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Un primero de mayo diferente

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mayo 4, 2021

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Aunque por segundo año consecutivo la pandemia del Covid-19 impidió una manifestación en las calles, en esta ocasión cientos de miles recorrieron el Área Metropolitana en caravana en ocasión de celebrar el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Bajo el lema de “Todo Puerto Rico contra Luma”, el movimiento obrero, organizaciones de la sociedad civil, comunitarias, feministas, educadores, entre otros, todos convocados por el peligro que representa la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), junto a las políticas de austeridad que impone la Junta de Control Fiscal (JCF) a todo el país.

Las caravanas salieron de cinco puntos diferentes: la Universidad de Puerto Rico (UPR) Recinto de Río Piedras, Bosque Punta Salinas, en Toa Baja, Aeropuerto Internacional, Ave. Isla Verde y desde el peaje Buchanan, se suponía que transcurrieran su ruta hasta pasar frente al Capitolio para en su salida de San Juan llegar al expreso frente al área de Plaza las Américas.

En la isla de Vieques también hubo su caravana en donde prevaleció el reclamó de la construcción de un hospital para Vieques y un servicio de transporte marítimo digno para Vieques y Culebra.

La caravana que salió del frente de la UPR en Río Piedras, considerada por los organizadores como la más larga, transcurrió por la avenida Ponce de León hasta llegar a la intersección de la Avenida Roosevelt. Una vez más la Policía se prestó para proteger el área que ya parece ser propiedad del Banco Popular y desvió la caravana hacia la Roosevelt para tomar el expreso las Américas hacia San Juan. Esta no era la ruta que habían trazado los organizadores, la ruta original era recorrer toda la Ponce de León para entrar a San Juan.

El despliegue policiaco fue evidente abrumador en toda la ruta; la avenida Roosevelt, la Ave. Ponce de León, el expreso, la entrada hacia San Juan. En un principio la Policía no permitió que las caravanas dieran la vuelta frente al Capitolio y desvió los vehículos en la calle antes, un poco más tarde quedó libre el acceso para hacerlo. Una vez tomaban la salida de San Juan las caravanas se fueron movilizando hacia el área de Plaza las Américas para la concentración final.

Como parte de las actividades de ese día un grupo del colectivo Se Acabaron las Promesas recorrió los pasillos del centro comercial Las Américas, en reclamo de que se derogue la llamada Reforma Laboral (ley 4 del 2017) y que se revise la antigua ley laboral para ampliar los beneficios y protecciones para la clase trabajadora. reduce las licencias acumuladas, reduce a 6 días de vacaciones acumulados al año, reduce el bono de Navidad y aumenta el tiempo acumulado para recibirlo.

La llamada Reforma Laboral redujo el tiempo para hacer reclamaciones laborales, redujo la protección por despido injustificado reduciendo el pago (mesada) por esta causa. Aumentó el periodo probatorio a 9 meses. Limitó la compensación por discrimen. Eliminó la Ley de Cierre, forzando a los trabajadores a tener que laborar en día de madres, padres, Navidad entre otros. Limitó la compensación por represalias en el empleo. Discrimina contra jóvenes y empleados de nuevos reclutamientos. Redujo el pago de menos por horas extras. Entre los resultados que ha provocado esta reforma es una mayor desigualdad económica entre las madres solteras.

Y precisamente mientras el pueblo se manifestaba en las calles ese mismo día en la Legislatura la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) le votaba en contra a enmiendas presentadas por los representantes del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Proyecto Dignidad (PD) para restituir el pago doble por horas extras de trabajo.

En conferencia de prensa, Mariana Nogales Molinelli, José Bernardo Márquez, ambos del MVC y Denis Márquez Lebrón del PIP, denunciaron que al derrotar las enmiendas el PPD incumplió su promesa de campañay el compromiso que hizo el presidente de la Cámara, Rafael Hernández, en la sesión inaugural, de derogar la reforma laboral y restituir todos los derechos que esta eliminó. Los legisladores denunciaron que aunque se restituyeron varios derechos no fueron todos.

La medida aprobada retiene el “flexi-time”, que opera en perjuicio de la clase trabajadora al permitir que trabajen más de 8 horas en un periodo de 24 horas. El proyecto también reduce de paga doble a tiempo y medio la compensación que recibe un trabajador por trabajar tiempo extra, durante horas de descanso o en su periodo de almuerzo.

“En un día como hoy, nos resulta imposible avalar una restitución parcial y por eso nuestro voto en contra del Proyecto de la Cámara 3”, expresó Márquez, representante por acumulación.

