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Reflexiones: la década de 1990 y las paradojas  del debate posmoderno criollo

 

En el campo académico, universitario o no, la década del 1990 fue testigo del inicio del debate sobre las tensiones entre modernidad y postmodernidad. En Puerto Rico aquel era un asunto espinoso. La pregunta sobre qué  significa eso del “Puerto Rico moderno” siempre ha sido problemática. La vinculación de la modernidad con ciertos asuntos políticos resueltos en otros contextos, en especial el de la soberanía siempre ha levantado suspicacias. La situación provenía de una simplificación de lo que significa la modernidad. La trampa radicaba en la manía de reducir la modernidad al principio político de la soberanía, una condición jurídica que el país nunca consiguió. El debate posmoderno criollo fue, en ese sentido, un fenómeno peculiar.

En términos generales, el epicentro de la discusión fue la validez de la herencia material y cultural moderna que en Puerto Rico se había desarrollada en el marco de la dependencia colonial. El espíritu presentista se impuso y el Puerto Rico moderno acabó por asociarse al proceso de industrialización, el tránsito de la industria liviana a la pesada, la inversión en la producción de fármacos y alta tecnología, el desarrollo urbano y el enrarecimiento del pasado rural. Se trataba de una definición economicista estrechas miras culturales animada por los gestores de aquel proyecto considerado exitoso. Los indicadores aludidos estaban vinculados a la segunda posguerra, la primera fase de la Guerra Fría, la instauración del Estado Interventor y Benefactor y, por supuesto, al ELA y sus administradores que militaban en el PPD y el PNP anterior al rossellato. El Puerto Rico de la postmodernidad surgiría de las cenizas de aquel.

La interpretación dominante no consideraba el lento proceso de desarrollo de las ideas modernas en el país desde fines del siglo 18 a través del reformismo ilustrado autoritario, y parecía poco capaz de integrar  los experimentos modernizadores que marcaron el siglo 19 al palio de las reformas de 1808 a 1815 y la transformación de Puerto Rico en una célebre colonia o sugar island “siempre fiel” al  imperio político el español, y desde mediados del siglo al imperio económico estadounidense. Aquella modernidad abigarrada y obtusa había sido reducida a los empeños exitosos de la era de Muñoz Marín  y Teodoro Moscoso (1910-1992).

El fin de la era de la empresas 936 fue por lo tanto un evento que marcó el colapso de una época y el incierto inicio de otra, como ya se ha sugerido: el liberalismo abría paso al neoliberalismo. El giro fue dramático porque planteaba enormes paradojas. Desde la invasión de 1898 y la implantación forzosa de la Ley Foraker de 1900 se había instaurado cierto tipo de “comercio libre” entre Puerto Rico y Estados Unidos.

El comercio libre instituido a partir del 1900 en Puerto Rico era problemático.  Mediado por la Leyes de Cabotaje de 1920, había legitimado el monopolio de ciertas compañías de transporte que encarecían los consumos en el mercado local. Aún bajo aquellas condiciones había representado una excepción que muchos observadores en el territorio no incorporado valoraban. La premisa que lo justificaba era que el territorio había sido codificado como uno “no incorporado”: ni la ocupación ni la imposición de la ciudadanía estadounidense los convertían en candidato a la estadidad.

La lógica oculta de aquella propuesta era que su estabilidad dependía de que Puerto Rico siguiese siendo una colonia. Había que evitar que se transformara en un estado de la unión o que alcanzara  su independencia porque, después de todo, el comercio libre y el crecimiento dependían de la estabilidad de una relación asimétrica o colonial. Como se verá más adelante, esa se convirtió en la lógica dominante de los ideólogos del PPD hasta el día de hoy.

La novedad fue que  en la década de 1990, en el contexto del neoliberalismo emergente, se decidió demoler las barreras arancelarias internacionales por lo que el “privilegio” reconocido al  ELA se convirtió en moneda común. Lo que legitimaba la existencia de una relación especial entre Puerto Rico y Estados Unidos era el valor militar de la isla caribeña en el contexto de la Guerra Fría. Muchos imaginaron, me incluyo, que una vez terminada la Guerra Fría en 1991 y después de la decisión respecto a la sección 936 en 1996 la relación estatutaria entre ambos pueblos debería ser revisada. La única manera de mantener el comercio libre eficaz con Estados Unidos requería, al menos en la teoría, la articulación de una forma de soberanía que no atemorizara a una comunidad acostumbrada al “amparo” del otro. La lógica de los tiempos sugería que el tránsito de la modernidad a la posmodernidad o del liberalismo al neoliberalismo, una vez dejado atrás el conflicto este-oeste, requeriría la solución definitiva del estatus.

