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Destituyen a Jorge Haddock Acevedo

 

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Aun cuando la comunidad universitaria ha expresado a favor de la destitución del presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR) Jorge Haddock Acevedo, por la Junta de Gobierno (JG) la pregunta que queda en el tintero es cuáles son las verdaderas razones que están detrás de su destitución. La determinación de la JG sorprendió a toda la comunidad universitaria incluyendo al mismo Haddock Acevedo.

La decisión de la JG se tomó en reunión mediante voto electrónico el siete de julio. Dáas antes la JG había aprobado el Plan fiscal para la UPR preparado por la Junta de Control Fiscal (JCF) y acogido también por Haddock Acevedo. En declaraciones escritas al diario El Nuevo Día, Haddock Acevedo reaccionó y dijo admitir que la decisión le tomaba por sorpresa “debido a los resultados obtenidos y a que su contrato tiene una vigencia de cinco años”. La destitución será efectiva el 31de julio.

Mientras en conferencia de prensa la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND) describió las expresiones del Presidente como unas desacertadas y fuera de la realidad que se observa en todo el sistema académico. “La trayectoria del presidente Haddock es una de las más lastimosas y lacerantes para los trabajadores y las trabajadoras del sistema UPR, y para otros sectores vinculantes con la comunidad universitaria”, expresó la presidenta de la HEEND, Jannell Santana Andino.

Junto al vice presidente de la HEEND, José Torres, respaldados por mas de una docena de sus miembros en el vestíbulo de la Torre del recinto de Rio Piedras, los líderes sindicales enumeraron que hoy tenían una universidad que no ha sido declarada como un servicio esencial por la administración universitaria, no cuentan con un presidente que defienda el presupuesto universitario ante la JCF y “peor aún, la vergüenza ante el desacierto por la pérdida reciente de acreditaciones en el Recinto de Ciencias Médicas. A eso añado, que los problemas de las acreditaciones van más allá del RCM, también, vislumbramos problemas en las unidades de Ponce, Arecibo y Humacao”.

La Hermandad dio a conocer que el contrato de Haddock Acevedo no estaba registrado en la Oficina del Contralor por lo que levantó bandera ante la declaración del presidente de que su contrato es por cinco años. El sindical mostró copia de dos certificaciones de la Oficina del Contralor en las que se indican que el señor Jorge Haddock Acevedo no tiene un contrato registrado con la Junta de Gobierno ni tampoco, lo tiene con la Universidad de Puerto Rico.

“En este caso, el contrato establece que “ninguna prestación o contraprestación objeto de este contrato, podrá exigirse hasta tanto se haya presentado para registro”, apuntó la presidenta de la HEEND y añadió que “al no estar registrado su contrato, los términos y las condiciones bajo los cuales el Dr. Haddock alegó estar fungiendo como presidente, no pueden ser exigibles, y no son válidas”.

En tanto en entrevista por separado el presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), Ángel Rodríguez Rivera también dijo estar sorprendido. “Nos tomó por sorpresa la recibimos con beneplácito porque el Presidente no debería estar en esas funciones pero nos toma por sorpresa porque esta es la misma junta de gobierno que ha estado alienada con la JCF y con lo que ha estado haciendo el Presidente hace unos meses atrás la junta evaluó al presidente no permitió que la Junta Universitaria lo evaluara y lo evaluaron positivamente, es decir que hay gato encerrado en el proceso no sabemos que es lo que se trae entre manos la Junta de Gobierno”.

En esa línea a la pregunta de si la circunstancia del contrato dada a conocer por la Hermandad podía ser una razón para la destitución, Rodríguez Rivera subrayó que podría ser que fuese suficiente, aunque a su juicio le parece que a la JG si es cuestión de ilegalidad o legalidad le ha importado muy poco.

“El contrato de la plaza docente que le concedieron es claramente en contra del reglamento y la ley y lo hicieron como quiera no me extrañaría que pudiera ser, pero al mismo tiempo esta junta de gobierno no ha prestado mucha atención a los elementos más importantes”.

También desmintió declaraciones del presidente de que con su salida se pone en peligro los fondos federales. “El argumento de que los fondos federales están en peligro me parece que es en el forcejeo de no querer irse se agarró de lo que encontró para poder decir la necesidad de esa persona. Los fondos federales no son para una persona, los fondos federales son para la institución y la institución si funciona bien no debería tener problemas con los fondos federales si tuviéramos problemas es responsabilidad de Haddock, aunque no esté en este momento”.

