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La acción del gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, de elevar el conflicto obrero patronal entre la Unión Internacional de Estibadores (ILA local 1740) y la empresa Luis Ayala Colón & Sucesores (LAC) ante la consideración del presidente Biden es una a destiempo e improcedente.

Aun cuando las partes llegaron a una tregua por 45 días en una reunión en La Fortaleza, en la que participaron el presidente de LAC; el presidente de la Local 1740, Carlos Sánchez Ortiz; la secretaria de la gobernación, Noelia García, y el secretario del Trabajo, licenciado Carlos Rivera Santiago, el Gobierno no retiró su pedido al presidente. El conflicto obrero-patronal se extendió por 17 días, lo que mantuvo cientos de vagones sin descargar en el muelle de San Juan.

Para el abogado laboral Alejandro Torres Rivera, la carta del gobernador pidiendo la intervención del Negociado de Mediación y Conciliación Federal (FMC, siglas en inglés) y de la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo (NLRB) de Estados Unidos es una a destiempo. Esto, porque la intervención que hubo por parte del Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) fue de apenas dos días, y el hecho es que los procesos de mediación cuando hay un conflicto obrero patronal son procesos que discurren por un tiempo mayor.

“Me parece que esa intervención del Secretario del Trabajo y su salida tan abrupta es porque realmente lo que ellos interesaban era tratar de activar, dentro de su mentalidad federal, la jurisdicción del presidente en el marco de este conflicto”.

Pero las pretensiones del gobernador dan al traste, según la interpretación de Torres Rivera, con lo que está establecido en la Ley Taft Hartley, en específico en la sección 206. Esta sección dice a discreción del presidente de Estados Unidos el que se active la ley si hay una amenaza o una huelga que afecte la totalidad de una industria o una parte sustancial de esta donde esté envuelto el comercio, la transportación, la transmisión y comunicaciones entre los estados o entre estados y otras naciones extranjeras o que afecte la producción de bienes para el comercio o que esa actividad concertada continúe y afecte la salud y seguridad nacional.

El detalle, subrayó, es que cuando se habla de nacional es en el contexto de Estados Unidos como país. Por lo tanto, una controversia análoga que se da en Puerto Rico en un muelle específico, que es el de San Juan, eso no es un asunto de interés nacional de EE. UU. Es un asunto que es estrictamente del territorio, es un asunto local. “Es bien distinto, por ejemplo, un paro en toda la costa este de EE. UU. Eso sí tiene un impacto a nivel nacional en los EE. UU. No puede ser un conflicto en un territorio que se llama Puerto Rico, en un muelle de San Juan donde hay otros muelles”.

Continuó explicando que lo que establece esa ley es que si el Presidente llega a la conclusión de que una amenaza de una huelga afecta la salud y la seguridad nacional, tiene que nombrar una comisión, la cual está obligada a preparar un informe donde se identifiquen las causas del conflicto; pero no puede asumir postura ni a favor ni en contra del conflicto, sino identificar las causas. El informe entonces se tiene que enviar al Negociado de Conciliación y a la Junta de Relaciones del Trabajo y se tiene que circular públicamente para que la gente tenga acceso al mismo. Una vez el Presidente recibe el informe, tiene que determinar si a base de lo que dice el informe como causa del conflicto debe ordenar al Departamento de Justicia que vaya a la Corte Federal y procure un mandato o injunction para poner fin al estado huelgario o incluso poner fin a un cierre patronal.

Una vez el ejecutivo acude al tribunal, todavía el tribunal tiene que llegar a unas conclusiones para poder emitir un injunction. Esas conclusiones van dirigidas a que, en efecto, la totalidad de la industria o una parte sustancial de ella donde esté envuelto el comercio, la transmisión, transportación o la comunicación entre distintos estados o países extranjeros afecta la producción de bienes para el comercio. Es decir, que si el tribunal concluye que en efecto se pone en riesgo la salud y la seguridad nacional, entonces es que se emite el mandato.