Me parece que buena parte de la intelectualidad de todas las tendencias estaba consciente de ello en la década del 1990. La década podía implicar un avance significativo hacia la estadidad o la independencia o una forma tolerable de soberanía. El ELA, una invención retórica de la Guerra Fría, debería desaparecer con ella.  El paso del tiempo ha demostrado que las retoricas no son fáciles de superar. La dejadez o  la desidia de la clase política puertorriqueña, la cual había crecido al amparo del ELA y su causa, junto a la morosidad y dilación del Congreso,  el cual se excusaba en que estaba ocupado en otros asuntos, frenó aquella posibilidad.

A aquella demora habría que añadir que los sectores tradicionalistas y moderados en el PPD, los que todavía concebían el ELA como una “solución final” al dilema de estatus, se enquistaron en el poder e imposibilitaron una revisión creativa de aquel régimen estatutario. Muchos de los ideólogos que en 1960 habían militado  cerca de la “nueva generación” de populares soberanistas se habían movido de la izquierda a la derecha del PPD. Ese fue el caso del exgobernador Hernández Colón por lo que, en cierto modos, los sectores destinados a reelaborar la fórmula estadolibrista en un sentido soberano no estaban disponibles para hacerlo.

¿Qué pasó hacia “izquierda”?

En términos intelectuales los paradigmas, presunciones o certidumbres modernas más cuestionadas en aquella década en Puerto Rico tenían que ver con las diversas formas históricas que había adoptado la resistencia a la situación colonial. Me refiero, por un lado, al nacionalismo político y cultural, ideologías que salieron muy lastimadas de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial por cuenta del fantasma del nazismo y el fascismo. La idea del “nacionalismo malo” esgrimida por Muñoz Marín en las Conferencias Godkin de 1959 no fue la única razón para ello. Ciertos factores materiales vinculados al mercado deben ser tomadas en cuenta para comprender aquel proceso de derrumbe. Me refiero al desarrollo acelerado de la sociedad de consumo lo mismo que a la revolución de las comunicaciones y la informática que se afianzaron en la década de 1990.

Por el otro lado, el socialismo en todas sus formas atravesó por un proceso análogo. El proyecto socialista se había deteriorado a partir de la ruptura de la alianza antifascista entre Washington y Moscú tras la Segunda Guerra Mundial: la Guerra Fría fue devastadora para su imagen. El desprestigio se fue atando a la imagen de autoritarismo de Josip Stalin (1878-1953) y del neoestalinista Leonid Brézhnev (1906-1982). La crítica más eficiente contra aquel orden provino del interior del bloque soviéticos. Me refiero a la de Lech Waleza (1943- ) por medio del sindicato “Solidaridad” desde Polonia, y Mijaíl Gorbachov (1931- ) a través de la formulación administrativa y política de la glasnost y la perestroika, durante la década de 1980. Los nuevos sistemas de difusión de la información occidentales se encargaron de crear una impresión de consenso antisocialista a nivel global. El proceso también facilitó el olvido del liberalismo de posguerra y su cultura a la vez que legitimó los avances del neoliberalismo de posguerra fría y su cultura. La  conclusión de la Guerra Fría, proceso que se aceleró entre 1989 y 1991, un fenómeno catapultado por la mediática demolición colectiva del Muro de Berlín desde el  10 de noviembre de 1989, fue interpretado como un signo del triunfo del oeste y el capitalismo sobre el este y el socialismo. El “socialismo realmente existente” y el socialismo en general, se vieron precisados a reformularse de cara a una situación llena de retos teóricos y prácticos. Ya habían hecho un ejercicio similar en la década de 1960 pero las circunstancias requerían una nueva introspección.

