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Incierto el comienzo del semestre escolar 

 

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Mientras la gobernadora adelantó que esta semana dará a conocer, junto al Departamento de Educación (DE), el plan para este próximo año escolar, a las organizaciones magisteriales y a los directores escolares se les mantiene totalmente marginados de los procesos de los supuestos preparativos.

Representantes de grupos magisteriales y de directores escolares entrevistados coincidieron en denunciar que el secretario del DE, Eligio Vélez Hernández, se niega a escuchar y atender las preocupaciones y sugerencias de los maestros y los mantiene en suspenso de cómo y cuándo dará inicio el año escolar.

El día antes de las declaraciones de la gobernadora, la presidenta de la Asociación de Maestros (AMPR), Elba Aponte Santos, confirmó a CLARIDADque lo único oficial que conocían por parte del DE era que esa semana los directores habían comenzado a abrir las escuelas, pero que aún no se sabe cuándo comenzará el calendario escolar.

Sobre el inicio para los estudiantes, señaló que la Asociación apela a la apertura de las escuelas. “Para nosotros es importante que se vayan abriendo las escuelas, que se vaya haciendo limpiezas profundas, estableciendo lo que es el protocolo, que los maestros cojan las orientaciones y que, en primera instancia, se coordinen los módulos instruccionales educativos respondiendo a la unidad de cada grado, que es lo que les compete cuando inician el curso”.

No obstante, indicó que la apertura debe estar sujeta a que las escuelas tengan los aspectos sanitarios establecidos, como enfermeras escolares, conserjes; grupos pequeños, no mayores de ocho; la alternación de días, como lunes, miércoles y viernes, y que los primeros que comiencen a tiempo completo sean los estudiantes de educación especial y los niños de kínder, que son los más afectados porque no saben ni leer. “Pero no se ha recibido nada oficial de parte del secretario. Todavía no ha discutido ni con los padres qué es lo que va a ocurrir. Hay mucha incertidumbre, mucha interrogante, y el tiempo va corriendo”.

A la falta de información sobre cómo será el próximo semestre se le une la inseguridad de muchas maestras y maestros a ser declarados “maestros excedentes” o “maestros disponibles”. Al finalizar las clases en mayo, semanas después, el DE declaró a más de mil docentes como “maestros excedentes”. Aponte Santos reclamó que gracias a las gestiones de la Asociación se ha logrado revertir 600 de estas declaraciones, pero que todavía hay alrededor de 700 maestros declarados disponibles, lo que está en el proceso de quejas y agravios.

La líder magisterial argumentó que el DE debió de haber dejado la misma plantilla de maestros en las escuelas, incluidos los transitorios. Ahora se enfrenta a una situación extraordinaria y se va a necesitar tener un equipo más completo. Pudo evitar que pasara lo mismo que pasa todos los años, que una vez comenzado las clases se necesitan maestros.

La mayoría de los maestros declarados excedentes o disponibles, son de los grados de

cuarto a sexto y de las materias electivas como Arte, Música y Educación Física. Aponte Santos denunció que esta práctica del DE se viene dando en las últimas décadas en aras de querer ahorrar en los presupuestos quitándoles recursos a los niños. Aunque el DE no lo reconoce y las razones principales que da es la merma de matrícula —cosa que saben que en ocasiones es falso— hay otras necesidades en otras escuelas y hay otros recursos de electivas.

En cuanto al cierre de escuelas, la presidenta de la Asociación reconoció que ese movimiento por el momento no se ha dado. No obstante, declaró que estaban en alerta de que el DE aprovechara la situación de las escuelas declaradas no aptas luego de los terremotos para cerrarlas, en particular en el área sur. “Nosotros estamos muy pendientes de que se rehabiliten las escuelas. Hay varias acciones que vamos a estar tomando para ese reclamo”. Aseguró que el dinero para la reparación existe y que es cuestión de esfuerzo y concentración por parte del DE.

