CLARIDAD 

ccotto@claridadpuertorico.com

Los camioneros de Puerto Rico siguen en un estado de emergencia, que no le quepa duda a nadie, mucho menos a la Junta de Control Fiscal (JCF).

Así lo dejaron ver en entrevista el presidente  del Frente Amplio de Camioneros de Puerto Rico (FACPR), Víctor Rodríguez, y el secretario de organización, Carlos Rodríguez, luego de que el grupo Camioneros Unidos  dejara sin efecto un paro programado para este lunes (5 de abril), tras  una reunión con la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko.

El presidente de la organización resaltó que el Frente es la organización  de transportistas más grande del país, con más de 20 mil miembros. “Durante todo este proceso, nosotros llamamos a un estado de emergencia condicionado a que si el gobierno cumplía con el mandato de las tarifas, que se dio en un proceso de vistas públicas, nosotros no teníamos ninguna razón para parar el país en una asamblea permanente. Por eso decretamos un estado de emergencia. El Frente continúa en estado de emergencia condicionado a que el gobierno cumpla con el mandato de mantener las nuevas tarifas”.

La controversia responde a la pretensión de la JCF de que el Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos (NTOSP), deje sin efecto un aumento en las tarifas al transporte terrestre, aprobado en diciembre. Luego de enviar una carta al Negociado (el 26 de marzo), Jaresko hizo expresiones públicas al respecto.

El presidente del Frente rechazó que el grupo de camioneros y su abogado, Leonardo Delgado Navarro,  que se reunió con la Junta, les represente. Arguyó que Delgado Navarro está reconocido dentro del movimiento obrero como un agente disociador. “No vamos a caer en el pescaítode esa gente”, se refiere a la JCF. Rodríguez afirmó que los patronos están obligados y están cumpliendo con las tarifas, por lo que de parte del Frente, continuarán pendientes, y en el caso de que el Negociado diga que las quita, “ahí empieza el revolú grande”.

Según explicó, la petición de otros dos grupos de camioneros, de que el gobernador emita una orden ejecutiva para que se cumpla con las tarifas, no es necesaria debido a que ya hay una ley. La única OE que dijo  podría pasar el gobernador sería para  darle un mandato de tiempo al Negociado para que pongan en vigor las tarifas; pero aún eso sería innecesario, dijo.

Frente a las pretensiones de la JCF, Rodríguez adelantó que estudian la  posibilidad de presentar un injuctionen el tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico (llamado tribunal federal) contra la JCF por intervención indebida con personas que son dueños de sus camiones, que son propiedad privada. Estos no tienen nada que ver con el gobierno por no ser empleados públicos.

 Defendió que hacía 15 años que las tarifas de carga de arrastre terrestre no se aumentaban. Recordó que en el 2005 detuvieron el país en una asamblea permanente con la cual lograron que el Negociado, conocido entonces como la Comisión de Servicio Público, adoptara una orden de revisar las tarifas cada cinco años, de acuerdo al ajuste por combustible, para evitar precisamente que se estuviesen pidiendo aumentos  arbitrarios. Sin embargo, durante estos 15 años nunca se aprobaron los aumentos. En el 2012, el Frente radicó una tarifa, y luego de una pelea con el Negociado consiguieron que se hicieran vistas públicas y estudios, hasta lograr que en las recientes vistas se aprobara un aumento tarifario de un 36 %. Incluso la JCF fue invitada a deponer, pero no asistió.

 Rodríguez fue enfático en denunciar: “La Junta no tiene hachas que amolar ahí porque las tarifas no tienen que ver nada con el presupuesto del Negociado. El Negociado no puede someter en su presupuesto unas tarifas que no las paga él”.

El líder sindical reconoció que el Negociado está  supervisando que se paguen las tarifas y ya ha multado algunos comerciantes hasta por $10 mil. Acusó a la Junta de estar defendiendo los intereses de las grandes empresas como Walmart y de que lo que busca es la desreglamentación del sector, como sucede en los estados de Estados Unidos.