Es cierto que el “socialismo realmente existente” desapareció con el bloque socialista. Pero el “capitalismo realmente existente”, identificado con el Estado Interventor y Benefactor que actuaba como intermediario entre el pueblo y el mercado y que había sido el corazón de los ideólogos del PPD y del PNP, esas genéricas derechas puertorriqueñas tan difíciles de distinguir la una de la otra, también se eclipsaría en medio del proceso. El neoliberalismo era otra cosa. Las  tonalidades características del capitalismo estaban siendo sometidas a un intenso proceso de revisión por lo que su fisonomía definitiva dependería de adonde condujese la práctica. Los efectos de aquellos cambio sobre las relaciones políticas, sociales, económicas y culturales, y en cuanto al papel de los partidos políticos electorales  tradicionales, al PPD y al PNP habría que añadir el PIP,  estaban todavía por verse.

Una cosa resultaba innegable. El debilitamiento de la ilusión de “igualdad” al amparo de un Estado éticamente comprometido con el abajo social que había animado al “socialismo realmente existente” y  “capitalismo realmente existente”, era remplazada por otra más peligrosa por lo precaria. Me refiero a la ilusión que partía de la premisa de que la igualdad se conseguiría en el mercado mediante el consumo. La socialización o universalización de la riqueza que brotaba del trabajo productivo era sustituida por la  socialización o universalización del consumo.  El nuevo modelo capitalista requeriría una revisión radical del discurso y la praxis de los socialismos, voluntad que sólo comenzó a rendir frutos tentativos y con numerosos tropiezos a partir del año 2000.

En Puerto Rico las izquierdas socialistas, las cuales desde la década de 1930 y no sin tropiezos había animado el desarrollo de una alianza táctica con amplios sectores del nacionalismo de todas las tendencias a fin de enfrentar los rigores de la gran depresión, se encontraban desde inicios de la década de 1960 en un proceso de examen ideológico. No se trataba de una situación local sino de un fenómeno  global. Tanto las certidumbres racionalistas, filosóficas y científicas del socialismo, como las certezas morales del nacionalismo habían sido vulneradas. Pero todavía en la  segunda parte de la década del 1990, en medio de la confrontación cultural desde el arriba social antes reseñada y en el momento de auge de la popularidad del estadoísmo y la figura de Rosselló González, no asomaba en el panorama una opción legítima en el seno de la  resistencia anti sistémica.

La discusión cultural académica, universitaria o no,  durante la década de 1990 exigía una reflexión intensa, sosegada y abierta en torno al cambio. En 1993 una organización novel,  la Asociación Puertorriqueña de Historiadores (APH), fue el teatro de muchos debates al respecto. Su línea editorial habla por sí sola. La agrupación, en cuya fundación participaron algunas de las figuras más respetables de la historiografía de aquel momento, pienso en Fernando Picó (1941-2017), atrajo a un puñado de historiadores de la nueva historia social y de la promoción de lo que entonces se denominaba de acuerdo con una breve publicación en la revista Op. Cit. del Centro de Investigaciones Históricas (CIH), los “novísimos historiadores”. Aquellos parecían interesados en la mirada y la interpretación que ya se denominaba, a pesar de la resistencia de los historiadores tradicionales y los nuevos, “postmodernista”. No menciono a otras personalidades de la historiografía a las cuáles se apeló porque no me consta que se sientan cómodos al momento de ubicarlos como “carnada” o “sebo” para un proyecto de aquella naturaleza. Tampoco menciono a los que se negaron a apoyar la convocatoria porque detrás del “sí” y del “no” había consideraciones que iban más allá de diferencias teóricas y filosóficas. La crónica o historia, me da igual que concepto que se use para describirla,  de aquel atropellado proceso habrá que escribirla en otro momento.

Picó, un ser humano noble, sabio y paternal como buen jesuita, sólo presto su nombre para asegurar el proceso formativo de la organización. Su condición de gran figura y voz cimera de la historiografía parecía ser, o al menos eso se presumió, una garantía para el éxito de la organización. En la fundación de la APH, como se podrá deducir, convergieron condicionamientos propios de la cultura señorial y la moderna, elementos que siempre rodean los cenáculos intelectuales universitarios o no.  A pesar de que Picó se alejó luego de las estructuras de poder de la  APH, su opinión y su influencia siempre estuvieron presentes y, cada vez que se le convocó a un encuentro, congreso o asamblea, estuvo dispuesto a colaborar .

