Especial para CLARIDAD

A punto de culminar este primer año de trabajo legislativo de este cuatrienio, hay que señalar que la situación legislativa no dista mucho de lo que vimos al principio, durante y al final del cuatrienio anterior. Seguimos cargando a cuestas el yugo colonial que representa la Junta de Control Fiscal y sus imposiciones de austeridad, así como nuevos retos ambientales, laborales, económicos y sociales. Poco menos de dos décadas perdidas en las que el PNP y el PPD, no solo han quedado retratados como los causantes de la crisis que vivimos, sino que también se muestran de cuerpo entero como los verdugos cómplices que la han agravado.

La privatización y entrega de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), por ejemplo, fue producto de esa fatídica alianza entre el PNP y el PPD que vio, en el contexto de la crisis actual, el momento conveniente para concretizarse. Desde mi escaño en la Cámara de Representantes reclamé la cancelación del contrato entre AEE y la privatizadora LUMA Energy. Participé de un sinnúmero de vistas públicas y durante el proceso logramos la aprobación en la Legislatura de una enmienda de nuestra autoría -que el Gobernador vetó- para crear un Panel Independiente de Ciudadanos para la revisión del contrato y rendir un informe con hallazgos y recomendaciones en 180 días. Radiqué legislación para la creación de una comisión especial que atienda exclusivamente los casos de empleados de la AEE que fueron trasladados a otras agencias, tras el proceso de privatización y ante el hecho de que los miles de casos que fueron ya apelados ante la Comisión Apelativa del Servicio Público pueden tardar años en resolverse debido al cúmulo de casos que se encuentra ante la consideración de dicho foro sin resolución.

Vinculado también a la Junta de Control, enfrentamos la imposición del Plan de Ajuste de Deuda (PAD). Junto a la compañera senadora María de Lourdes Santiago, advertimos que el entonces proyecto 1003 -que creó la Ley Habilitadora del PAD y aprobado, a pesar de mi voto en contra y el de otros representantes- agudizará la pobreza en Puerto Rico. El asunto central en el proyecto fue la emisión de bonos que nos comprometió a añadir 359 millones al servicio anual de la deuda, que ya carga con los 800 millones de Cofina. La suma de esas obligaciones, que en el caso de los bonos, por estar garantizada con la entera fe y crédito del gobierno de Puerto Rico tendrá prioridad sobre cualquier otro gasto lo que nos dejará sin recursos para atender las necesidades del pueblo. A esto se añaden los Instrumentos de Valor Contingente, que comprometen desde ya, a favor de los bonistas, cualquier exceso de recaudos del IVU o de los arbitrios del ron. En otras palabras con el PAD, quedó socializada la pérdida financiera de inversionistas privados mientras se condena al país por las malas decisiones de negocios de los expertos de Wall Street.

La aprobación del PAD en la Legislatura popular y con la firma del Gobernador PNP, no solo representó una traición al país, que ya ha tenido que cargar con las imposiciones de austeridad de la Junta de Control sino, además, un demostraron más nuestra realidad político-colonial. Desde el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), continuaremos el rechazo de la deuda como parte de un proceso político para enfrentar a los EE.UU. como parte de nuestra realidad colonial.

En el marco de la discusión en el tribunal federal sobre la aprobación del PAD por parte de la Jueza Swain y las posturas de la JCF en las diversas vistas celebradas en dicho foro, es necesario e imperativo subrayar lo que significa para el país el desarrollo de dicha discusión. La legislación que da lugar al PAD contó con amplia oposición en el país. Aun así, por un estrecho margen, el PPD y el PNP le dieron paso. Ahora, ignorando esa amplia voz de diversos sectores que representan a todas las personas que se verán afectadas en Puerto Rico por las implicaciones del PAD, la palabra final la tendrá una jueza norteamericana impuesta por el Gobierno de los Estados Unidos al amparo de PROMESA. Ha sido el planteamiento de la JCF, que para poder ejecutar el más reciente Plan Fiscal y para poner en vigor el PAD, será necesario dejar sin efecto medio centenar de estatutos aprobados por la Legislatura electa por las puertorriqueñas y puertorriqueños. Pero así es la colonia. Ese gobierno colonial existe porque el Congreso autorizó a tenerlo, cobra su carácter más irreal cuando la Jueza, luego de que la JCF desglose cuáles son los estatutos que se deben eliminar, afilará el lápiz e irá tachando en una lista, como de supermercado, cuáles leyes deroga y cuáles no. Más colonia, no se puede ser.

Surge la interrogante, ¿de qué sirve entonces la Legislatura? Hay, por su puesto, quienes llegan a la Legislatura a servirse y a servir de instrumento al aparato colonial. Nosotros venimos a promover el cambio y crear las circunstancias que redunden en un despertar y en un cambio radical en la forma de hacer política (dentro y fuera del Capitolio). Como dijo De Diego: “Dentro del sistema, en contra del sistema”. Esa es una de las funciones más importantes de un legislador que representa al Partido de la independencia en la Asamblea Legislativa de la colonia más antigua del mundo y que se enfrenta al imperio más poderoso del mundo.

En el marco de la celebración de setenta y cinco años de fundación del PIP representando la independencia en el escenario político, tenemos la enorme responsabilidad de demostrarle al país que aquellos quienes defienden el régimen colonial y viven del mismo, los han estado engañando por décadas y que por el contrario, el PIP ha demostrado con hechos y con acciones que se pueden ocupar posiciones con una hoja de vida sin máculas ni acusaciones de ningún tipo y que además, en el contexto actual, es imperativo reconocer a la independencia como un imperativo del Pueblo de Puerto Rico.

Solo así podremos despojarnos de todas las medidas impuestas que solo buscan que los grandes intereses cobren su parte de la deuda en perjuicio de nuestra clase pensionada, nuestras comunidades escolares, nuestra clase universitaria, las madres jefas de familia, en fin, esa larga lista de sectores de la sociedad que han sido severamente golpeados por las medidas de austeridad impuestas por la JCF y ejecutadas por rojos y azules que se muestran conformes con tales dictámenes. Nosotros no. Históricamente desde el PIP hemos denunciado la farsa del ELA y por lo tanto, nunca seremos cómplices y continuaremos denunciando a la JCF, la propia ley de relaciones federales que permite que el Congreso de EE.UU. tenga poderes plenarios sobre Puerto Rico, y luchando por la libertad.