“Hoy vemos el resultado del cabildeo de los sectores patronales que levantan la bandera de la defensa del pequeño comerciante cuando realmente a quienes representan son a los grandes patronos y a las multinacionales. Hoy no hemos podido ni restituir los derechos laborales del siglo 20 en pleno siglo 21 – hoy se le ha hecho una afrenta a la gente trabajadora, hoy la balanza se inclinó una vez más a favor del poderoso. Nuestra lucha continua y no descansaremos no solo hasta que los derechos laborales sean restituidos en su totalidad sino hasta que sean ampliados a tenor con el nuevo siglo y los nuevos tiempos”, denunció Nogales Molinelli, portavoz del MVC en la Cámara de Representantes.

Por su parte, el portavoz del PIP, Márquez Lebrón, expresó que, “en el día de hoy, la mayoría popular se quedó corta en el esfuerzo por derogar la mal llamada Reforma Laboral”.

Los legisladores suscribieron que una de las consecuencias más terribles de la reforma de 2017 fue la extensión de la jornada en exceso de ocho horas. No existe ningún incentivo para que los patronos contraten más empleados cuando la extensión de la jornada laboral tiene un costo insignificante. El tiempo y medio incentiva la extensión de la jornada y desincentiva la contratación de más personas.

Las siguen matando

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manuel-de-j-gonzalez

mayo 4, 2021

CLARIDAD

En este espacio de ordinario se comentan los eventos noticiosos de un país enfermo de colonialismo. Como la enfermedad es grave, y la realidad circular, casi siempre hay de qué hablar. Hoy, por ejemplo, podríamos escribir de la lucha de los trabajadores contra la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica y el indignante contrato con LUMA. Miles ya han sido desplazados y, ante el monumental abuso, se levanta una protesta que no escuchan.

Pero hay otra realidad desdoblándose ante nuestros ojos que reclama atención. Esta también es repetitiva, aunque, más que circular, se mueve en espiral. Quien miró las noticias que conmovieron a Puerto Rico durante el fin de semana del 1ro de mayo sabe que me refiero a la peor manifestación de la violencia contra la mujer, el feminicidio, el asesinato por ser mujer.

Son muchos los nombres que se han ido juntando en el Puerto Rico de los últimos años. A esa larga lista de mujeres asesinadas o mutiladas se unen Keishla Rodríguez y Andrea Ruiz, ambas jóvenes, trabajadoras, alegres y con evidentes deseos de vivir. Dos más, o dos menos, es demasiado, pero en estos casos se juntan situaciones que enervan un poco más. En ninguno de los dos casos la muerte fue el resultado de una reacción espontánea, producto del arrebato de una conducta enferma. En ambos hubo planificación y acecho, junto a una incompetencia institucional que, además de ser su cómplice, estimuló al asesino.

Andrea se sabía en peligro, ante el acecho y ante los actos de quien fue su pareja. El miedo que debió haber sentido no la paralizó y acudió a las instituciones que, según la ley, los manuales y la propaganda oficial debían protegerla: primero el Tribunal, luego la Policía y el ministerio fiscal, y otra vez el Tribunal. Nadie la ayudó.

La “orden de protección”, esa que en muchas ocasiones se emite y sólo algunas veces efectivamente protege, ni siquiera llegó, porque la juez asignada, Ingrid D. Alvarado, no convocó a la vista que la ley y hasta el sentido común reclamaba. Ante ese primer portazo, insensible y cruel, Andrea no se detuvo. Su segunda gestión fue acudir a la Policía desde donde trasladaron su pedido a Fiscalía, como mandata el manual. Tras esa intervención por fin llegó la añorada vista.

No conocemos cómo transcurrió la audiencia, pero sí sabemos que concluyó en el “no ha lugar” que tantas veces los jueces dictaminan sin dar explicaciones, porque ninguna ley ni regla les ordena darlas. Luego de ese segundo portazo, más doloroso que el primero porque una juez la escuchó y no le creyó o, peor aún, ni siquiera la escuchó, dicen los informes de prensa que Andrea se sentía “desanimada”. La palabra debió ser burlada, rechazada o, al menos, frustrada ante la inacción de la institución que el país creó para que la protegiera. El fiscal, por su parte, pudo haber seguido en alzada, pero ya tenía un caso menos en la lista y la sensación de haber cumplido.

Ese sistema diseñado para proteger a una potencial víctima de violencia machista, aun operando, a veces no resulta efectivo, pero en este caso sólo sirvió para estimular al asesino. Es lo que pasa siempre cuando se manifiesta la impunidad. El agraciado se siente estimulado porque ni siquiera la advertencia del juez o jueza lo persigue.

