Por la Redacción

La Asociación de Economistas de Puerto Rico (AEPR) se unió al rechazo al Plan de Ajuste de Deuda (PAD) de la Junta de Control Fiscal (JCF), por considerarlo nefasto para la sociedad puertorriqueña. La postura contra el PAD fue adoptada en su Trigésima-Séptima Asamblea Anual celebrada este 29 de octubre.

Las y los economistas advirtieron -en comunicado de Prensa- que el PAD atenta contra la estabilidad y buen funcionamiento de la economía de Puerto Rico por lo que exigieron que es necesario que se defina un Plan de Desarrollo y Crecimiento económico y social para el país, con objetivos claros y medibles. “Si este plan no es bueno para la gente, no es bueno para Puerto Rico. El plan es una forma de continuar con las medidas de austeridad, y e impacta adversamente los municipios y la Universidad de Puerto Rico. Además, no cumple con el criterio de sostenibilidad ni presenta la capacidad real de pago del gobierno” expresó la presidenta de la AEPR, la doctora Alba Brugueras Fabre.

Al igual que otros sectores que han rechazado y denunciado el PAD la Asociación reclamó que se haga una auditoría forense de la deuda a los fines de que se disminuya la cantidad que se debe pagar y que la JCF cambie el PAD.

En repudio a la corrupción ambiental la entidad profesional aprobó además otra resolución en la que se reclama la protección de los recursos naturales, la zona costanera, y las comunidades aledañas a la costa. También, se aprobó una resolución para apoyar un proyecto de reforma universitaria que ponga fin al control partidista sobre la Universidad de Puerto Rico (UPR), se garantice su autonomía académica y fiscal; se restituya la fórmula de presupuesto a la UPR, y se reviertan los aumentos de cuotas y costos de matrículas. Además una resolución en reconocimiento del trabajo y la integridad de los economistas de la Junta de Planificación, y reclamó que se brinden los recursos para mantener, actualizar, y expandir el inventario de datos económicos en Puerto Rico, los cuales son esenciales para diseñar y evaluar políticas económicas efectivas.

En la asamblea se seleccionó una nueva Junta de Directores 2021-2022 la cual quedó compuesta por José Luis Rivera Rivera como nuevo Presidente, quien es economista graduado de University of Central Florida, y se destaca como economista profesional especializado en desarrollo económico,. Rivera Rivera sustituye a la Dra. Alba Brugueras Fabre, catedrática auxiliar de la Universidad del Sagrado Corazón.

El Dr. Iyari Ríos González, profesor en la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras, es el Presidente Electo que asumirá el cargo de presidente en noviembre del 2022. Son también miembros de la Junta de Directores, Cynthia Silva Rivas, Dr. Héctor Tavárez-Vargas, Dr. Ricardo Fuentes-Ramírez, Edwin R. Ríos Rivera, y José Bayoán Santiago Calderón. Además, quedó constituida la Junta Editora, con Joel Viera Pedroza como presidente, y el Comité de Mujeres Economistas bajo la presidencia de la Dra. Martha Quiñones Domínguez.

“Estoy comprometido con hacer la AEPR una organización del Siglo 21, expandir colaboración con múltiples instituciones multi sectoriales, reforzar a la AEPR como feroz defensor de la profesión económica y las grandes aportaciones a la sociedad puertorriqueña, y a asegurar que la AEPR sea propulsor del desarrollo económico y parte integral de la reconstrucción de Puerto Rico,” indicó el nuevo presidente de la AEPR, Sr. Rivera Rivera.

CLARIDAD

El “caso Jensen”, con su drama, su tragedia y hasta algo de tragicomedia, se convirtió en la distracción que el gobernador Pedro Pierluisi y la Legislatura necesitaban para tratar de esconder su última genuflexión. Justamente cuando quedaba expuesta de manera diáfana su sumisión a la Junta de Control Fiscal, ratificando su acuerdo con los bonistas, la mayoría olvidaba momentáneamente la traición y fijaba los ojos en la sala de un tribunal de Fajardo donde se escenificaba el último acto de un juicio convertido en espectáculo televisivo.

Días antes del desenlace del drama judicial, la Legislatura había aprobado el proyecto de ley que permitía implementar el acuerdo para el pago de la deuda pública negociado por la JFC con los tenedores de bonos del gobierno central. La mayoría del país se opone a ese plan que privilegia el pago a los buitres por encima de las necesidades más básicas. Cuando se produjo la última votación en el Senado, cientos de personas cercaban el Capitolio. No obstante, con el discurso falso de que “salvaban las pensiones” y le aseguraban fondos a la UPR, lograron aprobar la medida por la mínima, en votación 14 a 13.