El Secretario se niega a reunirse con grupos magisteriales

“Hasta el momento, los maestros no hemos tenido ninguna comunicación oficial por parte del Departamento. No solamente no la hemos tenido, sino que no tenemos ni idea de cómo comenzaríamos”, afirmó en entrevista por separado Migdalia Santiago, presidenta del grupo Educamos. Recordó que cuando el secretario dio el anuncio del cierre del año escolar en mayo dijo que la escuela empezaría el 3 de agosto. Luego, tras el anuncio de las primarias, en algún momento, Vélez Hernández dijo que tal vez las clases comenzarían el 19 de agosto. Pero oficialmente no hay ninguna comunicación sobre el modo en que se va a iniciar ni la fecha.

Educamos también expresó preocupaciónsobre la posibilidad de la reanudación de las clases presenciales ante la actividad sísmica, en particular en el área sur. Trajo a la atención que cuando se hicieron las inspecciones de las escuelas, tras lo temblores de diciembre y enero, el ingeniero Carlos Pesquera planteó que cualquier temblor que pasara por encima de los 5 grados de magnitud iba a implicar nuevas inspecciones de escuelas. Dado la continuidad de la actividad sísmica en medio de la pandemia, Santiago reconoció que el reinicio de las clases en las escuelas es una situación complicada.

En tono crítico añadió que no han visto ninguna inclinación de parte del secretario a reunirse con los representantes de los grupos magisteriales. “El secretario no se quiere reunir con nadie”. Santiago señaló que Vélez Hernández se reúne solo con la Asociación, a la cual acusó de organización patronal. “Imagínate, tenemos un protocolo que ya el DE negoció con la Asociación, que es el representante exclusivo que establece cómo va a ser el manejo de la pandemia cuando regresen a la escuela, y dice que, por ejemplo, los padres de los estudiantes serán los responsables de tenerles las mascarillas y el desinfectante de manos”. En el caso de los maestros, el protocolo dice que se les va a entregar dos mascarillas y desinfectante, pero no dice cada cuánto tiempo y ni el tamaño del desinfectante.

En cuanto a declarar maestros como recursos disponibles, Santiago coincidió en que parece que eso se ha detenido y que la mayoría de ellos son de las materias de Bellas Artes y Educación Física. Según explicó, la decisión de declarar un maestro como recurso disponible es tomada por la Oficina Regional. Una vez tomada la decisión, se le informa al director de la escuela. Hay directores que de inmediato dan la pelea y logran revertir la decisión, pero otros no lo logran. Atribuyó el concepto de “excedente” al cierre de las escuelas. Según la exsecretaria Julia Keleher cerraba escuelas, declaraba a los maestros “excedentes”.

Sobre el movimiento de escuelas chárter, aun cuando observó que era probable que a alguien se le ocurra estar interesado en adquirir una escuela chárter, es “gente pescando en río revuelto”. El hecho de que el pasado año el secretario dijera que se otorgarían dos mil dólares por estudiante, luego de que la exsecretaria hubiera dicho que se darían cuatro mil, ha desalentado a los privatizadores. “Por eso es por lo que el alcalde de Cayey, que estaba pendiente de la Miguel Meléndez Muñoz, y varios otros que estaban en el proceso, retiraron sus solicitudes. Pero este año hay mucho dinero en Educación y no sabemos si vuelven a ponerle el valor de cuatro mil pesos a cada muchacho”. Reparó además en que al presente el DE no ha dado el número de cuántas solicitudes hay de escuelas chárter para este año ni la información de cuántos vales educativos los padres han solicitado.

El sur también existe

El presidente del grupo Educadores Puertorriqueños en Acción (EPEA), Domingo Cabrera, quien reside en el área sur, también resaltó la falta de comunicación oficial por parte del DE y su negativa a reunirse con los grupos magisteriales.

“No hemos recibido ninguna comunicación oficial, solo comunicación verbal con algunos de los ayudantes del secretario; pero no hay una comunicación de cuál va a ser la posición que va a tomar el DE. El mismo secretario no tiene una seguridad de cómo van a iniciar el próximo curso escolar ni se ha ocupado de compartir sus impresiones con los grupos sindicales. Nosotros hemos estado solicitando reuniones para tratar de ayudar en el proceso. El interés es ofrecer recomendaciones. Estamos conscientes de que no todo lo que uno recomienda lo tienen que llevar a cabo. Por lo menos, hacer nuestras recomendaciones; si ya las tienen, pues, formidable. Nosotros lo que queremos es ayudar en este proceso que se necesita para que el sistema pueda reabrir y pueda reabrir lo más efectivo posible por el bien de nuestros estudiantes”, manifestó.

