CLARIDAD
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Una estrategia para dilatar el proceso y demorar el escándalo es lo que confirma la postura del consorcio de LUMA Energy, LLC al ignorar la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico y volver a insistir en el Tribunal de Primera Instancia que no va a entregar la información requerida por la Cámara de Representantes de Puerto Rico; es lo mal hecho que está el contrato firmado por la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AP3), que le entrega a la privatizadora la administración de la transmisión y distribución del sistema eléctrico del país. En eso coincidieron varios entrevistados.
El pasado martes, 12 de octubre, el Tribunal Supremo declaró no ha lugar la petición de LUMA Energy, para que dejara sin efecto una decisión del Tribunal de Primera Instancia que le ordena entregar información relacionada con el número de trabajadores, ejecutivos, sueldos y otros aspectos desde que asumió la operación de la transmisión y distribución del sistema de energía, el 1.0 de junio. LUMA informó que volverá al Tribunal a levantar defensas y objeciones para no entregar la información solicitada.
Mientras, el congresista Raúl Grijalba, quien preside el Comité de Recursos Naturales del Congreso de Estados Unidos, le dio de plazo hasta el 28 de octubre al presidente de LUMA Energy (LE), Wayne Stensby, para entregar la información.
En entrevista, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Interamericana Carlos Ramos González expuso que LE está siguiendo la estrategia legal de ir presentando sus argumentos procesales ante el tribunal “de poquito a poquito”, para ganar tiempo. Es decir, presentar asunto por asunto. Si pierde el primero, espera hasta el último día y recurre al próximo tribunal hasta llegar al último. Si le dicen que no, vuelve otra vez al de Primera Instancia y presenta otro argumento. Así, hasta que los argumentos se le acaben. La estrategia es una sola: entregar y llevarlo todo lo más tarde posible. Apuntó que LUMA actúa así, primero, porque se ha demostrado que no tiene supervisión estatal y que tiene el aval del gobernador, “por lo tanto, se siente muy confiado y van a seguir la estrategia”.
Ramos González explicó que esa litigación fue la que siguió el presidente Donald Trump cuando la Cámara de Representantes le pidió unos documentos. Este levantó dos objeciones: una, que la Cámara no tenía el poder sobre el presidente del EE. UU., algo que ya estaba resuelto desde el caso del entonces presidente Nixon, y dos, que lo solicitado estaba protegido por un privilegio. El presidente litigó primero el poder de la Cámara para enviarle un subpoena y llevó el caso hasta el Tribunal Supremo, lo que tardó dos años. Después levantó el argumento del privilegio. En todo eso, se acabó el cuatrienio.
Según él, esa es la misma estrategia que sigue LUMA, aparte de seguir trabajando a oscuras y sin transparencia. LUMA opera “como si fuese una compañía absolutamente privada, cuando para todos los efectos, opera con fondos del pueblo de Puerto Rico, que es lo que LUMA no quiere aceptar”.
De regreso al Tribunal de Primera Instancia, el caso tomará algunos días, aunque a la luz de lo que el juez decidió la primera vez no puede cambiar su decisión. Ahora lo que procede es ver cuáles serán las nuevas controversias procesales, si algunas, que levantará LUMA. “Créeme que va a levantar todos los que encuentre porque la estrategia es siempre encontrar algún punto donde apelar y retrasar la entrega hasta que no pueda más”.
Ramos argumentó que desde hace tiempo se está reflejando que hay muchos aspectos del contrato que son cuando menos cuestionables, de si se está protegiendo el interés público de manera adecuada. Es
evidente que si, por ejemplo, el contrato tuviese algunos aspectos relacionados con la transparencia, ciertamente no incluyó o no se acordó la responsabilidad que tiene LUMA. A pesar de ser privada, hay unos asuntos básicos de transparencia de cuántos empleados tiene, quiénes son, cuánto ganan. Para todos los efectos prácticos, la gestión que está realizando LUMA en el contexto puertorriqueño es una que históricamente era una del Estado. Esta gestión la asume LUMA, por lo que el contrato, entre otras cosas, tenía que establecer ciertos temas, incluso ciertos derechos constitucionales de ciudadanos y otras agencias, que LUMA tenía que obedecer como si fuese una entidad pública.