A juicio del expresidente del Colegio de Abogados, lo que Pierluisi está tratando de hacer es federalizar el conflicto con la intervención del presidente de EE. UU. en un contexto donde no hay una afectación como tal de la salud y seguridad de EE.UU. Reiteró que el conflicto es un asunto estrictamente local. Más aun, indicó que el gobernador puede utilizar otros mecanismos para atender la situación, pero el principal de todo es que siga insistiendo en el uso de la mediación: “Ningún secretario del trabajo con dos días de intervención se rinde”.

Su apreciación es que la acción del gobernador es para infundir temor. Señaló que con esa misma intención fueron las declaraciones del secretario del Trabajo a la Prensa de que esto era federal. “¿Qué es lo más importante para el presidente Biden en estos momentos, las cosas que ha hecho Cuomo o si aquí en San Juan está paralizado puertos?” Destacó que nadie ha traído prueba de que no haya alimentos en los almacenes: “Aquí hay alimentos para tres meses en los almacenes y la ILA ha sido clara y está moviendo lo que tiene que ver con medicamentos y artículos de primera necesidad”.

El licenciado Torres Rivera explicó que Puerto Rico tiene una ley que, aunque con un lenguaje algo confuso, permite la intervención del Gobierno en el conflicto. La Constitución en el artículo 2, sección 8, primer párrafo, reconoce derecho a la huelga a los empleados del sector privado y de las corporaciones e instrumentalidades públicas. Pero el segundo párrafo dice que nada de lo antes indicado menoscabará la facultad de la Asamblea Legislativa de aprobar legislación cuando una huelga o una grave amenaza de huelga ponga en riesgo la salud y la seguridad pública, que son dos conceptos que están en la ley Taft Hartley. La prestación de un servicio público se considera esencial porque se está dando un derecho a la huelga a los empleados públicos que ofrecen servicios públicos. En el 1965 se aprobó la Ley 11, la cual establece un procedimiento de emergencia para cuando como resultado de una huelga o una grave amenaza de huelga haya una afectación en la salud, y/o la seguridad pública.

Esta Ley 11 también establece un procedimiento análogo al del procedimiento de la Ley Taft Hartley, pero en su redacción, “en el juego de las comas”, hay quienes interpretan que esa ley está hecha para las corporaciones públicas y las instrumentalidades donde los trabajadores tienen derecho a huelga. Su interpretación es que cuando se redacta la Constitución y se delega esa facultad en la Asamblea Legislativa, no es una delegación que se hace exclusiva para las corporaciones e instrumentalidades públicas, la interpretación que se le debe dar a la ley es que para las instrumentalidades y corporaciones públicas y para el resto del sector privado que tiene derecho a huelga es el mismo concepto de la salud y seguridad.

Este procedimiento se usó en la última negociación de la UTIER con la Autoridad de Energía Eléctrica y con la unión de los trabajadores de TUAMA. Según Rivera Torres, esta ley se ha utilizado sencillamente como una forma de romper la huelga. Aunque censuró que el Gobierno tampoco ha hecho un análisis de si aplica ese procedimiento de la Ley 11 al sector privado, incluso su procedimiento inicia con la creación de un comité, el cual debe elaborar el informe y entregarlo al Negociado de Mediación y Arbitraje del Departamento del Trabajo a través del Negociado de Mediación Activa. Es decir, que “en los procesos de negociación colectiva la mediación toma su tiempo”, recalcó.

En el caso de la ley 45, que prohíbe la huelga cuando se tranca una negociación, se activa un proceso de conciliación de 30 días. “Y ahí no hay derecho a huelga, y si no se resuelve en 30 días se va a un arbitraje obligatorio. Pero eso no existe en el sector privado ni para las corporaciones públicas, por lo tanto, el uso de la mediación no está limitado a un tiempo”.