Vista a la distancia, aquella organización cumplió una función puntual en el debate cultural. Animó de buena fe la evaluación del lugar del “historiador” y la situación de la “historia” en el Puerto Rico de los 1990 en el marco del punto de giro entre el orden liberal y el neoliberal o la modernidad y la postmodernidad. Todo asunto polémico fue puesto en agenda: la relación de la historia con las ciencias sociales, las humanidades, la filosofía y el lenguaje. Se llamó la atención sobre la relación de la historia con el  género y la literatura, se tocó el asunto la implosión de la idea de la identidad, la relación nación / región,  y las miradas al 1898, entre una amplia variedad de temas. También se evaluó el papel de la disciplina en la evolución de las resistencias socialistas y nacionalistas. Sus actas, su colección de publicaciones y ponencias son un valioso archivo para la aclaración de las tensiones entre 3 polos discursivos de aquel momento: la historiografía tradicional, la llamada nueva historiografía convertida en una nueva mirada tradicional, y la novísima como metáfora de la cultural o la posmoderna. La APH desarrolló una línea editorial en alianza con la editorial Postdata, un foro postmodernista, y entre 1994 y 2000 produjo una colección de títulos que marcó una pauta para el debate al margen del marco institucional universitario sin desvincularse del mismo. El impacto de aquella asociación en la disciplina merecería una investigación más profunda que todavía no se ha hecho.

Sin duda la situación de cambio que se vivía en la década de 1990 enriqueció el temario de los historiadores profesionales y estimuló la autonomía de su trabajo respecto a los proyectos políticos y sociales  que se habían promovido desde el poder y que se citaron en la reflexión anterior. No me aventuro a evaluar las fuentes probables de aquel giro en este momento. Ese esfuerzo debe hacerse en un buen estudio sobre la historiografía reciente (del 1970 al presente)  que todavía nadie ha realizado.

El debate cultural e historiográfico durante la década de 1990 también tocó al independentismo de ideología socialdemócrata o nacionalista, y el socialismo puertorriqueño. Todas aquellas propuestas estaban en proceso de revisión desde adentro pero las presiones de la tradición pesaban mucho a la hora de la autoevaluación. Es curioso que las propuestas que con más agresividad apelaban a la necesidad del “cambio radical”  mostraran tanta resistencia a la autocrítica en un momento de la historia en el cual la reflexión punzante era forzoso.

El sector ideológico más dispuesto al revisionismo fue el socialismo y las izquierdas en general. En las izquierdas cuestionadas floreció el anarquismo, la estadidad radical y el pesimismo fronterizo con el cinismo filosófico. En el Puerto Rico colonial del 1990, aquel abanico de opositores denominados de manera genérica “izquierdas” estaba en crisis y en reflujo. Dado que el estadolibrismo estaba siendo cuestionado al final de la Guerra Fría, la propuesta más atractiva y de más coherencia fue el estadoísmo animado por la atrayente figura de Rosselló González.

La revitalización de un discurso de la resistencia original y prometedor se desarrolló donde menos se esperaba. Un problema de la vieja época de la Guerra Fría sirvió de laboratorio al mismo. Me refiero a la presencia de la Marina de Guerra de Estados Unidos en Vieques y sus prácticas de combate en la isla municipio desde 1947.

 

Para el gobierno la agricultura no es prioridad

CLARIDAD

Se podría atribuir a  intransigencia, así como a falta de conocimiento  por parte del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico (DVPR) y el Fideicomiso de Ciencias y Tecnología (FCT), la falta de acceso de los y las pequeñas agricultores a los fondos destinados para la recuperación agrícola (REGROW, siglas inglés), denunciaron organizaciones y grupos comunitarios que integran el esfuerzo Recuperación Justa para la Agricultura.

En entrevista, Elisa Sánchez Torres, directora del Centro de Apoyo Jíbaro de Lares y Bartolo,  expuso a CLARIDADque el programa REGROW es parte de los fondos CDBR para los agricultores destinados a la recuperación de los efectos del huracán María. La asignación de $92.5 millones le fue otorgada en septiembre pasado al DVPR, el cual sin mediar consulta ni siquiera con el entonces secretario de agricultura, le otorgó un contrato al Fideicomiso para manejar el programa.

