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CLARIDADES: El 30 de agosto de 1985

Foto: Archivo CLARIDAD

 

30 de agosto de 1985

Gobierno de EUA secuestra a líderes independentistas

En agosto de 1985, las autoridades del gobierno federal de los Estados Unidos emprendieron en Puerto Rico, los Estados Unidos y México un operativo de gran magnitud. El propósito inmediato era conducir el arresto de varios independentistas puertorriqueños involucrados en un robo de $7 millones en Hartford Connecticut.

El robo en los depósitos de la compañía de acarreo de valores Wells Fargo, había ocurrido en septiembre de 1983. Este se adjudicó originalmente al guardia de seguridad de la compañía, Víctor Gerena. Sin embargo, un año después la organización radical independentista puertorriqueña Los Macheteros reclamó la autoría de lo que llamaron una expropiación, brindando pruebas al respecto. (US v. Maldonado-Rivera, 1990).

Esta revelación dio un giro a los acontecimientos. Lo que se había interpretado como un delito motivado por el lucro personal, fue redefinido por Los Macheteros como un acto político que se sumaba a una serie de ataques generados por la organización contra símbolos de los cuerpos de seguridad y el capital del imperialismo (tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos) en su lucha por adelantar la independencia.

Entre el comunicado de Los Macheteros adjudicándose la autoría de la expropiación en Hartford Connecticut y los arrestos de 1985, transcurrió casi un año. Tiempo suficiente para que las autoridades federales se aseguraran de dar lo que consideraban una respuesta fulminante a Los Macheteros.

Los arrestos fueron dirigidos contra 13 independentistas en Puerto Rico, México y Dallas. Estos eran Carlos Ayes Suárez, Luz Berríos Berríos, Isaac Camacho Negrón, Elias Castro Ramos, Luis Colón Osorio, Angel Díaz Ruiz, Jorge Farinacci García, Hilton Fernández Diamante, Orlando González Claudio, Ivonne Meléndez Carrión, Filiberto Ojeda Ríos, Norman Ramírez Talavera y Juan Segarra Palmer. Los hermanos Avelino y Norberto González Claudio no pudieron ser arrestados.

En posterior enmienda a la acusación, el Gran Jurado Federal de EUA extendió la acusación a Paul Weinberg, Antonio Camacho Negrón y a Roberto Maldonado, arrestados en marzo de 1986.

En la mayoría de los casos, los violentos arrestos y allanamientos realizados en violación a los derechos constitucionales se llevaron a cabo por las autoridades sin contratiempos en tempranas horas de la mañana, mientras los acusados se encontraban durmiendo o recién levantándose. O de camino a sus labores faenas cotidianas.

Para ese entonces, este no constituía el primer operativo por las autoridades federales estadounidenses contra la lucha por la liberación nacional en la época. La ofensiva federal ya había empezado en 1980 en Chicago cuando fueron arrestados 11 independentistas puertorriqueños en la diáspora. El subterfugio de las autoridades policiales ante la prensa: un vecino de la comunidad cercana de Northwestern se comunicó con la policía para informar de nueve personas en actitud sospechosa se encontraban saliendo y entrando de una furgoneta. Al realizar una inspección de la furgoneta, los oficiales encontraron armas de fuego. Procediendo con los  arrestos de Marie Haydée Beltrán Torres, Elizam Escobar, Ricardo Jiménez, Adolfo Matos, Alfredo Méndez, Dylcia Noemí Pagán, Ida Luz Rodríguez, Carlos Alberto Torres y Carmen Hilda Valentín. En un suceso ocurrido el mismo día, las autoridades habían arrestado en una zona cercana a los independentistas Alicia Rodríguez y Luis Rosa, vinculándolos con el robo de un vehículo de alquiler. Las investigaciones preliminares entre la policía de Chicago y FBI, concluyeron la relación de los arrestado con las FALN.

Otros arrestos notorios relacionados a las FALN fueron los de William Morales, Oscar López Rivera, Edwin Cortés, Alberto Rodríguez, José Luis Rodríguez y Alejandrina Torres.

Tomado de la monografía de Francisco Pesante, “La lucha armada de liberación nacional y los arrestos políticos en Puerto Rico (1974-1985)”. Notas disponibles si las solicita.