Desde la presidencia del Tribunal Supremo ya se anunció la consabida investigación y ojalá sea rigurosa, no para salvar a Andrea, sino para que al menos, la impunidad no resulte absoluta. De mi brega en los tribunales sé muy bien que el problema de la judicatura boricua, contrario a otros lugares, no es corrupción, sino la incompetencia que nace del patronazgo político. Pocos llegan al cargo sólo por sus méritos, sin depender del empujón de algún padrino. A veces el agraciado resulta ser un buen juez, pero no se le escoge por eso.

A Keishla Rodríguez no le falló el sistema judicial. Tal vez en sus 27 años ni siquiera se acercó a la sala de algún tribunal. No le dieron tiempo para gestionar ayuda. A pesar de la franqueza, la alegría y la ternura que proyectan sus fotos, el machismo orquestó una ejecución de tipo mafioso, de esas que se hacen con saña, en las que la muerte es un castigo. En su caso, lo que precipitó el castigo es haber quedado embarazada.

Por esas horribles particularidades y, además, por ser el sospechoso una figura pública, el interés mediático se ha disparado, llegando en ocasiones a lo morboso. Con esa realidad, producto del afán de “rating”, tenemos que vivir, pero la cubierta noticiosa no es el problema. El dedo tiene que seguir apuntando hacia un aparato público que habla y pocas veces actúa.

Desde hace años se viene clamando por un diseño institucional que ataque la violencia machista en su raíz, pero avanzamos a paso de tortuga. Hasta hace poco tuvimos una gobernadora que se burlaba del feminismo, resistiéndose a reconocer la crisis que afecta las mujeres. El que la sustituyó, reconoció oficialmente el ambiente de crisis, sin que hasta ahora ese reconocimiento se traduzca en acciones efectivas. La Oficina de la Procuradora de la Mujer se ha tornado inoperante como resultado de repetidos nombramientos políticos. En la judicatura, por su parte, se anuncian “salas especializadas” contra la violencia de género, pero, como vimos con Andrea, los fallos del sistema son frecuentes

Donde radica el poder real, el del colonizador que actúa por conducto de la Junta de Control Fiscal, la situación es aún peor. En estos días el amigo José Rivera Santana denunció que los $7 millones presupuestados por el gobierno para atender la violencia de género, fueron reducidos por la Junta a sólo $200 mil. Para los procónsules con unos centavos basta.

Es ahí es dónde radica el problema y no en el sensacionalismo de la prensa.

Junta de Control Fiscal contra los recursos naturales

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candida-cotto

mayo 4, 2021

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

La Junta de Control Fiscal (JCF) ya no está solo conforme con quitarle el dinero al pueblo puertorriqueño para dárselo a los bonistas, ahora viene por los recursos naturales del país. En el nuevo Plan Fiscal (PF) presentado por la JCF a fines de abril, el ente federal le exige al gobierno de Puerto Rico cambios a las leyes de planificación y de protección ambiental dirigidos a que se deroguen el Plan de Uso de Terrenos (PUT), los Planes Territoriales de los Municipios (PTM), la Ley de Municipios Autónomos y la Ley General de Permisos.

En entrevistas por separado, planificadores, activistas ambientalistas y un abogado de Derecho Ambiental, denunciaron y advirtieron de los peligros y fines ulteriores de los cambios que exige la Junta de Control Fiscal.

El planificador José Rivera Santana, en tono crítico denunció que la Junta exige que los cambios a todos estos documentos que tienen que ver con la política pública ambiental ocurran entre este 2021 al 2023. Advirtió que hacer cambios en las zonificaciones en la práctica es derogar tanto el PUT así como los PTM. Mientras cambiar el sistema de permisos es enmendar la ley 161, y lo que tiene que ver con lo que son las competencias de los municipios que les permite tener oficinas de permisos.

Rivera Santana, quien fue miembro de la Junta de Planificación (JP), puntualizó que cuando se miran en su conjunto los cambios que exige la JCF la consecuencia es que se va a re zonificar para permitir desarrollos en áreas que la zonificación vigente lo prohíbe y lo prohíbe porque se trata de terrenos que tienen un alto valor natural, o valor ecológico, o de alto valor agrícola, alto valor paisajista o porque son áreas urbanas residenciales en los que la zonificación no permite algunas actividades. Acotó que el propósito de la zonificación en algunas áreas urbanas es precisamente preservar el carácter residencial.

“Lo que está haciendo la JFC en la práctica es desmontar todo lo que hasta ahora ha sido el avance en la planificación para acomodar proyectos de construcción y ‘desarrollo’ que la zonificación, clasificación y reglamentaciones ambientales ahora no lo permitirían”.

