Especial para CLARIDAD
Las luchas comunitarias en defensa de los patrimonios naturales en conjunto con el reclamo por el derecho a la salud y una vida digna no son nuevas en nuestro archipiélago. Tienen una larga trayectoria que se remonta al menos desde mediados de la década de 1960, cuando desde el gobierno de Puerto Rico y de los Estados Unidos se proponía la explotación a cielo abierto de yacimientos mineros ubicados en la zona montañosa del oeste de Puerto Rico. Las luchas comunitarias que se libraron a raíz de esos proyectos que presuntamente presentaban otra estrategia para el “desarrollo económico” del país, fueron tan importantes, que provocaron una transformación en la política de manejo de bosques en Puerto Rico.
A partir de la década de 1960, alrededor de todo el país se han articulado luchas que han estado fuertemente atravesadas por discursos enmarcados en lo que conocemos como justicia ambiental. Esto entendido como un reclamo al derecho por un medioambiente seguro, libre de contaminación y que garantice el bienestar de las comunidades; así como también, de una interpretación amplia de la Justicia que incluye una insistencia por el reconocimiento y la participación de la ciudadanía y de las comunidades, en la discusión y la toma de decisiones en asuntos de impacto ambiental y comunitario. Estas luchas también incluían una fuerte inclinación conservacionista y estaban firmemente basadas sobre el conocimiento científico. Incluyeron estrategias como la educación popular, la divulgación de sus reclamos a través de los medios de comunicación, la desobediencia civil, así como batallas legales. Algunos ejemplos de esas luchas son las movilizaciones contra la construcción de: el Gasoducto, Paseo Caribe, del parque eólico en terrenos agrícolas de Santa Isabel y de las plantas incineradoras en el norte; también contra la proliferación de antenas de telecomunicaciones, la quema de carbón por la planta AES y los depósitos de cenizas en el Sur y en varios municipios alrededor de Puerto Rico, entre otros. Aunque varias lograron sus objetivos, algunas de ellas siguen en pie de lucha.
Por otra parte, en las luchas desde las comunidades y grupos ambientalistas de base que se han organizado en los últimos años, muy particularmente durante este año, también ha quedado evidenciada una visión de equidad y justicia que contextualiza y teje sus particulares reclamos al reconocimiento de nuestra vulnerabilidad ante los profundos cambios a raíz de la crisis o emergencia climática. Los embates de los huracanes Irma y María, así como la mala planificación y el mal manejo gubernamental de esas emergencias, han demostrado las formas en que la degradación ambiental como resultado de las políticas desarrollistas, la mercantilización de nuestros recursos y escenarios naturales, la gentrificación, la desregulación de las políticas ambientales, el desmantelamiento de varias agencias reguladoras y el resquebrajamiento de su poder fiscalizador, así como la corrupción del aparato gubernamental, nos han hecho más vulnerables y ha profundizado la vulnerabilidad de la gente y las comunidades históricamente agraviadas. Estas luchas también han expuesto la irracionalidad de la política pública desarrollista, enmarcada en un discurso y una práctica neoliberal, en el contexto de la crisis climática.
Por tal razón el pasado 7 de julio un frente amplio de organizaciones ambientales, comunitarias, políticas, de defensa de derechos humanos y de animales se manifestaron frente al edificio del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) bajo la consigna “Una sola lucha”. La manifestación denunció “las desastrosas decisiones que se han tomado por parte de las agencias estatales y el gobierno en lo referente a la conservación ambiental y la justicia climática en Puerto Rico”. Reclamó al DRNA a cumplir con su deber ministerial de defensa de la naturaleza y del derecho de todas las personas a un ambiente sano, particularmente mediante la atención de cinco temas puntuales: la lucha por energía limpia y accesible; la disposición responsable de los residuos sólidos asumiendo la propuesta de Generación Circular y Basura Cero; la lucha en contra de las construcciones y destrucción de las zonas costeras; la protección y acceso del agua limpia como derecho humano; el trato justo de los animales no humanos, exigiendo el cierre del Zoológico de Puerto Rico y la reubicación de los animales que están allí en santuarios.
En esa manifestación también se exigió la renuncia del Secretario del DRNA, Rafael Machargo, por su incapacidad de cumplir con el deber ministerial de su posición. A pesar de su cuestionada labor como principal funcionario a cargo de la defensa de los recursos naturales y de asuntos ambientales en el país -tanto de parte de diversos grupos de defensa ambiental, expertos en temas ambientales y miembros de la legislatura- Machargo continua en su posición porque cuenta con la confianza del gobernador Pedro Pierluisi.
Precisamente en la coyuntura de la manifestación “Una sola lucha” y los reclamos conjuntos de ese junte ambiental, se libraba una de las movilizaciones ambientales más contenciosas que se han dado durante este año: la organización del Campamento Carey contra la construcción de las facilidades recreativas del Condominio Sol y Playa en la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) de la Playa Almendros en Rincón.