En entrevista por separado, el director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía (CEN), Sergio Marxuach, coincidió con la apreciación de que la actitud de LUMA evidencia que hay algo malo en el contrato y que se falló en requerirle a LUMA que respondiera a los procesos públicos de rendir cuentas, que explique sus acciones y dé evidencia de lo que está pasando en la compañía.
“Por un lado, no me sorprende la actitud de LUMA; desde el principio no ha sido la más colaboradora. Pero por otro lado, desde el punto de vista jurídico, es un asunto resuelto hace décadas. Tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, la Legislatura tiene poderes amplísimos para investigar, supervisar, a una empresa privada. Tenemos el asunto de que no es una empresa enteramente privada, sino una APP con el Gobierno”, subrayó.
El director de Política Pública del CNE, que también es abogado, añadió que no entiende cuál es el razonamiento, la obstinación por parte de LUMA de no entregar los documentos, debido a que desde la época del presidente Nixon, la facultad de la Legislatura para requerir información está resuelta, y en el caso de Puerto Rico, igual hay muchísimos casos, incluyendo la investigación del Cerro Maravilla, que le dio amplia jurisdicción a la Asamblea Legislativa para llevar a cabo todo tipo de investigaciones, requerir documentos, exigir la comparecencia de personas. Reparó en que es obvio que no se puede abusar del poder, pero que no cree que ese sea el caso en estos momentos.
“El cuestionar el poder de la Legislatura no es un argumento que te va a llevar a ningún lado. Esto es un asunto requetedefinido por los tribunales, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico”, reiteró.
Insistió en que el contrato se debe revisar para requerir mayor transparencia a LUMA en sus operaciones, facultad que está claramente dentro de las prerrogativas de la AP3. “Aquí el ente al que le toca supervisar el contrato es la AP3, que es la supuesta encargada de administrar y supervisar el contrato”.
En el caso de la Comisión de Energía, observó que su supervisión se limita a lo técnico y a analizar las tarifas, si son justas y razonables, y sobre la instalación de tecnología nueva, ya sea generación o transmisión. “Aquí al ente que le toca supervisar el contrato es la APP3, que es la supuesta encargada de administrar y supervisar el contrato”, reiteró.
El director de Política Pública del CEN, entidad que hizo un detenido estudio sobre el contrato y advirtió sobre posibles conflictos de interés entre LUMA y sus afiliadas, Quanta y ATCO, las cuales constituyen una misma empresa, subrayó que por eso es importante que el público conozca cuáles y quiénes son los contratados por LUMA y si está cumpliendo con el proceso legal que aplica en estos casos. Pero el hecho es que ahora ni se sabe quiénes son. La junta de directores de LUMA se ha negado a decir nombres, quiénes son los accionistas, y hay una serie de preguntas que van más allá de que las partes que tengan un interés no participen en decidir si se aprueba un contrato o no.
“No veo cómo LUMA pueda argumentar que tiene un poder mayor al que reclamó de Nixon en aquel momento. Hasta ahora, la actuación de LUMA deja mucho que desear. Aun las personas que estaban a favor de la contratación de LUMA tal como estaba, están diciendo que esto no puede seguir así, que hay que buscar una manera de que esta gente entienda cómo funcionan las cosas aquí en Puerto Rico. La acción de no producir la información tiene muy poca validez. El poder de la Legislatura para requerir documentos e investigar está claramente establecido en ambas esferas”.
También entrevistado, el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez coincidió con las declaraciones del presidente de la UTIER, Angel Figueroa Jaramillo, en el sentido de que la divulgación de la información requerida a LUMA desatará un escándalo peor que el del chat de Ricardo Rosselló.“El pillaje de los $168 millones que gastaron en la primera etapa, ese pillaje, va a salir a la luz pública, y yo estoy de acuerdo en que va a ser peor que el chat”.
Emmanuelli Jiménez, está convencido de que si LUMA entrega la información al Congreso, lo hará en una sesión ejecutiva, privilegio que puede permitir que solo los congresistas conozcan la información. “No hay duda que el Congreso y la Legislatura de Puerto Rico tienen ese poder. Lo que pasa es que se están defendiendo como gato boca arriba; lo que pasa es que despilfarraron los fondos públicos y que hay gente en la nómina que son de la clase política. Pero va a salir eventualmente, a menos que le peguen fuego a los papeles”, manifestó.
