CLARIDAD
La delegación del Partido Popular que controla la Legislatura, particularmente los de la Cámara de Representantes, tienen prisa por aprobar legislación que facilite poner en vigor lo que la Junta de Control Fiscal negoció con los bonistas. Detrás de ese ajoro está una creencia que, aunque suene ridícula, habita desde hace meses en la mente del presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez. Cree que la ratificación del acuerdo implicaría en el fin de la Junta y ¡zas!, con la desaparición de ese grupo el “estado libre asociado” volvería a florecer.
Populares como este que apodan “Tatito”, desde hace tiempo han querido creer que la JCF es una mácula pasajera, y que basta con que ésta cese operaciones para que todo vuelva “a la normalidad”. Llevaban 70 años mintiéndose con el fin de la colonia, y, en cuestión de unos meses, el mismo Congreso que en 1952 les había aprobado el “ela”, decidió reutilizar sus “poderes plenarios” para poner la Junta encima de su creación anterior. Tras ese golpe, el castillo del patriarca se derrumbó, pero sobrevivió la fe entre muchos de sus herederos. Como buenos creyentes piensan que, si esta última creación del Congreso se va, podrán volver a sentirse “soberanos” o, al menos, “autónomos”.
Si todo se redujera a ese juego de creencias, o a ese auto de fe, podríamos decir “allá ellos”. Ante cualquier adulto quiera seguir creyendo en Santa Clos no podemos hacer otra cosa que sonreír y dejarle un regalito debajo de la cama cada 25 de diciembre. Pero el problema es que estos creyentes, en su afán por rescatar su fe, podrían hacer mucho daño. El resultado de esa apuesta sería dejarnos hipotecados por otros cuarenta años, mientras le llenamos el bolsillo a una legión de buscones.
A todas luces, lo que la Junta acordó con los llamados “acreedores de obligaciones generales” (los tenedores de los bonos emitidos por el gobierno central) no le conviene a Puerto Rico. Desde que el Congreso estadounidense impuso ese organismo, se denunció que su objetivo final no era rescatarnos, sino proteger a los bonistas, asegurándose que pudieran cobrar. Lo que antes se denunció, se vuelve a confirmar con el nuevo “plan de ajuste”.
En primer lugar, el acuerdo supone la entrega inmediata a los acreedores de toda la reserva monetaria del Gobierno -$14 mil millones- a modo de pronto pago. Además de engullirse esa enorme suma, que dejaría nuestras arcas vacías, los acreedores recibirían nuevos bonos, con mejores garantías, que nos endeudarían otros 40 años obligándonos a pagar sumas onerosas anualmente.
Para vender su plan la Junta y sus defensores aseguran que los acreedores estarían aceptando un descuento que, según ellos, rondaría en el 60%. Aún si aceptáramos esa cifra como cierta, se queda fuera otro dato mucho más importante: que esos bonistas, en su mayoría fondos de inversión a riesgo, adquirieron sus acreencias pagando diez o veinte centavos por cada dólar. Con la suma que estarían recibiendo a modo de “pronto pago” nada más, recobrarían con creces su inversión. Con los nuevos bonos, su ganancia se multiplicaría.
De ordinario, en casi todos los procesos de quiebra, los acreedores pierden dinero debido a la insolvencia del deudor porque, como norma general, este tipo de legislación tiene un propósito social. Busca evitar que los acreedores se lancen como fieras contra el deudor despojándolo hasta de lo más básico. De ahí la frase de que tal persona “se acogió a la protección” del Tribunal de Quiebra. En la mayoría de los casos efectivamente el tribunal protege.
El caso de la quiebra de Puerto Rico está resultando en algo muy distinto. Ya los acreedores cuyos bonos no están garantizados por el Fondo General, los de la corporación COFINA, se despacharon con la cuchara grande. También cobraron miles de millones de dólares como pronto pago y, además, recibieron bonos que estarán garantizados con el dinero del impuesto a las ventas. Aquel “acuerdo” fue avalado por el anterior gobierno y ratificado por la Legislatura, entonces controlada por el Partido Nuevo Progresista, a pesar de las voces de alerta que incluyeron al Nobel economía Joseph Stiglitz.
Entre los bonistas que se llevaron la gran tajada en el acuerdo de COFINA y los que ahora recibirán el bocado grande del Fondo General, no hay diferencias. Se trata de los mismos fondos buitres, que tan pronto escucharon sobre los problemas de crédito de Puerto Rico se lanzaron como depredador sobre la presa.
Tanto en el caso de COFINA como ahora, Puerto Rico ha tenido a su disposición un arma de poder para la negociación, que es el requisito de acción legislativa. Para que lo decidido por la Junta pueda materializarse, la Legislatura debe aprobar una ley habilitadora que, entre otras cosas, autorice la nueva emisión de bonos. Esa ficha, que pudo haber sido de tranque, fue entregada graciosamente por el PNP al aprobar lo de COFINA. Ahora el PPD se propone hacer lo mismo con el acuerdo sobre los bonos de obligaciones generales.
Para enmascarar la entrega, los legisladores del PPD incluyeron en la ley habilitadora algún lenguaje protector en torno a las pensiones, junto a una garantía de $500 millones para el presupuesto de la UPR. En el primer caso, se trata de un reclamo que la Junta dejó en el acuerdo precisamente para tener algo con qué negociar, permitiéndole a los legisladores cantar una victoria. En el segundo caso, esa supuesta “garantía” implica realmente aceptar para siempre un descuento de al menos otros $500 millones en el presupuesto de nuestro sistema universitario, que sería mayor cada año.
Adicional a esas dos “conquistas”, por lo bajito Tatito y el grupo de la mayoría PPD ya celebran el “fin de la Junta” como el otro gran logro de su ley habilitadora. Es falso que los procónsules se van tras aprobarse su último plan, pero, aunque se vayan, todo en la colonia seguirá igual.