Tanto el presidente de la APPU como la presidenta de la HEEND coincidieron en denunciar la cantidad de los puestos de ayudantes y vicepresidencias creadas por Haddock en la Administración Central. Rodríguez Rivera precisó que el presupuesto de la AC de este año es de $83 millones de dólares, suma similar a lo que serían la totalidad de los presupuestos para los recintos de Cayey, Carolina y Ponce. El presidente Haddock Acevedo creó entre cinco a ocho vice presidencias cuyos ejecutivos ganan $10 mil al mes denunció la Hermandad.

El presidente de la APPU coincidió en que tampoco le extrañaría que la mano del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, estuviese detrás de la destitución. “La intervención de los gobernantes es histórica el gobernador sigue insistiendo que no, sin embargo es una movida demasiado extraña que yo no descarto que tuviera que ver con eso recordemos que Haddock era candidato de Rosselló no de Pierluisi”.

Reclama que también se evalúe a las rectorías

Por su parte el presidente del Consejo General de Estudiantes del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) Juan de Jesús Oquendo igual expresó que era una gran noticia. “De parte de la comunidad estudiantil y el CGE es una gran noticia que la JG de la UPR luego de varios años de reclamo por la contratación, desde nuestro punto de vista ilegal porque es la primera vez que se trae a un presidente de la UPR del exterior que no sea parte de la comunidad claustral del sistema, ya era tiempo de que se le hiciera caso a la comunidad estudiantil y sector docente y no docente”.

No obstante, observó que es importante recalcar que la situación que atraviesa la UPR no es solo desde el ámbito de la presidencia, sino que también que había que monitorear y supervisar cuales son los rectores que en estos momentos están ocupando la posición que realmente están trabajando por sus recintos.

El estudiante doctoral de Salud Pública puntualizó que el asunto de la acreditación no solo se atiende desde el ámbito de presidencia sino que hay que tener rectoras y rectores competentes y que atendiendan los reclamos de los estudiantes y las distintas situaciones que están ocurriendo respecto a las acreditaciones y los recortes presupuestarios,; “que defienda a la Universidad y los mejores intereses de la misma es importante que la JG tenga en perspectiva en estos momentos que no solamente con el cambio de presidencia hacia un nombramiento interino se detenga ahí sino que también evalúe el desempeño de algunos rectores que algunos de ellos llevan ocupando posiciones desde el 2017”.

Los entrevistados coincidieron en la necesidad y la importancia de la participación de toda la comunidad universitaria en escoger la nueva presidencia. Rodríguez Rivera afirmó que de parte de la APU no tiene duda de que debe de haber múltiples candidatos en el mundo académico de la UPR del mejor calibre para ocupar la posición de presidente. “El presidente Haddock es un intento fallido de traer alguien de afuera que no conoce la idiosincrasia de la UPR tanto la cultura administrativa como la cultura política con sus defectos y virtudes se trae desde fuera y este es el resultado estamos en peor situación ahora que en la que estábamos cuando llegó el presidente Haddock”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El costo de estudiar en la UPR: realidades y retos de cara al 2021-22

 

Especial para CLARIDAD

LA UPR encara algunos de los retos más grandes en su historia de cara al año académico 2021-22.

El primer reto es el presupuesto y la situación fiscal de la UPR.

\Por primera vez desde que comenzaron las “medidas cautelares” de índole económica en el 2007, la UPR está considerando escenarios de presupuesto que presentan un riesgo significativo a la acreditación de sus 11 recintos y de múltiples programas académicos. Luego de 3 años en su posición, el presidente de la UPR es destituido por varios asuntos de acreditaciones y funcionamiento de la UPR y se admite que la profundidad de los recortes en el Plan Fiscal UPR aprobado y certificado por la Junta Colonial NO son manejables. Nunca lo fueron.

En el 2017 la partida del fondo general del ELA para la UPR era de 834 millones de dólares. Para el año fiscal 2021 se contempló una partida de solo 407 millones de dólares. Esto representa un recorte de 427 millones, equivalente al 51% de su presupuesto del fondo general. Se logró paliar el recorte de este año con una asignación no recurrente de 94 millones de dólares para un presupuesto de 501 millones de dólares que representa una reducción de casi un 40% del presupuesto del 2017.

