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Organización Mundial de la Salud: La pandemia está lejos de terminar

 

Este lunes, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertó que la confusión y la complacencia para enfrentar la Covid-19 resulta en que la pandemia está lejos de terminarse.

“Nosotros también queremos ver la reapertura de las sociedades y las economías, y la reanudación de los viajes y el comercio”, dijo Ghebreyesus en una conferencia de prensa.

“Pero en este momento, las unidades de cuidados intensivos en muchos países se están desbordando y la gente está muriendo, y es totalmente evitable”, continuó.

El representante de la OMS explicó que durante los meses de enero y febrero de este año se vivieron semanas consecutivas de decrecimiento de las cifras de contagios, no obstante, “ahora tenemos días consecutivos de incremento y un mes de más fallecidos en todo el orbe”, enfatizó.

“La pandemia de la Covid-19 está muy lejos de terminar. Pero tenemos muchas razones para el optimismo. La disminución de casos y muertes durante los dos primeros meses del año muestra que este virus y sus variantes se pueden detener», añadió.

La crisis sanitaria provocada por el coronavirus SARS-CoV-2 llegó a un “punto crítico” con infecciones que se incrementan de forma exponencial, como señaló en rueda de prensa la responsable técnica de la OMS en la lucha contra el virus, María Kerkhove. Según la responsable, solo si se toman las medidas necesarias, el virus puede quedar controlado en “unos meses”.

“Estamos en un punto crítico. La trayectoria de la pandemia está en plena expansión, crece de forma exponencial”, subrayó.

 “No es la situación en la que queremos estar 16 meses después del inicio de la pandemia, cuando disponemos de medidas de control eficaces”, acotó.

“El distanciamiento físico, las mascarillas, lavarse las manos, ventilación, vigilancia, pruebas, rastreo de contactos, aislamiento, cuarentena de apoyo y atención: todos funcionan para detener las infecciones y salvar vidas”, insistió el director general de la OMS.

Por su parte, el asesor de la OMS, Bruce Aylward, respecto a las vacunas anticovid expuso que el organismo está en la fase final de evaluaciones de dos de los candidatos chinos, Sinovac y Sinopharm. “Esperamos tener resultados para comienzo de mayo”, resaltó.

Sobre este particular, Kerkhove insistió en que los trabajadores de salud deben tener prioridad para recibir los inmunizantes, sin distinción de donde laboren.

 Finalmente, Tedros Adhanom recordó que su organismo no desea confinamientos interminables, al tiempo que aseveró que esa normalidad puede volver con el esfuerzo conjunto de los países para aplicar medidas y vacunar, de forma que se contenga la pandemia en cuestión de meses.

La pasada semana, explicó preocupada, el número de casos se incrementó un 9 por ciento a nivel mundial,al tiempo que las muertes crecieron un 5 por ciento.

Ramsey Clark en la memoria

 

Ricardo Alarcón de Quesada

La noticia sobre su fallecimiento no causó sorpresa pues se sabía que su salud declinaba afectada además por pérdidas familiares irreparables. Pero la muerte de Ramsey Clark es fuente de dolor y sufrimiento para muchos en muchas partes del mundo.

Su trayectoria desde la década de los Sesenta del pasado siglo es de admirable integridad personal y de fidelidad a los principios que lo convierten en una de las personalidades más respetadas del movimiento progresista norteamericano.

Fiscal General de Estados Unidos durante la Administración de Lyndon B. Johnson fue pieza clave en la aprobación y aplicación de la Ley de Derechos Civiles paso decisivo para eliminar la discriminación contra los afroamericanos en materia electoral. Acompañó a Johnson también en sus medidas para asegurar servicios de salud asequibles para todos. Ambos temas fueron banderas que los “liberales” levantaron pero con manos cada vez más vacilantes mientras que su eliminación se ha convertido en prioridad para Trump y sus seguidores.

Ramsey por su lado se convirtió en punto de referencia para quienes no abandonaron los ideales de libertad y verdadera democracia.

Se opuso a la guerra contra el pueblo vietnamita al punto de que el Presidente lo excluyó del Consejo de Seguridad Nacional pese a que su participación en esa instancia se derivaba del alto carga que desempeñaba.

Fuera ya del Gobierno Ramsey libró una batalla incansable para detener esa agresión que generó la movilización creciente no sólo en su país sino en todo el mundo y en cuyo despliegue él contribuyó como pocos. No sólo con discursos y declaraciones. De especial significación fue su presencia física, personal, en la tierra vietnamita violando abiertamente la prohibición oficial de Washington.

