Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Tal parece que la compañía LUMA Energy comienza a sentir el repudio del pueblo puertorriqueño. La Coalición 8 de marzo  denunció que  LUMA Energy vandalizó una de sus paredes, la cual  había sido limpiada y pintada recientemente.

“La Alacena Feminista se creó con el objetivo de atender y visibilizar una necesidad inmediata en el país, la epidemia de hambre. A la vez, esta promueve la solidaridad y el cuidado colectivo como la herramienta para atender la crisis social, política y económica que estamos enfrentando. Desafortunadamente LUMA Energy, empresa repudiada por gran parte del pueblo, incluyendo la Coalición 8 de marzo, vandalizó este espacio colocando propaganda alusiva a esta compañía en una de las paredes que limpiamos y pintamos con mensajes alusivos a nuestro compromiso con el país”, denunció Meisali Vázquez,  portavoz de la Coalición.

La trabajadora social narró a CLARIDAD que a la Alacena, localizada en el 1310 de la avenida Ponce de León, suelen acudir  mujeres migrantes, de la comunidad dominicana y venezolana, que aun cuando tienen techo, no tienen suficiente para alimentos. Acuden también personas que viven en la égida cercana, las cuales  solo  reciben una comida diaria, y personas sin hogar, en su mayoría hombres.

Otra de las portavoces, Adelmarie Jusino, señaló que llevaban  desde  marzo  trabajando en la Alacena y animando a que la gente done comida y productos de higiene personal.  “Este es un espacio de gran valor para nosotres, es un espacio que la comunidad respeta, y el acto vandálico de LUMA Energy es otro ejemplo de la falta de respeto y sensibilidad de estas compañías, que solo les importa lucrarse sin importar las consecuencias de sus actos”.
La Coalición exigió una disculpa pública de LUMA por vandalizar su local y, más aun, la cancelación inmediata del contrato con LUMA Energy. “No vamos a permitir que sigan precarizando nuestras vidas con la privatización de nuestros servicios esenciales. ¡Fuera LUMA del país!”, reiteró Angélica Acosta, otra de las portavoces.

La Coalición 8 de marzo  acoge a organizaciones feministas que prestan servicios directos a las mujeres en situación de violencia doméstica y otras situaciones de vulnerablilidad. Vázquez indicó que desde el inicio de la pandemia la preocupación mayor de las organizaciones ha sido el que las mujeres, ya sean madres solteras o desempleadas, están en una situación precaria. Ahora se le suma la situación de que los niños tienen que estudiar desde el hogar mediante tecnología —quienes tienen— lo que representa otra situación difícil para las madres que trabajan, tanto para las que salen fuera como para las que trabajan desde el hogar.

“Ciertamente,  el Estado no está protegiendo  ni tomando las medidas necesarias, en términos de las Órdenes Ejecutivas, con los patronos para que haya una flexibilidad real para las mujeres  trabajadoras. La realidad es que  cuando mencionan en los trabajos que requieren un acomodo razonable  se les dice que no. Esa es la realidad”.

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

En un análisis que contiene 11 señalamientos calificados como riesgosos y seriamente preocupantes, el Centro Para la Nueva Economía (CNE) concluyó que el contrato entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con las empresas LUMA Energy es uno deficiente en varias áreas críticas y advirtió de que “si no se puede corregir de manera oportuna, solo puede recomendarse a las partes que regresen a la mesa de negociaciones e intenten nuevamente”.

Aunque el CNE admite que no puede abogar a favor de la AEE por haber sido durante décadas “una fuente de corrupción pública y privada”, su análisis destaca 11 riesgos asociados a la ejecución del contrato, de lo que han señalado otros críticos de lo que la AEE y el Gobierno de Puerto Rico por medio de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AP3, como suele abreviarse) llaman acuerdo.

Para comenzar, el llamado “acuerdo” no es otra cosa que la privatización de la AEE. El Centro Para la Nueva Economía revela que el “acuerdo” le concede a Luma Energy, la operación y mantenimiento del sistema de transmisión y distribución de la AEE durante 15 años, mientras la AEE continúa siendo la propietaria del sistema. Por la transmisión y distribución, LUMA cobrará una Tarifa fija anual que comienza en $70 millones, la que aumentará a $105 millones a partir del cuarto año hasta el decimoquinto. Cobrará además una “Tarifa de incentivo” la cual se pagará cuando el operador cumpla con ciertos indicadores de rendimiento. Esta tarifa será de $13 millones el primer año y aumentará a $20 millones para cada uno de los años del 4 al 15. Ambas tarifas, la Fija anual y la Tarifa de Incentivo, se ajustarán por inflación. El contrato incluye un Periodo de transición inicial y un Periodo de transición final para los cuales las tarifas son diferentes al cargo por servicio.