En el área sur, desde enero, luego de los terremotos, solo se ha reabierto una que otra escuela. Pero en los pueblos de Guánica, Yauco, Sabana Grande, San Germán y Guayanilla no se logró abrir ninguna escuela. En eso vino la pandemia, así que hay escuelas que desde enero no se han abierto.

Al igual que sus colegas, Cabrera expuso su preocupación sobre cómo el DE va a iniciar el curso escolar en agosto con la mayoría de los planteles cerrados, la continuación de los temblores y ahora con la pandemia. “La información que más o menos he podido recopilar es que especialmente en las áreas afectadas por el terremoto, lo más probable es que se continúe virtual hasta diciembre”. Pero esta información no es oficial. En su región también se han declarado maestros disponibles, en su mayoría, de Bellas Artes y Educación Física, aunque reconoció que hay escuelas que incluyen a equipos de maestros completos.

Los entrevistados coincidieron en que se supone que a mediados de julio el DE comience a acomodar a los recursos disponibles que tengan que mover. Luego de ese proceso, se empieza a llenar las plazas que queden vacantes con los maestros transitorios. “Lo que estamos viendo es que posiblemente serán bien escasas las plazas vacantes para el reclutamiento de maestros nuevos. “En todo Puerto Rico, en ningún lugar, se ha abierto para reclutamiento de nuevos maestros”, denunció Cabrera.

En el caso particular del área sur, hace una semana atrás, la matrícula había bajado bastante, añadió. Dijo creer que el mismo DE no está seguro de cuánta matricula va a tener, lo que atribuyó a que, como ahora se hace por sistema en línea, mucha gente, luego de los terremotos y la pandemia, quizás lo han pospuesto y es posible que haya estudiantes. Pero las matrículas todos los años siguen bajando y se estima que habrá algunos 10 mil estudiantes menos para este próximo año.

 

Alzan su voz los directores escolares

 

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Hasta los directores escolares han alzado su voz para denunciar el proceder del secretario del Departamento de Educación. Entrevistado, el presidente de la Organización Nacional de Directores de Escuelas (ONDE), Jorge L. Soto Díaz, contrastó la gestión del secretario, Eligio Vélez Hernández, con los empleados del DE a nivel central y con el personal de los planteles escolares.

“El secretario, cuando abrió a nivel central, cerró el Departamento para desinfectar todo el edificio antes de que el personal entrara; pero en las escuelas eso no sucedió. Hasta el momento, la limpieza de las escuelas ha estado a cargo del personal normal y, peor aun, sin materiales para limpiar”.

Los directores escolares, personal administrativo y los conserjes fueron instruidos de comenzar a asistir a sus planteles desde la primera semana de julio. A la falta de materiales de limpieza se une el que por lo regular las escuelas tienen uno o dos conserjes, cuando hay. Los pocos que hay, irán poco a poco presentándose en la medida en que se hagan la prueba.

El portavoz de los directores escolares, al expresar sus dudas sobre la apertura en agosto, dijo que el DE apuesta a tres escenarios: presencial, combinado y a distancia. No obstante, trajo a la atención que para poder ofrecer clases en las modalidades de combinado y a distancia se necesita la tecnología que no ha llegado a las escuelas hasta el momento. “Tiene —refiriéndose al DE— que habilitar las escuelas en ese sentido y esas computadoras todavía no han llegado. Por lo tanto, ¿que nos queda? Presencial. ¿Cómo va a ser presencial en unas escuelas cuando cerraron las 300 escuelas? La mayoría de esas escuelas estaban en mejor condición de planta física que las con que se quedaron”.

Soto Díaz describió la gestión del DE como una inconsistencia increíble el que escuelas que no están en buenas condiciones. ¿Cómo se va a garantizar el distanciamiento en el baño, si lo que hay es uno en muchas escuelas; tomar agua, si lo que hay es una fuente, y mantener el distanciamiento en el comedor escolar? Máxime, cuando hay que tomarle la temperatura a todo el personal por la mañana y hay que llenar un formulario diario. Cuestionó si esto lo hará una enfermera. “Son tantas cosas que le digo… no sé cómo va a suceder”.