 

 

Editorial:  Urge el ajuste de cuentas en la Comisión Estatal de Elecciones

 

 

A más de una semana de haberse celebrado tardíamente las primarias de los partidos Nuevo Progresista (PNP) y Popular Democrático (PPD), aún nuestro pueblo desconoce los detalles de por qué, por primera vez en la historia de este proceso, dichas primarias no pudieron celebrarse el domingo, 9 de agosto, como estaban pautadas originalmente. Desde entonces, no ha habido una explicación oficial de por qué los materiales electorales no llegaron uniformemente a todo el país como se suponía que ocurriera. No ha habido ni siquiera una comparecencia pública de «mea culpa” por parte del licenciado Juan Ernesto Dávila, presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), el principal organismo electoral en Puerto Rico.

La súbita suspensión del proceso primarista, una vez abiertas las votaciones en una tercera parte del país, fue un suceso tan irregular y bochornoso que causó la indignación general. En todo Puerto Rico, centenares de miles de personas  habían salido a votar por sus candidatos, en medio de la peor pandemia en más de un siglo, para encontrarse con un caos sin precedentes para un evento electoral rutinario, altamente anticipado y con tradición de celebrarse cada cuatro años sin mayores complicaciones. La confusión y la incertidumbre cundieron cuando cerca de las dos de la tarde del día señalado aún no habían salido los camiones con los materiales para más de la mitad de los distritos electorales de Puerto Rico.

El tono del debate público fue subiendo en la medida en que se hacía evidente el fracaso del proceso, razón por la cual creció el repetido clamor de la mayoría de los sectores del país por la renuncia del presidente de la CEE. Se impugnó en los medios de prensa la aprobación festinada del nuevo Código Electoral aprobado por la mayoría del PNP sin el consenso de los demás partidos ni del pueblo. Se cuestionaron las credenciales, la experiencia y la imparcialidad del presidente de la CEE, y se presentaron varios recursos legales solicitando la intervención del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que culminaron con una urgente y rápida decisión unánime del máximo foro judicial donde se mandató a la CEE a garantizar que las primarias se completarían en el plazo máximo de una semana después de lo pautado. El pasado domingo, 16 de agosto finalizó el proceso y se le ofreció al país la certeza que aguardaba respecto a los candidatos electos por el PNP y el PPD para los respectivos cargos de gobernador, legisladores y alcaldes.

Al cierre de estas líneas, el clamor y la urgencia por el debido ajuste de cuentas en la CEE parece ir aplacándose en ciertos sectores.  El país desconoce en qué etapa se encuentra la investigación legislativa sobre el descalabro de las primarias, y no hay a quién preguntarle porque el hemiciclo está cerrado por el COVID-19. Mientras, el presidente de la CEE sigue en su puesto respaldado por el PNP, a pesar del reclamo unánime por su renuncia de parte de los comisionados electorales de los demás partidos y de una gran parte de la ciudadanía.

Estamos conscientes de que las condiciones actuales del régimen colonial en nuestro país son críticas. Hay una pandemia que se extiende indiscriminadamente. Hay una buena parte del liderato legislativo del gobernante PNP en aislamiento por contagio con COVID-19. Hay otra parte de ese mismo liderato legislativo gobernante imputado o sospechoso en investigaciones federales sobre corrupción. Hay una administración gubernamental del PNP, de salida y en modo de supervivencia hasta el próximo enero. Atravesamos la temporada de huracanes. Dependemos de Estados Unidos para los fondos de emergencia y de la Junta de Control Fiscal para los recursos financieros con los cuales operar el gobierno en lo que queda de cuatrienio.