 

La insuficiencia fiscal en la UPR afectará las acreditaciones de la UPR con la Middles States Commission of Higher Education (MSCHE) si no puede demostrar que cuenta con los recursos para cumplir con su misión. El Estándar VI de acreditación de MSCHE en sus criterios 3 y 4 establece:

 

“3. a financial planning and budgeting process that is aligned with the institution’s mission and goals, evidence-based, and clearly linked to the institution’s and units’ strategic plans/objectives;

 

  1. fiscal and human resources as well as the physical and technical infrastructure adequate to support its operations wherever and however programs are delivered;”

 

La situación actual con merma de profesores con plaza, los profesores contratados para 1 o 2 clases, la falta de mantenimiento a las facilidades, y un presupuesto y plan fiscal que nada tienen que ver con la misión y objetivos de la UPR si no con el cobro de deuda gubernamental en Puerto Rico, son algunas de las cosas a explicarse por parte de la gobernanza institucional de la UPR a la MSCHE en el futuro cercano.

La única forma real de reducir el presupuesto es reducir la nómina de la UPR. El Plan Fiscal UPR certificado mantiene un recorte de empleados por atrición y reducciones de nómina como medida de control de gastos. Las medidas de nuevos ingresos propuestas por la Junta Colonial y la administración actual de la UPR han fallado. Muy pocas se han cumplido, con la excepción del aumento en los Fondos de Investigación, donde los recintos graduados mantienen un nivel creciente, por ahora, a pesar de la situación fiscal y social del país. El hecho de que los números se puedan poner en una hoja de cálculos y “cuadren”, no los hace verdad ni una realidad fiscal.

Esto nos trae al segundo gran reto de la UPR.

En el año académico 2021-22, Ciencias Médicas, Utuado, Aguadilla, Bayamón, Carolina y Humacao deben someter informes y recibir visitas de para la evaluación de su autoestudio de acreditación a la MSCHE. Otros recintos tendrán que presentar su reporte de evaluación de mitad de término de acreditación. En particular el estado de las finanzas de cada recinto, y convencer a la MSCHE de que se cuentan con TODOS los recursos necesarios para llevar a cabo su misión educativa y social serán una parte vital de este proceso. A principios de 2019 se sometieron informes por recintos con proyecciones fiscales para los años comprendidos bajo el Plan Fiscal UPR. La inmensa mayoría de esas proyecciones no se han logrado. La realidad presupuestaria de la UPR sigue siendo precaria. Los planes médicos le deben al Recinto de Ciencias Médicas millones de dólares y el Gobierno de Puerto Rico le debe a la UPR una cantidad similar. Las reservas de efectivo se van drenando. Eso deberá ser explicado a la MSCHE y convencer a la Comisión de que mantenga la acreditación de los recintos en el 2024-25 cuando la mayoría tenga que re-acreditarse.

Es importante recordar que esta acreditación es lo que les permite a las universidades el acceso a una gran diversidad de fondos federales, y es requerida bajo el US Code of Federal Regulations y el Higher Education Opportunity Act. Esta función del Departamento de Educación Federal fue delegada por reglamento a organizaciones acreditadoras como la MSCHE. De hecho la amenaza e intimidación de la Junta Colonial al intimar que la UPR se debe ir al Título 3 de PROMESA sería una quiebra que bajo las reglas federales mencionadas arriba conllevaría la pérdida permanente de esos fondos.

A esto hay que añadir el tercer gran reto estructural de la UPR.

La reconstrucción de su planta física, que fue devastada por los huracanes Irma y María y algunas áreas afectadas por los terremotos del suroeste del 2020. Aunque lentamente, los proyectos de reconstrucción y reparación continúan y cada día se aprueban nuevos proyectos. La lentitud de los fondos de reconstrucción es igual en la UPR que en el resto del país, pero se continúan encaminando proyectos en espera de que se liberen los fondos para llevarlos a cabo.

Por último el reto de la batalla política por el alma de la UPR.

Muchos se preguntan, ¿dónde está la comunidad universitaria en todo esto? ¿Qué ha pasado con el movimiento estudiantil que no se le escucha?

