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Unos Juegos Olímpicos distintos   

 

Especial para CLARIDAD

Al momento que este escrito salga publicado nos encontraremos a menos de un mes de que se lleve a cabo la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos en Japón.

No cabe duda de que para los atletas será una experiencia completamente distinta, aun para los que han estado en unas olimpiadas anteriormente, pues las restricciones relacionadas al coronavirus y la cantidad de pruebas a las que serán sometidos durante los juegos  y la restricción de movimiento entre otros, crean una distracción poco común en este tipo de evento.

Entre las cosas que llamaran la atención será que una el atleta se elimine tendrá 48 horas para abandonar el país por lo que muchos atletas no tendrán la oportunidad de desfilar ni en la ceremonia inaugural ni en la clausura.

Pese a que se trata de los y las mejores atletas del mundo la experiencia será una que pondrá a prueba su fuerza mental y su habilidad de mantenerse concentrados en el trabajo pese a las distracciones. Estoy seguro de que al final de día el deporte triunfará y los juegos podrán llevarse a cabo pese a las dificultades, pero no hay duda de que será retante para todos.

Sube a 35 la delegación

Cuando este este publicado ya se debe haber confirmado a la golfista María Fernanda Torres como la atleta número 35 de nuestra delegación. La cual tentativamente estaría compuesta por 23 mujeres y 12 hombres, sin embargo ese número puede variar si en los próximos días la Federación Internacional  de Natación o la de Atletismo decide conceder unos espacios disponibles ya sea bajo el criterio de ranking mundial o personas que se quedaron cerca de las marcas. Bajos esos criterios si se dieran se podrían evaluar a Kristen Romano que se quedó a .30 centésimas de conseguir el pase en los 200 combinados o a Jarod Arroyo en 400 combinados se quedó a .89 en los 400 combinados en natación  mientras en el caso del atletismo las dos  figuras con mas chances de cualificar serían Luis Joel Castro salto alto y Rachel De Orbeta en marcha.

A un último chance el baloncesto masculino

Pese a que es poco probable el equipo de baloncesto masculino que se encuentra en plena renovación tratará de obtener el pase en el clasificatorio que se llevará a cabo en Serbia y que está en itinerario para comenzar este próximo martes.

Puerto Rico tuvo una preparación adecuada con cinco juegos de fogueo y aunque no necesariamente les fue bien, ganando apenas uno se vieron cosas importantes como el desarrollo de George Conditt quien demostró un gran nivel y luce como un jugador de futuro para la posición de centro que es una que no ha tenido estabilidad desde el retiro de  José (Piculín) Ortiz.

Puerto Rico estaba pautado para enfrentarse a Senegal el próximo martes, pero al momento de este escrito hay dudas si Senegal jugará pues varios jugadores dieron positivo a COVID 19, de todas maneras, los boricuas tendrían que vencer a Italia y aSerbia para obtener el pase.

No cabe duda de que es un tiempo difícil, que son unos juegos distintos y que habrá algunas cosas a las que acostumbrarse, pero ya se empieza a sentir la emoción de ver a Puerto Rico representado por derecho propio en el evento mas importante del mundo, los Juegos Olímpicos, estaremos pendientes.

 

 

 

“Como hay tanto dinero, lo que quieren es coger $9 mil millones, cuando construir no pasa de $250 mil”

 

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

 

El director ejecutivo de Innovación e Información (CEO, siglas en inglés) del Gobierno, Enrique A. Volckers Nin, anunció que la agencia trabaja varios planes de acción recomendados por el Gobierno de Estados Unidos, en específico por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), sobre proyectos de infraestructura para “fortalecer y mejorar” las comunicaciones en la isla. Cientos de comunidades se verán invadidas por torres de comunicaciones no deseadas.

Según lo anunciado, además de darle prioridad al análisis estructural de torres de telecomunicaciones que sean propiedad del Gobierno, se procurará aumentar la capacidad de conexión inalámbrica en los municipios y plazas públicas y se determinará la necesidad de generadores para mantener la operación de las torres y los sistemas de telecomunicaciones.