Pero quedan asuntos que son impostergables. Sobre todo deberían serlo para aquellos y aquellas que proclaman el voto como el más grande de los derechos ciudadanos en la llamada democracia liberal. Por eso, lo que ocurrió con las primarias del PNP y el PPD este año no puede quedar impune, porque laceró la confianza y la credibilidad en la CEE y sus procesos, y deja abierta la sospecha ciudadana de que, con un nuevo Código Electoral truncado en su sistema de balances y contrapesos, pudiera entronizarse permanentemente la práctica del fraude o el robo de elecciones y primarias en Puerto Rico.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha tenido que intervenir dos veces en el lapso de un año para corregir atentados concretos de líderes del PNP a la llamada democracia puertorriqueña. La primera vez fue en agosto de 2019  para remover a Pedro Pierluisi de la gobernación que ocupó ilegalmente por cinco días, tras la renuncia forzada del entonces gobernador Ricardo Rosselló. La segunda vez fue en agosto de 2020- hace apenas dos semanas- para obligar a la CEE- capitaneada por un presidente impuesto por el liderato del PNP- a completar de forma expedita y transparente el proceso de primarias, interrumpido de forma súbita e inexplicada el domingo, 9 de agosto.

Urge entonces que se haga cuanto antes el ajuste de cuentas en la CEE con los responsables directos del fracaso de las primarias del PNP y el PPD del pasado 9 de agosto. Este acto de reparación es necesario para salvaguardar la apariencia de integridad de la llamada democracia de la que tanto se precia el régimen imperante, y para brindarle un poco de tranquilidad a nuestro atropellado pueblo.

 

Las pérdidas de los agricultores en época de huracanes

 

Por Giancarlo Velazquez López/CLARIDAD

gvazquez@claridadpuertorico.com

A pesar de las prevenciones y la planificación, la temporada de huracanes en Puerto Rico representa riesgos y pérdidas para los agricultores en la Isla. A continuación compartimos las expresiones de tres agricultores sobre lo que significa para ellos la temporada de huracanes y cómo se preparan.

Puede ser un proceso de incertidumbre en el que la producción de algunos alimentos puede mermar. En cambio, la temporada de huracanes es buena para comenzar a sembrar, preferiblemente cultivos de ciclo corto que se pueden cosechar rápido o que resistan mejor el vaivén climático. Además se pueden realizar otras labores en la finca que son igualmente importantes.

“En este tiempo tiramos cultivos que son cortos como habichuelas o maíz. Yo diría que estos meses son de preparación, debemos estar pendientes si viene un temporal porque en ese caso hay que sacar la bomba del río para que no se la lleve la crecida, trabajar en la reparación de cercas, caminos de la finca y otras tareas.”, mencionó Rafael Elías Trujillo, agricultor en la Hacienda Agroecológica Renacer, em Carolina.

Sobre la merma en los cultivos expresó que, por ejemplo, si deciden sembrar tomates o algunas hojas no esperan mucho de ellas debido a que son sensibles al “cambia cambia” de la lluvia. “No esperamos mucho del cultivo de hojas y trabajamos siempre pensando en las reservas de todo tipo como de comida hasta gasolina”.

“Para nosotros acá la temporada de lluvias y huracanes es una de contracción en el sentido de que sabemos que vienen estos sistemas, de que la producción de algunas cosas puede mermar. En nuestra planificación anual tomamos en cuenta eso para tener alimentos para nuestra familia, hacer conservación de alimentos y cosas que quizás no tengamos en estos meses o que es más complicado cosecharlas y tenerlas”, explicó por su parte Freddie Pérez, agricultor y cofundador del proyecto Unitaria Común en Utuado.

El año de producción comienza por así decirlo entre octubre y noviembre cuando termina la temporada de huracanes, según dijo Pérez. Se comienza a sembrar directo en el terreno y en los semilleros. Previendo la próxima temporada de huracanes, optan por una siembra escalonada donde el intervalo de siembra va a depender del cultivo. Con este plan de siembra se trata de cosechar todo lo que crece arriba de la tierra antes de la época de lluvias.

“Esta temporada es buena para sembrar porque viene lluvia también, todo lo que esté pequeño tiene más posibilidades de que resista los vientos y las lluvias. No sembramos muchos vegetales, no revolcamos mucho el terreno porque se erosiona. Hacemos siembras en hoyos, como plátanos, guineos y árboles frutales. También raíces. Es una cosa de planificación”.

“De momento vienen estos sistemas y te pueden borrar toda la finca de un cantazo. Tienes que prepararte con una planificación de siembra pensando en estos meses en que muchos cultivos se imposibilitan o no se pueden sembrar como en otras temporadas porque son más susceptibles; también tienes que guardar semillas, conservar alimentos, la planificación con los animales, las áreas de pastoreo, tener los equipos al día, entre otras tareas”, abundó Pérez.