“Cuando anunciaron que los fondos estaban disponibles y empiezan a dar orientación, personas que estamos en comunidades agrícolas y pequeños agricultores empezamos a levantar la bandera de alarma por varias razones”, expresó Sánchez Torres.

Para empezar, denunció, de los $92 millones para el programa, Vivienda le destinó al Fideicomiso $30 millones para la administración; es decir, una tercera parte de los fondos.  Entre  las tareas que tiene asignado el Fideicomiso es hacer una revisión financiera de cada solicitud de los agricultores, lo que implica que están determinando la solicitud de acuerdo con el informe crediticio del agricultor. Resaltó que de acuerdo a las guías  y legislación federal del programa, se supone que el 70 %  de esos fondos CDBG  sean destinados a familias de bajos y moderados ingresos. Por el contrario, Vivienda y el Fideicomiso han decidido dar prioridad a los negocios y no a la producción agrícola de fincas de ingresos limitados.

“Lo que pasa es que los agricultores, en su gran mayoría el pequeño agricultor, que es un  88 % de los agricultores en este país, están trabajando de manera informal, no tienen las fincas registradas como negocio. Otro requisito que le solicitan a la hora de presentar los documentos es experiencia administrativa, educativa. Cuando vamos a tratar de llenar las solicitudes, obvio, los agricultores ni fueron a la escuela o tienen baja escolaridad, no tienen registrado su finca como negocio. No han llenado planilla porque, la mayoría, los ingresos son muy bajos. Y ellos temen llenar las planillas por la situación de que le van a quitar, más que el PAN,  el seguro médico”, manifestó Sánchez Torres.

Añadió que el agricultor de la montaña está en condiciones peores porque allá nunca llegó semilla después del huracán, tampoco nada de fondos, debido a que la gran mayoría no tenían asegurados sus cultivos.

Para poder presentarle esta evidencia al Fideicomiso, la directora del Centro de Apoyo Mutuo de Lares y Bartolo (una comunidad a 45 minutos del pueblo de Lares) recibió una subvención de Apoyo Legal Puerto Rico para hacer unas entrevistas en los pasados dos meses a pequeños y medianos agricultores de la montaña, que comprenden los pueblos de Adjuntas, Lares y Camuy.  Las entrevistas arrojaron además que la media de edad de los agricultores está sobre los 58 años. Se observa que el  agricultor nunca se retira, como tampoco  ha habido un relevo generacional, más aun,  los pocos jóvenes  obreros agrícolas que había, luego del paso del huracán María se fueron a trabajar a Estados Unidos ante el ofrecimiento de un salario de $15 dólares la hora. Dio como ejemplo que el sector Bartolo se quedó con apenas siete obreros agrícolas jóvenes. “Fue tan devastador para el [agricultor] pequeño y grande, que hasta las haciendas grandes están trabajando con siete y cinco obreros”.

Sánchez denunció que tanto los  requisitos como el lenguaje de la solicitud hacen  imposible que un pequeño agricultor tenga acceso a los fondos. Ante las denuncias, la excusa del Fideicomiso es que no fueron ellos quienes  prepararon las guías del programa, que están atados al reglamento federal y que tienen que cumplir con el contrato. También les dicen que ‘vayan a reclamarle al Departamento de Vivienda’.

El único gesto que ha hecho el Fideicomiso fue que cuando se quejaron del documento, en el que hay que presentar evidencia de estudio para un agricultor que lleva 30 años y es analfabeta, hicieron un documento para que el agricultor vaciara su experiencia.  No solo es que los requerimientos no se adaptan a la realidad de los y las agricultores, es que todo se hace mediante vía electrónica y la orientación se da mediante un centro de llamadas.  “El  75 % de los agricultores no tienen internet y menos una computadora”.

Sánchez Torres comentó que cuando los centros comunitarios empezaron a dar orientación por iniciativa propia para que los agricultores se enteraran de que estaban los fondos, notaron que el lenguaje de los documentos es el de una visión de una empresa, lo que contrasta con la realidad de los agricultores, que lo que manejan es una finca familiar.

