Este domingo, autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) presentaron el primer boletín oficial de los comicios regionales y municipales celebrados en la nación suramericana, en la que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) obtuvo 20 de las 23 Gobernaciones en disputa.
El presidente del CNE, Pedro Calzadilla, informó que hubo una participación del 41.80 por ciento de la población convocada, que representa a 8 151 793 ciudadanos.
Además, con una transmisión del 90.21 por ciento de las actas, precisó que los candidatos y candidatas del PSUV ganaron la mayoría de las Gobernaciones en el país, así como la Alcaldía de Caracas (capital).
De acuerdo con las cifras dadas por el presidente del CNE, las Gobernaciones fueron distribuidas de la siguiente forma, el primer y segundo lugar en las elecciones:
Amazonas: PSUV 40.16 por ciento y Mesa de la Unidad Democrática (MUD) 26.12 por ciento.
El ente comicial habilitó a 21 159 846 de venezolanos para que acudieran a los centros de votación y eligieras a sus representantes a 3 082 cargos públicos.
La población votó para escoger a 23 gobernadores, 335 alcaldes, 253 legisladores y más de 2 471 concejales. El próximo 26 de noviembre corresponderá a los pueblos indígenas elegir a sus representantes.
En días reciente una red social me recordó cual fue el momento en que todo cambió. Fue en noviembre de 2014 cuando los Equipos de Tenis de Mesa de Puerto Rico tanto masculino como femenino obtuvieron medalla de oro por equipo en los Juegos Centroamericanos de Veracruz. Ese grupo lidereado por Adriana Díaz en la rama femenina y Brian Afanador en la masculina nos obligaron a cambiar la manera en que se veía el tenis de mesa en el país y dejaron claro que se dejarían sentir a nivel panamericano y hasta mundial por mucho tiempo.
Siete años mas tarde esa promesa demostrada se sigue cumpliendo pues la semana pasada Adriana Díaz se consolidó como la mejor tenimesista del continente al vencer a la brasileña Bruna Takahashi en la final de sencillos de Campeonato Panamericano en Perú Tambien ganó los dobles femenino con su hermana Melanie. Por su parte ambos equipos tanto masculino como femenino obtuvieron el pase al Campeonato Mundial por equipo que se realizará en el 2022 en China.
Como si estos logros no fueran suficientes Adriana, Melanie, Daniel y Ríos Afanador y Daniel González están participando en el Campeonato mundial que se esta llevando a partir del lunes en la ciudad de Houston.
Se ve el desarollo
Desde aquel logro obtenido en el 2014 este parece ser el deporte de más desarollo no solo se creó una escuela especializada en Utuado sino que recientemente se vieron los resultados, un grupo de jóvenes de apenas 13 y 15 años en ambas ramas se dejaron sentir a nivel continental llegando dos de ellos a la semifinal mientras que una jovencita de 15 ganó el torneo realizado en Cuenca Ecuador.
También habrá representación en Cali Colombia
El próximo jueves comenzarán las los Primeros Juegos Panamericanos JR a celebrarse en Cali Colombia, como parte de nuestra delegación tendremos cuatro tenimesista Fabiola Diaz, Brianna Burgos, Angel Valentín y Angel Naranjo.
No cabe duda que todavía el baloncesto y otros deportes tradicionales siguen siendo los mas populares, pero sin duda el tenis de mesa merece nuestra atención por ser el deporte de mas logros en los últimos años todo nuestro apoyo y respeto para ustedes estamos pendientes de sus ejecutorias.
Tras darse a conocer algunos detalles sobre la operación LUMA Energy (LE), la conclusión es que investigación sobre esta empresa debe continuar. Esto es lo que se desprende del análisis de los primeros documentos entregados a la Comisión de Energía de la Cámara de Representantes, que preside el representante Luis Raúl Torres.
Para el exrepresentante por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), licenciado Víctor García San Inocencio, la Cámara debe continuar con la investigación por varias razones. En primer lugar, porque es evidente que se necesita un cuerpo de ley que impida que se hagan contratos de naturaleza como el de LUMA, que no tienen estándares adecuados, ni cortapisas para evitar el abuso por parte de la empresa contratada.
Segundo, “porque LUMA es ahora mismo el buque insignia de la poca vergüenza administrativa en Puerto Rico, del gasto festinado y alegre y de la explotación de los consumidores puertorriqueños En la medida en que haya en algún sitio un contrapeso para que no haya tantos funcionarios sin babilla apoyándolos, en la medida en que haya un contrapeso en alguna parte, imagino que, primero, se intentaran hacer las cosas mejor, segundo, que otros desistirán de su salivante apetito por imitarlos”.