Por otra parte Alfonso Díaz, propietario de F&A Horti-Products en Utuado, expresó que en su caso la temporada de huracanes “es una pesadilla”. Tras los pasado fenómenos atmosféricos tres umbráculos en su finca perdieron los techos. Díaz estimó lo anterior en $3,500 en pérdidas. También se dañaron siembras en especial la siembra de tomates y calabacín. El total en pérdidas fue de aproximadamente $5 mil “solamente en esas dos tormentas bobas”. Especificó que los techos de los umbráculos en tiempo de ciclón casi siempre se dañan, especialmente si pasa algún evento que tenga vientos de más de 60 millas por hora.

“Cada vez que viene un ciclón hay que tomar las medidas de precaución para semillas que están en los viveros, hay que sembrar más, prepararse para sustituir la energía eléctrica y mantener operando los sistemas de riego. Hay que preparar la planta y tener todos esos equipos listos”.

Sobre los vegetales explicó que son más vulnerables al efecto de los vientos y la lluvia porque son suculentas, se enferman más por el exceso de humedad y son plantas más débiles. Luego de que pasa un huracán y deja muchos daños los vegetales son los primeros que están a la mano para distribuir y a pesar de que son susceptibles son fáciles de recuperarse, añadió.

 

 

Incertidumbre y volatilidad en la economía

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

A juicio del economista Heriberto Martínez Otero, la nueva Orden Ejecutiva que dispone la limitación y en otros casos el cierre total de muchas actividades comerciales hasta este siete de septiembre, mantiene a la economía del país en una situación volátil. Aunque todavía no se tienen números oficiales, algunos economistas ya hablan de que no menos de cuatro mil pequeñas empresas no volverán a reabrir debido al impacto de este nuevo cierre.

Mientras las grandes empresas tienen más posibilidades de enfrentarlo ya que tienen acceso a fondos de inversión, ahorros propios, capitalizar en la bolsa de valores, las pequeñas empresas puertorriqueñas apenas tienen acceso al crédito.

“Un País como Puerto Rico que el principal conglomerado patronal son las pequeñas empresas este tipo de incertidumbre que generan estas órdenes ejecutivas tienen un impacto mas adverso en las pequeñas empresas y en el empleo, por lo tanto se transfieren todos estos costos e incertidumbres a las familias puertorriqueñas”.

El presidente de la Asociación de Economistas (AEPR), hizo notar que las grandes cadenas capitalizan en la Bolsa de Valores de Wall Stret y aunque ahora mismo la Bolsa de Valores también tiene su volatilidad, ésta se encuentra en alza. Esto significa que los inversionistas están refugiándose en capitalización bursátil y entonces las grandes empresas se capitalizan a través de WS y no necesariamente a través de sus ventas. “Ahora las pequeñas empresas que no tienen acceso a eso tienen que despedir empleados o cerrar”, reiteró.

Frente a ese escenario interrogamos si es posible adoptar políticas económicas más inteligentes o efectivas. Martínez Otero abordó que hay que reconocer que la mayoría de los países estan pasando por una pandemia lo que representa una discontinuidad histórica a la forma en que se hace negocio y mueve la economía a nivel global debido a que la pandemia del Covid-19 pudiera tener un recorrido un poco más largo a lo esperado a menos que finalmente se apruebe una vacuna o medicamentos.

Desde el punto de vista de la AEPR y en su carácter personal reconoció que aunque es cierto y están de acuerdo con que hay que cerrar algunas áreas de la economía en el caso de Puerto Rico censuró que falta la otra parte que están haciendo muchos países a nivel mundial que es el apoyo económico a las familias y a las empresas.