En el mismo tono reprobó la declaración de maestros como excedentes, cuando es obvio que hay que reducir el tamaño de los grupos. La declaración de maestros excedentes, dijo, se produjo en mayo, a la vez que el secretario dio la orden de que la organización escolar se hiciera basada en la Carta circular de septiembre de 2019, cuando todavía no se sabía del coronavirus ni habían ocurrido los terremotos.

Para Soto Díaz es obvio que al hacer la organización escolar con esa carta circular, que establece 25 estudiantes por grupo, les iban a dar más maestros que estudiantes. El portavoz de los directores de escuela dijo que le escribió al secretario planteándole que eventualmente el curso iba a ser presencial y se iban a necesitar recursos. “Eso, en términos de los maestros, en términos de la limpieza, que hay que hacerla diario, cada vez que se mueva un grupo. ¿Esa limpieza, cómo se va a hacer, y sin materiales? Ahora mismo no hay presupuesto, hace dos años que las escuelas no reciben un centavo el DE”.

La Organización denunció que el DE le canceló el presupuesto a las escuelas, lo cual dificulta que el director pueda preparar un plan adecuado para combatir el coronavirus.

Además dio a conocer que el DE impartió directrices que obligan a los directores y al personal administrativo a presentarse a las escuelas aun cuando no están preparadas y a descontarle el día de trabajo al personal administrativo que no se presente a trabajar luego de hacerse la prueba del Covid-19, sin tomar en consideración las circunstancias individuales.

Sobre el presupuesto, Soto Díaz, denunció que la nueva Ley 85 centralizó el poder en el secretario y la autonomía que tenían las escuelas con la Ley 149, la cual “nunca se la reconocieron”, se la dieron a las regiones, que tampoco la tienen porque todo se está decidiendo a nivel central. Se supone que el presupuesto se le asigne a la región y la región lo asigne a las escuelas, pero, recalcó que en este momento eso no está ocurriendo y no ha ocurrido.

“La ley lo que hizo fue regionalizar los problemas. El poder administrativo, fiscales y docentes, con el consejo escolar, con la nueva ley, lo que hicieron fue legalizar la violación que estaba haciendo el DE de la Ley 149”, reiteró.

Los directores escolares reiteraron su rechazo a las directrices y el proceder del secretario para con las escuelas, el cual califican de discriminatorio. Le exhortan a reflexionar y dejar sin efecto esas directrices y a que no exponga la salud de los directores y su personal de manera innecesaria.

Molinelli “No se puede bajar la guardia ante los temblores”

 

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Ante la continúa actividad sísmica que experimenta la isla, el doctor en geomorfología José Molinelli Freytes alerta de que, una vez tomadas las medidas de seguridad en su hogar, lo más importante es que la comunidad esté organizada, ya que ningún gobierno puede reaccionar con prontitud en las primeras 48 horas después de un terremoto fuerte. Es importanteasegurarse de que no haya objetos altos que puedan caer, de que una nevera con ruedas tenga un calzo para que no se mueva de manera lateral, de programarse mentalmente sobre qué va hacer y adónde se va a mover. Pero si una comunidad remota está organizada, aunque quede aislada y se interrumpa el servicio de energía eléctrica, entre los vecinos pueden prestarse ayuda.

Las declaraciones de Molinelli Freytes fueron recogidas por CLARIDAD de una entrevista con Radio Universidad en donde este expuso sobre los recientes eventos sísmicos. Los eventos que se sintieron el viernes, 3 de julio, que comenzaron en la mañana con una magnitud de 4.9 en la escala Richter, en la tarde de 5.3 y casi de inmediato uno de 4.3 y 4.4 ocurrieron entre el área oeste de la Bahía de Guánica y en la Parguera, lo cual es significativo. Esto que quiere decir que el patrón de sismos ha cambiado en términos de que ahora la actividad se está circunscribiendo nada más que a la zona de Guayanilla, al sur de Peñuelas y Yauco. Toda esa área que estuvo en distintos momentos muy activa en el mar y muy activa en tierra en el cañón de Guayanilla en este momento está en silencio y esa área de la costa entre la Parguera y la Bahía de Guánica es la que está mostrando toda esta actividad con muchos sismos relativamente cerca de la superficie, en particular en comunidades y en donde están los complejos turísticos.