En cuanto a las reglamentaciones ambientales la JCF pretende que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) amplíe la lista de exclusiones categóricas. Exclusiones categóricas es cuando se exime de presentar documentos de evaluación ambiental a una serie de actividades y proyectos. Ampliar la lista de exclusiones categóricas implica a su vez eliminar la participación ciudadana en los procesos decisionales. Sobre este particular acusó que el secretario del DRNA, Rafael Machargo Maldonado, “está conectado con la Junta”. Esto en referencia a que ya el secretario amplió la lista de las exclusiones categóricas e incluso le envió a la JCF el reglamento sobre la disposición de cenizas de la carbonera AES, asunto en el cual el ente federal no tiene ninguna injerencia. “Es una actitud de entrega total a la JCF, evidencia que lo que hay es un arreglo, un entendido obvio”, manifestó.

Rivera Santana, quien participó en la preparación del PUT, recordó que la ley para su creación se aprobó en el 2004 y el plan se aprobó en el 2015. El proceso completo “tomó 15 años y ahora Jaresko quiere votar ese trabajo por la borda”. En esa línea también denunció que a sectores vinculados a la construcción y desarrolladores siempre les ha interesado derogar el PUT e incluso los que dirigen la JP en la actualidad también están moviendo los hilos para en la práctica no aplicar el PUT.

“Lo vimos hace dos años con el Plan de Clasificación y recientemente con el Reglamento Conjunto [RC] que el tribunal lo declaró nulo. En el fondo los cambios que están incluidos en el RC son cambios para desvirtuar el PUT”.

Mas aun calificó como un descaro de parte de la JCF el que además de incluir estas exigencias en el PF incluya que se cree una comisión del sector privado junto con las agencias de gobierno para llevar a cabo los cambios.

No obstante, en un análisis más abarcador, Rivera Santana destacó que la exigencia de estos cambios se puede atar a lo que está ocurriendo con las acciones de compra de inmuebles y de propiedades de alto valor natural, paisajista, agrícola y ecológico como resultado de las exenciones contributivas de la Ley 22.

“Ya muchos de esos inversionistas están mirando la posibilidad de desarrollar proyectos de construcción. Cuando uno mira el PF de la JCF encuentra perfectamente que se trata de cosas que están en armonía, que vienen como parte de un diseño que invita a privar a nuestro país de áreas naturales de recursos económicos y agrícolas, que va ir desplazando población y sustituyendo población, lo cual indica además un proceso de empobrecimiento adicional porque en la medida en que estas políticas intervengan con nuestros bienes pueden apropiarse de bienes públicos como el agua. En la medida en que los seres humanos perdemos los bienes que son de todos ocurre un proceso de privación social y también de violación de derechos humanos”.

Un enfrentamiento constitucional

En entrevista por separado el abogado de la práctica de Derecho Ambiental, Omar Saade Yordán, expresó que es preocupante que el gobierno de Puerto Rico se preste a no darle la protección legal que existe en la actualidad al ambiente, los recursos naturales y a la salud de las personas. En todo caso reclamó que las actuales leyes ambientales lo que requieren son cambios para darles una mayor eficiencia, pero lo que plantea el PF es empeorarlas aumentando las actividades exentas de tener que analizar su impacto al ambiente.

Trajo a la atención que los cambios a las Exclusiones Categóricas que decretó el secretario del DRNA el pasado año todavía están en el tribunal. No dudó en atribuir que “la acción del secretario es el impulso de toda una política pública y de toda una ideología de que en la medida en que acelero los permisos y dejo a un lado los análisis, estoy ayudando a la economía, eso en realidad no tiene base ni fundamento y mucho menos justifica que se desprotejan los recursos naturales y la gente”.

Defendió que los procesos de evaluación ambiental y, sobre todo, también los de planificación dan un procedimiento en ley para que las personas se expresen sobre proyectos controvertibles que puedan afectar tanto su salud como el ambiente natural. “Adoptar una política así es bien peligroso para el país. No solo propone se desprotejan los recursos naturales, la política ambiental, sino también proponen enmendar los distritos para que se permita de manera arbitraria más actividades. Todo con el propósito de evitar que los proponentes desarrolladores tengan que solicitar consultas de ubicación, el cual es un instrumento importante de planificación y participación del público”.

Sadee Yordán advirtió que tanto a nivel de la regulación ambiental como la planificación, la desregulación de ambas es bien peligroso para el país. Añadió que desde el punto de vista ambiental lo que pide la JCF es un choque frontal con una política de rango constitucional que existe en Puerto Rico. Esto debido a que la ley de política pública ambiental es de rango constitucional y todos esos instrumentos que se requieren cuando las personas van a construir o llevar a cabo alguna obra son en respuesta a ese mandato de la constitución.

“Esto es parte de los esfuerzos de explotación que lleva a cabo Estados Unidos con Puerto Rico como colonia y es parte del uso de ese poder absoluto que pretende también ejercer e interferir con las normas locales de la protección del ambiente”, declaró.