Lo que a primera luz parece ser algo positivo —que la isla tenga un mejor sistema de comunicaciones—, para el licenciado Jesús Morales Irizarry, representante legal de varias comunidades que integran el Frente de Comunidades Contra la Proliferación de Antenas, se anticipa una inundación de antenas y, por supuesto, la resistencia de parte de las comunidades.

Lo anunciado por el CEO, plantea Morales Irizarry, tiene su origen en una resolución emitida por la FCC en septiembre de 2019, luego del paso del huracán María. Como resultado de las quejas del sector privado y la ciudadanía de que se habían perdido las telecomunicaciones, la FCC entendió que esta infraestructura debía ser  más resistente, por lo que  asignó los fondos para mejorar la infraestructura de telecomunicaciones. No obstante, la FCC no se limitó a reforzar la infraestructura que existía previo al huracán, a pesar de que reconoce que para el 2019, cuando emiten la resolución, las comunicaciones en la isla ya estaban al nivel de la capacidad que tenían antes del huracán.  La agencia dividió a la isla en 78 municipios con la intención de colocar antenas en cada uno de ellos.

Esta decisión es una cuestionable dado el hecho de que en Puerto Rico ya hay torres en todos los municipios. Ello coloca a la isla como el espacio geográfico con más torres de comunicaciones de todo EE. UU. “Ya tenemos sobre 2,300 torres y sobre dos mil antenas. Cada torre tiene la capacidad de almacenar más de una antena. Hay torres que tienen la capacidad de 30 a 40 antenas. No sé cuáles puedan ser las áreas no servidas, porque en Puerto Rico son bien pocos los lugares, y por unas condiciones bien específicas de cada uno de estos lugares, que no tiene necesariamente que ver con que no haya torres, sino por la geografía. Muchas de ellas son áreas protegidas”.

Prosiguió con que cuando la FCC  divide a la isla en 78 municipios, lógicamente los municipios deberían tener injerencia, pero ese poder no existe y el proceso va a manejarlo todo la FCC. De acuerdo con la resolución, la FCC hará una única subasta de una sola vuelta en donde el mejor postor va a ganar uno de los municipios. El primer criterio a considerar será el de menor costo; el segundo criterio, network performance, que es el desempeño de la red, y el tercer criterio es el de resiliencia y redundancia. La resiliencia se refiere a lo resistente que pueda ser y lograr recuperarse la señal y redundancia tiene que ver con las pulsaciones, para que haya más lugares donde se reciban estas pulsaciones.

“Ahí no está ni siquiera el servicio al cliente. Ellos mismos lo dijeron, que eso no iba a ser un criterio formal. No está la salud y seguridad, y la FCC se abroga la facultad de aprobar. En Puerto Rico ya no existe oficina de la FCC, estamos hablando de que todo esto se va hacer desde la oficina de Florida, que es la oficina que más cerca está de Puerto Rico. Para cada uno de los municipios eso se va a decidir desde allá”, censuró Morales Irizarry.  El licenciado objetó que lo último que escribe la FCC es  que la Oficina de Gerencia de Permisos (OGP) de Puerto Rico  se tarda mucho en aprobar los permisos.

“El hecho es que aquí estos permisos son los que se llaman permiso discrecional, que necesitan un juicio subjetivo en donde los municipios pueden expresarse sobre su territorio. Estamos hablando que se decidió que los municipios podían opinar y que ellos van a decidir subjetivamente evaluar; se decidió que la comunidad tiene sus intereses sobre su hábitat donde va a seguir viviendo y esto se contrasta subjetivamente contra unos intereses comerciales. Por ahí sigue que tienen que contrastar unos intereses con otros y eso lo van a evaluar subjetivamente unos con otros”.

Ante lo que se supone dice la ley, el licenciado Morales Irizarry aseveró que quien emite los permisos aquí es la OGP y que cada vez más las comunidades tienen que ir a batallar al tribunal para que los revoque porque no han emitido unas determinaciones de hecho que puedan ser revisables por un tribunal para saber si estuvo bien la decisión de la agencia. “O sea todo esto se sigue acumulando y en vez de ser apoyo a los puertorriqueños, la FCC dice que quiere expandir, que haya más torres. Y digo más porque esa misma resolución decidió que la mejor forma de expandir y mejorar las comunicaciones era a través de las torres que cargan antenas”.

