Aunque habiten guaridas y nidos, aunque salgan de cubiles y cuevas, las criaturas de este bosque no lo son, ni de sí ni de él. Las criaturas de este bosque duermen con un ojo abierto en las imposibles anémonas de agua dulce. Mudan la piel que nunca cubrió caparazón. Aparecen sin anuncio ni cómputo: una nutria cuelga de la hoja ancha de una palma, un perezoso se deja llevar por la corriente pedregosa de la quebrada. A veces, de hecho, la anguila vuela y el alce suda.
Conejo supo esto desde el principio. No lo entiende, pero lo sabe: lo anticipa ahí donde palpa su entorno, justo debajo del pelaje. Este bosque alberga lo que no cabe en él.
Pero hoy se entera de otra cosa, cosa lanzada en el aire mudo que la rodea, cosa que aterriza suave sobre su lomo gris. Y es que algunas de estas criaturas que solo conoce de lejos se están acercando hoy, una tras la otra, desde la mañana, y Ella no halla motivo alguno para ello. Se acercan de modos que no convienen para ninguna criatura, sea presa, depredador, o mero testigo de pequeñas debacles.
Hoy la miran.
Ha pasado tiempo, un tiempo de mesura múltiple y dudosa, desde que Ella empezó a andar de la mano de Cazador. Ha pasado tiempo desde que la orden y su cumplimiento se aunaron. En todo este tiempo Conejo podía desplazarse por el bosque sin preocupación, podía recorrer entre piedra y claros a sus anchas, royendo cáscara y bañada en sol con el verbo ocasional de Cazador como su único haber.
En este tiempo su carne mutó: el flanco elongado, un surco curvo de vientre en flor, la línea serpentina de cadera creciente. En este tiempo bebió de una sola fuente, en el cuarto de muros lisos. Y así lo han notado todas las otras criaturas de este bosque, y así la miran ahora, con suma curiosidad. Ella lo sabe, no lo entiende, y no le importa entender.
Esta curiosidad deviene en algún ansiar, como la muda de las pieles imposibles. Y por eso, naturalmente, la fauna se mueve.
Una mangosta fue la primera en acercarse con hambre obvia, y Ella sintió el reverbero obtuso y torpe de un deseo que apenas se lloraba caníbal. Y es que la mangosta, en su ansiar, la miraba de reojo, avergonzada de su propósito. No procedía devorar a su hermana silvestre, pero no podía evitar la petición: su mirada era más bien ruego. A los pocos momentos su portadora aceptó el límite de su condición, y se alejó sin más ni más.
Al rato se le acercó un mandril. Con ademán despreocupado ambuló hacia Conejo, consideró dos de sus opciones e ignoró la tercera, y decidió que la lascivia primate de una sola mirada bastaba para sostenerlo el resto del día.
Por la tarde Conejo sintió la presencia de otro animal, diminuto y suspicaz: una pulga que saltaba hacia el cuerpo ya palpitante –su cuerpo, el que latía en espera del llamado de su amado– y se alojaba certero en el centro de su pelaje. Esta pulga no franqueó cortesías. De plano la llamó, en voz tierna y aguda, pidiéndole entrada. Conejo se echó a reír. Sin entender cómo, pues nunca ha tenido el don del habla, le respondió. Quédate ahí si quieres, pulga. Quédate, y mira todo lo que quieras, pero entiende que no serás sino testigo de la orden ajena. Tu mirada, como la de cada criatura de este bosque, se clavará en la tela que nunca podrás rasgar, que nunca te cubrirá. Conejo sabe todo esto hoy, no lo entiende, y no le importa entender. Deseada, su deseo está en otra parte.
En febrero del 2008, Marta Mercado- la segunda Procuradora de las Mujeres- tuvo que manejar un alza súbita en los feminicidios en Puerto Rico. No necesitó una declaración de estado de emergencia del gobernador Fortuño porque la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) y las organizaciones respondimos de inmediato. En cuestión de días tuvimos una análisis sobre el perfil de las víctimas y victimarios, una reunión amplia de organizaciones y agencias para tomar decisiones y una campaña con colaboración ciudadana para concienciar sobre el tema. No hizo falta un presupuesto alto porque había voluntad y mucha energía puesta en el objetivo de salvar vidas.