Añadió que lo importante que los ciudadanos deben saber es que en términos estadísticos luego que hay un evento relativamente fuerte como el que ocurrió el pasado viernes la probabilidad de que ocurra un evento igual o mayor incrementa en esos primeros días después, hasta semanas después. Esta secuencia es muy similar a la que ocurrió el 28 de diciembre en que después de ocurrir un evento significativo hubo mucha actividad de sismos con réplicas. El día de Reyes ocurrió el evento de 5.8 que colapsó muchas casas en columnas y luego al otro día, el 7, fue el sismo que despertó a todo Puerto Rico, de magnitud de 6.4. “Vemos cómo se demuestra estadísticamente que eso es correcto y es que hemos visto ese patrón”.

Otro patrón interesante, dijo, es que en muchas ocasiones cuando la gente baja la guardia y no están sintiendo los sismos porque han bajado en magnitud y frecuencia, tiende a pensar que ya no va a pasar nada o que están ocurriendo en una zona en particular. Pero observó que ha visto cómo se interrumpe esa frecuencia con un evento como el que ocurrió el viernes en la tarde que fue de un 5.3 de magnitud, que es un evento significativo. Además señaló que los sismos que están ocurriendo en esa zona son muy cercanos a tierra o en tierra. “Lo importante también es tener claro que no se puede predecir cuándo va a ocurrir un terremoto, pero tenemos que estar preparados para el peor evento”.

El experto describió que las vulnerabilidades mayores en la costa sur en Puerto Rico tienen que ver primero con que los sismos que están ocurriendo son en tierra de poco llano. Eso quiere decir que el sismo no tiene que estar muy, muy fuerte para causar daños significativos porque están ocurriendo casi debajo de los pies de las personas. Segundo, que hay miles de familias ubicadas en la misma orilla del mar en la costa sur y en áreas llanas totalmente que están expuestas al peligro de tsunami. “De generarse un tsunami en esa zona, se complica el hecho de que la actividad sísmica, que es oceánica, esté ocurriendo muy cerca de esas comunidades. Por lo tanto, el tiempo en que se inicia el tsunami y el tiempo en llegar a la comunidad es muy corto y eso dificulta el poder salir a tiempo de la zona”, advirtió.

Molinelli Freytes trajo a la atención el hecho de que las casas en columnas en toda esa región son muy vulnerables. En muchas regiones en Puerto Rico las casas sobre columnas, de dos pisos, tienen columnas en el primer piso que están abiertas, sin paredes que las aguante, sino que sobresalen. En los sismos de Guánica la inmensa mayoría de las casas que colapsaron fueron las que estaban en columnas. Las casas terreras sufrieron daños insignificantes.

Otro peligro que hay que plantearse es que muchas de las escuelas que el Gobierno va a querer abrir no son sismoresistentes porque tienen un defecto de construcción que está asociado a lo que se conoce como columna corta. “Me parece un situación muy seria el que el Departamento de Educación y la gobernadora den luz verde para en su momento abrir planteles escolares que no garantizan la vida y seguridad de los niños”. Molinelli Freytes alertó de que puede ocurrir un evento como el que pasó en la Escuela Superior de Guánica, la cual colapsó por completo.

“Como esa escuela hay decenas más que se van abrir que no aguantan un terremoto. Se sabe cómo reforzar las escuelas; se tienen los recursos económicos, sobre todo con los fondos de mitigación que están entrando en Puerto Rico. Mi recomendación es que antes de fin de año ya se tenga encaminado un plan de reforzamiento de escuelas. Y que no se den clases en escuelas que no sean sismoresistentes”.

El profesor retirado de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, dijo que ante esta situación era preferible dar clases al aire libre e insistió en que no nos podemos tomar el riesgo de que ocurra un evento sísmico y que esas escuelas colapsen.

Una vez más, Molinelli Freytes reiteró sobre la vulnerabilidad de la sociedad ante eventos naturales y recalcó la necesidad de una planificación individual y comunitaria que considere no solo los riesgos sísmicos, sino los riesgos que representan el cambio climático, el alza en el nivel del mar, el incremento en inundaciones, los movimiento de deslizamiento y las características de la región montañosa central de la isla.

