Entrevista a Sergio Marxuach
Para el director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía (CNE) Sergio Marxuach Colón es importante traer a la discusión pública el que “si por algún milagro” se determina que el contrato entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y Luma Energy no es bueno y se elimina, cuáles son las alternativas que tiene el país.
“Sabemos que el sistema como está tiene serios problemas, creo que debemos también pensar que si esta alianza público privada no es la solución, qué otros modelos tenemos, qué otros modelos existen en Estados Unidos, en países de Europa y América Latina, que podamos utilizar para mejorar el sistema, que es lo que queremos al final del día”.
Marxuach Colón, depuso la semana pasada ante la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, la cual examina el contrato, y advirtió que en caso de que no se pudiese modificar el contrato, el gobierno debería considerar prescindir de este.
En entrevista con este semanario, el economista y abogado trajo a la atención que hay varios modelos que el país pudiera examinar, por ejemplo, mucha gente no sabe que en Estados Unidos el modo en que llegó la electricidad en las áreas rurales a los años 30 -del siglo pasado- fue con cooperativas, las cuales todavía existen. Las cooperativas son los dueños de las líneas de transmisión y le compran la electricidad a los productores privados. “Sé que hay gente que está mirando eso para Puerto Rico, la propuesta de Cambio, por ejemplo, conllevaría ciertos cambios”.
Incluso señaló que todavía sigue quedando en el tintero la opción de una alianza público privada pero bien hecha, bien montada, de los que dijo hay modelos. También apuntó que el cuarto modo sería seguir con el modelo totalmente público y tratar de mejorarlo. Aun cuando hizo la acotación de que se ha demostrado que es un poco difícil debido a los diferentes grupos de interés que hay dentro de la AEE, pero entiende que si hay voluntad y buena fe y la gente no se tranca y atrinchera es viable.
El director de Política Pública del CNE resaltó que aun los que creen en las alianzas público privadas deberían estar mirando estas posibilidades ya que el hecho es que todas las organizaciones que de verdad han leído el contrato, como por ejemplo el Colegio de Ingenieros, Colegio de Abogados, IEEFA (siglas en inglés del Instituto para el Análisis Financiero y Económico de la Energía), hasta la Asociación de Industriales, que es la organización más conservadora, todos llegan a la misma conclusión de que el contrato tal y como está necesita enmendarse, mejorarse.
“No entiendo esta renuencia que creo que ya raya en algo ideológico, en una creencia casi mística en el mercado; repito, organizaciones que casi nunca están en el mismo lado están diciendo esto hay que volverlo a mirar”.
Si en efecto no hay cambios en el contrato y Luma asume el control de la AEE el 1 de junio, indicó que lo más importante –y que fue una de las cosas que destacó en la vista en la Cámara– es que el Negociado de Energía (NEPR) tenga verdadero poder para supervisar el contrato. Como está ahora estructurada la transacción se le otorga mucha de esa jurisdicción para supervisar la operación del contrato a la Autoridad de las Alianza Público Privadas (AP3). Aun cuando Marxuach Colón expresó estar seguro de que en la AP3 hay gente competente que tiene buenos sentimientos y quiere hacer las cosas bien allí, lo cierto es que no es la agencia que tiene el peritaje y los recursos para hacer eso. Levantó que entre otras cosas este es el tipo de cosa para el cual se creó el Negociado por lo que recalcó en la vista que es importante que se le otorgue poder al Negociado por legislación. A su juicio esa legislación no necesita la aprobación de la Junta de Control Fiscal (JCF) porque es básicamente una transferencia de poderes de la AP3 al Negociado.
Sobre esta recomendación comentó que notó un poco de renuencia de parte de la misma AEE ya que esta emitió un comunicado en el cual decía que el rol del NEPR ya estaba plasmado por ley. Marxuach Colón trajo a la atención que lo que hizo la Ley 120 –que fue la que autorizó la transacción de la privatización de la AEE– fue limitar el rol del Negociado. “Creo que debe ser, al contrario, si al final del camino terminamos con LUMA, yo creo que hace falta una supervisión estricta para asegurar que esto se cumpla al pie de la letra”.
A la interrogante que hacen todos los que han denunciado como malo el contrato, de cómo es posible, incluyendo a Marxuach Colón, que cuestionó la capacidad de la AP3 ante la Comisión, indicó a Claridad creer que parte del problema –y asumiendo buena fe de que no hay corrupción y partiendo de esa premisa– responde a que el gobierno no ha clarificado bien cuales son los objetivos de política pública que queremos lograr como gobierno a través del contrato. La razón o argumentos son el que se está haciendo porque todo el mundo dice que la AEE es un problema y es un desastre. Aun cuando dijo estar de acuerdo sobre el estado de la AEE criticó que el gobierno haya brincado a un contrato de alianza público privada sin considerar otras opciones que no necesariamente conlleven a ese tipo de contrato.
Continuó afirmando que es una combinación de que no se establecieron de manera clara los objetivos de política pública que se querían lograr, ya de entrada eso va a llevar a un contrato que no sea el mejor para Puerto Rico. Segundo, que hay la creencia de que las alianzas público privadas son como esta varita mágica que resuelve todo. “Hemos visto que no necesariamente es así, funcionan en algunos casos, pero en otros no, todo depende de cómo se estructure, de cómo se regule, como se negocie; hay toda una serie de variables que van a incidir en cómo va a finalizar a implementarse y el desempeño de la compañía”.