En el 2011, hubo otro pico de violencia de género. En ese momento ya la OPM había sido desmantelada, las organizaciones vocales por ese proceso éramos perseguidas por el gobierno y no hubo respuesta gubernamental. Sin embargo, fuimos las propias organizaciones, a sabiendas de que el gobierno no respondería, las que decretamos el estado de emergencia y actuamos en alianzas para atajar la situación desde nuestras redes de servicios y con el apoyo ciudadano. En esa ocasión exigimos tres cosas al gobierno: (1) Articular un plan que incluyera: adiestrar personal de agencias de seguridad y profesionales de la salud, así como educar en espacios educativos, de servicios y de trabajo; (2) Fortalecer la infraestructura necesaria para atender las víctimas y utilizar los protocolos vigentes; (3) Actualizar y mejorar las estadísticas sobre violencia hacia las mujeres para desarrollar acciones basadas en datos veraces.
En el año 2014 nuevamente enfrentamos un estado de emergencia que nos llevó a interpelar al gobernador García Padilla y presentarnos en Fortaleza para exigir acciones. Se logró crear un comité de trabajo y se generó una campaña de prevención, pero el esfuerzo no logró los resultados que todas queríamos. La OPM estuvo al margen del esfuerzo tal y como parece estar al día de hoy.
Durante estos diez años las organizaciones atendimos un estado de emergencia en el que sufrimos no solo el alza en las estadísticas de violencia de género, sino la indolencia del estado ante el problema. Una indolencia que quedó retratada en el informe “La persistencia de la indolencia: Feminicidios en Puerto Rico 2014-2018” publicado por Kilómetro 0 y Proyecto Matria. La misma indolencia que hizo que el trabajo de creación y coordinación de una infraestructura gubernamental de prevención y respuesta gestado desde la OPM por María Dolores Fernós entre los años 2001 al 2007 se fuera desintegrando al punto de que hoy, tenemos que levantarla nuevamente. Frente a esa indolencia las organizaciones de servicios y activistas mantuvimos un trabajo de atención directa al problema, de investigación, de construcción de alianzas, de educación ciudadana, de trabajo político y de señalamiento a la negligencia del estado y de los partidos aspirantes a gobernar.
Nos tomó más de 10 años lograr que el gobierno decretara un estado de emergencia. Históricamente, 10 años son un suspiro. Pero en nuestras vidas- y las de las mujeres agredidas o asesinadas- son una eternidad.
Las elecciones del 2020, y el protagonismo del tema de violencia de género, crearon las condiciones para que el gobernador Pierluisi decretara el estado de emergencia en enero. Las voces ciudadanas de múltiples sectores hicieron prácticamente inevitable decretar ese estado que por más de dos años se reclamó de manera expresa sin dejar de trabajar simultáneamente para salvar vidas, educar y ampliar una base ciudadana que rechaza contundentemente la violencia hacia las mujeres.
A casi un año de la Orden Ejecutiva 2021-13 que decretó el estado de emergencia es válido preguntarse: ¿Se ha logrado algo?
El lenguaje de la OE es en sí mismo el primer logro. Hasta enero de 2021 ningún gobernante había adoptado un lenguaje cónsono con la perspectiva de género y los conceptos que nos permiten nombrar, entender y enfrentar la violencia de género. La creación del Comité PARE fue otro logro aunque hay que señalar que este comité no sería necesario si la OPM hubiera hecho su trabajo en los pasados 10 años.
Existe una plan de trabajo que guía al Comité PARE. Este plan es completo e incluye medidas de prevención e intervención porque nació de las manos de más de diez organizaciones de servicio que se sentaron a crearlo y que se basaron en el trabajo hecho previamente por ellas y otras organizaciones aliadas. Ese plan está en ejecución pero enfrenta retos relacionados primordialmente con el manejo lento y a veces errático que hace la estructura gubernamental de sus propios recursos. Súmese a esto el peso de una ideología conservadora que insiste en obstaculizar el trabajo por la equidad.
En PARE hay más organizaciones de las que la gente ve. Aunque somos cinco las que estamos en el Comité, hay al menos 20 compañeras provenientes de nuestro sector trabajando en los subcomités a cargo de implementar el plan de trabajo. Son el verdadero corazón de PARE porque llevan la bandera de nuestras luchas a todas esas mesas de trabajo.
