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El director ejecutivo de la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU), capítulo de Puerto Rico, y la directora ejecutiva de la organización Kilómetro Cero destacaron que una reciente decisión del Tribunal Apelativo de Puerto Rico representa un buen indicio para que la Policía comience a cumplir con la reforma y a responder por acciones arbitrarias y el uso de fuerza excesiva.

La decisión en cuestión, emitida el 22 de junio por el panel integrado por los jueces Rodríguez Casillas, Romero García y Meléndez Miró, determinó que la inmunidad cualificada para los funcionarios públicos —incluidos los policías— no es automática, que los miembros de la Policía pueden ser demandados en su carácter personal y que en los tribunales de Puerto Rico se pueden llevar casos bajo la ley federal de derechos civiles.

La sentencia está relacionada con una demanda presentada por los familiares del joven Anthony Maldonado Avilés, quien fue asesinado en su casa en Jayuya por un miembro de la Policía en febrero del 2019. La madre del joven, quien padecía de epilepsia, había llamado a la Policía para que le asistieran en una crisis de este. Al llegar dos policías, uno de ellos resolvió la situación disparándole al joven por la espalda. Según lee la sentencia del Apelativo, ambos policías tenían historial de abuso conocido por sus superiores. Los hechos ocurrieron cuando la Policía estaba bajo el mando de Henry Escalera, quien es uno de los demandados.

El director de la ACLU, licenciado William Ramírez Hernández, indicó a CLARIDAD que este es un caso típico, que se puede ver tanto en la Isla como en Estados Unidos, en que la Policía “simplemente, cuando se trata de personas negras, pobres, la ruta más fácil para controlar una situación es meterle un tiro. Cuando hay una situación en que pueden utilizar otras maneras de neutralizar a las personas, no las utilizan”.

Amparada en la llamada inmunidad cualificada, como la Policía no responde por ese tipo de conducta, es más fácil usar el arma de reglamento. Para la ACLU lo importante de la decisión del Tribunal Apelativo es que esta es una temprana en el proceso judicial iniciado por los familiares, que se determinó que la inmunidad cualificada no es una automática y que se reconoce que en las cortes de Puerto Rico se puede llevar un caso bajo la ley federal de derechos civiles. Señaló que la mayoría de los tribunales de Puerto Rico no quieren ver estos casos y que entonces hay que ir al Tribunal Federal. También reconoció que no siempre los tribunales federales resuelven tan “fantásticamente, por lo que hay que tener otras avenidas para uno poder ventilar estos casos”.

Trajo a la atención que el caso, además, es una experiencia en que tribunales locales resuelven peor que en la Zona Metro. Narró que la jueza del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Jayuya hizo lo que la ACLU esperaba, desestimó diciendo que aquí no se podía demandar en los tribunales por violación de Derechos Civiles a los policías bajo la Ley federal US 1983. Ramírez Hernández aclaró que esta ley se hizo con el propósito de que las autoridades respondieran cuando mataban negros después de la esclavitud. La ley aplica ahora a muchas otras áreas y es la que se utiliza siempre en el Tribunal Federal. Tras la determinación del Tribunal de Primera Instancia, la ACLU acudió al Tribunal Apelativo, el cual resolvió a su favor. Este concluyó que la inmunidad cualificada no es algo que aplica de manera automática en todos los casos. En este caso, la jueza del tribunal en Jayuya había dicho que la inmunidad era una inmunidad automática.

Ramírez Hernández señaló que a raíz de las muertes de jóvenes negros y latinos, entre otras personas vulnerables, a manos de policías en EE. UU. se ha levantado un movimiento a nivel de la judicatura federal, así como por sectores de la sociedad para que se elimine esa defensa de la inmunidad cualificada. Describió que este es uno de los grandes obstáculos que enfrentan las personas que radican causas por violación de sus derechos civiles, lo mismo contra cuerpos policiacos como contra el gobierno en general.

En Puerto Rico, explicó, esta es “una nefasta defensa que priva a la ciudadanía de acceso a justicia contra los excesos de abuso de poder de un gobierno que todavía vive la guerra fría y contra las drogas según visualizada por el presidente Nixon y los gobiernos que le han seguido”.

ACLU se sale de la Reforma de la Policía

Uno de los aspectos que se menciona en la determinación del TA es que se ve que la Policía no está cumpliendo con la reforma. El licenciado Ramírez Hernández, reveló que la ACLU se retiró del proceso judicial que monitorea el cumplimiento de la reforma por discrepancias. Comentó que “ACLU entiende que si estaban dentro del proceso y no se les escuchaba y, por el contrario, le penalizaban por comentar algo, “entonces somos más efectivos fuera de ese proceso, fuera de ese proceso. Yo puedo decir lo que me da la gana; pero dentro del tribunal no. Y si el tribunal va a tomar medidas críticas contra nuestras opiniones en lugar de atenderlas, pues, no estamos siendo efectivos. Por lo tanto, tomé la decisión de salirnos del caso y seguir nuestro trabajo”.

Un buen indicio

En entrevista por separado, la directora ejecutiva de Kilómetro Cero, Mari Mari Narváez, expresó estar contenta con la determinación. “Creo que eso es importante para la rendición de cuentas de esos oficiales que actúan muchísimas veces muy al margen de las políticas que ellos están obligados a circunscribirse. Estamos hablando del uso de fuerza, de la vida de las persona”. El caso de Maldonado Avilés es uno de los primeros casos documentados por Kilómetro Cero.