Tenía una capacidad de trabajo excepcional y entregar solidaridad fue para él una misión a la que se dio por entero. Ninguna causa le fue ajena.

Es grande la deuda que con él tenemos los cubanos. Nuestra causa fue también la suya. Su voz se alzó una y otra vez para denunciar el bloqueo y la guerra que el Imperio nos hace en todos los terrenos.

Fue decisiva su participación en la campaña para liberar a Elián González y en la dura, compleja y prolongada brega para la liberación de nuestros Cinco Héroes. Personalmente mientras viva le agradeceré su ayuda y desde el fondo de mi corazón le digo Gracias por todo querido amigo, hermano, compañero.

100 días, la vida sigue igual

 

CLARIDAD

“La Secretaria de Educación tiene la confianza del Gobernador”, reza un comunicado de prensa enviado de la oficina de Pedro Pierluisi. El día anterior al comunicado el diario El Nuevo Día había publicado un reportaje sobre la red de guisos que, en solo unos meses, la secretaria Elba Aponte ha montado en el Departamento de Educación. Después de conocerse lo que el diario llamó una “red de influencias”, no debe sorprendernos que el gobernador se apresurara a confirmar su apoyo en la denunciada. Aunque ésta termine renunciando en los próximos días, antes o después de que el Senado rechace su nombramiento, Pierluisi quería dejar claro que en su administración la vida sigue igual. Todos los que ya están guisando, o los que empezarán a guisar a partir del próximo 1ro de julio con el nuevo presupuesto, pueden estar tranquilos.

La declaración desde Fortaleza añade, a modo de justificación, que la información sobre la “red de influencias” es producto de “fuentes”, queriendo decir que no está confirmada. Pero ¿acaso no corresponde a ellos efectuar la investigación antes de reiterarle el apoyo irrestricto a la funcionaria señalada? A diferencia de un medio de prensa, con una llamada el gobernador puede confirmar si lo divulgado es correcto.

Lo que descubrió la investigación periodística es tan común como andar a pie. Los hijos de la casa, que además de un “servicio” ofrecen convertirse en soldados a las órdenes de la Secretaria, obtienen contratos como “asesores” o “consultores”. Ellos y nosotros sabemos que la “asesoría” a ofrecerse es de “boberías”, para copiar la palabra que dijo uno de esos “asesores” hace más de 20 años, en los tiempos del primer Rosselló.

Los primeros que llegaron a Educación son los soldados de fortuna, mercenarios, que quedaron sin pega tras las últimas elecciones, como el que era superintendente del Capitolio, José Gerón Muñiz, mejor conocido como “Geroncito”. A este no se le conoce profesión ni destreza, pero, soldado al fin, siempre está listo para actuar en cualquier teatro de operaciones, ya sea donde se hacen leyes o se educan niños. Tras la salida de Rivera Schatz de la presidencia del Senado, Gerón movió su tropa desde Puerta de Tierra hasta Hato Rey.

A la educación de nuestros menores también migró el exalcalde de Arecibo, Carlos Molina, tras quedar derrotado el pasado noviembre. Como es una persona tan culta – ¿recuerdan cuando escribió “Gayuya” en lugar de Jayuya? – creó de inmediato una firma de “consultoría” y fue volando a Educación a ofrecer sus servicios.

El Departamento de Educación siempre ha sido la joya de la corona, no por su importancia para el País, sino por el presupuesto que maneja. Por mandato constitucional una porción significativa del presupuesto tiene que dirigirse a la educación pública, que también se beneficia de asignaciones federales. La persona que dirije ese Departamento maneja un presupuesto de casi cuatro mil millones de dólares, que da para muchos guisos.

En otras dependencias del gobierno debe estar ocurriendo lo mismo, aunque en menor escala porque allí el pote es más reducido. Para conocer esos otros guisos habrá que esperar por futuras investigaciones periodísticas porque las agencias encargadas de investigar la corrupción están muy ocupadas tapándola. Ética, Justicia y el FEI son los llamados, pero ya el jefe mayor, Pierluisi, les advirtió que los guisos no se investigan.