En tono enfático Saade Yordán denunció que ya en realidad en Puerto Rico hay empresas que operan de manera ilegal y con impunidad y dio como ejemplo el puerto de gas de la compañía New Fortress. Puntualizó que para este proyecto era necesario la consulta de ubicación -requisito que no cumplió- por lo que la empresa opera de manera ilegal.

El abogado ambientalista hizo un llamado a estar alertas, incluyendo que la operación de Luma “es una sentencia de muerte para todos nosotros”, en relación a su insistencia en la utilización de combustibles fósiles en lugar de la energía renovable.

Al igual que Rivera Santana, Saade Yordán criticó el itinerario que impone la JCF para llevar a cabo los cambios y la creación de una comisión compuesta por el sector privado y distintas agencias, entre ellas el DRNA, la JP y la OGP. “La función de la comisión es la de eliminar regulación”, reiteró. Al insistir en que los cambios son preocupantes, indicó que estos parecen ser una continuación de las políticas de desregulación automática que impulsó el ex presidente Trump, los cuales logró en algunos estados.

“Eso se quiere incorporar aquí. Hay que estar pendiente cuáles regulaciones van a ser, qué ordenamientos van a afectar todos esos esfuerzos sin fundamento ni base, no hay nada que vincule la desregulación con un progreso económico ni con una necesidad incluso de pagar a los bonistas”.

Un aspecto que trajo a la atención es que desde la administración del ex gobernador Fortuño que creó la ley de permisos, se le han hecho enmiendas en tres ocasiones en esta década. Reveló que de acuerdo con la ley, la Oficina de Gerencia de Permisos (OGP) está obligada a rendir un informe de los beneficios económicos que esta ley ha supuesto para el país.

“No hemos podido identificar de ningún informe que está obligada la OGP dar a la Legislatura que esa política impulsada desde el 2009 ha tenido unos beneficios económicos para Puerto Rico, ni ha redundado en una mejoría en términos económicos para el país, ni siquiera la OGP sabe cuáles son las solicitudes que trata y deniega; las trata todas como adjudicaciones, eso puede querer decir conceder o denegar”.

Prosiguió que cuando se estudian los informes se ve que estos son bien vagos. Censuró el que si la teoría es que en la medida en que se conceda todo de manera rápida se está impulsando la economía cómo es posible que desde que empezó esa política hace diez años no se tenga los datos que lo sustente. Incluso dijo que muchos de los informes no están públicos, en incumplimiento con la ley misma de permisos y los que están tampoco se le puede catalogar como análisis ya que son una descripción de la estructura y los puestos que dicen que creó o produjo y con eso ya supuestamente están en ley.

Saade Yordán fue más allá y acusó que el problema -en relación a los que quieren proteger y preservar el ambiente y recursos naturales- es que tanto el foro administrativo que concede un permiso cómo los tribunales, le aplican una especie de protección casi sagrada a ese pedazo de papel que se concedió de manera ilegal. “Las personas tienen que sufrir las consecuencias de la falta de foro porque hay una idea general en los tribunales y las agencias que el impugnar esos permisos es ir en contra de la economía”.

“Aquí se nos va la vida”

“Esto es parte del proceso. Se me parece a lo sucedido a principios del siglo pasado cuando el gobernador gringo vino devaluaron la moneda, cambiaron todas las leyes y los puertorriqueños que tenían algo tuvieron que vender todo a los gringos. Ahora es algo similar porque están aprovechando una crisis que tiene el país creada obviamente por el mismo sistema y los que nos gobiernan han ido llevando poco a poco todos los servicios públicos a la privatización y entonces ahora vienen con la otra parte del postre de que para reactivar la economía y aprovechar los fondos federales los inversionistas quieren es desreglamentar completamente las protecciones ambientales que hay en el país y la zonificación que hay en el país”, destacó el planificador Abel Vale.

Consideró que la situación es una alarmante y recordó que en el 2019 y en el 2020 lo que hizo la JP fue una desreglamentación de la planificación con el nuevo Reglamento Conjunto. Mientras el secretario del DRNA hizo lo mismo con las Exclusiones Categóricas. Vale, quien es uno de los gestores de la organización Ciudadanos del Karso, la cual demandó al DRNA, reveló que uno de los argumentos del secretario en el tribunal para justificar las exclusiones fue que él estaba siguiendo las “directrices de la JCF”.

“Aquí se nos va el país, de eso es lo que estamos hablando. Con el argumento de que eso va a mejorar la economía. Eso lo han dicho en todos los demás cuatrienios y estamos peor, estamos diciéndole vamos al cadalso a que nos guillotinen”.