La lucha de Campamento Carey se ha articulado desde la defensa de la ZMT tanto para la preservación del espacio de anidamiento de dos especies de tortugas marinas en peligro de extinción: el carey (Eretmochelys imbricata) y el tinglar (Dermochelys coriácea); como para el disfrute colectivo, proclamado mediante la ya histórica consigna “las playas son del pueblo”. También, se articula desde una clara conciencia de que las prácticas de destrucción de dunas, manglares y humedales en aras de desarrollar el turismo y la actividad de bienes raíces de alto poder adquisitivo, nos han hecho más vulnerables a la crisis climática. Varios complejos de apartamentos en la costa de Córcega, casas de playa y las facilidades recreativas del propio condominio Sol y Playa quedaron destrozadas tras los violentos embates del oleaje que provocó el huracán María. Bajo el amparo y complicidad de las agencias de gobierno que se supone velen por los recursos naturales y la seguridad de las comunidades, tercamente los condómines aún insisten en construir las facilidades recreativas en violación a la ZMT y en plena afrenta a los efectos costeros del cambio climático. Esta irracional obstinación en construir en la playa, particularmente en un espacio que ya el mar reclama para si, solo puede ser explicada por un interés económico especulativo y cortoplacista, además de un sentido de impunidad alimentado tanto por el poder económico como por las conexiones con altos funcionarios del gobierno.
La coordinación entre el aparato estatal a través de entuertos burocráticos y la movilización de su brazo represivo mediante el uso de las fuerzas policiales, con los intereses del sector privado, dejan más que claro que la política pública está alineada con la defensa de esos intereses económicos y contra la defensa de los recursos naturales, la vida silvestre y el bien común, aún cuando estos intereses contravienen tanto los señalamientos de una comunidad científica de diversos saberes, la experiencia histórica de las comunidades y del propio sentido común.
Las dinámicas políticas, económicas y burocráticas que dieron razón a las luchas que lidera el Campamento Carey en Rincón, son similares a las que han dado origen al recién constituido Campamento Cangrejo en Luquillo. En este municipio se construye un complejo hotelero en un humedal que ubicado al lado opuesto del Balneario La Monserrate. Forma parte del Inventario de Humedales del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, sirve para amortiguar las inundaciones costeras y del flujo pluvial de la zona montañosa; además, está identificado como área inundable. La zona pertenece a la Autoridad de Terrenos y, según el contrato registrado en la Oficina del Contralor, fue rentada al complejo hotelero desde el 2016 hasta el 2090 por $15,460,288.
En un patrón similar al ocurrido en Rincón, los desarrolladores del complejo hotelero sostienen que cuentan con todos los permisos de las agencias pertinentes y el DRNA ha defendido la otorgación de permisos. Paradójicamente, la propia página web de la agencia establece que la “pérdida total de los manglares y de cualquier otro tipo de humedal y con ellos sus funciones gratuitas para el hombre [sic] tendría un costo social y económico, que ni aún la alta tecnología por ser costosa puede producir e igualar.” Ya el humedal fue deforestado y está siendo rellenado con suelo que ha sido extraído de una montaña ubicada en Ceiba. Lo que por el momento implica un doble impacto ambiental.
Los grupos comunitarios y ambientalistas que se han organizado para manifestar su oposición a este proyecto de construcción denuncian la destrucción de este importante ecosistema y alertan sobre las consecuencias ambientales y humanas de la irrupción de una zona ambientalmente sensitiva, tanto para las comunidades aledañas como para el propio complejo hotelero. La organización y creación del Campamento Cangrejo cuenta con el apoyo solidario de Campamento Carey, así como de activistas del desaparecido Campamento Playas Pa’l Pueblo y otros colectivos de defensa ambiental.
A pesar de que las manifestaciones de grupos comunitarios y ambientalistas en Luquillo y en Rincón han asumido prácticas de desobediencia civil y resistencia pacífica, ambas movilizaciones han sido objeto de agrios y violentos encontronazos tanto por parte de grupos en oposición a la protesta (Luquillo) como de parte de la Policía (Rincón). En ambos casos, las mujeres jóvenes han sido las principales figuras que han sufrido las agresiones físicas, verbales y sexuales, por el hecho de estar en la primera línea de estas importantes luchas. En el caso de Luquillo, las agresiones de individuos que fueron movilizados hacia la zona de las protestas por la entidad propietaria del complejo hotelero hacia varias de las mujeres que allí se manifestaban, ocurrieron ante la presencia y falta de acción de la Policía.
Ante los retos que nos impone la realidad de la crisis climática, la arrolladora continuidad y profundización de políticas públicas fundamentadas en la lógica neoliberal, y la burda y abierta corrupción gubernamental, la solidaridad y el apoyo mutuo entre grupos comunitarios y ONGs de defensa de diversas causas ambientales y de derechos humanos se hace tanto necesaria como urgente para poder adelantar estrategias de lucha y de política pública enmarcadas bajo la rúbrica de la Justicia Climática. Si las luchas contra los proyectos de minería iniciadas en la década de 1960 pudieron transformar las políticas de manejo de bosques; las acciones concertadas y solidarias a favor de las luchas por un sistema energético basado en sistemas de generación limpia y accesible, la disposición responsable de los residuos sólidos, la defensa de las zonas costeras, la protección de los recursos y el acceso al agua limpia como derecho humano, y el trato justo de los animales no humanos, entre otras causas, nos permitirá impulsar políticas comprensivas, transversales que garanticen la equidad y la justicia frente a la Crisis Climática.
La autora trabaja con Sierra Club.
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