Por su parte, el secretario de organización del Frente, Carlos Rodríguez, en entrevista por separado reafirmó que desde el mes de enero han mantenido la postura de no reconocer al ente federal. “En nuestros asuntos de transporte tenemos el Negociado de Transporte  y otros Servicios Públicos, que es el que regula todo los relacionado con el transporte público y privado. El Negociado emite unas tarifas que están para velar un justo balance entre el dueño de la carga y el transportista y, obviamente, el pueblo, para que los gastos no sean altísimos. Mucha gente piensa que por el alza tarifaria los precios son altos, y eso no es cierto. Los precios suben por las navieras y las leyes de cabotaje. Ahí está el estatus colonial otra vez en issue. Siempre ha estado”.

Ambos entrevistados coincidieron en llamar a la atención que la Junta se opone al aumento a los transportistas, pero no dice nada respecto al aumento en las tarifas de los muelles decretado por las navieras. El secretario de organización del Frente de Camioneros comparó que mientras el alza en los muelles es cada año, los transportistas llevan 15 años esperando por un alza.

“Todos los años el costo de vida aquí sube. Todos los años los grandes navieros suben el precio de los vagones, nuevos impuestos, y aquí nadie dice nada. Y dicen que eso no afecta. Mira para allá qué poca vergüenza, cuando esa es la más que nos afecta a nosotros. Entonces estos grandes intereses lo que buscan siempre es pasarle todo el costo de su operación al transportista, y eso no es justo”.

Carlos Rodríguez  también censuró  expresiones de Jaresko, de que no multaran a las compañías que no están pagando el alza. “Pero si están violando la ley, ¿cómo no los van  a multar? Lo que ella está haciendo  es protegiendo a los grandes intereses”. Agregó que las pretensiones de desreglamentar el sector  lo que busca es dar paso a que compañías  grandes de transportistas acaparen el transporte en la isla. 

En ese sentido, describió como peligrosa la supuesta negociación de la Junta con un grupo de camioneros.  A la luz de la comunicación emitida por la Junta sobre la supuesta negociación, indicó que esta reconoce que las tarifas son legales y que el Negociado es el ente regulador que tiene la potestad en ley para establecerlas; que permitirá que las tarifas sigan en vigor a cambio de que los camioneros no se manifiesten e incluso dice que más adelante puede sentarse con los transportistas para evaluar sus necesidades.

 “Nuestra postura es clara: nosotros no vamos a negociar con nadie los derechos adquiridos. Estos derechos adquiridos nos han costado líderes muertos en la línea de fuego. Hemos ido a los tribunales y prevalecimos con el concepto de la asamblea permanente. Por eso nos protege la Constitución en el Articulo 6.¿Yusted va a venir a decirme a mí que dejamos estas tarifas a cambio de que no se manifiesten,? ¿Quién los está impulsando? Ahí no está la mayoría de los camioneros, aquí entendemos nosotros que hay un agente disociador que está siendo utilizado para crear división y caos. En ciertos grupos de transporte, si lo está haciendo o no, no sabemos; pero en nuestro grupo no entran”, afirmó el secretario de organización del Frente Amplio de Camioneros.

El derecho de los camioneros a manifestarse mediante una asamblea permanente está garantizado a raíz de que en 1979 el Tribunal de Circuito de Apelaciones de Boston decretó que tenían derecho a mantenerse en una  asamblea permanente en ausencia de un derecho laboral a una huelga. El camionero  tiene derecho a asociarse ya que el camión es de su propiedad. La acción en el Tribunal de Apelaciones fue contra una decisión del entonces juez de distrito Juan Torruellas.

 “Quienes pagan las tarifas son los comerciantes, y el Negociado las está haciendo cumplir. Ya hay más de 25 % de los clientes que las están pagando, son las grandes empresas las que no quieren pagar”, denunció Carlos Rodríguez, a la vez que no dejó pasar por alto expresar que la directora ejecutiva de la JCF se gana $600 mil al año “y  viene a decirle a un camionero de Jayuya que él no puede ganarse lo que es justo. Esta señora no tiene ninguna moral ni le reconocemos ninguna injerencia en nuestros asuntos”.