La salud versus la competencia entre Estados Unidos y China

Con la intención de la FCC de aumentar el número de antenas de la tecnología 5G, que es la tecnología de radiofrecuencia que se está implantando, la isla se encuentra en medio de la competencia que mantiene EE. UU. con China para implementar esta infraestructura a nivel internacional. Morales Irizarry comentó que el Foro Económico Mundial estableció que para el 2035 la economía de la tecnología y la 5G va a ser una industria de $12 trillones.

“Esa es una competencia económica  en la que Estados Unidos quiso enfrascarse y lo que hicieron para poder adelantar la competencia fue obviar la salud y seguridad de las personas. Para esta tecnología 5G no se han hecho los estudios sobre los impactos a la salud, incluso se habla de que pueden tener efectos en el cerebro. Ahí las teorías conspiratorias llegan al nivel de decir que pueden inhabilitar a una población completa. Aunque parezca exagerado, sacado de una película, lo cierto es que todavía no se sabe, los estudios no se han hecho”.

En este campo, por el momento, China ocupa el 75 % de lo que es la tecnología 5G y EE. UU. está rezagado a un 25 % ,aunque entiende que puede ganarle.

En el caso de los Estados, la FCC permite que los municipios puedan participar del proceso y presentar sus objeciones si las tienen. En el caso de Puerto Rico, reiteró, será una sola licitación y no habrá oportunidad de comentarios. Cualquier forma de expandir o reformar la infraestructura lo va a discutir la FCC en Florida basándose en la doctrina de campo ocupado. El asunto de la salud, cualquier queja, se tendrá que llevar a la FCC.

El licenciado Morales Irizarry cuestionó una vez más la necesidad de más antenas: “Como hay tanto dinero, lo que quieren es coger $9 mil millones, cuando construir no pasa de $250 mil”. Todo indica que las beneficiadas serán las cuatro compañías que controlan el campo de las telecomunicaciones en l isla: Claro, Sprint, T-Mobile y Liberty Puerto Rico, antes AT&T.

Lo que se prevé en el panorama es que las comunidades son las que tendrán que defenderse y buscar maneras originales de hacerlo. “Tenemos  que evitar que ni siquiera empiecen la construcción, tienen   que poner sus cuerpos para evitarlo”, exhortó.

 

 

Resoluciones que se quedaron en el tintero

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Aunque se han quedado sobre la mesa por haberse radicado en medio de la recta final de esta sesión legislativa, el representante Denis Márquez Lebrón, confía que cuando se reanude la sesión en agosto las resoluciones presentadas por la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), relacionadas con edificaciones de valor histórico sean aprobadas por la Legislatura.

Las resoluciones en cuestión son: la RCC 181 (RCS 132) la cual tiene la intención de designar los edificios del Palacio Arzobispal y el Seminario Conciliar, en el Viejo San Juan como edificios históricos y ordenar que el estado las adquiera para así garantizar su carácter de patrimonio edificado. Ambas estructuras fueron vendidas por la Arquidiócesis de San Juan, a un inversionista extranjero, lo que ha causado indignación entre el pueblo y mas preocupación entre los residentes del Viejo San Juan, por uso futuro que puedan tener ambas estructuras.

La segunda resolución RC 149 (RS 241) tiene el propósito de que se lleve a cabo una investigación sobre el cumplimiento de la Junta de Planificación (JP) y el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) con a Ley 3 de 1951 que les encomienda determinar y mantener una lista de cuáles edificios y otras estructuras deben ser protegidas debido a su valor histórico y/o artístico en todo el país.

En entrevista Márquez Lebrón confirmó que ya se le han acercado residentes del Viejo San Juan y personas relacionadas con el mundo de la cultura de la historia de Puerto Rico que quieren impulsar la medida y espera reunirse en el mes de julio para establecer un plan de trabajo para promover las resoluciones. Señaló que ha estado presente cuando algunas de estas personas les han hecho planteamientos al liderato de la Cámara de la importancia de las medidas. El primer esfuerzo -dijo-espera que en agosto las resoluciones se ponga en el calendario de trabajo de la Cámara.