Al día de hoy se han logrado cosas como las siguientes: (1) Mejorar el sistema estadístico relacionado con violencia de género y comenzar análisis basados en datos; (2) Crear y calendarizar un proceso de capacitación para el personal de agencias del gobierno en torno al tema; (3) Evaluar, modificar y crear protocolos de atención a la violencia de género que deberían estar listos para implementación a principios del 2022; (4) Acelerar el análisis de los safe kits en casos de agresión sexual y crear un sistema de rastreo que estará accesible para las víctimas; (5) Iniciar un proyecto piloto de gestión y monitoreo de las órdenes de protección llamado COPOP y que además nos permite registrar datos que son útiles para tomar decisiones en el área de servicios; (6) Lanzar una campaña educativa que está generando alianzas adicionales con integrantes del sector privado; (7) Comenzar a integrar los municipios del país en un esfuerzo para tener recursos de respuesta en los 78 municipios; (8) Adelantar un plan para incorporar la perspectiva de género en el currículo del Departamento de Educación.
Nos tomó 10 años lograr que el gobierno acogiera nuestros reclamos del 2011. Todavía nos tomará más tiempo lograr una respuesta gubernamental al nivel de la necesidad real de las mujeres del país. Todavía el gobierno nos debe. Las protagonistas de estos 10 años son las mujeres y su integridad, su solidaridad y su trabajo. Por eso no podemos dejar de ser críticas y mucho menos dejar de soñar con la paz, desarrollo y equidad que todas merecemos.
Este artículo forma parte de nuestra edición especial impresa de resumen del año.
El 2021 fue un año cargado de noticias repetidas y circulares, típico de una colonia que también lleva 513 años repitiéndose. Este año no enfrentamos huracanes ni terremotos y los temas que coparon la atención de los medios vienen destacándose desde hace décadas: violencia contra la mujer, agresiones al ambiente, el peso enorme de la deuda pública y la eterna corrupción que brota del llamado “sector privado” para arropar el público.
Sólo cambia el nombre del corrupto
La noticia que cerró el año fue el destape de algunos actos de corrupción que, a pesar de ser tan comunes, siguen sorprendiendo. A finales del año anterior los destapados fueron legisladores del PNP –María Milagros Charbonier y Néstor Alonso- y al cerrar el 2021 se abrió el pozo séptico de varias alcaldías. Al 20 de diciembre ya eran 4 los municipios impactados -Cataño, Guaynabo, Aguas Buenas y Trujillo Alto- pero todo indica que la lista será más larga porque en el centro del lodazal están dos empresas que tienen contratos con al menos 38 ayuntamientos.
En este artículo no hablaremos del esquema, tan repetido como la corrupción misma, ni de los personajes que, para resaltar el bipartidismo podrido, se dividen por mitad entre el PNP y el PPD. Vamos a hablar de lo que las noticias nos dicen del impacto que estos esquemas tienen en el servicio al pueblo. El robo al nivel municipal se concentra en las dos áreas que consumen el porcentaje más alto del presupuesto municipal: el recogido de basura y el arreglo de calles. Los nombres de los dos entes corporativos utilizados para el robo así lo indican: Waste Collection y J.R. Asphalt.
Desde hace veinte años los gobiernos del PNP y del PPD, mayormente los primeros, vienen vendiendo la privatización de los servicios públicos como la gran panacea, mientras proyectan el “sector privado” como un modelo de eficiencia y efectividad. Al amparo de esa doctrina, los municipios disolvieron los departamentos encargados del recogido de basura y arreglo de calles, despidiendo o mandando a retiro a sus empleados. Ahora vemos cómo esa privatización se convirtió en el combustible que alimenta la corrupción. De igual forma. tras los últimos arrestos nos explicamos por qué hay tanta basura en las calles y los vertederos están colapsados, y también por qué esas mismas calles están llenas de rotos.
Otro efecto residual del binomio privatización-corrupción es el empobrecimiento de la clase trabajadora. Distinto a cuando estos servicios se ofrecían con empleados municipales, que tenían protecciones laborales y beneficios marginales legislados para el sector público, los privatizadores pagan el más mínimo de los salarios con cero beneficios. De esa forma los empresarios del “sector privado” aseguran tanto su ganancia como el dinero necesario para los sobornos. En resumen, es el pueblo el que carga con todas las consecuencias, aporta el dinero que roban y sufre el mal servicio.
El martirio de Andrea, Keishla y muchas más
La violencia contra la mujer fue otra noticia repetida en 2021, incluso, más que la corrupción, pero, diferencia de esta, dejó un largo rastro de sangre y dolor. Todos los casos fueron dolorosos, pero hubo varios que sobresalieron por la crueldad empleada contra la víctima o porque demostraron la inefectividad de los mecanismos creados para protegerlas.