Quienes están pagando todos esos gastos de LUMA “somos los 1.4 millones de consumidores puertorriqueños que van a recibir el recordatorio cada mes”.
García San Inocencio alertó de que aun cuando hay muchas razones por las cuales la investigación debe seguir, esas mismas razones son las que le hacen pensar que ya mismo “desenchufan” la investigación, tan pronto salpique tanto a rojos como azules.
El profesor de Administración Pública refutó que sea correcto que el dinero que se está gastando es de LUMA, como ha dicho el ahora secretario de Estado, Omar Marrero, quien negoció el contrato de esa empresa cuando fue secretario de la Alianzas Público Privadas. San Inocencio catalogó las expresiones de Marrero como un subterfugio y reiteró que LUMA no ha puesto un chavo en la llamada “alianza público privada”. Todos los gastos de LUMA salen del bolsillo del pueblo de Puerto Rico de la primera remesa de $700 millones. Además, LUMA tiene garantizado el pago de $115 millones al año por los próximos 15 años.
Observó que aunque en la esfera pública el comportamiento de LUMA sería considerado de corrupción, “todas las cosas corruptas pueden ser legalizadas. En el mundo público esto sería corrupción, un derroche pleno de gastos alegres absolutos”.
En cuanto a hasta dónde podría llegar la investigación, planteó que una investigación bien hecha y llevada a cabo por una comisión conjunta de ambos cuerpos podría producir argumentos sustantivos para presionar en términos políticos al gobernador a que acuda al tribunal a prescindir del contrato. Sin embargo, dado al hecho de que la investigación es solo de una comisión de la Cámara, considera que nunca fue ni es el objetivo de la investigación que se cancele el contrato, porque no hay autoridad para ello.
Mientras, en entrevista al licenciado Ricardo Santini Gaudier, exrepresentante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la AEE, este afirmó a CLARIDAD que todavía no se ha dado a la luz pública toda la información sobre LUMA. Reveló que tiene documentación con información de que LUMA tenía en planes y en nómina 22 vicepresidentes a $325 mil dólares cada uno. Tampoco ha salido el conflicto de intereses que tiene Wayne Stensby como accionista de ACTO, empresa que a su vez contrata desde LUMA.
Al insistir en que LUMA no ha revelado toda la verdad, trajo a la atención que el pedido de información a LUMA fue en marzo, por lo que tuvo tiempo para ajustar sus procedimientos para que “no se vea tan fea la cosa. Por ejemplo, ellos dicen que tienen 400 y pico de celadores. No es cuestión de los que tienen ahora en noviembre, es cuestión de cuántos tenían cuando empezaron en junio, a ver si estaban preparados para asumir el contrato o no”.
En cuanto a la posibilidad de que se pueda prescindir del contrato, comentó que para los que consideran, como él, que la AEE nunca se debió privatizar, lo que ha salido es suficiente para indignar y exigir la renuncia. Tiene que haber fundamentos en derecho para prescindir un contrato, como puede ser el que sus ejecutorias están mal, que no participaron en la licitación, como es el caso de LUMA. Los que participaron en la licitación fueron ACTO y Quanta y cuando se le adjudicó la administración a LUMA esta no existía en derecho. Considera que en la información que se ha revelado hasta ahora se evidencia que el contrato es uno leonino a favor de LUMA y en contra de los intereses del pueblo de Puerto Rico.
Respecto a las declaraciones del gobernador Pierluisi, en el sentido de que era insustancial cuánto ganaban los ejecutivos de LUMA, el licenciado Santini Gaudier cuestionó el que un exsecretario de Justicia se atreviera a hacer esas expresiones. Se supone que Pierluisi debe saber que aquí todos los funcionarios que administran fondos públicos y que implantan política pública tienen que rendir un informe a Ética Gubernamental para evitar que las personas se beneficien de su cargo.
Por su parte, la ingeniera Ingrid Vila Biaggi, miembro del movimiento Queremos Sol, coincidió con que la Cámara de Representantes debe continuar con la investigación. “Si algo ha mostrado la investigación y la información que se ha revelado hasta el momento es que los entes gubernamentales a cargo de fiscalizar este contrato, de velar por el buen uso de fondos públicos y de asegurar que se brinde un servicio eléctrico confiable y accesible, no están haciendo su trabajo y, al parecer, se niegan a hacerlo”.