Los políticos hace años que ven a la UPR como un problema político para el gobierno de turno. Un foco de poder social y potencial disidencia que le causa problemas al partido gobernante. Por lo tanto no se nombran administradores de capacidad probada, con criterio independiente, que colaboren con el gobierno, pero reten el ‘status quo’ y la politiquería cuando sea necesario. Se nombran acólitos que sepan llevar la línea del partido y no se salgan de las directrices prescritas por los políticos. La comunidad universitaria: los estudiantes y sus consejos generales – el movimiento estudiantil; los profesores y personal docente con sus asociaciones tanto profesionales como sindicales; y los compañeros no docentes y sus sindicatos y organizaciones bonafide – el movimiento sindical; los jubilados y los egresados de la UPR; se han convertido en la espina en el costado que les causa malestar a los partidos. De ahí los planes políticos de empequeñecer a la UPR y hablar ‘a lo loco’ de cerrar recintos. Se coarta la libertad de expresión. Se cerró el periódico Diálogo. Además se realizó carpeteo electrónico de periodistas y líderes estudiantiles por el gobierno estatal. Usando las leyes y el Plan Fiscal UPR se logró abrir brechas que dividen a la comunidad universitaria.

Los estudiantes hasta ahora han cargado en gran medida la cruz del Plan Fiscal UPR. En el 2018-19, según la administración de la UPR, luego del nuevo programa de becas a los estudiantes y cubrir su matrícula y sus gastos académicos a los estudiantes les sobraría unos $813 para vivir (el año). Meses más tarde anunciarían como un gran logro el establecer comedores sociales para los estudiantes que no podían tener tres comidas al día. Claramente algo no cuadra. La matrícula aumentó y el costo por crédito casi se ha triplicado y seguirá aumentando durante la duración del Plan Fiscal UPR hasta el 2026. Podemos ver en la tabla que sigue que la UPR ya no es la universidad con los menores costos de estudios en Puerto Rico. También vemos que los estudiantes necesitan unos 14,000 a 15,000 dólares para poder costear sus estudios luego de usar su beca Pell/beca UPR. Además se redujeron sustancialmente las exenciones de matrícula y las becas para estudiantes de honor, se eliminaron casi en su totalidad las becas de atletismo, de bandas, coros, tunas etc. Por eso hay la necesidad de comedores sociales en la UPR.

 

Costo Total de Estudios en Universidades en Puerto Rico Comparables a la UPR*

Universidad 2017-2018 2020-2021
Pontificia Universidad Católica Ponce $18,455 $19,450
Universidad Ana G Méndez-Cupey $20,320 $20,320
UPR Río Piedras $18,626 $20,778
UPR Mayagüez $17,865 $21,450
Inter San Germán $22,015 $23,579
Inter Metro $25,283 $26,769
Universidad Politécnica Hato Rey $29,798 $30,140

*datos del National Center For Education Statistics del Departamento de Educación Federal (https://nces.ed.gov)

Es importante notar que los aumentos de la UPR son debido al aumento de matrícula. En las otras universidades es mayormente en los costos relacionados a hospedaje y comida.

Así las cosas es posible un futuro sin la Banda del Colegio, sin las Tunas y los Coros de la UPR, sin la UPR en las Justas de la LAI, o que se dé la consideración comercial del deporte y las artes universitarias como lo son en los Estados Unidos y que algún día los empleados públicos mejor pagados del estado sean los entrenadores deportivos, como es allá.

Con la ley que prohíbe el pago de salarios a aquellos empleados públicos que no crucen líneas de piquetes en el caso de un paro, que fue hecha para acabar con la huelga estudiantil del 2017, la comunidad universitaria está dividida. Muchos empleados de la UPR no pueden sacrificar sus sueldos y beneficios y se ven obligados a no hacer paros, y a cruzar los piquetes de los paros estudiantiles o sindicales. Ahora se hacen acciones estudiantiles y sindicales alternativas muy creativas.

Los empleados no docentes vieron una reducción sustancial a sus beneficios marginales, incluyendo su plan médico, sus exenciones de matrícula, y una disminución significativa en la calidad de su ambiente de trabajo. Lo mismo sucede con el personal docente. Los profesores sin plaza y sin beneficios marginales ganan menos del salario mínimo y en algunos casos tienen que acogerse al desempleo durante los veranos. Aquellos que participan en el Sistema de Retiro lo ven en riesgo, por que la Junta Colonial ideológicamente no cree en los sistemas de beneficios definidos. Todo parece indicar que habrá recortes a las pensiones de la UPR y un cambio sustancial a al estructura y tipo del sistema de retiro.