Un aspecto contingente del conflicto obrero-patronal es el hecho de que la Autoridad de Puertos le concedió el pasado año la operación total del muelle de San Juan a la empresa LCA, lo que constituye un monopolio. En su momento, diversos sectores advirtieron de que en caso de haber un conflicto huelgario se afectaría la totalidad de los muelles, porque es una sola empresa la que está administrando. “Eso fue un acto de favoritismo por parte de Ricardo Rosselló. Lo que se denunció que podía pasar ahora está pasando, es lo que estamos viendo”.

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“Esto significa mucho, porque yo tengo una niña, la cual está en la universidad en su tercer año, y de esto es que yo le proveo a ella para pagarle los gastos universitarios. Para mí es bien importante que esta fábrica se mantenga, que nos apoyen y nos den el visto bueno para seguir trabajando. ¡Si lo que estamos pidiendo es trabajo, no estamos pidiendo nada más!”

Judith González se expresó con evidente emoción y preocupación ante el riesgo de perder su trabajo de 20 años. Tanto para ella como para el resto de sus compañeras de la Cooperativa Industrial Creación de la Montaña el que la fábrica de costura se mantenga operando representa, más allá del sustento de sus familias, un esfuerzo de 20 años.

Localizada en el pueblo de Utuado, la cooperativa de costura advino a la atención pública a raíz de la radicación de una orden de desahucio por parte de la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO), dueña del edificio, por una deuda de alquiler de $164 mil.

Adela Cortés, supervisora y una de las socias fundadoras, narró que el proceso de establecer la fábrica fue uno muy sacrificado, ya que el local estaba vacío: “Sin un cablecito, y nosotros empezamos a buscar con dos mil dólares, cada socio dio dos mil. Empezamos con un capital de $42 mil dólares. Era lo único que teníamos”.

Mientras, Carmen Borrero, administradora de la cooperativa, añadió que las trabajadoras rescataron el edifico y reconoció que la relación con PRIDCO para el alquiler no fue tediosa, lo que sí fue difícil fue la instalación de la luz, debido a la necesidad de instalar un transformador nuevo.

Una vez montada la operación, trabajaban con el Concilio de Diseño y ahí comenzaron a participar en las subastas. La primera que se llevaron, indicó Borrero, fue una de uniformes para la Autoridad Metropolitana de Autobuses. “Aquello fue en grande. Hemos trabajado para el DTOP, la Policía; en un año hicimos 73 mil camisas para la Policía, fue el mejor año. Así es que se da este negocio de la costura, mediante subastas”.

Un aspecto que ha atraído la atención pública de la situación de la Cooperativa Creación de la Montaña es que fue la que confeccionó los uniformes del equipo del Comité Olímpico que participó en estas olimpiadas, “y el de la medallista de oro. Primero nos pusieron por allá arriba y después… Carmen y Adela se vuelcan en risas. “Nosotras estamos en pie de lucha”, agregaron.

Los problemas económicos de la cooperativa se presentaron después del huracán María en 2017. Utuado fue uno de los pueblos más devastados por el huracán. La cooperativa estuvo meses sin luz y prestó su edificio como centro de acopio para la Guardia Nacional, desde el cual se despachó comida para la comunidad. La Guardia Nacional pernoctó en la fábrica y no pagó por la ocupación del edificio.

Borrero expresó que el aviso de desahucio les tomó por sorpresa, no lo esperaban aunque estaba consciente de que a raíz de la pandemia debían una renta y sabían que en algún momento PRIDCO iba a gritar. La cooperativa contestó las cartas de cobro e incluso acudieron a PRIDCO mediante un abogado con una contraoferta que PRIDCO nunca contestó. “De momento, vino el emplazamiento. Tampoco nos dieron una oportunidad de reunirse con nosotros”.

A raíz de las denuncias y la atención pública que provocó la noticia, PRIDCO detuvo el proceso de desahucio y el pasado tres de agosto su director ejecutivo, Javier Bayón Torres, y el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Cidre, “cayeron aquí, a la cooperativa”, en donde llevaron a cabo una reunión en la cual además participaron varios legisladores; entre ellos, William Villafañe, Mariana Nogales Molinelli, la legisladora municipal Astrid Raquel Cruz y la directora ejecutiva de la Liga de Cooperativas, Mildred Santiago.