Advirtió que hasta ahora la Cámara solo ha investigado el proceso de transición, por lo que debe proceder a investigar el periodo de operación de LUMA a partir del 1.0 de junio y que deben investigar, además, la labor de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, del Negociado de Energía y la Junta de la AEE, quienes, dijo, pueden estar incurriendo en faltas serias a su deber.
En cuanto a los visos de corrupción en el funcionamiento de LUMA, Vila Biaggi recordó que desde el primer día se levantaron serios cuestionamientos sobre cómo se dio la contratación de esta empresa. Recordó que se ventiló que la empresa no tenía la experiencia necesaria para operar un sistema complejo como el de Puerto Rico, que cabildeó en el Congreso durante el proceso de licitación cuando eso estaba prohibido y que optó por atropellar derechos adquiridos por los trabajadores. Denunció que el proceso además tuvo la presencia y presión constante de la Junta de Control Fiscal, quienes premiaron a su consultor Citibank con un bono millonario cuando cerraron la transacción.
“En días recientes ya estamos viendo las intervenciones indebidas que se han dado dentro de círculos de poder. Ante este cuadro uno no puede descartar que medie la corrupción. Y sobre los pagos exorbitantes a sus ejecutivos y recobro de gastos de vinos, estadías en hoteles de lujo y demás, muestran que LUMA viene a servirse y no a servir”, manifestó.
En opinión de Vila Biaggi, hay las bases para cancelar el contrato desde el primer día, por ser uno leonino que violenta disposiciones legales. A esto se le suma el fracaso de LUMA de los primeros cinco meses de operación, que incluyen aumento en apagones, fluctuaciones de voltaje que han incendiado casas y malas operaciones que han afectado la generación del sistema.
Expresó que con este cuadro no habría más nada que buscar para cancelar el contrato; pero no se cancela. Por lo tanto, la investigación no se trata de qué información revela, sino qué información nos puede arrojar luz a por qué no se cancela y de quiénes se están beneficiando del contrato y están ejerciendo presión en contra de los mejores intereses del pueblo.
Al igual que ha hecho con otra información acerca del contrato de LUMA y el sistema eléctrico de la isla, indicó que Queremos Sol proveerá al comité de Grijalva y a la Comisión de Energía EE. UU. la información sobre los gastos de LUMA para que también sirva en el proceso de investigación en curso en el Congreso.
El secretario de Asuntos Ambientales del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Víctor Alvarado Guzmán, denunció lo que describió como el primer choque previsible entre el gobernador y el Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático. Según expuso en comunicado de prensa, el asunto que ha desencadenado la discrepancia entre el primer ejecutivo y los científicos son las acciones propuestas por el Comité para proteger la zona costera ante la erosión y la crisis climática.
La petición del gobernador
El 13 de septiembre de 2021, el gobernador, Pedro Pierluisi, le envió una carta al secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machargo Maldonado, en que le solicitó que los expertos y asesores del Comité le brindaran “recomendaciones puntuales para corregir, mitigar y prevenir los efectos del cambio climático en nuestras costas”. Estas debían incluir “cualquier proyecto de ley o de enmienda a leyes existentes que pueda reducir los efectos sobre nuestro litoral”.
El Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático, creado por virtud de la Ley Núm. 33 de 22 de mayo de 2019, conocida como la Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico, está integrado por la Dra. Maritza Barreto Ortiz, el Dr. Pablo Méndez Lázaro, el Dr. Rafael Méndez Tejeda, la meteoróloga Ada Monzón, el Ing. Carl Axel Soderberg y Roy Torbet. A estos se añaden como miembros ex officio el Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, quien preside el Comité; la presidenta de la Universidad de Puerto Rico y el Secretario de Desarrollo Económico y Comercio.
La respuesta del Comité
El Comité le contestó al Gobernador el 8 de octubre, mediante una misiva contundente, firmada por Rafael Machargo.
El grupo de profesionales y expertos de las ciencias atmosféricas, oceanográficas y climáticas presentó 103 cursos de acción que incluyen “propuestas de política pública, enmiendas específicas a leyes y reglamentos existentes, lineamientos encaminados para lograr un modelo integrado de gestión interagencial en la zona costera y recomendaciones puntuales para enfrentar las diferentes manifestaciones del cambio climático en la zona costera y minimizar pérdida de vida, daño a la propiedad e impactos adversos sobre los recursos naturales”.
