Especial para CLARIDAD
En febrero del 2008, Marta Mercado- la segunda Procuradora de las Mujeres- tuvo que manejar un alza súbita en los feminicidios en Puerto Rico. No necesitó una declaración de estado de emergencia del gobernador Fortuño porque la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) y las organizaciones respondimos de inmediato. En cuestión de días tuvimos una análisis sobre el perfil de las víctimas y victimarios, una reunión amplia de organizaciones y agencias para tomar decisiones y una campaña con colaboración ciudadana para concienciar sobre el tema. No hizo falta un presupuesto alto porque había voluntad y mucha energía puesta en el objetivo de salvar vidas.
En el 2011, hubo otro pico de violencia de género. En ese momento ya la OPM había sido desmantelada, las organizaciones vocales por ese proceso éramos perseguidas por el gobierno y no hubo respuesta gubernamental. Sin embargo, fuimos las propias organizaciones, a sabiendas de que el gobierno no respondería, las que decretamos el estado de emergencia y actuamos en alianzas para atajar la situación desde nuestras redes de servicios y con el apoyo ciudadano. En esa ocasión exigimos tres cosas al gobierno: (1) Articular un plan que incluyera: adiestrar personal de agencias de seguridad y profesionales de la salud, así como educar en espacios educativos, de servicios y de trabajo; (2) Fortalecer la infraestructura necesaria para atender las víctimas y utilizar los protocolos vigentes; (3) Actualizar y mejorar las estadísticas sobre violencia hacia las mujeres para desarrollar acciones basadas en datos veraces.
En el año 2014 nuevamente enfrentamos un estado de emergencia que nos llevó a interpelar al gobernador García Padilla y presentarnos en Fortaleza para exigir acciones. Se logró crear un comité de trabajo y se generó una campaña de prevención, pero el esfuerzo no logró los resultados que todas queríamos. La OPM estuvo al margen del esfuerzo tal y como parece estar al día de hoy.
Durante estos diez años las organizaciones atendimos un estado de emergencia en el que sufrimos no solo el alza en las estadísticas de violencia de género, sino la indolencia del estado ante el problema. Una indolencia que quedó retratada en el informe “La persistencia de la indolencia: Feminicidios en Puerto Rico 2014-2018” publicado por Kilómetro 0 y Proyecto Matria. La misma indolencia que hizo que el trabajo de creación y coordinación de una infraestructura gubernamental de prevención y respuesta gestado desde la OPM por María Dolores Fernós entre los años 2001 al 2007 se fuera desintegrando al punto de que hoy, tenemos que levantarla nuevamente. Frente a esa indolencia las organizaciones de servicios y activistas mantuvimos un trabajo de atención directa al problema, de investigación, de construcción de alianzas, de educación ciudadana, de trabajo político y de señalamiento a la negligencia del estado y de los partidos aspirantes a gobernar.
Nos tomó más de 10 años lograr que el gobierno decretara un estado de emergencia. Históricamente, 10 años son un suspiro. Pero en nuestras vidas- y las de las mujeres agredidas o asesinadas- son una eternidad.
Las elecciones del 2020, y el protagonismo del tema de violencia de género, crearon las condiciones para que el gobernador Pierluisi decretara el estado de emergencia en enero. Las voces ciudadanas de múltiples sectores hicieron prácticamente inevitable decretar ese estado que por más de dos años se reclamó de manera expresa sin dejar de trabajar simultáneamente para salvar vidas, educar y ampliar una base ciudadana que rechaza contundentemente la violencia hacia las mujeres.
A casi un año de la Orden Ejecutiva 2021-13 que decretó el estado de emergencia es válido preguntarse: ¿Se ha logrado algo?
El lenguaje de la OE es en sí mismo el primer logro. Hasta enero de 2021 ningún gobernante había adoptado un lenguaje cónsono con la perspectiva de género y los conceptos que nos permiten nombrar, entender y enfrentar la violencia de género. La creación del Comité PARE fue otro logro aunque hay que señalar que este comité no sería necesario si la OPM hubiera hecho su trabajo en los pasados 10 años.
Existe una plan de trabajo que guía al Comité PARE. Este plan es completo e incluye medidas de prevención e intervención porque nació de las manos de más de diez organizaciones de servicio que se sentaron a crearlo y que se basaron en el trabajo hecho previamente por ellas y otras organizaciones aliadas. Ese plan está en ejecución pero enfrenta retos relacionados primordialmente con el manejo lento y a veces errático que hace la estructura gubernamental de sus propios recursos. Súmese a esto el peso de una ideología conservadora que insiste en obstaculizar el trabajo por la equidad.
En PARE hay más organizaciones de las que la gente ve. Aunque somos cinco las que estamos en el Comité, hay al menos 20 compañeras provenientes de nuestro sector trabajando en los subcomités a cargo de implementar el plan de trabajo. Son el verdadero corazón de PARE porque llevan la bandera de nuestras luchas a todas esas mesas de trabajo.
Al día de hoy se han logrado cosas como las siguientes: (1) Mejorar el sistema estadístico relacionado con violencia de género y comenzar análisis basados en datos; (2) Crear y calendarizar un proceso de capacitación para el personal de agencias del gobierno en torno al tema; (3) Evaluar, modificar y crear protocolos de atención a la violencia de género que deberían estar listos para implementación a principios del 2022; (4) Acelerar el análisis de los safe kits en casos de agresión sexual y crear un sistema de rastreo que estará accesible para las víctimas; (5) Iniciar un proyecto piloto de gestión y monitoreo de las órdenes de protección llamado COPOP y que además nos permite registrar datos que son útiles para tomar decisiones en el área de servicios; (6) Lanzar una campaña educativa que está generando alianzas adicionales con integrantes del sector privado; (7) Comenzar a integrar los municipios del país en un esfuerzo para tener recursos de respuesta en los 78 municipios; (8) Adelantar un plan para incorporar la perspectiva de género en el currículo del Departamento de Educación.
Nos tomó 10 años lograr que el gobierno acogiera nuestros reclamos del 2011. Todavía nos tomará más tiempo lograr una respuesta gubernamental al nivel de la necesidad real de las mujeres del país. Todavía el gobierno nos debe. Las protagonistas de estos 10 años son las mujeres y su integridad, su solidaridad y su trabajo. Por eso no podemos dejar de ser críticas y mucho menos dejar de soñar con la paz, desarrollo y equidad que todas merecemos.
Este artículo forma parte de nuestra edición especial impresa de resumen del año.