Por el contrario, expuso que si se busca a los países que están mejor en términos económicos son aquellos que tienen una planificación de sus suelos en una forma bien pensada, bien mesurada, porque de esa forma se trata de aprovechar sus aspectos fuertes y evita sus debilidades. “Aquí no les importa nada a ellos, lo que les importa es aprovechar el momento. Con la cantidad de dinero que FEMA le va a dar a la AEE y que Luma se va quedar, por esa cantidad de dinero, $20 mil millones, matan a cualquiera, no estamos hablando de unos dos miles. Si se tienen que llevar de frente a quien sea, lo van hacer. No es tan solo la AEE es el resto del país, todos los mejores suelos, las áreas costeras desde el punto de vista que la Junta y los inversionistas ven como turismo”.

El activista ambiental exhortó a las y los puertorriqueños a tener la capacidad de solidarizarnos para entender lo que está pasando y que no nos mantengan divididos para que los inversionistas y otros intereses hagan del país lo que les dé la gana.

“De lo que estamos hablando es que si se destruye el ambiente olvídese de cualquier estatus político porque la isla no es viable. Cuando se habla del ambiente se habla de lo que sostiene la vida y cuando tú destruyes el ambiente estás destruyendo la base de lo que sostiene la vida. Los inversionistas hacen y luego se van del país, cuando ya no rinda más”, concluyó.

Editorial: Andrea y Keishla, más allá de las estadísticas

Por

editorial

mayo 4, 2021

¿Qué tienen en común Andrea Ruiz Costas y Keishla Rodríguez Ortiz con Angie Noemí González Santos, Jeannette Rodríguez Ramos y Rosita Alicea Delgado? Que todas fueron mujeres jóvenes y asesinadas durante los primeros cuatro meses del 2021, por sus parejas o ex parejas, en sucesos de violencia machista.

Angie Noemí, la enfermera y madre de tres hijas que, con solo 29 años, fue asesinada y lanzada por un barranco en un área rural de Coamo a mediados del mes de enero. Jeannette y Rosita, ambas de 41 años, fueron ultimadas en sus residencias, la primera a cuchilladas, el 6 de marzo en Isabela, y la segunda a balazos, el 1 de abril en Gurabo. De Andrea y Keishla poco resta de añadir a los detalles espeluznantes de sus desapariciones y asesinatos, que desde mediados de la semana pasada mantuvieron en vilo al País. El cadáver calcinado de Andrea, de 35 años, fue encontrado en un predio baldío en la zona de Cayey, el 29 de abril, y el de Keishla, de 27 años y en estado de embarazo, dos días más tarde flotando en la Laguna San José.

Estas cinco mujeres se unen a las cerca de medio centenar que fueron asesinadas el año pasado en circunstancias similares, en una espiral de feminicidios que sigue creciendo y alimentando la indignación y frustración general de la población ante estos sucesos. El año pasado, fue la desaparición y asesinato de Rosimar Rodríguez, de apenas 20 años, la gota que pareció desbordar la copa de la conciencia colectiva, como ocurre hoy, apenas un año más tarde, con los crueles y dramáticos sucesos que culminaron en las muertes de Andrea y Keishla. Lastimosamente, nada parece haber ocurrido entre un año y otro que alimente la esperanza de que en Puerto Rico hayamos avanzado hacia el objetivo de erradicar- o al menos reducir- la violencia contra las mujeres.

El problema de la violencia machista en Puerto Rico se ha tornado tan serio que ha forzado cambios en la mirada del Gobierno al mismo. Lamentablemente, las iniciativas gubernamentales caminan lento. No avanzan con la misma rapidez con que lo hacen los agresores y asesinos de mujeres. Por eso, no ha avanzado como debería la implantación de las nuevas disposiciones de la Declaración de estado de emergencia por violencia de género que emitió el Gobernador de Puerto Rico en la Orden Ejecutiva 2021-013 del pasado 25 de enero, y que constituye un buen paso hacia la atención del problema.

Es necesario abordar la violencia machista con la urgencia que tiene. Por eso, todas y todos los concernidos en las instancias gubernamentales deben saber que ahora mismo en Puerto Rico hay centenares de mujeres que conviven con sus agresores y están en riesgo inminente por la violencia machista. Muchas de esas mujeres no tienen cómo ni a donde escapar y esperan por algún remedio, aunque sea temporero, que sirva para protegerles su integridad física y sus vidas. Por eso, no puede permitirse nunca más que, como le ocurrió a Andrea Ruiz Costas, una mujer amenazada de muerte y temerosa por su vida solicite de emergencia un remedio judicial y le sea denegado.