Las  solicitudes son tan difíciles de llenar que hasta los grandes agroempresarios están pagando para que se les llene, y ya hay contables que están cobrando por llenar la solicitud desde $70 a $1, 500. En esa línea, trajo a la luz que el exsecretario Rivera Aquino fue el primero que comenzó a llenarles solicitudes a las grandes empresas agrícolas. “Hay una abogada en el pueblo de Lares que cobra $2,500, y si le aprueban, cobra una comisión”.

Un aspecto que destacó es que según se define en las guías y por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos un “pequeño agricultor” es aquel que gana menos de $350 mil al año. Sánchez Torres detalló que el  promedio de ingresos del pequeño agricultor en Puerto Rico  es $12 mil dólares al año y que los que se reconocen como grandes agroempresarios están en los $350 mil.

“Lo que significa que están compitiendo con el agricultor de al lado (se refiere a los pequeños agricultores). Y según el Fideicomiso,  han recibido mil y pico de solicitudes.  Como estábamos en el covid, la excusa es que no pueden hacer nada en persona. De esas, me  atrevo a decir que 980 pagaron por que se las hicieran”,.

En el caso de  los pescadores, alertó de que ni los mencionan en las guías, cuando se supone que estos tienen acceso a esos fondos. Ante la dificultad de identificar su lugar de trabajo, el Fideicomiso les está pidiendo un afidávit que identifique su vivienda como su lugar de trabajo.

En entrevista por separado, Jaqueline Pérez, directora de la Fundación  Bucarabón, en Maricao, otra de las organizaciones que suscribieron las denuncias, confirmó que de parte del secretario del Departamento de Agricultura, “no he visto ningún tipo de acción. Como secretario debería dar la mano”.

Coincidió con que la complejidad y los requisitos de la solicitud son tantos, que algunos agricultores han tenido que recurrir a otros profesionales que cobran desde $800 hasta $2,500 por llenarles la solicitud.

“Es  un problema, porque estos fondos están para adelantar la agricultura; pero si los vamos a dejar a personas que siempre cogen el dinero porque saben cómo manejarlo, es discriminatorio.”.

Ambas gestoras censuraron que se les pida a los agricultores un historial crediticio como si se tratara de un préstamo, cuando el hecho es que el programa es una subvención.

Las organizaciones están reclamando que  se enmiende el contrato con el FCT y que parte de los $30 millones se les dé a las organizaciones que sí están trabajando directamente con los agricultores. Sánchez Torres trajo a la atención que el actual secretario de Agricultura, Ramón González  se reunió con el secretario del DV, William Rodríguez,  y le pidió $10 millones de los fondos para que sea Agricultura el que evalúe las solicitudes.

En tanto, el movimiento de Recuperación Justa para la Agricultura le solicitó una reunión al Departamento de Vivienda Federal (HUD), que es de donde originan los fondos para presentarle sus objeciones. Sánchez Torres observó que es el secretario de vivienda es quien debe solicitar cambios al programa, “pero no lo va hacer ni se va a reunir con nosotros”, denunció.

Vieques y Culebra una lucha que no cesa

 

ccotto@claridadpuertorico.com

Un contrato tan leonino como lo es el de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con Luma, así es el contrato de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) con HMS Ferrries. Ambos negociados por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AP3). La estrategia del gobierno adoptada para justificar la privatización de ambos servicios fue la misma, dejar deteriorar el servicio.

Son ya más que conocidas las denuncias de los puertorriqueños de Vieques y Culebra, de la falta de transportación marítima, falta de embarcaciones, retrasos en las salidas, preferencia a los turistas por encima de los residentes, una falta de sensibilidad con horarios que no consideran a personas con condiciones críticas de salud, en fin, la falta de transporte conlleva a limitaciones de acceso a servicios de salud, educación y hasta de comestibles. Este fin de semana los culebrenses y viequenses dejaron explotar su malestar ante la situación ya insostenible.

En tanto, en entrevistas por separado, el licenciado Adrián González Costas y un ex comisionado de Vieques y Culebra coincidieron en atribuir que el deterioro del servicio marítimo ha sido uno intencional por parte del gobierno con el propósito de su privatización, lo que responde a la política neoliberal de privatización.