También incluyeron su apoyo total a establecer con urgencia una moratoria en las construcciones o reconstrucciones en la zona costera, condicionada a la aprobación de una Ley de Costas de Puerto Rico.
El Dr. Pablo Méndez Lázaro, quien es experto en Ciencias Marinas y Manejo de Zonas Costeras, manifestó públicamente que la recomendación de la moratoria en la zona costanera tiene carácter de urgencia para que el Gobierno no continúe cometiendo los mismos errores del pasado.
“Hay que detener lo que se está haciendo ahora mismo, sentarse a organizar y planificar. Si no haces la moratoria, significa que muchas de estas acciones pueden ir completamente en contradicción a soluciones o adaptación al cambio climático. Lo que hemos hecho es amarrar la moratoria a la aprobación de una ley de costas”, afirmó el experto.
De igual forma, la Dra. Maritza Barreto Ortiz, oceanógrafa geológica y especialista en procesos costeros, quien participó en el foro ¿Playas para quién?, realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana el pasado 12 de noviembre, recalcó la importancia de establecer con urgencia la moratoria de construcción en la costa, “con la condición de levantar la moratoria cuando haya aprobada una ley de costa”.
De hecho, en la Asamblea Legislativa están radicados proyectos de ley, presentados por la senadora María de Lourdes Santiago Negrón y el representante Denis Márquez Lebrón, ambos del PIP, que buscan establecer la moratoria de construcción (PS 43, PC 116) y crear la “Ley de la Zona Costanera de Puerto Rico” (PS 32, PC 115).
Cabe señalar que el secretario del DRNA previamente se opuso en vistas públicas del Senado y la Cámara de Representantes al establecimiento de una moratoria de construcción en las costas.
La posición de Machargo contrasta con la asumida por diversas organizaciones ambientales, varios municipios costeros, por científicos, legislaturas municipales y los propios expertos del Comité que favorecen el proyecto de moratoria.
El silencio del gobernador
Según Méndez Lázaro y el climatólogo Rafael Méndez Tejeda, ambos miembros del Comité, las recomendaciones enviadas al gobernador Pierluisi se iban a dar a la luz pública a través de una conferencia de prensa el 13 de octubre. La misma fue cancelada por Rafael Machargo, argumentando que brindaría la oportunidad a los miembros del Comité de reunirse con el gobernador.
Sin embargo, los expertos aseguraron que la conversación con Pierluisi nunca se llevó a cabo y que se redirigió la reunión hacia el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Cidre Miranda, para el próximo 1.0 de diciembre.
El silencio público de Pierluisi sobre las propuestas de los científicos y expertos, la ambivalencia de Machargo y la subordinación de los asuntos ambientales al criterio de Manuel Cidre son señales terribles contra las acciones puntuales y urgentes que hay que tomar respecto al efecto de la crisis climática en la zona costera y su impacto en todo el país.
Por Tatiana Díaz Ramos | Centro de Periodismo Investigativo
“La economía del Siglo 21 debe estar basada en el aprendizaje. Si cortas la educación amenazas tu crecimiento. Si no tienes gente bien educada no podrás crecer”.
Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, sobre Puerto Rico y su deuda
El Departamento de Biología en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras (UPRRP) es la unidad académica más grande del Sistema UPR, con una matrícula de 1,123 estudiantes. Sin embargo, sólo cuenta con 26 profesores permanentes, cuando llegó a tener 40 en el 2000, aseguró su director, Tugrul Giray, quien desde al menos el 2017 está preocupado por la calidad de la enseñanza allí. “Los cursos van a desaparecer, y están desapareciendo. Por ejemplo, teníamos un curso de anatomía humana que se ofrecía en dos partes, dos semestres, y tenían dos secciones de laboratorio, con disección de animales, etcétera. Ese curso ya no se está ofreciendo”, planteó Giray en entrevista con el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
Para el 2012, su departamento llegó a ofrecer 34 cursos a nivel subgraduado, 11 más que la oferta académica actual.
A pesar de los recortes, el Departamento de Biología, con un presupuesto de $2,789,804 para el año fiscal 2021 produjo sobre 100 publicaciones científicas desde 2017 y generó $76,741,046 en subvenciones (grants) activas desde ese mismo año, más $95,896,276 que tiene en curso, pendientes de desembolso.