EDITORIAL: AEE y Luma Energy: entregar un activo valioso a cambio de nada

 

Los países que ignoran la historia y no aprenden de sus errores están abocados a repetirlos. Un ejemplo de esa amnesia colectiva que nos afecta es el recién anunciado acuerdo entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la compañía Luma Energy para que esta administre el sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica en Puerto Rico. Aunque la decisión no es final y firme, este contrato es el primer paso de la AEE hacia su privatización. Privatizar el sistema eléctrico de Puerto Rico  ha sido un objetivo principal de la Ley PROMESA y la Junta de Control Fiscal desde sus comienzos.

Un plan parecido se ensayó en el año 2002 en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), con el contrato a una compañía privada francesa llamada Ondeo para la operación del sistema de aguas de Puerto Rico. Aquel contrato alcanzaba la suma total de $6 mil millones en beneficios para la compañía extranjera, y tuvo que cancelarse en el 2004, apenas dos años después de efectuado, por inefectivo y oneroso. Terminó costándole a Puerto Rico $4 mil millones en solo dos años, y  miles de dolores de cabeza, pero demostró que es falsa la supuesta superioridad de lo privado sobre lo público en la prestación de un servicio esencial a un país.

La AEE también ha tenido su cuota de contratos dañinos con compañías extranjeras. Los más recientes fueron los acordados con las compañías Whitefish y Cobra Energy de Estados Unidos- traídas a Puerto Rico en el 2017,  una por la AEE y la otra por FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias)- para ayudar a restablecer el sistema eléctrico de Puerto Rico colapsado por el embate del huracán María.

Whitefish era una compañía sin experiencia, recién incorporada en el estado de Montana y con solo dos empleados en su plantilla corporativa. Su contratación apresurada y nunca aclarada desembocó en eje de la refriega entre partidos políticos en Estados Unidos y Puerto Rico. Facturó cientos de millones de dólares al pueblo de Puerto Rico sin completar el trabajo para el cual fue contratada.

Con Cobra Energy nos fue aún peor. Más de mil millones de dólares facturados en un accidentado paso por Puerto Rico que desembocó en un gran escándalo de corrupción. Los enredos contables del contrato de Puerto Rico alertaron a las autoridades federales sobre la posibilidad de fraude y comisión de delitos de diversa índole. Finalizada la investigación, las cuentas bancarias de Cobra Energy fueron embargadas, y se sometió un larguísimo pliego acusatorio que culminó con los arrestos de la más alta oficial regional de FEMA y su principal subalterna. La resolución de este proceso aún está pendiente en el Tribunal Federal.

Las experiencias antes descritas no han servido para frenar el afán de las fuerzas que persiguen la privatización de nuestro sistema eléctrico. Por eso, han vuelto a la carga con el contrato entre la AEE y Luma Energy, el cual se hizo a espaldas de los abonados y trabajadores de la AEE, y de todo el pueblo puertorriqueño. Se pactó en un proceso nebuloso, donde el presidente de la Comisión de Energía aparenta haber sido juez y parte. El documento acordado establece términos y condiciones que benefician desproporcionadamente a la empresa privada que se contrata.

Este acuerdo no es bueno para el pueblo de Puerto Rico, ni para los trabajadores activos y jubilados de la AEE.  Primero, porque el contrato convierte la operación del sistema de transmisión y distribución eléctrica en un monopolio privado. Segundo, porque Luma Energy no invierte nada en la transacción, mientras la AEE asume el pago a la empresa privada de $1,500 millones en 15 años para cubrir los gastos de su operación en Puerto Rico, además de garantizarle una ganancia. Tercero, porque el contrato tendrá el efecto de encarecer progresivamente el costo del servicio eléctrico a los abonados residenciales y comerciales de la AEE.