Debemos dejar claro que contrario al mito que corre en los medios, las probatorias de la UPR en el 2011, 2017 y 2018 tienen muy poco que ver con las huelgas. Se dan por el incumplimiento con las normas federales de tener estados financieros a tiempo, la falta de cumplimiento con el estándar de acreditación que requiere los recursos para cumplir con la misión institucional, y la falta de cumplimiento con el estándar de gobernanza que requiere una gobernanza efectiva con participación real de todos los sectores. Sin embargo, muchos ideólogos por ahí acusan al movimiento estudiantil de ser los responsables de poner en riesgo la acreditación institucional.

A pesar de todo en la UPR seguimos trabajando, ayudando a los que sufren la devastación de los desastres naturales, con jóvenes egresados de la UPR en la vanguardia contra el COVID-19, haciendo investigación de todo tipo, fiscalizando a la administración y al gobierno, proponiendo soluciones a los problemas del país (aunque no se nos haga caso, pero nos hacemos escuchar), trabajando con muchas comunidades vulnerables, educando a todos los niveles, poniendo el nombre de Puerto Rico en alto con los resultados y demostraciones de nuestros logros académicos, científicos, artísticos, y sociales entre muchos otros, divididos pero con un norte común, en lucha, pero muchas veces sufriendo, cansados y agotados, agobiados y ansiosos, luchando por la supervivencia de nuestra universidad. Maltrechos pero de pie, luchando por la Patria, por que Todos Somos la UPR y la UPR es de Puerto Rico.

 El autor es catedrático de la escuela de medicina en la UPR.

La pelea por un retiro digno

 

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Como una diferencia del cielo a la tierra, describió el portavoz del Capítulo de Retirados de la Federación de Maestros (FMPR), Pedro Pastrana Ortiz, los proyectos presentados por el gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, que pretenden sustituir la ya aprobada Ley de Retiro Digno.

El gobernador se allanó una vez más a las órdenes de la Junta de Control Fiscal (JCF) y en lugar de disponerse a defender la Ley de Retiro Digno en el tribunal, envió la semana pasada, unos días luego de que la JCF acudiera al tribunal, dos nuevos proyectos a la Legislatura. La JCF acudió al tribunal, a la sala de la jueza Laura Taylor Swain, quien atiende los pleitos mediante la ley Promesa, para que ordene al Ejecutivo y a la Legislatura de Puerto Rico a dejar sin efecto la citada ley. Según la JCF la ley afecta el Plan Fiscal y el Plan de Ajuste de Deuda (PAD).

El portavoz de los retirados de la FMPR denunció: “El gobernador habla de consistencia en defensa de las pensiones, pero lo que ha demostrado es inconsistencia, porque la única manera de defender las pensiones de forma consistente es través de una ley ya aprobada de forma unánime firmada por él, que es la Ley de Retiro Digno”.

“Ante las dos propuesta que presenta el gobernador, una, decirle a la JCF primero voy a pagar la deuda y la segunda, que pagará las pensiones con el presupuesto que prepara la misma Junta, la pregunta que nos hacemos es si creemos que la JCF estará de acuerdo en separar como prioridad el dinero para las pensiones cuando su prioridad es pagarle a los bonistas. No estamos de acuerdo con la posición del gobernador porque nos deja en manos de la Junta y de los bonistas, que son la prioridad”.

Pastrana Ortiz hizo un llamado a los legisladores para que defiendan la ley ya aprobada y firmada, la cual destacó que en principio es gestión de la senadora Lourdes Ramos, quien es miembro del partido del gobernador.

“La ley de retiro digno hay que mantenerla vigente porque es la única que no solo garantiza a los pensionados y futuros retirados, sino que define los servicios esenciales para evitar que haya despidos masivos en las demás agencias del gobierno”.

En entrevista por separado, la portavoz del grupo Construyamos Otro Acuerdo, Sonia Palacios, subrayó de entrada que el Comité Oficial de Retirados (COR) no representa a la mayoría de los retirados y desmintió que los que están afectados con el recorte que pretende la JCF de 8.5 % sea un grupo pequeño.

La retirada del Departamento de Justicia dijo que no cree que la corte federal pueda determinar que la Ley de Retiro Digno vaya contra el plan de ajuste de la deuda porque la ley no asigna dinero. Precisó que lo que establece son prioridades de política pública que terminan siendo un escudo de protección debido a que define cuáles son las prioridades.

