Confieso que en las muy pocas ocasiones en que utilicé ese vocablo “traidor” para referirme a Mario Vargas Llosa siempre me invadió una ligera, aunque molesta, sensación de incomodidad.

Estaba en presencia de un personaje veleidoso y narcisista como pocos.Había militado en el comunismo peruano en su adolescencia, luego saltó a la democracia cristiana y tras el triunfo de Movimiento 26 de Julio adhirió a la Revolución Cubana. En 1967 comienza un lento crepúsculo ideológico que, sin embargo, sólo se convertiría en noche oscura después de 1971.

Hasta esa fecha sus declaraciones públicas –la famosa entrevista con César Hildebrandt de Mayo de 1971, incorporada a este volumen- en defensa de Cuba eran terminantes, me atrevería a decir ejemplares: “una sociedad más justa que cualquier otra sociedad latinoamericana” es la síntesis de su valoración de la Revolución Cubana.

Pero lo largo de esa década se produce una lenta y radical metamorfosis y se consuma su conversión al ideario neoliberal. Sus dos encuentros con Margaret Thatcher y Ronald Reagan dejaron huellas profundas en su conciencia política, marcando un antes y un después en su vida política.

No obstante, hay un hecho traumático que desencadena su odio, su resentimiento y su furia contra cualquier actor o proceso con signo izquierdista: el repudio de sus compatriotas que se inclinaron a favor de Alberto Fujimori en la crucial elección presidencial peruana de 1990. Durante buena parte de esa campaña electoral Vargas Llosa aparecía en todos los sondeos con amplia ventaja en las preferencias populares. Sus rivales más próximos eran el aprista Luis Alva Castro y, bastante más lejos, dos figuras de la izquierda como Henry Pease García y Alfonso Barrantes.

Mucho más abajo, en el desesperanzado pelotón del 1 % figuraba un ignoto ingeniero agrónomo peruano-japonés, Alberto Fujimori. Sin embargo, éste comenzó a separarse del resto, y a un mes de las elecciones ya contaba con el apoyo del 10 % de sus conciudadanos. En las últimas dos semanas su crecimiento fue astronómico, y cuando se contaron los votos de la primera vuelta logró colarse al balotaje alcanzando un absolutamente inesperado 29 % de los votos, contra un 33 % del escritor.

Eso fue apenas el “vestíbulo del infierno”, para utilizar palabras de Dante Alighieri, porque Vargas Llosa descendería sin retorno al averno el 10 de Junio de 1990 cuando en el balotaje el “chinito” (así se refería despectivamente el escritor a su oponente) le propinó una paliza inolvidable cosechando el 62 % de los votos y consagrándose presidente del Perú. Poco tiempo después Vargas Llosa abandonaba el país, se instalaba en Madrid y, ante la posibilidad de que los rumores que aseguraban que Fujimori le quitaría la nacionalidad peruana fuesen verdaderos, optó por conseguir la nacionalidad española. Después de eso lo colmaron de honores, dinero, el Nobel, el marquesado, pero su resentimiento contra las peruanas y los peruanos que acabaron con sus ambiciones presidenciales no haría sino crecer y agriarse con el paso del tiempo.

Durante los siguientes 31 años el escritor fue un enemigo acérrimo de Fujimori, quien cumple en la actualidad 25 años de cárcel por delitos cometidos durante su mandato como presidente. Las acusaciones del escritor eran terribles. Dictador era el dardo más suave que le arrojaba; corrupto; ladrón; mafioso; padre de una constitución que facilita el despotismo y ahoga la democracia y las libertades.