Una de esas agencias que, en el papel, debe combatir la corrupción pública, la Oficina del Fiscal Especial Independiente, produjo otra noticia indicativa de que la vida sigue igualtras los primeros cien días de Pierluisi. Resulta que hasta allí llegó un referido contra funcionarios públicos que, como ha sido la norma, utilizan sus cargos para gestionar aportaciones políticas de personas y empresas que se supone supervisen. En particular, la investigación se centraba en la Junta Reglamentadora de las Comunicaciones donde su directora, Sandra Torres, presionaba a empresarios de esa rama para que aportaran a la campaña del exgobernador Ricardo Rosselló.

Sandra Torres era sólo parte de una red, a cuya cabeza estaban un grupo de la mayor confianza política, que se dividía las oficinas del gobierno para sus operaciones. Comunicaciones estaba bajo Kathy Erazo, un cuadro político que ha estado toda su vida enchufada como “contratista”, por lo que Torres recibía órdenes de ella. Hace unos días supimos que, para presentar cargos contra Torres, los del FEI le dieron inmunidad a Erazo, quien sólo comparecerá como testigo de cargo. Como vemos, para procesar al ejecutor de un crimen se le da protección a quien lo manda a cometer. El soldado que disparó podrá ir a la cárcel gracias al testimonio de quien ordenó disparar.

Lo anterior pudiera parecer una anomalía, pero no lo es cuando se trata del gobierno isleño. Erazo tiene una “familia” que la protege. El padre de sus hijos es Charlie Rodríguez, expresidente del Senado y, a su vez, eterno enchufado de la teta pública. Como sucede con algunas “familias” italianas, todos los Rodríguez – Erazo se protegen. A ellos se une, por filiación, uno de los más sonados vividores de los últimos tiempos, Elías Sánchez, ex jefe de campaña de Rosselló II, su apreciado yerno.

Mientras el FEI procesa a la sardina con la ayuda del tiburón, los guisos en Educación y en las otras dependencias púbicas siguen su curso. El gobierno de Pedro Pierluisi lleva 100 días y ya sabemos como será el resto. La vida sigue igual.

 

 

Mirada al País: Llegó para quedarse

 

Especial para CLARIDAD

 

Hay expresiones de uso bastante común  que suelen antojárseme como malos augurios. Una de éstas, “Llegó para quedarse”, es muy utilizada en estos días pandémicos para referirse a un conjunto de prácticas de emergencia relacionadas con mascarillas, pruebas diagnósticas, vacunas, educación en el hogar y trabajo “en línea”. Todo aderezado por un distanciamiento físico generalizado que, en no pocas ocasiones, ha degenerado en distanciamiento social. ¿Por qué malos augurios? Porque en muchas instancias del pasado tal expresión ha servido como mecanismo para eludir el enfrentamiento con las causas de numerosos problemas sociales y para entronizar reglas adversas a la sana convivencia. Muchas veces se queda lo que no debe quedarse. Permítaseme, a manera de ilustración, un ejemplo alejado del campo de la salud y de la pandemia.

Hace muchos años comenzó el cierre de urbanizaciones y de condominios protegidos por guardias privados lo que, sin lugar a duda, puede considerarse como respuesta lógica a la amenaza de la criminalidad y como búsqueda razonable de cierta tranquilidad y privacidad hogareña que yo, por cierto, atesoro. Allí no radica el problema. Recuerdo que uno de mis tíos, agricultor yaucano  amante de los espacios abiertos, señaló en tono crítico: “Esto llegó para quedarse. Ya veremos qué pasa con la criminalidad”. Pues la criminalidad también se quedó.

El encerramiento protege. ¿Qué duda cabe? No obstante, sucede como con las trincheras: protegen pero en ellas no se ganan las guerras. Incluso, como le pasa al que se arropa y se tapa hasta la cabeza para combatir el miedo, puede suscitar una falsa sensación de seguridad.

Por un lado se dan los cierres pero, por otro lado, la población ubicada fuera de ellos queda más expuesta; por un lado aumenta la sensación de seguridad de los que viven tras las verjas pero, por otro lado, se convierten en blanco de los maleantes que presumen que el que se encierra algo valioso esconde; por un lado aumentan los guardias privados pero, por otro lado, se reducen los policías públicos; por un lado se dice combatir la criminalidad pero, por otro lado, se alimentan los componentes que la estimulan como la distancia y la descomposición social, el desajuste valorativo, la desigualdad, la pobreza, la atrofia del mercado laboral, la cacería de rentas… La ilusión de seguridad y la complacencia erosionan la voluntad para confrontar efectivamente  tales males que terminan, como  huéspedes inoportunos, ocupando toda la casa.

