricciones que enfrentan los investigadores provenientes de Estados Unidos, marcados por políticas establecidas bajo la administración de Donald Trump.
Al momento de registrarme, recibí una identificación que me clasificaba como parte de “USA”, y no como puertorriqueño. Fue un momento que me llenó de incomodidad, especialmente al comprobar que durante las presentaciones y conversaciones se evitaban deliberadamente palabras como «Estados Unidos», «Donald Trump», «LGBTQ+», «equidad», «abuso de poder» y hasta 197 términos más, todos restringidos por normativas federales que afectan directamente la investigación financiada con fondos públicos en territorio estadounidense.
Durante los almuerzos y tertulias, el desconcierto era palpable y preocupante. Una profesora internacional comentó con tristeza sobre las consecuencias de haber escogido una secretaria de Educación vinculada a la industria del entretenimiento como el World Wrestling Federation. Estas reflexiones llevaron a muchos, incluido a mí, a pensar en los estudiantes de maestría y doctorado que actualmente trabajan en temas ahora “prohibidos” bajo estas políticas. Muchos se ven obligados a reescribir sus investigaciones, pausarlas por años o incluso abandonarlas del todo para proteger sus fondos, sus carreras y sus graduaciones.
Aún más preocupante es el hecho de que proyectos de investigación colaborativos con académicos estadounidenses también se ven en riesgo si abordan temas restringidos o si la recolección de datos se realizó en Estados Unidos. Algunos estudios han sido cancelados por completo, mientras que otros sobreviven gracias a esfuerzos voluntarios, sin financiamiento, con el único objetivo de preservar la integridad del trabajo científico.
Ante esta realidad, han surgido estrategias de contención: bancos de palabras prohibidas, listas de sinónimos alternativos, e incluso rediseños temáticos para salvar lo posible. Aun así, muchas investigaciones están condenadas a desaparecer por completo.
Durante esos tres días en el foro, sentí una profunda tristeza y vergüenza como ciudadano de Estados Unidos. Escuché a colegas estadounidenses que ya buscan oportunidades fuera del país, una situación que, de concretarse, agravaría la ya precaria situación de la investigación en temas de acoso escolar.
Por todo lo anterior, hago un llamado urgente a las instituciones y estudiantes trabajando sus investigaciones en Puerto Rico que reciben fondos federales para que se orienten adecuadamente sobre estas restricciones. Con el conocimiento correcto, pueden proteger sus recursos, su comunidad investigadora y, sobre todo, el futuro académico de sus estudiantes. La campaña de intimidación ha atropellado el avance investigativo, y el daño a largo plazo luce irreparable.