La hija de Fujimori, Keiko, que deberá enfrentarse a Pedro Castillo en la segunda vuelta electoral, no quedó a salvo de las invectivas del novelista: participó, “de manera muy directa, beneficiándose de la dictadura, y está acusada por el Poder judicial de haber lucrado con la Operación Lava Jato, de la que habría recibido dinero, por lo cual el Poder Judicial ha pedido para ella treinta años de cárcel.” No sólo esto, como lo recuerda Diego Salazar en un artículo publicado por el Washington Post, en el Perú “llevamos casi dos décadas escuchándolos (al escritor y a su hijo Álvaro) decir cosas como: ‘Yo por (Keiko) Fujimori no voy a votar nunca. Creo que sería deshonroso que los peruanos reivindicaran una de las dictaduras más atroces que hemos tenido”.

Pese a estas circunstancias que lo impulsaron a “combatir al fujimorismo de manera sistemática” Vargas Llosa se hunde sin falsos escrúpulos en la deshonra y aconseja que en las próximas elecciones “los peruanos deben votar por Keiko Fujimori, pues representa el mal menor y hay, con ella en el poder, más posibilidades de salvar nuestra democracia, en tanto que con Pedro Castillo no veo ninguna.”

En principio no se trata de un cheque en blanco porque el escritor necesita salvar las apariencias estableciendo una serie de condiciones –que él sabe que Keiko no cumplirá- para apoyar a la hija del dictador. Así exige que ésta “se comprometa, en nombre de estas libertades públicas que dice defender ahora, a respetar la libertad de expresión, a no indultar a Vladimiro Montesinos, responsable de los peores crímenes y robos de la dictadura, a no expulsar ni cambiar a los jueces y fiscales del Poder Judicial, que han tenido en los últimos tiempos una actitud tan gallarda en defensa de la democracia y los derechos humanos, y, sobre todo, a convocar a elecciones al término de su mandato, dentro de cinco años.”

Volviendo al autor de La Divina Comedia hay que recordar que Alighieri reservó el círculo más gélido y lacerante del infierno a los traidores. El castigo que estos sufren en el noveno y último círculo es más doloroso que el de todos los demás; su pecado es superlativo, no sólo imperdonable. En el caso de Vargas Llosa habría que hablar de una insalubre propensión a la traición. Hoy reitera la misma actitud y quienes se sentían representados por sus feroces críticas y diatribas en contra del fujimorismo ahora leen, pasmados, que ante la “amenaza” de un triunfo de la izquierda, se pasa de bando con total impudicia y erige a la tan odiada y corrupta Keiko Fujimori como una suerte de Juana de Arco que salvaría la democracia en el Perú, mortalmente amenazada por el posible triunfo del maestro Pedro Castillo. Con esta pirueta el novelista consuma una doble traición: la originaria, a la izquierda, pero la actual, a quienes denunciaron o sufrieron los rigores de la dictadura y los crímenes del fujimorismo.

No conforme con el escándalo de su nueva traición cinco días más tarde, en una entrevista concedida a la revista Caretas de Lima el escritor lanzó una envenenada advertencia. A los ojos de la derecha peruana y latinoamericana ésta sólo puede ser descifrada como una solapada exhortación a apoyar un golpe de estado porque declaró que “si Castillo gana la segunda vuelta y establece el modelo cubano, no se puede descartar un golpe militar de derecha”.

Arrojando los escasos restos de su dignidad política y personal a los perros Vargas Llosa no sólo se lanza a los brazos del fujimorismo sino que, preventivamente, abre las puertas para considerar al “golpe militar” como un desenlace probable y para nada aberrante en el marco de una democracia. Peor aún, con su declaración el escritor no sólo “naturaliza” y legitima una posible ruptura del orden constitucional llamada a “corregir” el error de los peruanos al votar a Castillo sino que lanza un globo de ensayo para que sus compinches, en Perú y en el imperio, midan la respuesta de la sociedad ante tal eventualidad. Con su actitud Vargas Llosa confirma ese viejo dictum de la política latinoamericana que asegura que un fascista es un liberal asustado y que, sumido en el temor, se ha liberado de sus escrúpulos morales y es capaz de cualquier cosa.

