Ahora comienza la parte más dura de la jornada de la Ley PROMESA. Acordado ya el Plan de Ajuste de Deuda (PAD), por la Junta de Control Fiscal (JCF), el Gobernador y la Legislatura, y listo el pastel para la consideración de la jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para la Quiebra de Puerto Rico, queda clarísimo que, no importa lo que digan Pierluisi o Jaresko, Tatito Hernández o Rivera Schatz, José Luis Dalmau o los medios de prensa oficialistas, Puerto Rico no cuenta con la solidez ni las condiciones económicas mínimas para poder comprometerse a pagar puntualmente $3,500 millones anuales por la deuda combinada de COFINA y las Obligaciones Generales, y las pensiones de nuestros retirados del servicio público, como lo impone el PAD. Para ello, hay que tomar a préstamo- para eso es la emisión de bonos- los $10,000 millones que demandan los buitres como adelanto en efectivo de la transacción. Es un oxímoron embrollarnos para poder desembrollarnos, porque tendremos que pagar dicho préstamo, junto a todas las demás obligaciones y, además, asegurar los $500 millones anuales de la Universidad y el prometido respaldo financiero a los municipios. Hay que hacer estos malabares sin incumplir ni un plazo del pago de la deuda, ni de las pensiones, y sin abandonar totalmente a su suerte a la población que necesita y reclama los servicios esenciales que el gobierno está obligado a prestarles.
Por eso decimos que la estructura del gobierno en esta colonia estadounidense, dominado por los dos partidos que se han turnado el poder – PPD y PNP- hace décadas que colapsó. La quiebra de Puerto Rico es la prueba más visible del fracaso del sistema colonial de Estados Unidos en nuestro país. Desde mucho antes de la bancarrota, y aún más tras la sucesión de desastres de los últimos años, la economía de Puerto Rico ya venía debilitada por los vaivenes políticos e Estados Unidos, y la irresponsabilidad e incompetencia de los gobiernos coloniales aquí. Por eso, los supuestos económicos sobre los cuales se diseñó el PAD están marcados por la incertidumbre.
El título V de la Ley PROMESA incluía elaborar un plan de desarrollo económico para Puerto Rico, pero esa parte no se cumplió. Al cabo de cinco años desde la aprobación de PROMESA y el nombramiento de la JCF, no hay una sola iniciativa de desarrollo económico en Puerto Rico atribuible a dicha ley o a la Junta. El ente federal ha volcado su acción solamente en dos direcciones: primero, imponerle a nuestro pueblo una arbitraria receta de austeridad fiscal. Segundo, elaborar un plan de reestructuración y pago de deuda satisfactorio para las empresas buitres que la emitieron. Las acciones de la JCF han constreñido la prestación de los servicios gubernamentales a la población. Han estrangulado financieramente a la Universidad de Puerto Rico, y afectado el funcionamiento de los municipios. También se desmanteló la Autoridad de Energía Eléctrica y se le entregó la transmisión y distribución de la energía a LUMA Energy, una empresa creada especialmente para Puerto Rico y protegida por grandes intereses energéticos de Estados Unidos, cuyo contrato leonino e impuesto representa un pago adicional de más de $125 millones anuales del ya reducido presupuesto del país.
Por eso hoy, a punto de concretarse un acuerdo de pago con los buitres, las posibilidades de la economía colonial de Puerto Rico, y del propio gobierno, se tambalean en un péndulo nefasto. De un lado, la creciente dependencia de los fondos que autoriza el gobierno de Estados Unidos a la Isla para distintos propósitos, y del otro, el avance de la economía del narcotráfico, controlada por poderosos carteles que se han ido expandiendo a la fuerza por todo el país, con un saldo muy alto de violencia. La práctica habitual de los gobiernos coloniales de Puerto Rico, de depender cada vez más de los fondos del gobierno de Estados Unidos, no constituye desarrollo económico. Tampoco lo es permitir que nuestro país se convierta en un narco estado.
Por eso, sectores crecientes de nuestro pueblo han ido adquiriendo la consciencia de que el estado de cosas en Puerto Rico tiene que cambiar. La ruta de la dependencia económica de Estados Unidos no es conveniente porque troncha las posibilidades del desarrollo propio de nuestro país, para el cual contamos con capital humano bien capacitado. La economía del narcotráfico no es una ruta de desarrollo para ningún pueblo, porque troncha las vidas de muchas personas, sobre todo de jóvenes en edad productiva que eligen este camino a falta de otras oportunidades. Romper este péndulo económico nefasto es uno de los retos más urgentes que confronta Puerto Rico hacia el futuro.