Ahora, en el contexto de la pandemia, la llamada opinión pública parece regirse por parámetros similares. Son muchos los que afirman, con un entusiasmo que a mí me luce como síntoma de alguna forma de enajenación, que el distanciamiento, las mascarillas y las vacunas – que, huelga insistir en ello, protegen – llegaron para quedarse. Y claro, también habrá que acostumbrarse a la educación y al trabajo a distancia y, sobre todo, a la intensificación de su precariedad, proceso iniciado antes de la pandemia. Adviértase la correspondencia de estos patrones educativos y laborales, individualistas y hostiles a la socialización, con la doctrina neoliberal.

La pandemia ha puesto de manifiesto la urgencia de contar con un sistema integrado de salud, de disponer de mayor coordinación a nivel nacional e internacional, de establecer un servicio estadístico confiable, de fortalecer los servicios sanitarios primarios —  claves en tratamientos de primera instancia y en medicina preventiva – y de enfrentar  el gran reto de la degradación ambiental, foco de innumerables enfermedades y epidemias. No debe olvidarse que por allí comienzan las buenas costumbres higiénicas. Sin embargo, cuando se despeja el campo de la retórica hipócrita, se hace evidente que nada de esto es prioritario. ¿Desde cuándo está sobre el tapete el plan universal de salud? ¿Cuántas veces se ha insistido en definir una política para lidiar con los asilos o llamados hogares convertidos en almacenes o guetos privados para los viejos? ¿Cuándo, con o sin pandemia, han estado “preparadas” las escuelas públicas? El obstáculo a que se enfrentan las citadas vías de acción se resume en que no están íntimamente vinculadas a la lógica operativa del sistema, es decir, a los juegos mercantiles regidos por el lucro. Son contrarias al neoliberalismo.

La lógica operativa del sistema no se interrumpe ni en tiempos de crisis ni en medio de las pandemias. Todo lo contrario. Se activa. Como dicen sus portavoces:”Hay que aprovechar cada oportunidad”. ¿Recuerdan el incidente con las pruebas? ¿No han notado que últimamente se siente, con o sin mascarilla, un desagradable y creciente tufo a privatización?

Recientemente, en una conocida revista de negocios, se publicó un elocuente artículo en el que se acusa el uso de tal lógica en una transacción mercantil de vacunas (Bloomberg Businessweek, “Vaccine Capitalism”, 8 de marzo de 2021). Los protagonistas de la transacción fueron, en sus propias palabras, “dos amigos”: Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y Albert Bourla, presidente de la farmacéutica Pfizer. En síntesis, Pfizer suspendió sorpresivamente unos embarques de vacunas a lugares particularmente golpeados por la pandemia, como Italia, y los desvió hacia Israel. Se alega que el gobierno de este último pagó el doble por dosis de lo que paga el gobierno de Estados Unidos, a lo que se sumaron “otros acuerdos”. Demás está decir que a este incidente se suman muchos más. Los tentáculos de Bourla, y con ellos ganancias multimillonarias para Pfizer, han llegado a más de sesenta países. Concluye el artículo: “…llegará un día en que se le haga la autopsia a la pandemia y una pregunta central pudiera ser cómo una sola compañía logró semejante poder sobre tanta gente”.

 

Son muchos los extremos de la pandemia que merecen un mejor escrutinio, desde el manejo de las estadísticas hasta las transacciones de pruebas, mascarillas, vacunas, hospitalizaciones, tratamientos y tantas otras cosas. Ha prevalecido el oscurantismo medieval – prédica de terror y sentido de culpa — sobre la información y la educación, ingredientes básicos de buenas políticas. Claro está, valga estipular la incertidumbre provocada por un virus desconocido que se ha propagado rápidamente por todo el planeta,   acompañado de variantes o mutaciones junto a una carrera por vacunas no exenta de tensiones políticas y de polémicas de variada índole. No ha sido ni es el mejor de los escenarios.

 

Desafortunadamente, sospecho que la citada autopsia pandémica, por más que se necesite acá, allá y más allá, no se realizará. Para encontrar explicaciones a tal inacción  no hay que rebuscar en las absurdas teorías conspirativas acuñadas por los que tienen una extraordinaria y fecunda imaginación. Se trata, simple y llanamente, de la lógica operativa del sistema vigente, en el que suele enredarse lo bueno con lo malo. Como resultado,  se elude realizar las transformaciones de fondo que se necesitan en el campo de la salud – poderosos intereses ($$$) por todos conocidos lo impiden — y, a la misma vez, se termina cargando con un pesado baúl repleto de cosas inútiles, instituciones fallidas y agobiantes patrones de conducta. Y todo bajo el velo de la fastidiosa consigna conformista, “Llegó para quedarse”.