Entre los 11 puntos de riesgo que presenta el análisis del CNE, de la autoría de su director de Política Pública, Sergio Marxuach, sobresalen:

El Acuerdo Suplementario. Este podría usarse para obligar al Gobierno de Puerto Rico a aceptar un Acuerdo de la Reestructuración de la Deuda (RSA, siglas en inglés) insostenible, lo que podría provocar un aumento significativo en las tarifas de electricidad.

La reorganización de la AEE. El contrato establece que la AEE se dividirá en dos compañías operadoras, ambas de LUMA: la GridCo, que conserva la titularidad del Sistema de transmisión y distribución, y la GenCo, que conserva la titularidad de los Activos de generación.

El CNE explica que primero GenCo será responsable de adquirir combustible para sus unidades de generación, pero que erá GridCo quien “pagará todas las compras de combustible después de que GenCo certifique la recepción y la calidad, y autorice el pago.”

Además, de conformidad con la Sección 2.5 del Anejo H del Acuerdo de Operación y Mantenimiento, “GridCo no tendrá la obligación de verificar ninguna factura presentada por GenCo”. Esto brinda la oportunidad para una cacería de renta o malversación por parte del operador.

Despacho y administración del suministro de energía. El operador no es un verdadero operador de sistema independiente, ya que tiene relaciones tanto con GenCo como con clientes minoritarios. Esto puede crear una estructura de mercado que permita una extracción de renta.

Tarifa de incentivo anual. La llamada Tarifa significa que el operador deberá alcanzar ciertos indicadores de rendimiento. Pero en el contrato no se ha determinado un número significativo de esos indicadores, los cuales están sujetos a negociaciones entre las partes.

Observa el CNE que casi todos los indicadores serían comparables con el desempeño anterior de la AEE, lo que a su juicio establecería un umbral demasiado bajo.

Inversiones en activos fijos. Esto se refiere a que el Plan de Modernización de la red desarrollada por la AEE estima que se necesita un aproximado de $21,000 millones en gastos de capital para llevar el sistema eléctrico de Puerto Rico a “niveles estándar de laindustria”. El acuerdo no requiere que el operador, es decir, LUMA, realice ningún gasto de capital utilizando sus propios fondos. El financiamiento depende por completo de fondos federales de reconstrucción.

El CNE advierte de que estos fondos podrían demorarse o no materializarse en lo absoluto. El CNE recomienda que el operador, es decir, LUMA, la AEE y el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) deben establecer un Plan B que establezca prioridades de gastos de capital para el Sistema de transmisión y distribución en caso de que los fondos no lleguen o, si llegan, sean insuficientes.

Limitaciones de responsabilidad. Presenta el CNE que el acuerdo dispone que el operador (LUMA) estará exento de responsabilidad, que incluye: negligencia, negligencia grave o mala conducta intencional del propietario, ManagementCo o ServCo, o sus respectivos empleados, agentes o contratistas.

Esta exención de responsabilidad, apunta el CNE, son demasiado amplias y favorables para el Operador, y advierte el CNE que “crea un incentivo perverso para que el Operador ejecute sus deberes y obligaciones sin seguir el estándar de cuidado requerido”.

El Acuerdo de operación y mantenimiento es solo una parte de un proceso más grande. Se refiere a que, además de completar la transición al operador, es decir LUMA, según el Acuerdo, se deben implementar las iniciativas claves de mejorar las operaciones; modernizar el sistema de transmisión y distribución; actualizar la flota de generación; mejorar la fuerza laboral y su seguridad; reestructurar las obligaciones de deuda y reformar las pensiones.

No obstante, el CNE apunta a que hay una falta de coordinación en las múltiples acciones que se necesitan para estos cambios, lo que puede resultar en una catástrofe.

El director de Política pública del CNE presentó como una recomendación puntual el que los procesos de transformación de la AEE deben ser coordinados por la AEE, de acuerdo con un Plan Integrado de Recursos debidamente adoptado que establezca una secuencia lógica para la modernización y transformación de la AEE, y que NEPR debe ejercer su autoridad legal para obligar a la AEE a cumplir con ese requisito. Con relación al NEPR, recomendó que la próxima administración restablezca su posición legal y sus poderes como un regulador verdaderamente independiente, con los recursos presupuestarios adecuados.

