Especial para CLARIDAD
Durante la pasada campaña electoral todos los partidos políticos expresaron la necesidad de revisar la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, mal llamada reforma laboral, que fue aprobada a principios del año 2017. Esta ley, conocida como ley 4, fue aprobada bajo el supuesto de que era necesaria para cumplir las metas de desarrollo económico que propone la Junta de Control Fiscal. La ley 4 derogó y enmendó decenas de leyes que protegían el empleo en Puerto Rico. De esta manera los trabajadores se afectaron negativamente, es decir perdieron derechos y/o se redujeron drásticamente sus beneficios. Por mencionar algunos, se redujo la acumulación de días de vacaciones y enfermedad, se aumento el periodo probatorio, se elimino el pago de horas extras en varias instancias, incluyendo sobre una jornada de ocho horas, se enmendó la jornada de trabajo y las horas a acumular para el bono de Navidad, se redujo la compensación en casos de despido injustificado y los patronos no tienen que probar en corte las razones del despido, entre otros. Una de las disposiciones de esta legislación, deroga la Ley de Cierre la cual desde hace décadas estaba bajo el fuego de los patronos.
Cuatro años luego de aprobarse la ley, no ha aumentado la participación laboral, los patronos alegan que no hay mano de obra disponible, las condiciones de trabajo de los empleados no han mejorado, en fin, que los datos y resultados no van de la mano con la legislación aprobada. Es por ello que en el año electoral los candidatos que aprobaron la ley expresaron su disponibilidad a enmendarla.
Tanto la representación del Partido Independentista Puertorriqueño y del Movimiento Victoria Ciudadana han radicado legislación para devolver a los trabajadores las condiciones previas a la ley 4 de 2017 (mal llamada reforma laboral). Sin embargo los legisladores del PPD y PNP han radicado y aprobado versiones que mantienen en general el espíritu de la ley 4 a favor de los patronos. La aprobación de dos versiones es una forma tradicional de trancar un debate y no cambiar nada. El gobernador ha expresado su oposición a las versiones aprobadas y expresado la necesidad de mayor estudio y garantías en alegada protección a los medianos y pequeños comerciantes.
El estado actual de los proyectos legislativos está estancado entre una lucha de poder entre los presidentes populares de Cámara y Senado y un gobernador PNP que se lava las manos de manera oportunista. Las asociaciones patronales aumentan la presión para que no se cambie nada. Los legisladores de minoría no tienen otra cosa que hacer que es quedar en record mediante la denuncia pública de los acuerdos de la mayoría y los patronos.
¿Y los trabajadores y trabajadoras? Aquellos que fueron empleados a partir del 2017, a quienes le aplican la ley, han aprendido a vivir entre las crisis de huracanes, terremotos y de pandemias. Han aprovechado las transferencias y “ayudas” económicas para sobrevivir. Se educan y se preparan para ser parte de la ola migratoria que se aventura a otras realidades. Y castigan a los patronos quienes alegan que no hay trabajadores para sus puestos de trabajo de salario mínimo. Estamos hablando de una juventud que no cree y no puede creer en el liderato político del país. Así las cosas se van polarizando las ideas de jóvenes y de otros sectores sociales no tan jóvenes que ven incierto su futuro como es el caso de los pensionados.
¿Y el movimiento sindical? Las organizaciones sindicales tienen que trascender de su realidad inmediata y proponer un plan de organización que responda a las actuales coordenadas del país. ¿Qué tiene que ofrecer el sindicato a un joven con estudios universitarios que asume tener dos y tres empleos de manera simultánea? ¿Cómo se organizan a los desempleados? ¿Cómo se organizan los pensionados ante el ataque brutal contra sus menguados ingresos? ¿Cuáles son las demandas políticas, sociales y económicas del sindicalismo en Puerto Rico 2022? ¿Qué puentes hay que cruzar para entrelazar las luchas comunitarias, ambientales y sectoriales y las de la clase trabajadora?
Mientras el hacha va y viene, los patronos se frotan las manos saboreando sus ganancias. La realidad de las grandes cadenas del comercio internacional que en Puerto Rico acumulan ganancias millonarias no se afectan negativamente por las disposiciones en discusión de la mal llamada reforma laboral. Tampoco le afectan los aumentos programados en el salario mínimo. Las demás empresas de naturaleza industrial y de manufactura también pueden asumir el costo de los cambios propuestos. La píldora venenosa es la que se han tragado los empresarios netamente puertorriqueños, los medianos y pequeños comerciantes. Estos han creído que la mal llamada reforma laboral les garantiza su existencia. La realidad es que la desregulación del mercado y la falta de protección a los trabajadores trabaja a favor de las grandes empresas. Las empresas del patio empezaron a desaparecer con la creación de los grandes centros comerciales fuera de la zona urbana. La eliminación de la Ley de Cierre favoreció a los grandes comercios y le quito protección a los medianos y pequeños comerciante que hoy luchan para sobrevivir ante las cadenas de farmacias, tiendas en las gasolineras y las grandes cadenas que abren 24/7. La aspiración clasista de ser gran burgués no le permite ver aliados en una comunidad que también lucha por sobrevivir.
Más allá de los cambios en las disposiciones de la ley, el debate fundamental es si el mundo del trabajo debe ser precario, con malas condiciones de empleo, baja participación laboral, dependencia de la condición colonial o si debemos aspirar a empleos dignos, garantías de un ingreso básico para todos, jornadas de trabajo completas, en fin, definir el país que queremos. Un país con justicia social, espacios realmente democráticos, libertad política y con una mayoría debidamente remunerada y reconocida. Recordemos, si a la clase trabajadora le va bien, al país le va bien.