Las aportaciones de ese departamento son tangibles e intangibles. Por ejemplo, las investigaciones del profesor Paul Bayman que lograron controlar la plaga del escarabajo barrenador contribuyeron a que podamos tomar una taza de café puertorriqueño; profesores de este y otros departamentos de la Facultad de Ciencias Naturales se unieron para advertir sobre los daños que la aspersión del insecticida Naled hubiera provocado tanto en la salud de la población como en la biodiversidad del país; y también educaron contra el gasoducto llamado Vía Verde con el que la administración Fortuño pretendía atravesar el centro de la Isla. Además, un equipo de profesores del Departamento de Biología liderado por el Dr. Riccardo Pappa y subvencionados por el National Institutes of Health (NIH) y el Fideicomiso de Ciencias de Puerto Rico, se encuentran caracterizando el genoma del virus del COVID-19.
El Departamento de Biología es sólo una muestra de la realidad que se repite en mayor o menor magnitud en los demás departamentos y facultades de los recintos universitarios a causa de la reducción de fondos para la universidad pública, como consecuencia de las medidas de austeridad impuestas por la Junta de Control Fiscal (JCF), que se reflejan en la pérdida del profesorado, la desaparición de cursos y acreditaciones — como sucedió con el Programa de Neurocirugía del Recinto de Ciencias Médicas —, y en la calidad de la enseñanza, disminuyendo la competitividad del país y las posibilidades de producción en investigación y desarrollo que pueden contribuir al producto nacional bruto.
La acreditación del doctorado en Trabajo Social también corre peligro, según afirmó la presidenta del Consejo General de Estudiantes de la UPRRP, Fabiana Marini Martínez, en una carta al congresista Raúl Grijalva.
La estudiante de cuarto año en Biología y Derechos Humanos concurre con el Dr. Giray sobre los efectos nocivos de los recortes en la calidad educativa. “En el Departamento de Biología, que es del que vengo, en los laboratorios virtuales uno aprende, pero uno no va a la práctica. Nosotros no vamos a estar haciendo laboratorios virtuales toda la vida. Vamos a ser médicos, vamos a ser investigadores, vamos a entrar al campo de la salud pública, tenemos que tener esa práctica, tenemos que tener ese conocimiento y esas destrezas que se traducen a futuras destrezas y conocimientos directamente en el ámbito laboral, y no tener esa oportunidad es sumamente peligroso”, advirtió Marini Martínez.
La JCF redujo la asignación del Fondo General para la UPR de $911 millones en 2017 a $466 millones para el año fiscal 2022, reseñó el Centro para una Nueva Economía (CNE). Además, en la última certificación de presupuesto quedó establecido que, “cualquier cambio en la redistribución presupuestaria que requiera la unidad, deberá solicitar autorización a la Junta de Supervisión Fiscal y a la Junta de Gobierno, a través de la Oficina Central de Presupuesto”.
“¿Cómo tú me vas a decir a mí que la Junta de Control Fiscal también quiere manejar cómo se mueve el dinero dentro de un recinto? Estás entorpeciendo los trabajos de los recintos cada vez más, con los recortes, con la dependencia en los fondos federales, con esas políticas de control de economía interna”, cuestionó Marini Martínez.
El Sistema UPR ha asumido sobre una veintena de medidas de control de gastos y ahorros para cumplir con los designios de la Junta desde el 2017, que incluyen la reducción de 5% en la paga del personal docente y no docente a tarea parcial y por contrato. El mismo porcentaje se redujo para los pagos de bonificaciones por funciones administrativas. De igual modo, los salarios del personal de confianza se redujeron 3% y se eliminaron los pagos por exceso de licencias acumuladas, incluyendo licencias por enfermedad. Otros beneficios laborales reducidos incluyen $95 menos a la aportación mensual para plan médico y la reducción del bono navideño en casi 50%. También se eliminó el presupuesto asignado para plazas vacantes. Por el lado de los estudiantes, aumentaron los costos de matrícula y redujeron o eliminaron las exenciones de matrícula.
A este panorama se suma el Plan de Ajuste de la Deuda que está ante la consideración de la jueza Laura Taylor Swain, el cual establecería una aportación anual a la UPR de sólo $500 millones anuales hasta el 2027.
Para el Dr. José Agosto, profesor e investigador del Departamento de Biología en Río Piedras, el plan significa el “jaque” a la UPR.
“Llevamos en los últimos años haciendo de tripas corazones. Ahora vamos a tener el recorte grande, ese es el jaque”, sentenció Agosto.