Cuarto, porque no garantiza el empleo de la actual fuerza laboral de la AEE y pretende someterlos al proceso regular de reclutamiento que ignora sus conocimientos y sus años de experiencia y servicio. Quinto, porque no reconoce la negociación colectiva ni los derechos adquiridos por los trabajadores  de la corporación pública durante décadas. Sexto, porque no asume responsabilidad por el pago de las pensiones. Séptimo, porque no asume responsabilidad por el pago de la deuda de la corporación pública. No es bueno, además, porque una vez firmado este contrato Luma Energy tendría el control total del sistema de transmisión y distribución eléctrica  y podría imponer condiciones de todo tipo a la AEE, al Gobierno y al pueblo de Puerto Rico.

El control energético es una de las fortalezas estratégicas de un país. Hasta ahora, y con todas las limitaciones que  impone nuestra condición colonial, los recursos y sistemas energéticos han estado por décadas en manos del pueblo de Puerto Rico. Abrir la puerta al monopolio eléctrico privado, bajo las condiciones tajantes de este contrato dañino, solo serviría para continuar empobreciendo a nuestros trabajadores y al pueblo, y equivaldría a entregar uno de nuestros activos más valiosos a cambio de nada.

 

 

 

 

«El problema es el mal manejo del recurso agua»

 

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

 

Una vez más la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) deja a los ciudadanos sin el servicio de agua, no por falta de lluvia, sino por el mal manejo del recurso. En entrevista, el planificador ambiental José Rivera Santana señaló cuáles son los factores que han provocado y provocan la falta de servicio de la AAA, los cuales no tienen nada que con la falta de lluvia.

“Según el monitor de sequía, una sequía es la escasez de lluvia en los últimos 60 días o más. Pero no tiene que haber sequía para que haya racionamiento y la sequía no tiene que ser sinónimo de racionamiento”, apuntó. Las sequías son fenómenos naturales. En el caso de Puerto Rico, la frecuencia de una sequía fuerte o prolongada ocurre cada 20 años en promedio. Aun cuando reconoció que con el asunto del calentamiento del planeta algunos científicos proyectan que estos eventos climáticos sean más frecuentes o más intensos, sobre el tema de la lluvia hay todavía mucha discusión. En Puerto Rico todavía no hay una opinión concluyente de que el calentamiento del planeta pueda afectar el régimen de lluvia en  la isla. “Eso es una discusión científica”.

Sobre el tema de racionamiento indicó que el problema no tiene que ver con la lluvia, no tiene que ver con la sequía ni tiene que ver con las nubes. El problema es el manejo del recurso agua, que se ha hecho mal, y el mal manejo de los sistemas de abastos, los embalses, los cuales se han construido para que precisamente haya agua cuando baje la precipitación. Rivera Santana insistió en que debido a que los embalses están siendo mal manejados es que el agua no está disponible.

Respecto a en qué estriba el mal manejo trajo a la atención que el Plan Integral del Recurso Agua (PIRA), el cual fue aprobado en el 2016 por virtud de la Ley de Agua, que es el plan que está vigente y que se supone tiene que seguir la AAA, establece que la prioridad para atender el asunto de desabastecimiento o racionamiento es el control de las pérdidas de la infraestructura de la AAA. “Eso siempre lo han puesto en segundo lugar en la administración pública, en la propia triple A y el Gobierno. Entonces ya es endémico el hecho de que la mitad del agua que se procesa se pierde”, censuró.

Rivera Santana, quien participó en la elaboración del PIRA, afirmó que no hay sistema natural que aguante esa pérdida. “No hay sistema de agua potable que pueda funcionar cuando la mitad del agua que se extrajo de la fuente de abastos, los embalses, de los ríos, de los acuíferos, una vez se procesa se potabiliza y se zumba por las tuberías, la mitad se pierde. Lo que eso implica es que no debe haber racionamiento si ese por ciento de pérdida se lleva a lo que es aceptable”.

Se considera aceptable, por ejemplo en Estados Unidos, una pérdida entre 10 a 15%. A nivel internacional es entre el 17 a 20 %. En Puerto Rico, si se asume el que se pueda plantear como meta bajarlo al 20% o al menos a 25%, se tendría un caudal extraordinario de agua que hoy se pierde y no

habría racionamiento. La prueba está, recordó, que en los meses de enero, febrero y marzo llovió e incluso el 8 de abril fue de los días más lluviosos en la isla en lo que va de año. Eso a pesar de que según el monitor de lluvia ya venían produciéndose datos de una reducción en la precipitación. Aun así, reiteró que, en términos del problema de lluvia, realmente no han pasado tres meses. La última vez que el país sufrió una sequía fuerte fue entre el 2014 a 2015 y antes de esa fecha, de 1993 a 1994 , exactamente 20 años. “Aquí todavía no hay una sequía extrema. El monitor de sequía todavía no ha declarado que tengamos una sequía extrema. Hay una sequía moderada en algunas áreas”, aclaró.