Mari Narváez, recalcó en referencia a la decisión del Apelativo, que esta da un buen indicio del éxito que pueda tener la demanda presentada por los familiares, que en última instancia ahora es “el único recurso para que haya cierta justicia, cierta rendición de cuentas de oficiales utilizando sus armas de forma tan ligera y de manera ilegal, ya que contra una persona que está pasando por una crisis emocional no se supone que se utilice la fuerza letal si va aparecerse un policía en una situación intervención de esa naturaleza. A mí me consta que la Policía llegó e inmediatamente sacó el arma y apuntó. Me lo dijo el fiscal y lo leí en las declaraciones juradas”.

Insistió en que esta conducta por parte de la Policía es por completo contraria a las exigencias que se le hace, de que si llega a una situación de intervención en crisis se supone que trate de bajar la tensión con distancia física, respeto y estrategias no violentas de atender la situación. En este caso, el disparo fue por la espalda.

Reveló que en el último informe del monitor de la Policía se indica que se suponía que para el 2020 la Policía tuviese todo el programa de intervención en crisis a nivel nacional. A estas alturas todavía no está listo.

Ambos entrevistados coincidieron en apuntar que esperaban que la decisión abra la puerta para que los tribunales en la isla vean los casos de derechos civiles y, más aun, a que los policías lo piensen dos veces antes de usar su arma de reglamento, ya que se exponen a tener que responder personalmente por sus actos.

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El Frente Amplio de Camioneros de Puerto Rico ratificó su voto de asamblea permanente ante lo que denunció como una conspiración de la Cámara de Comercio y la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) con el apoyo de la Junta de Control Fiscal y el secretario del Departamento de Desarrollo y Comercio para eliminar el sistema tarifario del Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos y establecer un estado oligárquico con tendencia monopolística de índole comercial e industrial.

La declaración responde a que en estos momentos los camioneros se mantienen a la expectativa de la decisión que pueda tomar el Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre la petición del Negociado de Transporte para que deje sin efecto una decisión del Tribunal Apelativo de anular las tarifas temporeras aprobadas en diciembre de 2020. Según ese tribunal, las tarifas fueron anuladas porque supuestamente no se siguió el procedimiento de la Ley Uniforme para su aprobación. El negociado es representado por el Departamento de Justicia de Puerto Rico.

En tanto, MIDA demandó también al Negociado de Transporte en tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico con el mismo propósito de que se anulen las tarifas.

El Frente de Camioneros acudió al Tribunal Supremo como ‘amigos de la corte’ y ha solicitado ser interventor en el caso en la esfera federal. “Estamos peleando por todos los flancos. Esta gente se ha montado en la guagua de la Junta para que la clase obrera, en este caso los transportistas, no tengan un sueldo justo”, expresó a CLARIDAD, Carlos Rodríguez, secretario general del Frente.

Los camioneros se habían declarado en asamblea permanente ya en el mes de marzo, a raíz de que cuando las tarifas iban a ser puestas en vigor, la Junta de Control Fiscal le ordenó al Negociado que lo detuviera alegando que estas intervienen con el Plan Fiscal.

Rodríguez, indicó a CLARIDAD que la Junta tiene ante sí el reglamento tarifario, e incluso le pidió al Negociado más tiempo para evaluarlo. “Si la Junta está pidiendo más tiempo es algo que no afecta al plan fiscal, porque el camionero, el taxista o gruero no son parte del gobierno. La Junta no tiene ninguna injerencia en este asunto. Este ajuste tarifario no afecta a la economía. El aumento en el costo de los productos en su mayoría es el 60 % de un centavo, 20 % de un centavo. Lo que pasa es que los dueños de la carga nosotros vimos por donde venían. Llevan mucho tiempo anunciando con bombos y platillos no sé cuántos millones para la recuperación del país y yo veo que aquí estamos igual o peor. Es más, que estamos peor que con María porque ahora mismito no hay huracán y estamos sin luz”.

Denunció que lo que pretenden los empresarios es imponer el control total de los precios de los artículos sin ninguna fiscalización o casi ninguna fiscalización gubernamental. El sistema tarifario es provisto por la Ley #109-1962, según enmendada, y va dirigida a proteger a más de 40,000 concesionarios del NTSP.

Rodríguez alertó de que los empresarios, durante más de 15 años, han impuesto un sistema de tarifas paralelo al sistema tarifario establecido por ley. Dicho sistema paralelo tarifario establece unos contratos leoninos que fijan un pago menor al decretado por ley y reglamento. Considera que la actitud de estos grupos empresariales es someter a un estado de explotación y esclavitud a miles de camioneros, grueros, taxistas y otros sectores de la transportación pública mediante una tarifa diferente bajo la reglamentación del Negociado.

Rodríguez fue categórico al decir que los transportistas querían dejar absolutamente claro que la Junta no tiene jurisdicción sobre la propiedad privada de miles de camioneros, grueros y demás concesionarios del Negociado de Transporte y no puede ni debe tratar de eliminar el sistema de tarifas legalmente establecido. Aclaró que los 40 mil concesionarios del Negociado son empleados públicos.

Todavía queda en suspenso cuál va a ser la respuesta de la Junta de Control Fiscal en caso de que los tribunales se expresen a favor del Negociado, que es la postura que defienden los camioneros , de que las tarifas son validadas y hay que respetarlas. El representante legal del Frente, Rolando Emmanuelli Jiménez, señaló que el detalle es que la Junta dijo que no iba a pedir que se anularan las tarifas por ahora, pero que es obvio que va a esperar a que el tribunal termine los casos.

“Entendemos que la Junta no tiene nada que opinar, nada en este asunto. Es uno que no tiene ningún impacto fiscal y que es un exceso sobre los poderes que tiene la Junta. En el caso de que la Junta decida intervenir y anular las tarifas, los camioneros van a estar retando la decisión. Estamos en compás de espera tanto por los tribunales como por la Junta. Mientras, los camioneros se mantienen en asamblea permanente”, reiteró.