¡Qué desgracia que un gran escritor como él se acerque al final de sus días hundido en las cloacas de la historia, clamando que sus otrora repudiados “espadones, matones, soldadotes, caudillos bárbaros ” tomen el poder por asalto para impedir el triunfo de un candidato de izquierda, o desalojarlo del gobierno en caso de que hubiera legítimamente llegado al Palacio Pizarro!

¿Y la democracia? ¡Bien, gracias, pero sólo si el pueblo vota correctamente! En caso contrario allí están los militares para corregir lo que la ciudadanía hace mal. Horrible involución de un fino escritor convertido en un ideólogo repugnante, como el peor de los malvados que protagonizan sus novelas.

Reproducido de www.cubadebate.cu

Por Guido Vasallo

El retiro de la reforma tributaria del presidente de Colombia, Iván Duque, no convenció a los miles de ciudadanos que volvieron a salir este domingo a las calles de las principales ciudades del país. Todos los partidos políticos, incluyendo al Centro Democrático, cuyo líder es el expresidente y mentor de Duque, Álvaro Uribe, se pronunciaron en contra de la iniciativa, que fue calificada como un «engendro» pero que el mandatario insistió en defender hasta las últimas consecuencias. Como era de esperarse, nada dijo Duque sobre las denuncias de abusos durante la represión policial que se multiplicaron en los últimos días.

Después de cuatro días de silencio, la Procuraduría General de la Nación reconoció que 14 personas fallecieron durante las masivas protestas, aunque investiga las circunstancias. En paralelo, organizaciones no gubernamentales elevan la cifra de muertos a 21. «El gobierno de Duque reprime de diversas maneras el derecho legítimo que tenemos los ciudadanos a protestas. Estamos siendo gobernados para que algunas personas sigan manteniendo sus privilegios, por eso los colombianos le estamos diciendo: ya no más», expresó en diálogo con PáginaI12 Óscar Yesid Zapata, miembro de la Fundación Sumapaz.

Rodeado de varios de sus ministros y de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, Duque le comunicó al país la retirada del proyecto «para evitar incertidumbre financiera» pero en ningún momento se refirió a las decenas de miles de personas que se manifestaron en los últimos cinco días para oponerse a esta iniciativa que buscaba ampliar la base tributaria y gravar con el IVA del 19 por ciento a los servicios públicos, entre otras medidas. «Es una derrota política para Duque y para Uribe, quien ha estado impulsando siempre estas reformas tributarias. Se da en medio de una crisis profunda de este gobierno que tiene que ver con la manera en que se ha agenciado la pandemia y la crisis social que ha seguido con ella», destacó el senador Iván Cepeda, del partido Polo Democrático Alternativo.

Miles de colombianos volvieron a las calles el domingo para seguir manifestando otros reclamos al gobierno nacional. «Hemos logrado uno de los objetivos del paro, detener el proyecto de reforma tributaria, pero aún nos queda la reforma a la salud, la reforma a las pensiones, las postergadas medidas que debieron dar continuidad a los Acuerdos de Paz», señaló el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) en un comunicado. Por su parte, Zapata destacó que «la gente se sigue movilizando porque está cansada, tiene un cansancio acumulado de los últimos gobiernos en el país que nos están empobreciendo, están recortando los derechos y las libertades de las comunidades».

El pueblo colombiano tumbó la reforma tributaria y va por más

 En ciudades como Medellín, Pasto, Villavicencio o Santa Marta y en municipios más pequeños, cientos de manifestantes volvieron a ocupar parques y activar cacerolazos espontáneos. A las 15 horas del domingo ya habían llegado miles de manifestantes (muchos de ellos en bicicletas o motos) a la histórica plaza de Bolívar, en el centro de la capital. Las protestas también llegaron hasta la casa del presidente Iván Duque, cuya popularidad araña un escaso 33 por ciento.