La orden ejecutiva del Gobernador ha tenido un resultado específico: la creación del Comité PARE, que se describe como un esfuerzo abarcador entre las ramas y agencias del gobierno para organizar una respuesta gubernamental coordinada y efectiva ante la alarmante situación. El Comité y la figura de la Oficial de Cumplimiento, encargada de velar porque el Comité cumpla con sus objetivos, son buenas medidas, pero aún no arrancan del todo. Se sabe que se solicitó desde el Ejecutivo un presupuesto de $7 millones para su implantación, el cual la Junta de Control Fiscal redujo a $200,000. ¡Tremenda la importancia que le da el ente fiscal federal al asunto!

La declaración de estado de emergencia había sido un reclamo repetido de las organizaciones que proveen servicios a mujeres en riesgo de violencia machista, para prevenir agresiones y muertes, y también como medio de crear conciencia y educar sobre la necesidad de modificar y erradicar las actitudes y conductas machistas que son la raíz de la violencia contra las mujeres.

Junto a las demás tareas que tiene asignadas el Comité PARE, es indispensable que se le dé paso a la educación con perspectiva de género en nuestras escuelas. La educación es la base para la construcción de una sociedad de paz, donde sus integrantes tengan la oportunidad de desarrollarse, en libertad y plenitud, hasta el máximo de sus capacidades. Para ello, hay que comenzar desde la infancia a fomentar en los niños y niñas una cultura de tolerancia hacia la convivencia en el hogar y en la escuela. La educación con perspectiva de género es la herramienta que tiene el contenido y las actividades apropiadas para cada nivel escolar. Es en la escuela donde nuestros niños y niñas aprenden a socializar y compartir, y es ahí donde deben reforzarse las actitudes de respeto, tolerancia y equidad que formarán parte del carácter y sistema de valores de cada niño o niña.

Junto a la eficiencia y prontitud de los remedios procesales que provea el Estado, una educación que propenda al desarrollo balanceado de la relación entre los géneros es la mejor arma contra la violencia machista que le costó la vida a Andrea, Keishla y tantas otras mujeres en Puerto Rico.

Premiaciones casi a puerta cerrada/abierta

Por

maria-cristina

abril 29, 2021

En Rojo

Sin el hype de la prolongada alfombra roja, el vestuario “to kill”, las expresiones burlonas o bobas, las sonrisas congeladas—todo antes de entrar al escenario—las premiaciones de lo exhibido en el 2020 es un cambio tan radical que es difícil repetir. Pero al no contar con el espectáculo, nos concentramos en lo importante: los filmes seleccionados ya sea por BAFTA, GOYA, Golden Globes, Oscares, los gremios de actores (SAG-AFTRA), directores (DGA), productores (PGA), escritores (WGA), cinematógrafos (ASC), entre otros y los círculos de críticos como NYFC (New York Film Critics), WFCC (Women Film Critics Circle), entre muchos otros.

Por años hemos disfrutado, o no, los espectáculos que monta la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas para la culminación de la premiación de los Oscares. La habilidad de los presentadores de darle vida a los comentarios programados y añadir su propia pizca, el lograr que tanto los presentadores de categorías o secciones y los premiados logren decir todo antes de que la musiquita les apague el micrófono siempre ha sido un reto. ¿Cómo celebrar entonces los Oscar cuando no puede haber aglomeraciones en espacios interiores ni exteriores, cuando la distancia entre individuos es compulsoria y el único desfile es caminar sola, o con un solo acompañante, a una tarima vacía y recoger la estatuilla que han dejado en el podio? Pues sí lograron entretenernos, mantener nuestra atención casi todo el tiempo y premiar un grupo de los mejores filmes de un año pandémico. La ceremonia comienza con Regina King caminando desde el exterior al interior del Union Railway Station con un Oscar simbólico de lo que sería la noche (la tarde en Los Angeles).

Por primera vez pude ver TODOS los filmes nominados en todas las categorías principales (incluyendo The Father en pantalla grande), uno en Mejor Filme Extranjero, Another Round (Dinamarca) y uno en Mejor Largo de Animación, Soul, ambos ganadores. Pude ver dos documentales cortos, ambos excelentes por decir tanto en apenas 13 a 24 minutos porque fueron producidos por The New York Times, “A Concerto Is a Conversation” de Kris Bowers y Ben Proudfoot y por The Guardian, “Colette” de Anthony Giacchino, periódicos en línea a los que me suscribo. Comento mis impresiones de las premiaciones y cómo la mayoría de los presentadores y ganadores aprovecharon el espacio creado para expresar su sentir de la constante persecución y asesinato de jóvenes mayoritariamente afroamericanos y el uso y abuso de armas de fuego que ha resultado en tantas masacres a través de esta sociedad.