En cuanto a las posibilidades de que en efecto se apruebe la resolución que tiene que ver con la compra del Palacio Arzobispal y el Seminario, y cual sería el precio ya que ambos inmuebles se vendieron por la suma de un poco mas de $8 millones, Márquez Lebrón comentó que quería promover que el gobierno lo compre obvio por el valor de venta o la expropiación forzosa lo cual tiene que ser por el valor real no puede ser por un valor especulativo, “pero ese es el trabajo que estamos haciendo”, se refiere a la investigación de la resolución.

 

Sobre la resolución que tiene que ver con que si la JP y el ICP están cumpliendo con la ley que les ordena mantener una lista de estructuras tanto públicas como privadas de valor histórico dijo que ya hay quienes le han dicho que dicha lista no esta al día.

Una tercera resolución que dijo es importante es la RC 450 (RS 242) la cual pretende dar una mirada a todo el Viejo San Juan, sobre la la titularidad de los edificios y el uso que se les está dando. “Esa resolución tiene la importancia de mirar al Viejo San Juan de manera integrada y como parte de la investigación que se hizo en la oficina es para ver cuál es el estatus del cumplimiento de la ley de valor histórico /o artístico de la ley del 1951 parte de la investigación es salir del Viejo San Juan y ver hacia todo Puerto Rico”.

El legislador del PIP tiene experiencia en otras investigaciones acerca de las obras de arte de Puerto Rico, y ha logrado identificar que hay muchas obras desaparecidas “aquí son edificios hay que saber qué uso se les está dando, cuáles son conocidas si están al día que no estén en deterioro”.

Otras medidas sobre el tintero

Ademas de las anteriores otras medidas presentadas por el legislador del PIP que indicó que se han quedado sobre la mesa y que describió tienen mucha tangencia con la actualidad es el proyecto que propone una moratoria a las construcciones en las zonas costeras y la ley especial para atender la movilidad de los trabajadores de la AEE.

“Mas allá de lo que se haya quedado fue una vergüenza que el Partido Popular no haya tenido los suficientes votos para aprobar las medidas de perspectiva de género realmente es una vergüenza que a estas alturas del siglo 21 no tenga la valentía de tener los votos para llevar un mensaje claro al país de estos temas”, censuró en relación a os proyectos dirigidos a educar sobre la equidad y perspectiva de género.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mirada al País: Voces de nuestras jóvenes

 

Especial para CLARIDAD

Este fin de semana, que me tocaba la columna de CLARIDAD, coincidió con la visita de una nieta, Irene Sofía Candelaria Castrodad y su mejor amiga desde kindergarden, Glorielys Rodríguez Ramos. Ambas son estudiantes de UHS y tienen 17 años, por lo que podrán ejercer su derecho al voto en el 2024. Se graduarán del 12mo grado en mayo del 2022. Como hay tan pocas fuentes que le dan voces a estas jóvenes, entendí que el universo me había dado un oportunidad única. Las ventajas de tener abuelos en el Viejo San Juan en esas edades son grandes. Las jóvenes pueden esparcirse y compartir en los grupos y actividades típicas de sus edades que les brinda el Viejo San Juan. Inicialmente vinieron para disfrutar del concierto de raguetón que ofreció gratuitamente en La Perla el artista Raúl Alejandro, del cual confieso que nunca había oido de su existencia. La vecina Mayra me ilustró algo y hasta me cantó unas estrofas de su canción mas popular, no solo en Puerto Rico sino a nivel mundial.

Lo primero que les tengo que aclarar es que La Perla de estos tiempos y la de los tiempos de mi juventud son comunidades muy distintas. La Perla hoy en día es un centro de turismo muy cotizado y disfrutado. Hay barras a las cuales acuden nuestros hijos(as) y nietos(as), como la 29, favorita de una de nuestras hijas, restaurantes, como La Garita con una vista espectacular y con buenos platos criollos y una fachada hermosa por su pintura colorida y patriótica, donde impera la bandera de Puerto Rico. Sigue habiendo un punto de drogas, ¿en que comunidad en Puerto Rico no lo hay?