 

 

 

 

 

¡Ten cuidao, jíbarito, que te lo roban to!

(1ra.parte) 

CLARIDAD

 Discriminatorias, injustas, humillantes, hasta competencia desleal dirigida a  arrinconar a los y las puertorriqueñas en su propio suelo, eso es lo que son las Leyes 20 y 22. Ambas aprobadas por la administración de Luis Fortuño.

En entrevista, la economista Marta Quiñones Domínguez explicó que se supone que el propósito de la Ley 20 es atraer inversionistas para fomentar las exportaciones en Puerto Rico. Con ella se busca que vengan empresarios a la isla para que desde aquí exporten sus servicios  hacia Estados Unidos. La persona no tiene que  haber vivido o vivir en la isla para acogerse a ese beneficio contributivo, aunque sí hay empresarios puertorriqueños que se han acogido a la ley. Para ello, lo que han hecho es poner una oficina en Estados Unidos  y solicitar desde esa ubicación. El beneficiario de la Ley 20 paga un 4 % sobre sus ganancias de  exportación.

 Si se compara esta tasa de impuestos con lo que pagan otras empresas en la isla que no están acogidas a esa ley, se ve entonces lo injusta y hasta parcializada que resulta  la Ley 20. La ley no hace justicia a los empresarios que fabrican, venden o dan servicios en Puerto Rico, porque que estos  pagan impuestos de las tarifas regulares. A juicio de Quiñones Domínguez, ese es uno de los elementos que tiene que mejorarse de la Ley 20 y la Ley 71, ya que el nivel de impuestos a pagar debería ser equitativo a todos los empresarios en el país, independiente de si exportan o no. Por ejemplo, a un agricultor que vende su producción en la isla no le aplica la Ley 20, pero si vende su producción exclusiva a EE. UU., con lo que desvía su ganancia hacia EE. UU., no paga impuestos en ninguno de los dos países. Esto representa una competencia desleal para el que mantiene toda su operación en la isla.

 El razonamiento de esa ley, explicó Quiñones Domínguez, es que supuestamente había que aumentar los niveles de exportación de Puerto Rico. El problema es que no reconoce las diferencias que representa la producción y exportación en una isla pequeña versus un escenario mayor, y aunque la mayoría acogidos a la ley son servicios profesionales, comoquiera, representa una competencia desleal.  Censuró, de paso, que mientras, el Gobierno aquí contrata empresas del exterior como, por ejemplo, LUMA y HMS Ferries.

 “Esa es la parte ideológica, y los contratamos mucho más caros que las contrataciones aquí en Puerto Rico. Son contradicciones de la colonia que hay que superar. La ley aplica desde investigación y desarrollo; ejemplo, aplica a los Monsanto de la vida. Y ahí vemos la otra cara perversa. El agricultor de Puerto Rico que da un servicio para mejorar la producción de la isla, ese no está cubierto”.

 La economista recomendó que la ley aplique a los empresarios puertorriqueños. No obstante, recordó que está siendo cuestionada por el Servicio de Rentas Internas de EE. UU. Comentó que allá se deben estar preguntando cómo es posible que unas personas que quieran ser parte de ese país hagan una trampa tan grande cuando Estados Unidos necesita los impuestos para dar servicios, como todos los países.

 Por si no fuera suficiente, la Ley 22 es la peor porque esta es exclusiva para gente que tenga dinero y venga a la isla a comprar una propiedad.  La ley otorga una exención de 100 % sobre los ingresos pasivos, sobre las inversiones y en cuanto a las ganancias de capital a largo plazo. Estos beneficios, independiente de que provean o no beneficios a Puerto Rico, cobija a los individuos hasta el 1 de enero de 2036.  “Esos eran los 100 inversionistas que dijo Fortuño que iba a traer a invertir en Puerto Rico. El problema es que esa inversión en la que ellos van a comprar y contratar gente en Puerto Rico, eso lo hacemos todos”.