“La pandemia obliga a las empresas a reinventarse, obliga a las familias a pensar en su presupuesto, pero para que eso ocurra y mantengamos un tipo de convivencia social saludable hace falta que el gobierno de Puerto Rico le de apoyo económico para la reinvención de las empresas y directamente a los trabajadores y las familias”. Martínez Otero destacó que ese dinero muy bien puede salir de los $9 mil millones del Fondo de Reserva de Deuda y que el gobierno acabe de reconocer ya que en las actuales circunstancias la posibilidad de pago de deuda es prácticamente imposible. Incluso indicó que se pueden utilizar mil millones como impacto de choque y eso genera actividad económica por un par de meses.

En esa línea abordado sobre la incertidumbre de cuánto más podrán resistir las iniciativas de autogestión que han surgido durante la pandemia sin apoyo gubernamental, apuntó que está notando que cada vez hay más personas conscientes de que el modelo económico no da para mas. “Se está dando mucha gestión comunitaria estamos notando en que ya todo el mundo está claro que la situación institucional es insostenible y están buscando la manera de transformarse, sobrevivir o hacer algo distinto pienso que por ahí hay algo positivo pero como no tenemos datos financieros ni económicos viables en los últimos meses por la situación de volatilidad ciertamente estamos en una situación de alto riesgo, mucha incertidumbre y como país vamos a tener que hilar fino pero llego el momento de que todas las instituciones puertorriqueñas incluyendo a los individuos tienen que darse cuenta de que la coyuntura es para la solidaridad y la cooperación el que tenga en mente todavía la competitividad, la productividad, sepa que va a colapsar porque no estamos en tiempos normales para hablar en esos términos”.

Añadió que sus expectativas son el que las estructuras existentes y aquellas que emerjan de los procesos de economía social y solidaria se fortalezcan para cuando llegue el momento de las vacunas o tratamiento estén lo suficientemente fuertes para continuar después de la pandemia. No obstante una vez más Martínez Otero apuntó a la incertidumbre y falta de institucionalidad que dijo existe en el País:

“Estamos en una situación en que no podemos decir si en noviembre se elige un gobierno que tenga una visión de País con el que se pueda desarrollar un plan de conjunto a corto y mediano plazo. Mientras tanto hasta diciembre mientras tengamos una gobernadora en funciones sin nada que perder, una Asamblea Legislativa cuestionada en términos de su legitimidad por casos de corrupción me parece que lo que queda es seguir operando en espacios horizontales a nivel de sociedad, pero requiere que todos estos grupos que se están organizando también obtengan compromiso de la clase política y el nuevo gobierno que salga electo sepa que tiene un País que se está construyendo paralelo a la gestión gubernamental y que lo ideal sería la colaboración y el apoyo a estos sectores para estabilizar la economía”.

Insistió en que es momento de cambios conceptuales y dejar atrás la mentalidad de grandes incentivos económicos, alta competitividad dado a que en el siglo XXI las instituciones económicas van a necesitar mucho mas de la solidaridad y cooperación para construir un proyecto de País.

 

¿Cómo asumir las externalidades que tienen que ver con el trabajo en línea?

 

Por Giancarlo Vázquez López/CLARIDAD

gvazquez@claridadpuertorico.com

Hay “detalles neurálgicos” que no se están discutiendo respecto a las nuevas relaciones laborales dadas ante la irrupción involuntaria de los cursos en línea. La compensación por los gastos extras que están asumiendo profesores, maestros y estudiantes en sus casas; el tiempo dedicado por los primeros a generar contenidos para sus cursos; y el asunto de accidentes laborales, son algunos de estos detalles.

Así lo destacó la presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, Martha Quiñones Domínguez en entrevista con CLARIDAD. Quiñones, profesora de economía y estadística en el Departamento de Ciencias Sociales de dicho recinto, explicó que esto se llama en economía una externalidad,  unos asumen los costos mientras que un grupo en particular obtiene las ganancias.

“En este nuevo contexto laboral el problema es que nos están obligando a asumir unos costos fuera de lo que nos están pagando a nosotros para entonces nosotros cumplir con nuestras obligaciones laborales. A diferencia de los free lancenosotros no somos patronos individuales, somo empleados y por lo tanto no podemos reclamar ninguno de esos costos que estamos invirtiendo en nuestras planillas”.

“Además, de eso estamos pagando internet, luz, brindamos un espacio de nuestras casas, compramos materiales, equipos y hacemos una serie de actividades que anteriormente eso lo pagaba el patrono”, añadió Quiñones.