En esa dirección dijo creer que dentro del gobierno de Puerto Rico nos hace falta desarrollar un poco mejor la habilidad de si se va a utilizar este instrumento cuales son las áreas en que tiene sentido hacerlo, cuáles son los mecanismos, qué tipo de objetivos queremos lograr, cuáles son claramente las metas de política pública y entonces ahí es que entrarían las APPs.
“No es privatizar por privatizar o crear una alianza por crear una alianza, porque eso por sí solo, como hemos visto aquí en Puerto Rico, no necesariamente resuelve el problema”. Recordó la experiencia con la Autoridad de Acueductos y la misma reforma de salud.
En términos de los poderes del NEPR, se limita su poder para supervisar el contrato de Luma y básicamente dice que el Negociado va a seguir mirando todo lo que tiene que ver con las tarifas; y aunque eso es importante, el Negociado también debería estar –por ejemplo– pendiente a que LUMA cumpla con el Plan Integrado de Recursos (PIR) que se aprobó para la AEE y que es el plan maestro de electricidad que se aprobó para Puerto Rico para los próximos 20 años. Insistió en que el papel del Negociado no está del todo claro porque la ley lo que dice es que va a proveer conocimiento y peritaje, eso es más bien promover la transacción en vez de fiscalizarla. “Yo creo que es el rol primario [fiscalización] que debería jugar aquí y que debería fortalecerse y que desafortunadamente se debilitó a través de la Ley 120, que, como dije, fue la que autorizó la transacción por parte de la Asamblea Legislativa”.
A pregunta de CLARIDAD, Marxuach Colón le dio un plazo de finales del segundo al principio del tercer año para ver si LUMA de verdad puede con la operación de la AEE. “Al principio LUMA va a estar optimista de que lo pueden hacer todo, yo creo que la realidad va a empezar a darnos en la cara como a finales del segundo o principios del tercer año del contrato, ahí es que veremos verdaderamente si se está haciendo el proyecto que se necesita. Recordemos que esto es un proyecto a largo plazo y aunque lo hiciera el gobierno solo, el proyecto de reestructurar y transformar la red es uno de por lo menos de diez años y en esos diez años pueden suceder un montón de cosas, algunas que están bajo nuestro control y otras que no, pero creo que dentro de un periodo de tres años deberíamos poder analizar cuál ha sido el progreso, qué se ha quedado en el tintero, qué está funcionando, qué no está funcionando. Ya ahí deberíamos tener suficiente información y datos para ir tomando una decisión más acertada sobre si el contrato está funcionando o no”.
Esto a la luz de la larga lista de deficiencias que se le han señalado al contrato, y que el director de Política Pública del CNE advirtió a la Comisión de la Cámara que la privatización por si sola no iba a resolver los problemas de energía de Puerto Rico.
Otro aspecto de la etapa de la transacción de la AEE que se supone que todavía no se ha consumado es la privatización o venta de las plantas generatrices. Marxuach Colón, dijo con suspicacia que según el gobierno esa parte se está llevando a cabo ahora, pero no se sabe cuál es el estatus porque el gobierno no ha ofrecido ninguna información, más allá de decir que hay unas compañías interesadas y que se estaba negociando. Reparó que ese punto es bien importante porque por el lado de la generación hay que saber cómo vamos a reconfigurar el sistema para que sea eficiente, efectivo y permita las energías renovables. En un ambiente en que se está reduciendo la población y la demanda, describió como retante el atender esa ecuación que influye en los ingresos de la AEE.
Según se ha dicho por parte del gobierno hay entre seis a siete compañías que han demostrado interés, más allá de eso no se sabe nada. No se sabe cuáles son los términos que se están ofreciendo, ni las condiciones y ese es un gran defecto. Marxuach Colón censuró que en el proceso de alianzas público privadas, aunque en papel tiene muchas salvaguardas, en verdad como funciona es que se les presenta al pueblo ya como un hecho consumado.
Describió que la actitud del gobierno es “negociamos esto, todo era confidencial hasta ahora y te dicen tómalo o déjalo”. “Esto es un componente muy importante para la economía de Puerto Rico, muy importante para la sociedad, es fundamental tener acceso a electricidad a un costo asequible, y no pueden de la noche a la mañana decirte ‘esto es lo que hay’, el gobierno no puede funcionar así”.
El director de Política Pública del CNE reconoció que hubo una reacción positiva de parte de los legisladores, en especial de parte de los representantes, Mariana Nogales, Dennis Márquez y el presidente de la Comisión Luis Raúl Torres.
No obstante, Marxuach Colón expresó que lo que los legisladores están buscando va a ser difícil, porque –insistió–la postura del ejecutivo y la Junta “es que ‘hay que tomarlo como está’, eso no solo es anti democrático, es que también [aumenta la probabilidad de que] tengamos que darle para atrás a todo esto después, como pasó con Acueductos, sería el peor resultado. Pero si se determina que el curso de acción es seguir con esto, tenemos que fiscalizarlo bien y asegurarnos que se cumpla con las métricas de su desempeño para que tenga sentido”.