Entre los más crueles destaca el caso de Keishla Rodríguez, la joven veinteañera que acudió con alegría a la cita donde informaría de su embarazo y encontró la muerte. El presunto padre de la criatura primero la agredió, luego la drogó y finalmente la asesinó.
Ese caso fue esclarecido con rapidez y sus asesinos están presos en espera de juicio. El sustrato que dejó es el de siempre, el de un agresor producto de una sociedad patriarcal donde la mujer sigue siendo tratada como un objeto. También refleja la inoperancia de las instituciones creadas para atacar esa realidad. Como sucede con la corrupción, en Puerto Rico hay un entramado institucional y un cuerpo de leyes que se supone protejan a las mujeres, pero igual como ocurre cuando roban fondos públicos la efectividad de estas depende de quienes las dirijan o las hagan cumplir.
El fracaso de ese entramado quedó evidenciado en otro caso notorio de feminicidio que nos impactó en abril y cuyas repercusiones todavía se sienten: el de Andrea Ruiz Costas. El asesinato de Keishla tal vez no podía haber sido prevenido porque no había dado señales de sus intenciones. Muy distinto fue el caso de Andrea.
Contrario a Keishla, que casi era una niña, Andrea era una joven madura, educada y conocedora de los mecanismos de protección que le da el marco legal. Cuando se sintió perseguida y amenazada de inmediato reclamó el amparo que se supone le den las leyes y el sistema judicial que las implementa. Lo hizo en una ocasión y le fallaron. A pesar de ese fracaso volvió a intentarlo motivada por ese mecanismo de defensa propia que todos llevamos dentro. Otra vez las instituciones fallaron.
Curiosamente fueron otras dos mujeres, juezas del Tribunal de Primera Instancia, las que dejaron a Andrea a disposición de su asesino. La primera, Ingrid Alvarado, uno de esos casos súper repetidos donde el nombramiento es producto del contacto político y no del talento (ejemplo adicional de corrupción pública) la atendió de noche, llena de fastidio, y ni siquiera la escuchó. La segunda, Sonya Nieves, la interrogó, pero no le creyó. “Que pase un buen día”, le dijo cuando la despidió con las manos vacías. Ese buen día nunca llegó porque el querellado que el tribunal dejó ir la estaba esperando.
La gran herida social que dejó este caso se agrandó con la actuación posterior del mismo sistema judicial. Esa estructura, que no se movilizó en defensa de Andrea, dejándola a disposición de su asesino, sí actuó con prontitud para amparar a las dos juezas que la habían dejado indefensa. Los expedientes judiciales fueron sellados y mantenidos en secreto, para que nadie pueda conocer lo que de verdad ocurrió. A pesar de los reiterados pedidos de la familia de Andrea, el secreto protector se mantiene. La investigación que supuestamente hizo la Administración de Tribunales sobre lo sucedido en las salas “especializadas”, terminó exonerando a las magistradas, protegidas por el vago concepto de “discreción judicial”.
El recuerdo de Andrea, cuyas hermosas manos perduran en una obra de arte de nuestro Antonio Martorell, quedará como recuerdo de un año en el que la violencia volvió a repercutir con fuerza sobre la mujer por el solo hecho de serlo.
El ambiente como víctima y estímulo
El ambiente fue otra víctima del año 2021, pero las transgresiones que sufrió estimularon una lucha de la que podemos sentirnos orgullosos. La primera parte del año sirvió de escenario a un caso que puso sobre el tapete todos los factores que de ordinario se juntan para atacar nuestros recursos naturales y, similar a lo que ocurrió con la corrupción, terminamos el año con otro del mismo tipo.
El caso que capturó la atención del país a principios del año se escenificó en Rincón donde los titulares de un condominio playero, erigido en plena zona marítimo-terrestre, habían conseguido todos los permisos para construir una piscina privada en plena playa. Curiosamente, hecho de que las olas que levantó el huracán María habían destruido otra que tuvieron en el mismo lugar no fue señal de transgresión para los funcionarios públicos que otorgaron los permisos. El historial indicaba que la ubicación era impropia, pero tras un proceso cargado de interrogantes la impropiedad se repitió.
La naturaleza misma se encargó de denunciar la ilegalidad de la construcción, cuando una tortuga marina con la urgencia de desovar quedó atrapada en la verja que cercaba la playa. Las denuncias de los defensores del ambiente, junto a la evidencia dramática aportada por la naturaleza, hicieron que aflorara la cadena de irregularidades durante el proceso de otorgación de los permisos. Estas fueron tan evidentes que la propia Junta de Planificación acudió a los tribunales a solicitar la cancelación de la autorización.