Pero la aficción por el raguetón de ninguna manera define la conciencia alerta de estas jóvenes para poder hablar con inteligencia sobre Puerto Rico, sus preocupaciones y sus esperanzas con el páis.

Este diálogo comenzó con la pregunta fundamental, ¿Qué es Puerto Rico? Para ambas Puerto Rico es un país, con cultura propia, cuya descendencia se define por rasgos físicos particulares, con un idioma propio que es el español, y con una cultura en general que lo distingue de EEUU y otros países.

¿Cómo se sienten sobre Puerto Rico? Mal, en términos generales e identifican los asuntos que le preocupan: Para Glori, que aspira a ser pediatra, el tema del COVID surgió como una preocupación principal para ella. Irene por su parte le preocupa que el gobierno no atiende los problemas como debiera, que es incompetente y a ambas les preocupa el tema de la corrupciòn. Irene lo define como que son ¨gobiernos corruptos que see quieren quedar con el dinero.¨

Les pregunto, ¿qué problemas deben ser la prioridad del gobierno? Irene responde: ¨Lo mas básico¨ y ¿qué es lo más básico? El salario minimo debe ser por lo menos $10 por hora, responde Irene y Glori coincide. ¨La educación, no le pagan suficiente tampoco a los maestros y las personas no tienen dinero para ir a la escuela o la universidad. La educación debe ser accesible para todo el mundo. Debe ser gratuita a todos los niveles. Les pregunto, como estudiantes de UHS ¿que tienen que pagar? Se paga una cuota que aumenta todos los años. Los sueldos de los maestros son demasiado bajos.

¿Qué otro asunto les preocupa? La violencia contra la mujer. El gobierno no está haciendo suficiente, me comentan. Ambas están de acuerdo con la educación de perspectiva de género. Les pregunto si en la UHS le han hablado sobre el tema. Me indican que en la UHS nunca le han hablado del tema. En el curso de Economía Doméstica, donde le dan algo de educación sexual, la misma es totalmente desde una perspectiva binaria. Les pregunto si saben lo que significa el término binario y me aseguran que sí y que lo que cubren en educación sexual está totalmente enseñado desde la perspectiva binaria.

¿Qué otros temas les preocupan? La violencia en general, los asesinatos. Sienten inseguridad como mujeres jóvenes de que cualquier cosa cosa que le podría pasar a una persona, como mujeres jóvenes es peor. Les incomoda que les digan cosas en la calle. Se sienten más vulnerables y mas expuestas a peligros.

Pasando a otros temas de actualidad, les pregunto sobre los recursos naturales, Irene responde que ¨Son para ganar mas dinero, no le dan importancia a la cuestión ambiental¨, no protegen a la fauna, Glori identifica, ¨como el anidaje de las tortugas.¨

Pasamos al tema de la economía: ¿Cómo ven sus perspectivas futuras de conseguir trabajo en Puerto Rico? Glori quiere estudiar pediatría y no se siente segura de poder practicar aquí, no quisiera irse pero si no hay otra opción se iría. Irene no sabe que quiere estudiar, pero piensa que cualquier cosa va a ser difícil conseguir trabajo en Puerto Rico.

Paso entonces a la pregunta sobre el estatus político de Puerto Rico. Irene entiende que Puerto Rico está mal por todas las razones que acabamos de hablar. Siente que el estatus es lo mas que tiene que ver. Glori por su parte, enfocada en los temas de salud, siente que Puerto Rico está mal por el COVID, porque no se siguen los protocolos.

Irene quiere un cambio de gobierno y de ahí otro cambio de estatus y que cambie todo. ¿Con quién hubieran votado en las elecciones del 2020? Ambas me responden sin pensarlo: por Juan Dalmau. Irene tiene un padre popular y una madre independentista que apoyó a los candidatos del MVC. Glori dice que su padre es ¨de los verdes¨y su madre no vota.