El planificador ambiental, quien fue miembro del Consejo Asesor Ambiental (CAA) bajo la administración de Sila Calderón, denunció la posposición continua de asignación de presupuesto, por su elevado costo para reparar la estructura deteriorada, y la actitud de que una vez pasa la sequía y comienza a llover la administración desatiende el asunto. Esta conducta parece responder a que en la isla caen 72 pulgadas de lluvia al año y los periodos de sequía extrema se producen cada 20 años. Una vez pasa la sequía y todo el estrés, se deja sin atender el asunto de la pérdida.

La otra razón para no corregir la pérdida es que siempre ha prevalecido la visión que beneficia a los que están detrás de proyectos de construcción de nuevos embalses. Esta visión, básicamente, se orienta más a ampliar la oferta de construir los embalses, más tomas de agua y más infraestructura, en lugar de manejar la demanda, que es en donde debe concentrarse la inversión y los esfuerzos del país. Rivera Santana comentó el hecho de que el país, en términos territoriales, no va a crecer; sino que, en todo caso, puede ponerse un poco más pequeño debido al alza en el nivel del mar. Por lo tanto, la ruta no puede ser construir más embalses. La política pública debe dar prioridad a actuar en el lado de la demanda. Eso no quiere decir que la gente deje de usar el agua, es que se instalen equipos que ahorren el líquido, campañas educativas para un uso moderado, aprovechar el agua de lluvia, entre otras.

Rivera Santana recalcó que atender el asunto de la pérdida es fundamental, ya que sin eso, todo otro esfuerzo es disfuncional. Incluso la construcción de nuevas tomas de agua para que se continúe perdiendo la mitad es irracional.

El dragado

 La excusa de la AAA de la falta de dragado, en particular del lago de Carraízo, hay que ponerla en perspectiva ya que en el PIRA esto no es la primera opción, aclaró el planificador.  No es que no se haga el dragado, es que para que sea efectivo se tiene que controlar la sedimentación, lo cual se hace evitando la erosión. Pero para controlar la erosión hay que evitar la construcción en las cuencas, que es lo que propicia que se genere la erosión, modificar ciertas prácticas agrícolas y evitar a deforestación.

“El dragado tiene sentido si se forestan las cuencas; tiene que ir de la mano. Si no, pasa como con el dragado que se hizo de Carraízo en el 98 y después vino un evento y sedimentó el lago. Fueron $68 millones que se perdieron”. Agregó que el dragado tiene la complicación de que hay que buscar dónde depositar el material. Eso también se discute en el PIRA. En el dragado de Carraízo, el material se depositó en el mar, ya que no había lugar en la isla donde depositarlo.

La capacidad de los embalses

 El otro aspecto que destacó sobre el mal manejo es el manejo de la capacidad de los embalses que hace la AAA. Explicó que los embalses, todos, Carraízo, Dos Bocas, el Superacueducto, Guajataca, La Plata, tienen lo que se llama una capacidad de diseño. En el caso de Carraízo, su rendimiento seguro son 68 millones de galones diarios. Eso quiere decir que mientras a ese embalse se le saquen 68 millones de galones diarios tiene capacidad para suplir la demanda en periodos de sequía. Pero denunció que lo que han hecho la AAA, la Oficina de Gerencia y Permisos (OGP) y otras agencias responsables de otorgar permisos es que han dado permisos para conectarse a los sistemas de Carraízo por encima del rendimiento seguro del embalse. Es decir, que si se le sacan aproximadamente 100 millones de galones diarios, cuando el rendimiento seguro es de 68 galones, eso significa que cuando deja de llover, no por tres meses, sino por tres semanas, el nivel de agua del lago baja rápidamente porque se están sacando 32 millones de galones diarios en exceso de su capacidad. Lo mismo pasa con otros embalses.