Este caso dramatizó, ¡una vez más!, toda la corrupción que subsiste en el proceso para el otorgamiento de los permisos de construcción, desde los “gestores” que certifican como correcto lo que evidentemente no lo es, hasta los funcionarios que evitan mirar la irregularidad. Puede que ese proceso sea el resultado de algún soborno o de la influencia de un político o empresario poderoso, pero independientemente de si hay o no dinero de por medio, la corrupción es la misma y también el efecto nocivo sobre los bienes públicos. En el caso de Rincón, la movilización ciudadana que, como siempre, debió enfrentar en ocasiones la represión policial, obligó a detener la construcción, pero en el país hay miles de casos similares que escapan de la denuncia pública y que solo afloran cuando algún fenómeno natural los destapa.
Lucha en Rincón Foto Alina Luciano.
Rincón evidenció otro factor presente en todo caso de corrupción pública: la impunidad. Ninguno de los funcionarios que burlaron la reglamentación, comenzando por el Secretario d Recursos Naturales Rafael Machargo, ha enfrentado consecuencias luego de haberse probado su actuación ilegal. Todos siguen en sus cargos haciendo lo mismo que antes.
La corrupción callada que se manifiesta en el proceso parta otorgar permisos de construcción, resurgió a finales del año cuando residentes del Luquillo, otro municipio costero, fueron sorprendidos por las excavadoras que tapaban un humedal para construcción de un hotel. Igual que en Rincón, el desarrollador, que es otro protegido del Gobierno, tiene todos los permisos a pesar del delicado ecosistema que estará siendo arrasado.
La quiebra termina con otra en el horizonte
A lo largo de 2021, igual que en los últimos siete años, el tema de la quiebra de las finanzas públicas copó las páginas de los periódicos y la atención de la ciudadanía. Este año, además, el debate tuvo consecuencias porque comenzamos el año con la certeza de que la deuda es impagable y lo términos sabiendo que de todos modos la pagaremos y, peor aún, la garantizamos con una hipoteca que se prorroga por otros cuarenta años.
Al menos desde 2014, cuando así lo reconoció el entonces gobernador Alejandro García Padilla, se sabe de forma “oficial” que la deuda pública de Puerto Rico es impagable. Desde 2016 conocemos, además, que el Congreso de Estados Unidos nos impuso una Junta de Control Fiscal para que se asegurara que los acreedores, que en ese momento ya estaban representados de manera prominente por los fondos buitres, cobraran sus acreencias. Para asegurarse ese objetivo, nos sometieron a los dictámenes de un tribunal especial que sesiona desde Nueva York, con una juez seleccionada por el presidente del Tribunal Supremo estadounidense, ante quien la Junta comparece “en representación del pueblo de Puerto Rico”.
En la segunda mitad de 2021 la JCF sometió ante la jueza de Nueva York un Plan de Ajuste de la Deuda que le entregaría $9 mil millones a los buitres a modo de pronto pago. Tras ese adelanto, nuestro País queda obligado a pagar $1,500 millones anuales por otros 40 años. A pesar de que los economistas más prestigiosos advirtieron que el acuerdo asegura que habrá una segunda quiebra, porque la deuda volverá a ser impagable, el proceso siguió su curso y el Plan será ratificado por la jueza neoyorquina a principios de 2022.
El proceso hacia la conformación del Plan de Ajuste se dio durante la segunda mitad del año y todo el País observó cómo los funcionarios electos por el pueblo puertorriqueño, divididos entre el PNP y PPD, se plegaron a los deseos de la Junta. Para que la propuesta avanzara era indispensable que la Legislatura puertorriqueña actuara, autorizando, entre otras cosas, la emisión de nuevos bonos que sustituirán a los que ahora mismo están en manos de los buitres. Ese poder reconocido a la Legislatura pudo haber sido utilizado para detener el golpe, pero la mayoría del PPD que controla el poder legislativo impuso un proceso confuso y ambiguo que, con un fraseo que parece proteger tanto a la UPR como a los pensionados, autoriza la nueva emisión que la Junta requería. Ahora el asunto está planteado ante la jueza de Nueva York que se apresta a “interpretar” lo que decidió la Legislatura puertorriqueña, según el pedido de la JCF.