Finalmente les pregunto: logramos la independencia y ustedes están a cargo del País ¿Qué es lo primero que harían? Irene empezaría por aumentar el salario mínimo, garantizar acceso por igual a la educación y salud a todos los ciudadanos. Glori comenzaría por establecer un Plan Universal de Salud, arreglaría las carreteras y ambas identifican la necesidad de un sistema de transportación masivo eficiente y confiable.

Sobre la dependencia de importaciones para el sustento alimentario del país, tratarían de desarrollar la agricultira para ¨no depender de traer de afuera¨.

Les pregunto, ¿están optimistas con el futuro del país? Entienden que sí, porque la generación de ellas lo va a hacer mejor que las anteriores.

¿Qué personas ustedes admiran? Glori contesta ¨A nadie¨. Irene por su parte dice que admira ¨a las personas que se fajan de verdad, que a pesar de las circunstancias económicas, ellos se fajan para que ellos y su familia estén bien.¨

Sobre temas internacionales, les pregunto que es lo más que siguen o les importa: Irene identifica el cambio climático y Glori el COVID.

Les pregunto que críticas tienen a las generaciones de sus padres y abuelos: Irene dice: ¨Que no cambian de opinión, no se dan cuenta que las cosas están cambiando.¨ Glori coincide. Tienen mucha razón. Las cosas están cambiando y muchos no se dan cuenta.

 

 

 

 

 

La Policía debe responder por sus acciones

 

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

El director ejecutivo de la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU), capítulo de Puerto Rico, y la directora ejecutiva de la organización Kilómetro Cero destacaron que una reciente decisión del Tribunal Apelativo de Puerto Rico representa un buen indicio para que la Policía comience a cumplir con la reforma y a responder por acciones arbitrarias y el uso de fuerza excesiva.

La decisión en cuestión, emitida el 22 de junio por el panel integrado por los jueces Rodríguez Casillas, Romero García y Meléndez Miró, determinó que la inmunidad cualificada para los funcionarios públicos —incluidos los policías— no es automática, que los miembros de la Policía pueden ser demandados en su carácter personal y que en los tribunales de Puerto Rico se pueden llevar casos bajo la ley federal de derechos civiles.

La sentencia está relacionada con una demanda presentada por los familiares del joven Anthony Maldonado Avilés, quien fue asesinado en su casa en Jayuya por un miembro de la Policía en febrero del 2019. La madre del joven, quien padecía de epilepsia, había llamado a la Policía para que le asistieran en una crisis de este. Al llegar dos policías, uno de ellos resolvió la situación disparándole al joven por la espalda. Según lee la sentencia del Apelativo, ambos policías tenían historial de abuso conocido por sus superiores. Los hechos ocurrieron cuando la Policía estaba bajo el mando de Henry Escalera, quien es uno de los demandados.

El director de la ACLU, licenciado William Ramírez Hernández, indicó a CLARIDAD que este es un caso típico, que se puede ver tanto en la Isla como en Estados Unidos, en que la Policía “simplemente, cuando se trata de personas negras, pobres, la ruta más fácil para controlar una situación es meterle un tiro. Cuando hay una situación en que pueden utilizar otras maneras de neutralizar a las personas, no las utilizan”.

Amparada en la llamada inmunidad cualificada, como la Policía no responde por ese tipo de conducta, es más fácil usar el arma de reglamento. Para la ACLU lo importante de la decisión del Tribunal Apelativo es que esta es una temprana en el proceso judicial iniciado por los familiares, que se determinó que la inmunidad cualificada no es una automática y que se reconoce que en las cortes de Puerto Rico se puede llevar un caso bajo la ley federal de derechos civiles. Señaló que la mayoría de los tribunales de Puerto Rico no quieren ver estos casos y que entonces hay que ir al Tribunal Federal. También reconoció que no siempre los tribunales federales resuelven tan “fantásticamente, por lo que hay que tener otras avenidas para uno poder ventilar estos casos”.

