CLARIDAD
Mientras el Senado y la Cámara se acusan mutuamente por el impasse con la reforma laboral —la llamada reforma laboral del 2017—, quienes salen ganando con la discusión son los grandes y pequeños patronos que quieren que todo se quede como está.
En conferencia de prensa, representantes del movimiento sindical que agrupa a trabajadores del sector privado reclamaron a la Legislatura una pronta y final conclusión de la legislación, que dé paso a una verdadera reforma laboral que supere las limitaciones y el impacto negativo que la ley vigente ha provocado. José Rodríguez Vélez, portavoz del Movimiento Solidario Sindical (MSS) declaró a CLARIDAD que el tranque se debe a que el Senado aprobó un proyecto y la Cámara aprobó otro. Cada uno está impulsando que se apruebe el suyo y no se ponen de acuerdo.
Este semanario tuvo acceso a una carta de la senadora Ana Irma Rivera Lassén, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales, dirigida al presidente del Senado, José Dalmau Santiago, en la que le recuerda que desde junio el proyecto se encuentra en un Comité de Conferencia de Senado y Cámara. La portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) lleva a la atención del presidente del Senado (y presidente del Partido Popular Democrático) que “tristemente”, el 11 de noviembre, a cinco días de concluir la sesión, apareció un entirillado sorpresa preparado de manera unilateral por la Cámara de Representantes. El documento, contrario al compartido el 3 de noviembre, elimina todas las disposiciones incluidas en el Senado antes de su aprobación, incluso aquellos acuerdos en los que se habían llegado en los pasados meses.
Rodríguez Vélez indicó que para los y las trabajadores los cambios más significativos que requiere la reforma laboral son la restitución de los días de vacaciones que les fueron arrebatados en la reforma laboral del 2017; la restitución de los días de enfermedad; volver a la cantidad de horas para cualificar al bono de Navidad, que antes eran 700 horas al año y con la reforma subieron a 1,350 (lo que representa casi 10 meses de trabajo) y que se baje el periodo probatorio a tres meses, que ahora son nueve. Otro elemento muy importante es que quien tenga el poder de la prueba en caso de despido sea el patrono y no el trabajador, como sucede al presente.
Continuó con que la diferencia en los cambios de la Cámara son que solo baja a mil las horas a trabajar para tener derecho al bono de Navidad, esto para los pequeños y medianos comerciantes. El proyecto del Senado se mantiene en 700 horas a todos los patronos. En el Senado se estaba buscando la paga doble después de la décima hora trabajada. “Esto no aparece en el proyecto de la Cámara, en el Senado todavía tenemos que el peso de la prueba esté en el patrono y la Cámara insiste en mantenerla sobre el trabajador. Por eso es que en este momentos hay un abismo entre la Cámara y el Senado y quien se sigue perjudicando es la clase trabajadora en el sector privado, porque este proyecto es solo para el sector privado”.
Según conversaciones entre al portavoz del MSS con la Oficina del Gobernador, en estos momentos Cámara, Senado y Fortaleza están de acuerdo con la restitución de los 15 días de vacaciones, los días de enfermedad y con reducir el periodo probatorio. Rodríguez reconoció que aunque los sindicatos piden que se regrese a los tres meses de periodo probatorio, están de acuerdo en que se llegue a los seis meses, “porque entendemos que estamos ganado comoquiera. El gobernador está de acuerdo con el bono de Navidad, en lo que no está de acuerdo es en la paga doble en ningún escenario”, precisó.
En estos momentos, después de las 8 horas y media de trabajo, se paga a tiempo y medio, sin tomar en consideración que es el patrono quien controla el tiempo de trabajo, a no ser que haya un convenio colectivo. El reclamo del Movimiento Sindical es que se pague doble. “Ya después de la 10 horas, el cuerpo no lo aguanta. De eso se han hecho estudios y hay patronos que sí tienen a gente trabajando más de 10 horas, por lo que la paga doble es la penalidad que tiene el patrono por tenerte trabajando más de 8 horas”.
Reconoció que en todo este impasse, en que además de la presión de los patronos, la Junta de Control Fiscal (JCF), que fue la que forzó la reforma del 2017, hasta el momento se ha comportado “como si fuera un topo, sin expresarse y por debajo del radar. Sí sabemos que lo que es MIDA, el Centro Unido de Detallistas y la Cámara de Comercio han hecho una campaña en contra de que se revierta la reforma laboral. Sí entendemos que la JCF va a sacar la cara, va a salir de la tierra en algún momento dado, cuando se apruebe algún proyecto en la Legislatura”.
A días de concluir la sesión legislativa hay dos escenarios: que baje un proyecto y se le vote en contra o que se retenga y la discusión continúe en la próxima sesión en enero. La posición de los sindicatos es que en enero la aprobación de un proyecto será más cuesta arriba, ya que comienza el aumento del salario mínimo, argumento del cual de seguro los patronos se van a recostar, de que ya están pagando más. El portavoz del MSS expresó que hay patronos que tienen campañas agresivas, como los de comida rápida, porque no encuentran gente para trabajar. Esto es porque aun $8.50 no son suficientes para cubrir las necesidades de la clase obrera.
Sobre la propuesta de algunos sectores de traer trabajadores extranjeros, Rodríguez Vélez dijo que no se oponen, dado a que son trabajadores compañeros latinoamericanos y caribeños, porque son parte de la clase obrera. “Nosotros tenemos más cosas en común con un trabajador dominicano que con un patrono capitalista puertorriqueño. Lo que sí entendemos es que estos compañeros no pueden venir a Puerto Rico bajo unas condiciones laborales como si los fueran a tratar como esclavos. Ahí es donde no estamos de acuerdo”.
Para Rodríguez Vélez, los cambios económicos que demanda el país requieren de una acción afirmativa que vaya mucho más allá de elevar el salario mínimo a $8.50 y de realizar un cambio cosmético mínimo en las condiciones de empleo. Trajo a la atención que hay otros elementos tan esenciales a considerar, como lo es el envejecimiento de una tercera parte de la fuerza laboral, la necesidad de frenar la emigración de nuestros jóvenes con mejor preparación académica, el creciente aumento de la fuerza laboral femenina y la potencial llegada al país de nuevas empresas de alta tecnología, entre otras consideraciones de importancia, que hace obligatorio repensar la clase de reforma laboral que va a tener en el país.
Para concluir, hizo un llamando tanto a la Cámara como al Senado y al Gobernador a que “quien tiene que levantar la bandera de la victoria es la clase trabajadora y no es ningún partido político ni ningún personaje. Que dejen a un lado el protagonismo y le hagan justicia a la clase trabajadora”.