Estudiantes de escuelas y universidades, tanto públicas como privadas están enfrentando el mismo problema. “Son diferentes escenarios, pero es el mismo problema para todos y todas”. Están asumiendo costos que también debería asumir el patrono. Quiñones mencionó que el tema de las externalidades es uno del que los economistas no hablan mucho porque es uno que se trata siempre con cuestiones del medio ambiente. No obstante aclaró que aplica a todos los procesos donde hay costos externos.

Debido a que ya está establecido en la teoría económica del medio ambiente los sindicatos pueden determinar el costo externo y cuál va a ser la compensación que deben recibir maestros, profesores y estudiantes por asumir dichos costos.

“Son muchos costos externos y no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que hay que comprar computadoras internet y nada más pero todo eso requiere unos costos que nadie quiere medir ni decir porque son unos costos externos y a los economistas tradicionales no les gusta hablar de los costos externos porque lógicamente tendrían que discutir como los patronos tienen que resarcir daños a sus trabajadores”, dijo.

Quiñones mencionó que con los fondos que fueron asignados se compensó parte de los daños, pero que tampoco han sido distribuídos como se debe. Considerando que lo más caro es el internet cuestionó por qué no mejor compensar este servicio. A modo de ejemplo expuso que: “A lo mejor los padres podrían comprar una tableta que es más económica pero tienen que pagar internet y si tienen 3 hijos en la casa el internet se sobrecarga. Si el profesor o profesora le envía videos, como nos están pidiendo, más aún”

La mayoría de los estudiantes (pre-universitarios y universitarios) utiliza principalmente el internet de su celular, la universidad o a cualquier fast food. Ante la actual situación del COVID-19 y los altos costos que representa un servicio de internet ilimitado el estudiante se encuentra imposibilitado de un acceso cómodo a dicho servicio, lo que en consecuencia afecta su proceso de aprendizaje y desempeño académico.

Por otra parte, Quiñones expuso otro ejemplo en el que si el maestro se tiene que desplazar en su automóvil para llevar a sus estudiantes el material, está asumiendo un costo adicional. En ese caso que la escuela (o el Departamento de Educación) cubra el gasto de la gasolina o provea al maestro de un carro para efectuar su labor. Además que la escuela pague un seguro choferil y un seguro con la Corporación del Fondo del Seguro del Estado en caso de accidentes laborales. “Aquí eso tampoco está muy claro, cómo es que se va a compensar por estos accidentes”, señaló.

Algunas de las preguntas sugeridas por la profesora en relación a lo anterior son: Yo me puedo quedar en mi casa dando clase pero ¿si yo me caigo en mi casa como yo le demuestro al patrono que ese accidente es laboral y no uno común y corriente? Si como maestra de escuela pública me dicen que tengo que llevarle contenido a mis estudiantes y tengo un accidente en el camino ¿cómo yo demuestro que estaba llevando cosas a mis estudiantes? ¿Cuál sería mi horario laboral? Si la mitad de mis cursos en línea son de 8:00 am a 3:00 pm ¿a qué hora le voy a llevar el material a la otra mitad de mis estudiantes? Son riesgos laborales que hay que discutir.

Mencionó también el caso específico de la sicóloga del recinto UPR-Arecibo que tuvo que utilizar su celular para atender a los estudiantes. Reclamó que no se utilizara parte de los fondos para proveerle un celular que pudiera utilizar específicamente para hacer su trabajo. Ahí viene el caso de otros docentes como trabajadores sociales, psicólogos escolares y orientadores.

Otro asunto que no deja de ser importante es que aquellos profesores que no estaban certificados para dar cursos en línea tuvieron que coger los cursos en línea en verano, algunos tomaron estos cursos en semana santa. Luego tuvieron dos meses para montar el curso. A pesar de que eso se les compensó con una cantidad de $1,600 que no se les va a pagar hasta diciembre, estos profesores trabajaron más en menos tiempo para traducir todo el material que daban presencial a las nuevas plataformas. Quiñones ya estaba certificada y ha ofrecido cursos en línea. Resaltó que a profesores y profesoras como ella les tomó todo un año montar un curso en línea.