El licenciado González Costas, enlace del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), con la isla de Vieques y quien examinó el contrato de privatización del servicio de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) con la compañía HMS Ferries describió que el contrato mas allá de lo indeseable raya en lo obsceno. El contrato por la cantidad de $750 millones y vigencia desde el 2021 al 2043, es decir 22 años, se otorgó el 27 de octubre del 2020.

Una vez más se presenta la interrogante de si la ATM puede pagar un contrato de esa cantidad a una empresa privada porque entonces no lo invierte en el servicio. “Esa es la situación que hace que el contrato más allá de indeseable raya en lo obsceno. Han permitido que las lanchas de la ATM se hayan ido dañando una a una para ahora decir que lo que queda es una y por eso hace falta lanchas privadas. Si hubiesen invertido ese dinero durante este tiempo en arreglar y optimizar e incluso en adquirir lanchas nuevas para que fuesen propiedad del pueblo de Puerto Rico, en la reparación o lanchas nuevas de la propiedad del pueblo de Puerto Rico estuvieran funcionando las nueve lanchas que tenía la ATM que hoy solo funciona una o incluso podrían tener más lanchas. La última lancha la adquirieron en el 1998 y costó $12 millones eso es mucho menos que el contrato de privatización”.

Como sucede con el contrato de la AEE con Luma, el contrato de ATM con HMS Ferries a la luz de lo que detalló González Costas, tiene unas condiciones muy desfavorables para el gobierno de Puerto Rico. La ATM pone todo: los muelles, las lanchas los empleados, la inversión; mientras la empresa privada va a cobrar la cantidad de $750 millones solo por administrar el sistema de transporte entre Vieques, Culebras y la Isla grande. La HMS también administrará el transporte entre Cataño a San Juan, pero no tiene que invertir en absoluto en nada adicional.

El también asesor de la senadora María de Lourdes Santiago, llamó la atención a que la forma en que se aprobó el contrato fue una irregular. Explicó que por ley la junta de directores de la ATM dispone que haya cinco miembros; el alcalde de Vieques, el alcalde de Culebra, el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), un representante del interés público y el director de la Autoridad de Puertos (AP). El asunto es que esos cinco miembros que componen la junta son los que debieron votar para aprobar el contrato. Pero la ley de AAFAF tiene un inciso que dice que en toda junta de cualquier corporación pública o agencia la AFFAC va a tener una silla por ende en la reunión de octubre para aprobar el contrato estaban de cuatro de los cinco que dice la ley de la ATM y el de la AFAAC. El representante de AAFAF el de la AP y el secretario de DTOP votaron a favor del contrato, los alcaldes votan en contra. Es decir la votación fue tres a dos pero la ley dice que en cualquier momento que se añadiera un miembro no pueden quedar en un número par y si se añadió un miembro, el número que faltaba era el del representante del interés público, quien es bombero y no pudo estar presente porque se encontraba trabajando en los incendios forestales en Estados Unidos.

“Así que estamos ante un contrato anulable que no es lo mismo que nulo, nulo lo tendría que decidir un tribunal. Pero nada más que por la formación de la junta el día que se votó en 51 minutos y según dijo el alcalde [de Vieques], el de Puertos estaba en un gate en el aeropuerto Luis Muñoz Marín esperando para abordar un avión. ¡Qué seriedad es esa para aprobar un contrato de 800 páginas! Y votó a favor.”, expresó indignado González Costas.

Añadió que la ATM nunca ha tenido problema de presupuesto, y que no es la primera vez que hace un contrato de privatización. Recordó que el año pasado contrató a la compañía Fast Ferries por $10 millones para tres embarcaciones super pequeñas que se suponía que dos de ellas fuesen para transportar carga y nunca pudieron hacerlo.

“La excusa es que son fondos federales, oye pero tampoco es así, cada vez que arriendan a privados el servicios se afecta. Ahora mismo las embarcaciones que llevó la compañía nueva cuando hay fuerte oleaje no pueden salir de viaje porque no son embarcaciones para navegar en el océano, son para agua dulce, lagos. Si el oleaje sube más de cinco pies se suspenden todos los viajes porque esas lanchas no están preparadas para eso, y eso es lo que nos va a costar $750 millones por los próximos 20 años, unas lanchas que no sirven para el océano”.