El golpe se confirmará a principios del nuevo año y seguirá sintiéndose por otros cuarenta.
Pero la esperanza llegará
El rechazo a LUMA fue creciendo durante el año. Foto: Juanma Hernández
El 2021 repitió muchos males. También añadió otros, como el pésimo servicio eléctrico que nos trajo la nueva privatizadora, LUMA Energy. Pero a lo largo del año vimos que, a pesar de los golpes y las traiciones, el País cuenta con un pueblo vivo que irá imponiendo cambios. Las movilizaciones que vimos en Rincón a principios de año se repitieron más tarde en las protestas contra el pésimo servicio eléctrico, a pesar de la pandemia. El despertar que se manifestó en las urnas en las elecciones de 2020 seguirá su curso.
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Acogiéndose al derecho constitucional de la libertad de expresión, un campamento ciudadano pacífico permanece organizado frente a la construcción de lo que será el hotel Fairfield Inn & Suit by Marriott, en las inmediaciones del balneario La Monserrate en Luquillo. El juez superior Juan A. Robles Adorno del Tribunal de Fajardo, por medio de un injuction permanente emitido el 23 de diciembre, ordenó a este grupo de manifestantes a “cesar de bloquear el acceso a la propiedad de Luquillo Hotel Company LLC y a que se abstuvieran de interferir con la seguridad de las instalaciones, empleados y terceras personas autorizadas a visitar el proyecto”, que empezó a construirse el 29 de noviembre de este año.
El enfrentamiento ocurrido el pasado 13 de diciembre entre dos grupos de personas que llegaron hasta el área en construcción para expresarse a favor y en contra del desarrollo del proyecto hotelero terminó en la demanda radicada por Luquillo Hotel Company contra varias de las personas que se oponen a la construcción, entre ellas el excandidato independiente a la gobernación, Eliezer Molina, porque alegadamente estas impidieron el paso al proyecto, dañaron maquinaria y agredieron a trabajadores.
Yamize Elías, residente de Luquillo y una de las manifestantes demandadas, reconoció en entrevista con CLARIDAD que el establecimiento del Campamento Cangrejos surgió espontáneamente como reacción de coraje luego de que el pasado 13 de diciembre un grupo formado por un aproximado de 80 personas les recibiera en el lugar en construcción “para darnos palos y no permitirnos protestar”.
El presidente de la organización Brigada Legal Solidaria, José Luis Lebrón, que ha servido como observador durante estos días de manifestaciones, dijo a CLARIDAD que “los dueños del proyecto contrataron unas guaguas y los que llegaron en ellas fueron los que comenzaron a amedrentar y agredir”.
Yamize Elías y el grupo de manifestantes reclaman el cese del desarrollo de ese proyecto porque destruirá el humedal Monserrate, lo que provocará inundaciones en las comunidades vecinas. “Las dos urbanizaciones aledañas, Vistas de Luquillo (El hoyo) y Estancias, además de la carretera de al frente del proyecto y los kioskos ya se están viendo afectados por inundaciones”, dijo Elías durante la entrevista. También piden que se detenga el desarrollo del hotel pues, según la portavoz, los permisos fueron obtenidos ilegalmente porque hace unos meses el Tribunal Apelativo anuló el Reglamento Conjunto de Permisos de 2019 y 2020.
Por su parte, las personas a favor de la obra alegan que el proyecto cuenta con todos los permisos y acciones requeridas para proteger y mejorar el ambiente, y que traerá empleos y desarrollo económico para la región este del país. Tanto el gobierno estatal como el federal y la administración municipal han avalado la construcción del hotel al argumentar que la empresa desarrolladora ya tomó e implantará nuevas medidas para mitigar cualquier daño al entorno natural.
En ese sentido, el ingeniero Javier García, socio gerencial a cargo de Luquillo Hotel Company, ha asegurado públicamente que por los pasados tres años han completado el proceso de estudios y permisos, incluidos los del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos y del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). Según García, la obra fue modificada para reducir el impacto a los humedales existentes, lo que incluye la creación de 0.81 acres de humedal y el mejoramiento y restauración de 1.61 acres de humedal degradado.
Piden transparencia en la otorgación de permisos
Elías y Lebrón coincidieron durante las entrevistas con CLARIDAD que las personas manifestantes exigen que se clarifique cómo se han otorgado los permisos para desarrollar ese proyecto a sabiendas de que se construye sobre un humedal. Según Lebrón, tiene que haber transparencia respecto a “las estructuras del gobierno que están repartiendo permisos a pesar de las protecciones ambientales establecidas por ley que tiene ese espacio”.