Trajo a la atención que el caso, además, es una experiencia en que tribunales locales resuelven peor que en la Zona Metro. Narró que la jueza del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Jayuya hizo lo que la ACLU esperaba, desestimó diciendo que aquí no se podía demandar en los tribunales por violación de Derechos Civiles a los policías bajo la Ley federal US 1983. Ramírez Hernández aclaró que esta ley se hizo con el propósito de que las autoridades respondieran cuando mataban negros después de la esclavitud. La ley aplica ahora a muchas otras áreas y es la que se utiliza siempre en el Tribunal Federal. Tras la determinación del Tribunal de Primera Instancia, la ACLU acudió al Tribunal Apelativo, el cual resolvió a su favor. Este concluyó que la inmunidad cualificada no es algo que aplica de manera automática en todos los casos. En este caso, la jueza del tribunal en Jayuya había dicho que la inmunidad era una inmunidad automática.

Ramírez Hernández señaló que a raíz de las muertes de jóvenes negros y latinos, entre otras personas vulnerables, a manos de policías en EE. UU. se ha levantado un movimiento a nivel de la judicatura federal, así como por sectores de la sociedad para que se elimine esa defensa de la inmunidad cualificada. Describió que este es uno de los grandes obstáculos que enfrentan las personas que radican causas por violación de sus derechos civiles, lo mismo contra cuerpos policiacos como contra el gobierno en general.

En Puerto Rico, explicó, esta es “una nefasta defensa que priva a la ciudadanía de acceso a justicia contra los excesos de abuso de poder de un gobierno que todavía vive la guerra fría y contra las drogas según visualizada por el presidente Nixon y los gobiernos que le han seguido”.

ACLU se sale de la Reforma de la Policía

Uno de los aspectos que se menciona en la determinación del TA es que se ve que la Policía no está cumpliendo con la reforma. El licenciado Ramírez Hernández, reveló que la ACLU se retiró del proceso judicial que monitorea el cumplimiento de la reforma por discrepancias. Comentó que “ACLU entiende que si estaban dentro del proceso y no se les escuchaba y, por el contrario, le penalizaban por comentar algo, “entonces somos más efectivos fuera de ese proceso, fuera de ese proceso. Yo puedo decir lo que me da la gana; pero dentro del tribunal no. Y si el tribunal va a tomar medidas críticas contra nuestras opiniones en lugar de atenderlas, pues, no estamos siendo efectivos. Por lo tanto, tomé la decisión de salirnos del caso y seguir nuestro trabajo”.

Un buen indicio

En entrevista por separado, la directora ejecutiva de Kilómetro Cero, Mari Mari Narváez, expresó estar contenta con la determinación. “Creo que eso es importante para la rendición de cuentas de esos oficiales que actúan muchísimas veces muy al margen de las políticas que ellos están obligados a circunscribirse. Estamos hablando del uso de fuerza, de la vida de las persona”. El caso de Maldonado Avilés es uno de los primeros casos documentados por Kilómetro Cero.

Mari Narváez, recalcó en referencia a la decisión del Apelativo, que esta da un buen indicio del éxito que pueda tener la demanda presentada por los familiares, que en última instancia ahora es “el único recurso para que haya cierta justicia, cierta rendición de cuentas de oficiales utilizando sus armas de forma tan ligera y de manera ilegal, ya que contra una persona que está pasando por una crisis emocional no se supone que se utilice la fuerza letal si va aparecerse un policía en una situación intervención de esa naturaleza. A mí me consta que la Policía llegó e inmediatamente sacó el arma y apuntó. Me lo dijo el fiscal y lo leí en las declaraciones juradas”.

Insistió en que esta conducta por parte de la Policía es por completo contraria a las exigencias que se le hace, de que si llega a una situación de intervención en crisis se supone que trate de bajar la tensión con distancia física, respeto y estrategias no violentas de atender la situación. En este caso, el disparo fue por la espalda.

Reveló que en el último informe del monitor de la Policía se indica que se suponía que para el 2020 la Policía tuviese todo el programa de intervención en crisis a nivel nacional. A estas alturas todavía no está listo.

Ambos entrevistados coincidieron en apuntar que esperaban que la decisión abra la puerta para que los tribunales en la isla vean los casos de derechos civiles y, más aun, a que los policías lo piensen dos veces antes de usar su arma de reglamento, ya que se exponen a tener que responder personalmente por sus actos.