Trajo a la atención que la JCF no ha querido ni siquiera definir cuáles son los servicios esenciales, aun cuando la propia ley PROMESA le obliga a garantizar que haya dinero para cubrir esos gatos. “La Junta no define cuáles son los servicios esenciales. De esa manera no tiene que cumplir con la obligación de que haya dinero para cumplir con esos servicios esenciales y la Ley por un Retiro Digno lo primero que establece es que se tienen que definir los servicios esenciales y que eso incluye salud, seguridad, pensiones, porque estamos hablando del derecho a la vida”.

Aun cuando dijo que la discusión del recorte ha tendido a separar a los pensionados puntualizó que la reducción del 8.5 % a partir de las pensiones de $1,500 en adelante, cuando se mira, los miembros del COR se salvaron con esa reducción ya que la intención de la JCF era una reducción de un 20 %.

“Para nosotros es una injusticia como el que todo el mundo pague lo mismo del IVU porque de verdad, yo con una reducción de 8.5 no me voy a la quiebra, pero sigue siendo una injusticia porque mi pensión yo la trabajé, me la gané. Yo no fui la que hizo malas transacciones de negocios, yo no soy el gobierno que dejó de hacer la aportación, yo no le podía decir a mi jefe esta quincena qué usted cree si dejo de aportar para mi retiro porque mis hijos se gradúan. Quincena tras quincena mis deducciones para mi pensión eran fijas, y entonces ahora, como estamos mal, se supone que tenemos que aportar”, manifestó.

Palacios y Pastrana Ortiz coincidieron por separado en señalar que hay precedentes de ciudades de Estados Unidos que han estado sujetos a quiebra y se salvaguardaron las pensiones de los retirados.

La portavoz de Construyamos Otro Acuerdo expuso que no es verdad lo que alega la JCF de que la ley vaya a afectar al Plan Fiscal y al Plan de Ajuste de Deuda. Aunque admitió que la capacidad de preparar el presupuesto del país en esa etapa “la JCF manda y va”, al plan de ajuste de deuda, que es la próxima etapa todavía no se ha llegado, incluso ya van cuatro Planes de Ajuste, lo que significa que ese plan no están escrito en piedra.

Palacios recordó que llegado el momento de presentarle el PAD a la jueza Swain y esta pasar juicio, todavía se va a requerir que la Legislatura apruebe las leyes habilitadoras para ejecutar el plan.

“Lo que hace la Ley de retiro digno es salvar al país. Es la política pública del Gobierno, que dice que cuando ustedes, Junta, nos presenten el PAD, nosotros vamos a aprobar todas las leyes que sean necesarias para poner en vigor ese plan de ajuste siempre y cuando se atiendan los servicios esenciales, no se encarezca más la vida de nuestro pueblo no se sigan imponiendo más impuestos al que menos tiene, se dé el dinero que hace falta para salud y no se recorten pensiones”, destacó.

La portavoz de Construyamos Otro Acuerdo censuró el que la JCF acudiera al tribunal a decir que hay deuda emitida de manera ilegal y resultara que era un mecanismo de presión para negociar con los bonistas y no con la intención de pedir al tribunal que declarara que los bonos fueron emitidos de manera ilegal. La Junta está ofreciendo pagarles 75 centavos por cada dólar a los bonistas que tienen deuda ilegal.

“Las deudas ilegales no se pagan. La Ley de Retiro Digno dice que para esa deuda, que la Junta determinó que era ilegal, no se va a emitir nuevos bonos para pagarla”. La activista abogó porque ya se supere la etapa de hablar de deuda ilegal y que el país hable de deuda odiosa que es imposible físicamente de cumplir.

De cara al pleito judicial, Palacios describió que se está “en un buen momento, momento de las definiciones, porque no importa lo que se resuelva, saber cuál es la verdad es ganancia”. En caso del tribunal decir que la ley es inconstitucional porque se quiere que los bonistas cobren, se tendría que decir que ni la Legislatura ni el gobernador pueden aprobar leyes que definen prioridades. “Si llegamos a ese extremo, la Legislatura le podría rechazar en el mes de octubre el PAD porque es lo que estamos diciendo los legisladores con la ley: ustedes necesitan venir a la Legislatura para aprobar las leyes habilitadoras para poner en vigor el PAD. Advertidos están, lo vamos aprobar siempre y cuando pase tal… De lo que se trata es de iniciar un diálogo. Quizás en ese diálogo los legisladores y el gobernador terminan entregando nuestras pensiones pero a lo mejor salvan las pensiones y entregan otra cosa. Yo sí quisiera que salvaran al País”.