También continuaban las movilizaciones en Ibagué, capital del departamento de Tolima, donde un joven de 19 años identificado como Santiago Murillo murió el sábado por la noche por una herida de bala en el tórax. Testigos afirmaron que el disparo que hirió a Murillo fue efectuado por un policía. El miércoles pasado murió otra persona en el primer día de protestas en Cali, por lo que esa ciudad fue puesta bajo control militar. El gobierno decidió enviar allí más de 700 soldados, 500 hombres del temido Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y 1.800 policías. «Lo que ha ocurrido son hechos realmente pavorosos. En algunos lugares se han apagado las luces y empezaron las balaceras, prácticas que no es exagerado tildar de terrorismo de Estado», dijo el senador Cepeda.

El ministerio de Defensa dio a conocer el que hasta el fin de semana era el único balance oficial sobre la represión de las protestas: apenas reconoció un civil muerto, 209 policías heridos y uno fallecido, y 203 detenciones. El titular de la cartera, Diego Molano, apeló a un argumento típico de los gobiernos uribistas al afirmar que se produjeron disturbios orquestados por «organizaciones criminales», entre las que se encuentran disidencias que no se plegaron al Acuerdo de Paz firmado con la exguerrilla de las FARC en 2016.

Sin embargo, la Procuraduría General de la Nación señaló el domingo que los cinco días de manifestaciones «arrojan un saldo trágico de 14 muertes». La entidad pidió recabar pruebas, adelantar investigaciones y entregar resultados sobre las violaciones de derechos humanos que se llevaron a cabo durante las marchas, «en especial de todas aquellas relacionadas con casos que involucran víctimas mortales».

 Al silencio del gobierno frente a las víctimas se sumó el de organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA). «La OEA es muy diligente cuando se trata de pronunciarse contra Venezuela, pero no hemos escuchado una sola palabra ante hechos como los que están ocurriendo en Colombia», destacó en ese sentido Cepeda.

La organización colombiana de derechos humanos, Temblores, documenta hasta el momento 940 casos de violencia policial. “En las últimas horas, nuestro equipo ha trabajado rigurosamente para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que los miembros de la Policía, de manera deliberada y premeditada, asesinaron a al menos 21 personas en medio de las protestas convocadas a lo largo y ancho del país”, indicó Temblores.

La ONG también indicó que a través de la plataforma Grita, con la que busca facilitar las denuncias ciudadanas, se registraron 672 detenciones arbitrarias, 12 víctimas de agresiones oculares, 30 casos de disparos de armas de fuego y cuatro víctimas de violencia sexual desde el miércoles 28 de abril al primero de mayo.

Lejos de disminuir el poder represivo, el presidente Duque aseguró el sábado que la «asistencia militar» se mantendrá hasta que «cesen los hechos de grave alteración del orden público» y que ésta será coordinada con alcaldes y gobernadores. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, fue una de las primeras en rechazar la militarización de la ciudad desde su cuenta de Twitter: «La movilización pacífica fue mayoritaria y vibrante en Bogotá; algunos actos vandálicos aislados obligaron a la intervención policial y nuestra policía tiene la situación bajo control; no se requiere, ni he solicitado, ninguna militarización».

Alerta frente a la posibilidad de nuevos incidentes en las calles de Colombia Luis Alfonso Castillo, vocero del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), celebró el retiro del proyecto de reforma tributaria pero llamó a la ciudadanía a «no bajar la guardia y exigir en las calles la construcción de una paz con dignidad». Castillo le dijo a este diario que el traspié de Duque «se constituye en una victoria del pueblo colombiano, pero es también una convocatoria a continuar las movilizaciones, exigiendo respeto y garantías a los derechos humanos y al derecho a la vida, para que termine el asesinato de líderes y lideresas sociales, así como de los firmantes del Acuerdo de Paz frente a un gobierno que no es capaz de escuchar la voz de la ciudadanía».

Reproducido de www.pagina12.com.ar