Como escribí hace un tiempo en mi reseña de Nomadland, no tengo la menor duda que éste es un filme muy especial que capta la vivencia de tantas personas que viven al margen sin que nadie los eche de menos o intente entender su manera de sentir. Con el premio de Mejor Directora, Cloé Zhao (¡con tenis blancos!) hizo historia en los Oscares por ser la 2nda mujer que lo recibe (Kathryn Bigelow fue la 1era en 2009 por The Hurt Locker) y la 1era mujer de color (término que han vuelto a usar para no-blanca). Frances McDormand como ganadora de Mejor Actora y además productora tuvo la oportunidad de demostrar su admiración por Zhao, la autora Jessica Bruder y todos los participantes de este viaje de encontrar significado en vidas precarias. También McDormand nos instó a, cuando sea seguro, volver a las salas de cine y a la ilusión cinematográfica que tanto extrañamos.

En las otras categorías de actuación, aunque el público esperaba un premio de recordación para Chadwick Boseman por sus intensas escenas en Ma Rainey’s Black Bottom, como ha pasado anteriormente cuando un actor muere sorpresivamente como Peter Finch en 1977 con Network y Heath Ledger en 2009 con The Dark Knight, el ganador por Mejor Actor lo recibió Anthony Hopkins por The Father. Es un papel escrito para él, donde está en escena todo el tiempo y los(as) espectadores(as) no pueden apartar su vista al movimiento, discurso, parálisis, mirada, inflexión de voz y cada detalle de su interpretación. Florian Zeller y Christopher Hampton también fueron los ganadores del Mejor Guión Adaptado. Daniel Kaluuya era el ganador esperado de Mejor Actor de Reparto en Judas and the Black Messiah ya que había recibido el Golden Globe, BAFTA y SAG aunque debió estar en la categoría de Mejor Actor. Sus palabras de aceptación—que suelen ser bastante inconexas—se centraron en su admiración por Fred Hampton y el poder de la unidad para lograr cambios y celebrar la vida. Para mi, Paul Raci en Sound of Metal nos dio una de esas actuaciones de tour de force, donde en una breve escena capta la esencia del personaje y al terminar el filme, seguimos recordándolo. La categoría de Mejor Actriz de Reparto fue la más floja porque de las cinco, no hay nada particular que recordar sino el esfuerzo que hicieron por ser parte del cuadro más amplio del filme. Por eso, el premio a la actriz coreana Yuh-Jung Youn por Minari era el esperado después de ganar el BAFTA. Ahí tuvimos otro discurso inconexo que no lograba poner punto final.

Quizá la categoría más sólida fue la de Mejor Cinematografía y aunque el premio fue a Eric Messerschmidt por Mank quién puede dudar de la excelencia de la dirección de fotografía de Joshua James Richards en Nomadland, de Dariusz Wolski en News of the World, Sean Bobbitt en Judas and the Black Messiah y Phedon Papamichael en The Trial of the Chicago 7. Sound of Metal es un cuento corto que se nutre del sonido, la fotografía y la edición de su montaje. Fue ganador de precisamente por Mejor Edición y Sonido. Sin competencia alguna, Ma Rainey’s Black Bottom ganó los premios de Mejor diseño de Vestuario y Mejor Maquillaje y Vestuario y las ganadoras tuvieron la oportunidad de inspirar a otrxs a seguir sus pasos. Me hubiera encantado que el talentosísimo Leslie Odom Jr hubiera ganado ya fuera como Mejor Actor de Reparto por One Night in Miami… en su personaje de Sam Cooke o como co-compositor e intérprete de “Speak Now”, pero ese premio lo obtuvo H.E.R. por “Fight for You” de Judas and the Black Messiah. Mank ganó el premio por Mejor Diseño de Producción y lo entiendo perfectamente. Aunque sé que todos los cinéfilos lo adoran para mí fue un reto ver el filme por su lentitud, complicaciones sin enlaces y actuaciones estáticas.

El Oscar por Mejor Guión original lo ganó la británica Emerald Fennell por Promising Young Woman a pesar de la fuerte competencia del excelente guión de Aaron Sorkin de The Trial of the Chicago 7. Antes de las nominaciones de los Oscar me había asegurado de ver Another Round del danés Thomas Vinterberg porque ya se decía que era el mejor filme europeo de 2020 y, especialmente, porque lo protagonizaba uno de mis actores preferidos: Mads Mikkelsen. Es un filme que duele mucho, pero presenta a los seres humanos siempre con la posibilidad de rehacer sus vidas, aunque pierdan mucho en ese camino.

Como nos dijo Kareem Abdul-Jabbar en su columna “This Year, the Oscars Got It Right”, por 1era vez tenemos unas nominaciones y premiaciones que presentan a la población real de los Estados Unidos con historias que desafían lo conocido y aceptado. Espero que éste sea el nuevo camino de los Oscar.