 

 

 

 

 

 

Mirada al País Con Haití en nuestro corazón

 

Especial para CLARIDAD

 El pasado jueves 8 de julio me dio un vuelco el corazón cuando, cosa rara, la estación de radio que escuchaba anunció una noticia de última hora sobre Haití, bien temprano en la mañana. Me dije a mi misma “Otra vez no, por favor”, pensando en las múltiples desgracias que el vecino y hermano Pueblo ha enfrentado y de las cuales se han levantado por la valentía y voluntad férrea que tienen. Se trataba del asesinato del presidente Jovenel Moise. Son múltiples y muy acomodadas las versiones que circulan sobre quienes lo ejecutaron en su propia cama, a pesar de que se supone estuviera rodeado de seguridad. Aunque inicialmente dijeron que la primera dama estaba grave, e inclusive que había fallecido, la trasladaron a Florida, al parecer cortesía de la embajada de Estados Unidos. Durante el fin de semana ofreció un mensaje sobre lo sucedido, hablando de su esposo como si fuera un mártir e instando al pueblo haitiano a luchar por “los sueños” que tenía el empresario y presidente ilegítimo. La verdad monda y lironda es que quería perpetuarse en el poder.

Precisamente el Comité de Solidaridad con el Pueblo de Haití se había reunido el lunes antes del magnicidio para hablar sobre las necesidades de mantenimiento de la escuela que construimos en Leogane, pero sobre todo, para analizar la grave situación de violencia, asesinatos, secuestros que están ocurriendo en Haití y las violaciones constitucionales que estaba cometiendo el presidente Moise. Este había abolido organismos gubernamentales, encarcelado jueces, destituido alcaldes y estaba gobernando por decreto; en lenguaje coloquial, por sus pantalones. En la reunión trazamos un modesto plan para mantener el tema de Haití en la discusión pública boricua, conscientes de que la prensa comercial no mira hacia esa parte de La Española, a menos que haya fenómenos naturales y tragedias que muevan la solidaridad para la cual siempre está dispuesta nuestra gente.

Lo cierto es que a partir de las elecciones en las que resultó electo Moise, prácticamente escogido de dedo por el presidente anterior, Michel Martelly, su mandato fue cuestionado, entre otras cosas, por la escasa participación que hubo. Solamente el 21 por ciento de las personas hábiles para votar acudió a las urnas. Las controvertibles decisiones tomadas por el asesinado presidente y su pretensión de mantenerse en el poder mediante una enmienda constitucional que le permitiría ser reelecto, reavivaron las protestas en las calles que no cesaron durante meses. Los temas enarbolados como banderas eran las acusaciones de corrupción, incluyendo el escándalo de Petro Caribe mediante el cual el Programa de incentivos del gobierno venezolano no llegó a las manos del empobrecido Pueblo, sino a las de empresarios, incluyendo a Moise, quien nunca dejó de velar por sus propios intereses. También el cada vez más dramático empobrecimiento de la gente, el abandono de la reconstrucción del país, luego del terremoto de 2010. La ayuda humanitaria que llegó de todas partes del mundo se hizo sal y agua. Además, se ha mantenido en cuestionamiento la ingobernabilidad del país manifestada en la violencia ejercida por las pandillas que secuestran, asesinan y siembran el terror en las comunidades, ante la inacción del gobierno cuya Policía reprime sin piedad a quienes protestan en las calles, pero parecen cómplices de los que perpetúan el terror. El narcotráfico es otro de los componentes que sirve de combustible a la crisis haitiana.

El 29 de junio, pocos días antes del inusual asesinato del presidente, 15 personas fueron asesinadas en la oscuridad de la noche, incluyendo el destacado periodista Diego Charles cuando la activista feminista del partido de oposición Matris Liberasyon, Antoinette Duclair, lo dejaba en su casa. La también periodista de 33 años que tenía entre sus luchas la erradicación de la violencia contra las mujeres y la rendición de cuentas, corrió la misma suerte. Además del alto número de periodistas y defensores de los derechos humanos que han perdido la vida a manos de las bandas y de la Policía que reprime las manifestaciones y se lleva por delante a quienes informan sobre ellas, recordamos al presidente del Colegio de Abogados de Haití, Me Monferrier Dorsal. EL Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico emitió declaraciones condenando esa infamia.

