Ante la inminente aprobación en el Senado del PS 1, llamado proyecto de “Libertad Religiosa”, líderes religiosos y el Colegio de Abogadas y Abogados (CAPR) se expresaron en contra de la medida.
En comunicado de prensa, líderes religiosos del Consejo Asesor de la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico denunciaron que con su aprobación se pretende dar licencia para discriminar bajo la excusa de la libertad religiosa. “Es un proyecto que privilegia la creencia religiosa como excusa para negar servicios a ciudadanos. Al igual que permite que profesiones reguladas por el Estado puedan negarse a atender a personas, pues tendrían inmunidad», aseveró el doctor Juan F. Caraballo Resto, miembro del Consejo Asesor.
La reverenda Agustina Luvis Núñez reclamó que la libertad religiosa no puede convertirse en una herramienta de odio, exclusión, desigualdad o discriminación. “Como hombres y mujeres de fe, nos oponemos a esta medida y urgimos a cada líder religioso y a cada una de nuestras comunidades a levantar sus voces en contra de este proyecto tan peligroso. Nuestra fe nos llama al amor y la solidaridad, no al prejuicio ni al discrimen».
Los miembros del Consejo Asesor de la comunidad LGBTQ+ exhortaron al Senado a analizar los peligros de una medida que, advirtieron, vulnera a muchas poblaciones en Puerto Rico, no tan solo a esta comunidad. “Le pedimos aquilatar los alcances de dicho proyecto que pretende abrir una puerta al discrimen», dijo, por su parte, el pastor Pedrito De Jesús.
«Hacemos una exhortación al país para que se comunique con las y los senadores para que voten en contra de una medida que atenta contra el valor humano y cristiano de hermandad, solidaridad y humanidad. Es hora de alzar nuestras voces en favor de todos los ciudadanos y en contra del discrimen», aseguró el reverendo Juan Ángel Gutiérrez.
Otra miembro del Consejo Asesor, Ada Conde Vidal, hizo un «un llamado a las senadoras y los senadores a que hagan lo correcto. Que no permitan que se legalice el discrimen. Hoy van por la comunidad LGBTQ+, mañana irán por otras creencias religiosas y por otras comunidades vulnerables. La Constitución se hizo para defender a las minorías del posible abuso de las mayorías”.
Por su parte, en comunicado de prensa, la presidenta del CAPR, licenciada Vivían Godineaux Villaronga, exhortó a la gobernadora Jenniffer González a no firmar el proyecto.
“No hay fundamento ni razón que justifique convertir en ley esta medida, dado que no responde a un problema existente; sino todo lo contrario: será la fuente de una vorágine de problemas que no enfrentamos hoy. Fuera de ser un calco de medidas similares que han sido objeto de agrias controversias legales, éticas y morales en los Estados Unidos, este proyecto no atiende una necesidad de nuestra sociedad, donde la libertad religiosa ha sido un principio incuestionable y está contenida en nuestra Constitución”.
De acuerdo con la presidenta del Colegio, el proyecto concederá protecciones adicionales innecesarias a un sector de la población usando disposiciones excesivamente amplias que solo sirven para fomentar el discrimen de muchas maneras y para rechazar brindar servicios públicos.
“Señora gobernadora, obre a la altura de los tiempos y no ceda a la presión de quienes no estiman los derechos de toda la ciudadanía que habita en nuestro país, indistintamente de su credo, origen, u orientación sexual. Proteja, con su veto, los derechos civiles y el principio constitucional cardinal de igual protección de las leyes”, concluyó Godineaux.
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