Un aspecto que se descubrió en la reunión es que se supone que la Ley 239 de Cooperativas permite que a estas empresas que ocupan edificios de PRIDCO no se les cobre renta. “Hemos estado pagando renta hasta el huracán. O pagábamos la nómina o pagábamos la renta porque el trabajo no fue suficiente. Muchos de los clientes que teníamos perdieron los negocios, otros cerraron, todo fue cuesta abajo”. El otro golpe que recibió la cooperativa fue la pandemia. Debido a la suspensión de las clases presenciales, no se vendieron uniformes escolares casi por dos años.

La administradora de la cooperativa comentó respecto a la reunión que PRIDCO ya iba preparado con una lista de los compromisos. Según lo discutido, se supone que la Junta de Directores de PRIDCO se reúna en la segunda semana de agosto y que tanto Bayón Torres como Cidre presenten a la Junta la propuesta de desistir del desahucio y condonar la deuda. “Estamos esperando a ver qué resolución toman. Una de las cosas más importantes es que nos condonen la deuda de $164 mil. Si vamos a comparar, tienen 30 y pico de millones que otros les deben. ¿Por qué no le cobra a esa gente? ¿Por qué a nosotros? Yo estoy consciente de que la deuda hay que pagarla, pero ¿por qué ponerme una orden de desahucio por 164 mil pesos y no se acercan a nosotros a ver cómo nos podían ayudar a superar esta crisis? No, se esmandaron”, expresó indignada.

Borrero denunció que luego de radicada la acción de desahucio no les han vuelto a invitar a ninguna subasta. “Aparentemente, como ya tenían programado sacarnos de aquí; pero no tengo fe de eso. Si estamos en el registro de licitadores, siempre hemos ido a las subastas, ¿por qué últimamente no nos invitan, nos ignoran? No podemos pensar otra cosa”. Mencionó que entre las agencias a las cuales le han cosido uniformes es a la Autoridad de Energía Eléctrica, la cual todavía le debe una factura de varios miles.

También en entrevista, Astrid Raquel Cruz Negrón, legisladora municipal por el Partido Independentista (PIP), confirmó a CLARIDAD que la reunión con PRIDCO y el Departamento de Desarrollo Económico fue una larga y positiva en la que a los jefes de ambas agencias se les vio un cambio de actitud al de los primeros días de cuando salió el asunto en los medios. Entonces hablaban en términos de que no era posible condonar la deuda y se mostraban poco receptivos a escuchar posiciones.“Ese día reconocieron que todo lo que se les estaba pidiendo era lo justo. Cidre les pidió perdón a las trabajadoras, a puertas cerradas”.

Incluso, Cidre reconoció que no se había cumplido con los protocolos. La Ley 239 permite que las cooperativas utilicen los locales del gobierno sin pagar renta y que reciban contratos del gobierno sin ir a subasta. A la Cooperativa Industrial Creación de la Montaña en ningún momento se le ha dado ese tratamiento.

Añadió que ambos funcionarios se comprometieron a presentar y respaldar ante la Junta de Directores de PRIDCO el que se les condone la deuda y se desista de la acción de desahucio. La Junta tendría que aprobar la propuesta para entonces instruir al representante legal a que desista del desahucio cuya vista en el tribunal está pautada para el próximo 9 de septiembre.

Mientras, las 30 trabajadoras, la mayoría de Utuado, siguen en compás de espera. “Estoy trabajando desde el 2002. Si se llegan a llevar esto, ¿de qué vamos a sobrevivir? No es fácil, pero espero en Dios que todo se solucione”, nos confió Inés María.

Otro compañero de labores, un socio fundador, Ángel Vera Martínez, se expresó en términos similares: “Lástima que esté pasando esto. Puede ser que yo me vaya, pero vienen los hijos, vienen los nietos…”