Relacionado a esto, recientemente, la representante del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales Molinelli, radicó la Resolución de la Cámara 631 para realizar una “investigación exhaustiva” sobre el proceso de permisos del hotel, sus planes de mitigación, impacto sobre los recursos naturales y consecuencias en la zona circundante, entre otros asuntos.
Según se ha indicado en los medios, los suelos sobre los cuales se está construyendo el hotel cambiaron de clasificación entre 2015 y 2019. De acuerdo al Plan de Uso de Terrenos del 2015, esos suelos eran considerados “SREP-E” o “Suelo Rústico Especialmente Protegido-Ecológico” y desde 2019, cuando se propusieron nuevos mapas de clasificación y calificación de suelos en Puerto Rico, se modificaron las categorías de ese terreno a “SU” o “Suelo Urbano” y “DTS” o “Desarrollo Turístico Selectivo”, por lo que se permitió el desarrollo del hotel.
Un suelo clasificado como SREP es aquel no contemplado para uso urbano o urbanizable en un Plan Territorial, y que por su especial ubicación, topografía, valor estético, arqueológico o ecológico, recursos naturales únicos u otros atributos, se identifica como un terreno que nunca deberá utilizarse como suelo urbano.
A raíz de este cambio, han surgido dudas entre la comunidad luquillense sobre cuál fue la justificación para cambiar la clasificación y la calificación de ese terreno, quién solicitó ese cambio, cómo el DRNA, la Junta de Planificación (JP) y la Oficina de Gerencia de Permisos avalan esa construcción.
Precisamente, el pasado 14 de diciembre la JP recibió una querella ciudadana por la supuesta falta de permisos de corteza terrestre para la construcción del hotel frente al balneario en Luquillo.
Este próximo jueves 30, comenzando a las 5:00 de la tarde, habrá una jornada educativa en el Campamento Cangrejos para conversar con las personas que se den cita sobre estos temas. Se transmitirá en vivo a través de la página de Facebook de Campamento Cangrejos. De otra parte, un grupo identificado como “Puerto Rico preservation concerned citizens” inició un recogido de firmas a través de la plataforma en línea change.org para detener la construcción del hotel.
Estamos en tiempo de Navidad, así que no está de más reflexionar sobre su mensaje y significado. Tomo para eso dos pasajes de Hechos de los Apóstoles, que me gustaría escuchar más en discusiones sobre este tema. Se trata de dos comentarios sobre la forma de vida de los primeros cristianos. El primero lee como sigue: “Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común; vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno.” (Hechos 2:44-45) El segundo pasaje, vuelve sobre el mismo tema: “La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma; y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común.” (Hechos 4:32) Y unas líneas más abajo sigue: “No había, pues, ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido, y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad.” (Hechos 4:34-37)
Lo primero que llama la atención es la afirmación tan rotunda y clara: tenían “todas las cosas en común”. No algunas cosas, querido lector o lectora, todas. Y entre ellos “ninguno decía ser suyo lo que poseía”. Es decir, no existía entre ellos propiedad privada: “las cosas eran de propiedad común.” Pero se plantea, sin embargo, que los que tenían posesiones las vendían. Los estudiosos del tema se han preguntado, si lo tenían todo en común ¿cómo es que vendían sus posesiones? En ese caso, parece que retenían algunas propiedades particulares. Para entender esta aparente contradicción hay que ver la segunda regla: la comunidad se aseguraba de que todos y todas cubrieran sus necesidades. Ese era el valor supremo. Es decir, la propiedad privada que pudiera subsistir estaba sujeta al bienestar de la comunidad y se entregaba cuando el bienestar de la comunidad lo exigía. La regla suprema era: a cada cual según sus necesidades. (A quien le interese el tema le recomiendo el libro de Roman E. Montero, All Things in Common. The Economic Practices of the Early Christians, 2017.)