Para evitar que la Legislatura se atreviera a ir más allá, y aprobara legislación que de verdad le pusiera cortapisas a su plan, la Junta había gritado que el proyecto de ley era “inaceptable”. Todo el que ha estado en algún tipo de negociación conoce ese jueguito en el que en realidad se acepta lo propuesto, pero no se dice para evitar que se cambie. De hecho, una vez Pierluisi firmó el proyecto rodeado de sus amigos Populares, de inmediato el presidente de la Junta le quitó el “in” a la palabra y proclamó lo que todos, hasta los propios legisladores, sabíamos: que el proyecto realmente no cambia el plan y que la hipoteca que se nos impuso quedaba inalterada. Con el proyecto convertido en ley ya no era necesario mantener la apariencia de oposición. Imagino a los procónsules intercambiando mensajes celebratorios, llenos de satisfacción, y Natalie Jaresko abriendo la botella de champán que había dejado enfriando desde que los populares de la Cámara de Representantes habían emitido la primera aprobación. “Tatito” ya les había cumplido y sólo faltaba que el bocón Rivera Schatz y el callado Dalmau también se sometieran, lo que acababa de suceder.

La indignación era generalizada ante la evidente manipulación de la Junta y el acto de genuflexión de la Legislatura. Tanto era el rechazo, que aun cuando el liderado de los dos partidos colonialistas, el PNP-PPD, apoyaba la medida, y el gobernador urgía su aprobación, en el Senado se aprobó por un solo voto, el de un tránsfuga que a última hora cambió tras recibir alguna oferta. Por eso, mientras la Junta celebraba y anunciaba que ya no era necesaria la mediación que había dispuesto la juez Taylor Swain, los líderes legislativos se escondían. Entonces comenzó el último acto del drama judicial de Fajardo y todos respiraron con alivio. Ya podían salir a la calle sin que alguien los interpelara porque todos estaban ensimismados con el histrionismo que abogados y fiscales mostraban ante las cámaras.

El gobernador y el liderato legislativo no fueron los únicos respiraron con alivio cuando el drama de Fajardo se abocó hacia la escena final. La jefatura de la Rama Judicial (o el “Poder Judicial” como ahora les gusta llamarse) también debió estar aliviada porque ese proceso había dejado expuestas algunas de las insuficiencias de esa rama de gobierno. Desde hacía semanas, tal vez meses, comentaristas y columnistas venían denunciando la injustificada dilación de un caso que, a simple vista, no parecía complicado.

A todas luces no se trataba de un caso enredado, de esos donde los hechos dejan entrever alguna duda, o en los que existe alguna doctrina legal que, con independencia de la prueba, puede afectar el desenlace. En esas situaciones los procesos se alargan porque cada parte despliega toda su artillería o porque surgen procesos apelativos cuya ponderación requiere tiempo. En esta ocasión, sin embargo, la prueba disponible era contundente, desprovista de ambigüedad. El asesinato se había producido a la vista de muchos, por una sola persona, frente a una víctima totalmente indefensa. Al lo anterior se añade que el proceso se daba ante una juez, sin jurado, que de ordinario lo hace más lento.

¿Cómo es posible que un caso de esa naturaleza requiriera más de dos años para ser procesado? Alguien correrá a señalar la pandemia como causa, pero con ella sólo se podrían explicar seis o siete meses de los veinticinco. Todavía quedan dieciocho sin explicación.

Lo que el caso demuestra es la inhabilidad del sistema para enfrentar a un litigante con dinero, que puede disponer de una batería de abogados y asesores para cuestionar todo detalle y acudir en revisión de cada decisión. El caso de Fajardo fue un procedimiento penal, que se supone sea más rápido que lo civil porque envuelve derechos de acusados y víctimas. En la otra vertiente, la civil, la situación es aún más dramática, como hemos visto últimamente en el requerimiento de información que varios legisladores le hicieron a la privatizadora Luma Energy. Ya han pasado muchos meses desde que el Tribunal Superior de San Juan dictaminó la entrega de la información y, hasta la pasada semana, la empresa seguía manteniendo la Legislatura en la misma oscuridad en que nos tiene a todos. Fue al Apelativo varias veces, luego al Supremo, al Tribunal Federal y de vuelta al Superior, gastando millones de dólares del pueblo, todo para esconder información que, en su mayoría, todavía siguen escondiendo.

Esa permisividad judicial es lo que genera críticas. En el caso de Fajardo, el atraso benefició a un acusado con dinero, que disfrutó de dos años de libertad tras cometer un cruel asesinato. Sin embargo, como vimos al principio, ese imputado no fue el único beneficiado. El atraso aumentó la notoriedad del pleito, convirtiéndolo en drama, y la escena final le sirvió de escondite a quienes días antes habían traicionado el futuro de Puerto Rico.