 Quiñones Dominguez denunció que lo más perverso que está pasando es que está viniendo gente por la Ley 22 a comprar tierras a la isla y no les están aplicando la ley de los 500 acres. “Están comprando montones de terrenos, vienen con la excusa de que son  para producir productos orgánicos, desplazan al joven agricultor puertorriqueño que está tratando de impulsar esa línea en la isla y los desplazan. Es lo peor: o eres empleados de ellos o sencillamente te eliminan”, afirmó.

 Los millonarios y los multimillonarios

Por otra parte, un  estudio realizado por la firma Estudios Técnicos, Inc.,para el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Desempeño de Programas de Incentivos Ley 20 y ley 22 de 2012, reveló que entre el 2015 y mediados de 2019 se habían otorgado1,680 decretos por la Ley 20. De todos estos decretos, el 35 % fue a empresas locales. Según el informe, los impactos económicos de la ley a los ingresos fiscales fueron significativos, al totalizar $210 mil millones.  El promedio de los trabajos apoyados por este decreto fue de 8,257 empleos directos, con un ingreso de alrededor de $36,000 anual.

Sobre estos datos, Quiñones Domínguez apuntó que si bien es cierto que hubo ese movimiento de capital, en la medida en que venden más, se va a pagar más impuestos y se va a traer esa ganancia a la isla, pagando ese 4 %. Ahí es que se ven los beneficios. Pero objetó una vez más que solo el 35 % de estas empresas son puertorriqueños que no pueden competir con las empresas estadounidenses, que  siguen vendiendo sus servicios fuera y solo pagan el 4 %. El problema sigue siendo en dónde se queda la ganancia.

 En cuanto a los datos de la Ley 22, entre el 2015 al 2019, se otorgaron 2,202 decretos y otros 410 entre 2012 a 2014; un total de 2,612. Un 35 % de los beneficiarios de esta Ley 22 inició negocios en la isla bajo la Ley 20. La inversión total en bienes raíces de los acogidos a la Ley 22 se estimó en $1.3 mil millones entre el 2015 y 2019. Según los datos del estudio, las inversiones de capital planificadas se estimaron en $678 millones. Hubo $141 millones en consumo directo de bienes y servicios y el 68% compró una propiedad en la isla. El costo fiscal, es decir lo que le costó al pueblo de Puerto Rico conceder esas exenciones,  se estimó en $29 millones por un solo año, el 2019.

Entre el 2015 y mediados de 2019, los agraciados con la Ley 22 generaron $1.3 mil millones en inversiones inmobilarias, quiere decir, en la compra de propiedades, y el impuesto derivado de la propiedad rondó los $8.8 millones.

 En cuanto a la procedencia de los beneficiarios, el estudio dice que se concentran en California, Florida, Nueva York y Texas. Los municipios con más beneficiados son San Juan y Dorado.

 En una observación que resulta algo cínica —para esta periodista—, el estudio dice que es “una gran idea errónea” creer que las personas beneficiadas con la Ley 22 son “súper ricas”, ya que el 82 % de ellos tienen un patrimonio de menos de $10 millones. En un país donde el ingreso familiar promedio es de $19, 775, como precisa el mismo Estudios Técnicos, y el 50 % de las familias vive bajo los niveles de pobreza, cualquiera que tenga  $10 millones de dólares como patrimonio es rico. El que solo un 4 % de los beneficiarios tenga un patrimonio neto de más $50 millones, no subsana el hecho de que la ley constituya un privilegio arbitrario.

 Considerar, como plantea el estudio, que puertorriqueños en Estados Unidos con un patrimonio neto de más de $1 millón consideren la Ley 22 para reubicarse en la isla es equivocado. Esta continúa siendo un privilegio para los que tienen dinero, sean o no sean puertorriqueños.

 La profesora Quiñones Domínguez coincidió con que de todas maneras las personas que se benefician de esa ley son más ricos que la mayoría de la gente en Puerto Rico. “Comparado con los ingresos que recibimos en la isla, para nosotros sí son millonarios. Lo mismo sucede con los que invierten en bitcoins cuando 10 mil dólares es el salario de muchas familias en la isla”.

 En cuanto al raciocinio o justificación de que la ley tenga un plazo de 23 años, comentó que esta parece estar  atada a la deuda, incluso hasta la misma Junta de Control Fiscal (JCF)  se supone que sea por 20 años.

 Al inicio de esta sesión legislativa, la senadora por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) María de Lourdes Santiago, radicó la resolución RS 40 con el propósito de derogar ambas leyes. La resolución fue referida a la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y la Junta de Supervisión Fiscal del Senado.