¿Cómo compara esto con las reglas de la sociedad capitalista en la que vivimos y celebramos la Navidad? No se trata de reglas distintas, sino de reglas opuestas. En el capitalismo no se tiene todo en común. En el capitalismo reina la propiedad privada. No dominan el bien de la comunidad sino la lógica de la competencia entre empresas, individuos y países. De esa guerra de todos contra todos se supone que aparezca la armonía social. Del choque de los egoísmos debe nacer el bienestar social. Pero cada cual debe asegurarse lo suyo. La idea de que nadie llame “suyos” a los recursos de la comunidad es anatema para esta sociedad. Y, por supuesto, la defensa de la propiedad privada y sus derechos está por encima de la satisfacción de las necesidades. En la actualidad, por ejemplo, la humanidad necesita vacunas en abundancia para todos y todas en el planeta. Para eso sería necesario suspender las patentes y permitir la producción masiva de vacunas. Pero esto afectaría las ganancias privadas de las grandes empresas farmacéuticas. Lejos de ponerse las patentes en manos de la comunidad para que todos y todas satisfagan sus necesidades (como harían lo Apóstoles), se respetan las patentes, a pesar de que esto sea una tendencia de muerte para millones y atrase la superación de la pandemia. De igual forma, enfrentar el cambio climático exige un sistema económico que no se fundamente en la acumulación e incremento incesante de la ganancia privada y, para empezar, convertir la industria de la energía y del automóvil en propiedad pública (tenerlo en común, dirían los Apóstoles) y redirigirla en la dirección de un desarrollo sustentable; garantizar servicios de salud adecuados para todos y todas exige acabar con el reino de las aseguradoras y grandes proveedores privados; hacer posible la recuperación de los países y poblaciones empobrecidas impone cancelar sus deudas insostenibles… Pero todo eso afectaría el principio supremo de la propiedad y de la ganancia privada, así que tampoco se hace.
Habrá quien diga que no podemos pretender vivir en el siglo XXI con las reglas de los Apóstoles del Siglo I. Muy bien, pero entonces acéptese francamente que se considera que sus enseñanzas son imprácticas. Son buenas para el discurso, no para la vida. Cuando esas ideas entran en conflicto con el capitalismo, no es el capitalismo lo que se debe cambiar, sino las ideas las que deben adaptarse para hacerse compatibles con el capitalismo. De hecho, el lector o lectora puede encontrar decenas de exégetas que intentan interpretar los pasajes citados para que digan lo opuesto de lo que tan claramente dicen y convertirlo, de algún modo, en una defensa del capitalismo. En Hechos incluso se critica a un tal Ananías, que luego de vender sus propiedades se quedó con una parte, en lugar de colocarla en el pote común. “Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una propiedad, y se quedó con {parte} del precio, sabiéndolo también su mujer; y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo, y quedarte con {parte} del precio del terreno?” (Hechos 5:1-10). Todo indica que Pedro no estaba en las de tolerar alianzas público-privadas.
En esto me declaro fundamentalista. Pienso que, en el Siglo XXI, al menos en esto de la propiedad, estaríamos mejor viviendo al pie de la letra y de acuerdo con lo que dice el libro: teniendo las fuentes de riqueza en común y como norte supremo la satisfacción de las necesidades de todos y todas. De hecho, soy menos radical que Pedro y sus camaradas. Me conformo con la propiedad común de los grandes bancos, de las grandes empresas industriales, de transporte y comerciales. Y para la gran mayoría de nosotros esto no conlleva gran sacrificio. El capitalismo ya nos transformó hace tiempo en desposeídos. La gran mayoría no somos dueños ni de fábricas, ni talleres, ni bancos, ni grandes comercios. Su transformación en propiedad común no nos privará de propiedad, nos convertirá en copropietarios. Sé que esta idea, aunque es menos extrema que la de los Apóstoles, sigue siendo una propuesta radical. Radical pero correcta. Los Apóstoles tenían razón: la única manera de asegurar que no haya necesitados es tener todo en común. Y sí, ya de qué me van a acusar. No es de cristianismo. No le tengo miedo a esa otra palabra. Para mí no es un insulto. Y, en mi humilde opinión, todos y todas los que aspiramos a un mundo distinto, cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes, debemos perderle el miedo.
Curiosamente fueron otras dos mujeres, juezas del Tribunal de Primera Instancia, las que dejaron a Andrea a disposición de su asesino. La primera, Ingrid Alvarado, uno de esos casos súper repetidos donde el nombramiento es producto del contacto político y no del talento (ejemplo adicional de corrupción pública) la atendió de noche, llena de fastidio, y ni siquiera la escuchó. La segunda, Sonya Nieves, la interrogó, pero no le creyó. “Que pase un buen día”, le dijo cuando la despidió con las manos vacías. Ese buen día nunca llegó porque el querellado que el tribunal dejó ir la estaba esperando.