Para concluir, Marxuach instó a que la conversación pública sobre el tema incluya una serie de preguntas que faltan por responder; entre ellas:

¿Cuál es la cantidad de ahorros estimada que producirá este acuerdo? ¿Cómo se determinó esa cifra? ¿Qué entidad estará a cargo de velar que se logren esos ahorros?

¿Cuál va a ser la base para definir los parámetros para medir el desempeño de LUMA? ¿El desempeño previo de la AEE? ¿Las mejores prácticas de la industria u otros?

¿Cómo nos aseguramos de que los generadores de electricidad sean vendidos a LUMA al costo más bajo posible? ¿Qué entidad estará a cargo de velar para que no se manipule el mercado de electricidad para aumentar los precios irrazonablemente?

¿Qué sucederá si no se llega a un acuerdo satisfactorio con los bonistas y otros acreedores en el proceso que se lleva a cabo bajo el Título III de PROMESA? ¿Cómo se afecta el proceso de modernización del sistema de transmisión y distribución?

Por la Redacción/CLARIDAD

Al cabo de cinco meses, el Gobierno de Wanda Vázquez Garced aun no le ha pagado a los IPAS los gastos invertidos en atender pacientes de COVID-19 desde que comenzó la pandemia, denunció la Asociación de IPAS.

Desde marzo pasado, la Asociación de IPAS comenzó a proveer una variedad de servicios —proyecto que fue reseñado por CLARIDAD— para atender la emergencia. La Asociación  hizo un programa para suministrar las pruebas rápidas para identificar pacientes afectados por la epidemia del COVID-19 a través de todo Puerto Rico. Para eso, se establecieron, además, carpas en 27 pueblos y se administraron sobre 20,000 pruebas gratis a miles de personas.

“Llegó el punto en que hemos agotado todos los recursos. Quienes primero hicieron pruebas a la población y desde el día uno han estado atendiendo gratuitamente a los pacientes son los médicos primarios y los IPAS, que han sido la primera línea de servicios. Este es un reclamo válido porque a la Asociación de IPAS no se les ha pagado ni un centavo del dinero invertido, y fue un compromiso hecho por la gobernadora Wanda Vázquez”, manifestó el doctor Jorge Hess, presidente de la Asociación, en comunicado de prensa.

La denuncia de los IPAS se dio al tiempo en que la semana pasada  trascendió a la luz pública que el Gobierno de Puerto Rico no ha desembolsado la mayoría del dinero federal destinado para mitigar el impacto del COVID-19. Apenas se ha usado o transferido a algunas entidades el 37% de los $2,240 millones asignados mmediante la ley federal CARES para combatir los efectos de la pandemia del COVID-19 en la isla, según la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF). Estos fondos podrían ponerse en riesgo si no se utilizan para finales de diciembre, advirtió la Comisionada Residente, Jenniffer González.

La Asociación señaló que esta  falta de desembolso  implica que no se ha distribuido el dinero para los programas que ayudan a personas sin hogar, los que proveen tecnología al sistema de educación pública, para proteger la nómina de las empresas privadas, para expandir la telemedicina y para entrenar las pequeñas y medianas empresas a defenderse del novel coronavirus, que ya ha cobrado la vida de más de 400 personas en Puerto Rico, según datos del Departamento de Salud.

En el caso de la Asociación de IPAS, el doctor Hess explicó que la gobernadora Wanda Vázquez se comprometió a desembolsar los fondos usados.

El proyecto de los IPAS incluyó la implantación de un Protocolo Clínico para el manejo del paciente en las oficinas médicas y centros IPAS; se hizo un Programa de Orientación a través de un Portal Cibernético, www.tuipapr.com , y se estableció la Línea de Orientación a Pacientes: 787-300-4241.

“Además de atender a los pacientes, la Asociación de IPAS también suplió a todo el personal en sus IPAS alrededor del país con viseras quirúrgicas, mascarillas, guantes, batas desechables y cubre botas”, añadió el Dr. Hess.

La Asociación reclama que a la  fecha, los grupos médicos que representa han investido sobre $654.000 de sus propios fondos para atajar y combatir la crisis representada por la pandemia. “Continuaremos sirviendo a nuestros pacientes, como siempre lo hemos hecho ante esta o cualquier otra emergencia que se suscite, porque nuestro compromiso es con los pacientes”, declaró.

La Asociación de IPAS de Puerto Rico representa a sobre 1,850 médicos primarios, los cuales sirven la mayor parte de la población en Puerto Rico. Además de a los pacientes privados y los no asegurados estos proveen servicios a más de un millón de pacientes en toda la isla, de los cuales, cerca de 700,000 son asegurados del plan de salud Vital y sobre 300,000 son beneficiarios de Medicare Advantage.