No sólo se trata de menos profesorado sino que, “hace más de 10 años no se reclutan plazas administrativas, ni docentes, ni técnicos. Soy el coordinador de los laboratorios de genética y había una técnica que hace como cuatro años se retiró. No me reemplazaron a esa persona. Nos dan una persona por contrato de seis meses, máximo un año, la paga es bien baja y los requerimientos y las responsabilidades son bien altas. Llevo cuatro técnicos desde ese retiro. Teníamos antes más de doscientas líneas transgénicas de moscas, que se utilizaban para la parte de enseñanza y para la investigación. Todas se perdieron entre el cambia y cambia”, contó Agosto.
Entre 2015 y 2021 el departamento perdió el 62% de los técnicos por contrato.
El panorama en el Departamento de Ciencias Ambientales de la UPRRP es similar al de Biología. La catedrática Elvia Meléndez Ackerman explicó al CPI que este departamento “es el tercero más grande de la Facultad de Ciencias Naturales, pero se está quedando sin profesores y ya se quedó sin personal administrativo”. Actualmente, sólo cuenta con ocho profesores permanentes, de quienes la mitad se puede retirar el próximo año, para una matrícula de 389 alumnos.
Aún con todas estas limitaciones, los investigadores de Ambientales con puestos permanentes recibieron fondos de 39 subvenciones que sumaron más de $21 millones entre 2015 a 2020. Tampoco dejaron atrás el trabajo creativo, con 184 publicaciones y 218 presentaciones de sus trabajos en y fuera del país. Y recientemente, el Departamento recibió una asignación de $975,314 por parte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos para el proyecto “Puerto Rico Natural Resource Career Track: New Frontiers and New Collaborators”, que provee a futuros científicos y gerentes de instalaciones científicas conocimientos en varias disciplinas que les permitirán identificar nuevas formas para manejar los recursos naturales en los cambiantes escenarios globales.
Los salarios de docentes y no docentes de Ciencias Ambientales han ido en picada desde el 2019. En el caso de las ayudantías, la baja comenzó desde 2017, con un alza en 2021 que Meléndez Ackerman atribuye a los fondos otorgados por la emergencia de la pandemia, “y hoy me informaron que el presupuesto para materiales para el Departamento es cero. Esto no pare más. Es imposible graduar estudiantes en cuatro años sin profesores que den los cursos medulares regularmente”.
“Todo el mundo en la universidad tiene un desgaste y eso no es productivo para ninguna de las partes, ni tan siquiera para el país. Cuando estamos en esos portones exigiendo cursos presenciales es porque para entrenar a la clase trabajadora del país, y producir conocimiento, si no se va a volver presencial, más con los recortes presupuestarios” esta misión no puede ser cumplida, planteó Marini Martínez sobre la huelga que mantienen en la UPRRP.
Un análisis reciente del investigador asociado del CNE, Raúl Santiago Bartolomei, advirtió que «los recortes propuestos por la Junta probablemente reducirán la producción total de investigación y desarrollo en Puerto Rico, harán que el archipiélago sea cada vez menos competitivo, y condenarán al fracaso cualquier política seria de desarrollo industrial y económico enfocada en fomentar actividades de alto valor añadido”.
Marini Martínez entiende que estos recortes empeoran la crisis económica del país. “La universidad es un motor de desarrollo socioeconómico. Es real, no es una frase bonita. Estás pagando una deuda ilegal que no le debería corresponder a la Universidad de Puerto Rico, y estás buscando pagarla sin tener el centro donde tú desarrolles tu economía y tu sociedad. Aparte de contradictorio, es una cosa que no tiene sentido”, concluyó.
Para el año fiscal 2022, se proyecta un déficit presupuestario consolidado de $41 millones en la UPR que habrá de sufragarse con sobrantes de caja de años anteriores. No sería la primera vez que esto sucede. Durante los pasados tres años fiscales se utilizaron $157,617 de las reservas en caja para la operación, según se desprende del último memorial de presupuesto.
En el Senado se intentó legislar una financiación pública adecuada para la UPR, “establecida por Ley como un por ciento fijo de los recaudos del Estado”, pero la iniciativa fue derrotada por un voto.
Si usted dirige alguna unidad académica o investigación de la UPR, le invitamos a compartir cómo han logrado seguir aportando con la formación de futuros profesionales pese a la austeridad escribiendo a tdiaz@periodismoinvestigativo.com.