El panorama político de lo que ocurrirá en la primera república negra del mundo y segundo país en América en obtener su independencia es incierto. Claude Joseph quien fue nombrado de forma ilegítima, a dedo, como primer ministro por Moise, saltó al escenario para tratar de asumir el control del país y declaró el estado de sitio. Sin embargo, su mandato vencía el 9 de junio pues el asesinado presidente había usado el dedo nuevamente para nombrar a Ariel Henry, aunque éste no llegó a ser investido. El gobierno de Estados Unidos reconoció a Claude Joseph al igual que la Organización de las Naciones Unidas y respaldaron su decisión. Colombia, de donde se dice proviene la mayor parte del Comando al que se le adjudica el asalto a la residencia de Moise y su asesinato, ha metido la cuchara y están en Haití investigando, o tal vez encubriendo, lo sucedido. El gobierno de Biden enviará al FBI con el mismo propósito. En una acción paralela, el Senado haitiano, que no tiene quórum, nombró como presidente provisional a Joseph Lambert, quien dirige ese cuerpo legislativo, acción que aparentemente es respaldada por partidos de oposición y organizaciones de la sociedad civil. En una resolución de consenso plantearon la creación de un consejo electoral tmbién provisional y que se encamine el país hacia las elecciones.

Voces del exterior y del interior del país, que tienen que ver con sus propios intereses y no con el bienestar del sufrido, pero valiente pueblo haitiano, han comenzado a clamar por la intervención extranjera para “traer orden y establecer la paz”. Sin embargo el sector progresista del país y las organizaciones en lucha contra la corrupción, la defensa de la soberanía nacional y el derecho del pueblo haitiano a su libre determinación están opuestos a esa inherencia extranjera. En ocasiones anteriores en que la isla hermana ha sido ocupada por Estados Unidos o las fuerzas “de paz” de la ONU ( MINUSTAH o Cascos Azules), la llamada “paz” no cambió el empobrecimiento y la desigualdad, pero sí trajo el cólera propagada por las tropas intervencionistas, así como agresiones sexuales contra las mujeres y niñas, entre otros males.

Desde Puerto Rico debemos mantener los ojos puestos en la Haití, “tierra de montañas” y el pueblo que persevera ante la adversidad, la pobreza en su máxima expresión, las dictaduras y malos gobiernos y la indiferencia de las grandes potencias que pretenden utilizarla como pieza de sus propios juegos políticos. La historia revelará quienes fueron los perpetradores políticos del asesinato del presidente Moise, más allá de sus ejecutores y cuáles fueron las causas. Mientras tanto, nos corresponde apoyar la no intervención extranjera, que es la voluntad de las organizaciones haitianas en lucha. A pesar de la distorsionada imagen de que son incapaces de gobernarse a sí mismos, se trata de un pueblo inteligente, valiente, que venció a la potencia francesa para emanciparse de la esclavitud y del coloniaje, que no es poca cosa. Tengo la esperanza de que podrán levantarse nuevamente y sin duda podremos contribuir a ello, manteniéndoles presentes en nuestros corazones caribeños y en nuestras acciones de solidaridad.

 

 

 

 

Miel que me das: «¡Qué pesado, Eros!» – Especial de Anacreonte

Quiero cantar

Pues a Eros suave,

estallando en guirnaldas de flores multicolores,

quiero cantar,

al que reina entre dioses y domina mortales. 

Odio a todos

Y yo odio a todos

los de ritmos telúricos y difíciles.

Meguiste, cuídate de los que no hablan con Baco.

Bebiendo eros

Estaba bebiéndome a eros.

Como el cuco

Yo, como el cuco, le huyo.

Ahora subo al Olimpo

Ahora subo al Olimpo volando en aves ligeras

por culpa de Eros,

pues [  ] no quiere corresponderme.

Qué pesado

¡Qué pesado, Eros!

Te quiero y no te quiero

Te quiero y no te quiero,

Enloquezco y después no.

 

 

En orden de aparición: fr. 28 (Diehl), fr. 71, fr. 105, fr. 93, fr. 33, fr. 115  y fr. 83   

En traducción de Cristina Pérez Díaz

Dibujo original en tinta sobre papel de Emanuel Torres