Ahí es que entra la participación de AAFAF en el proceso de privatización. Se supone que por ley es la que selecciona a las empresas con quienes se va a hacer contratos de alianzas público privadas y, según se desprende de la investigación que se ha hecho, esta dio el visto bueno para que se contratara a HMS Ferries; por lo tanto votó a favor en la reunión y autorizó a la ahora ex administradora de la ATM, Mara Pérez a firmar el contrato.

Al igual que sucede con el contrato de Luma, HMS Ferries no está obligada a contratar a los trabajadores de la ATM. Sólo está obligada a entrevistarlos y si no los quiere mediante la Ley de Empleador Unico se supone que se ubiquen en otra agencia. “Esa es una agencia tan especializada porque no hay ninguna otra agencia que bregue con muelles ni con mecánica de botes; son cerca de 100 empleados con unas destrezas específicas que no tiene ninguna otra agencia.”

González Costa expresó que los alcaldes de ambas islas, tanto como alcaldes y como miembros de la junta de la ATM, tienen legitimación activa para poder impugnar el contrato. “Es un contrato anulable nada más porque la junta tiene que estar constituida por siete miembros y el que faltaba sería el representante del interés público que con toda probabilidad hubiese votado en contra”, dijo como una posible salida del contrato. Una vez más reiteró “la excusa para la privatización de que la ATM no tiene los recursos para dar los servicios ha sido producto de la negligencia, es un daño auto infligido para privatizar los servicios, eso es ya una práctica del gobierno”.

Una experiencia diferente, no siempre fue así

Fotos Alina Luciano

Por su parte el ex comisionado para las islas municipios (figura que adoptó el gobierno a principios del 2000 tras la salida de la Marina de Vieques), profesor Carlos Severino, también trajo en primer plano que el deterioro del transporte responde a la tendencia neoliberal de reducir los servicios al mínimo para ceder a la privatización. Observó que con todos los despidos que hizo el ex gobernador Luis Fortuño las agencias se vieron afectadas en su presupuesto y en su ejecución y no ha habido interés en mejorar el servicio, sino buscar una justificación para la privatización.

En su trabajo como comisionado especial para el desarrollo sustentable de Vieques y Culebra, según narró, logró revertir esa tendencia. Cuando fue nombrado en junio del 2013 el transporte lo hacía la compañía Fast Ferries, que tenía funcionando nada más que tres lanchas y un ferri de carga que viajaba a Culebra y uno de carga y otro de pasajero que viajaba a Vieques. “Era un desastre y el nivel de atraso y ausencia de cumplimiento con los horarios era una cosa increíble. En ese momento la flota era de 11 embarcaciones y logramos establecer que dos embarcaciones no servían, no se podían reparar. Nosotros lo que hacíamos era logística entre las agencias, tuvimos buen resultado. Al cabo de unos meses fuimos aumentando la cantidad de embarcaciones en circulación ya en el 2014 para febrero antes de Semana Santa se tenían funcionando ocho embarcaciones. La operación llegó a ser tan exitosa por la regularidad de las embarcaciones que hasta se pudo revertir la primera privatización en Puerto Rico”.

El contrato con Fast Ferries era de $1.2 millones al mes, es decir mas de $12 millones al año. El profesor de geografía política describió que él y su equipo no hicieron nada extraordinario que no fuera hacer la logística, se reunieron con los diversos sindicatos de la ATM y funcionarios de la AP y lograron establecer itinerarios y trabajar en coordinación. “Lo que pasa es que si no hay alguien trabajando para combinar todos los esfuerzos del gobierno, y que sepa cuales son las necesidades, las cosas no funcionan”.

Una vez concluido su término el doctor Severino, denunció que al cabo del tiempo volvió a ser lo mismo porque no había nadie que le diera seguimiento: todas las máquinas se volvieron a dañar, no había cumplimiento con los planes de mantenimiento y parecería ser que la intencionalidad era precisamente justificar la privatización. “Pero realmente desde el punto de vista empírico no habría necesidad de hacerlo, es mucho más barato arreglar las lanchas que privatizar”.

A la luz de su experiencia, el doctor Severino describió que hay que partir de las premisas de que la gente que vive en Vieques y Culebra son puertorriqueños y necesitan esa vinculación con la Isla Grande, que se necesita una oficina de logística que organice y le dé sentido de cohesión a las agencias de gobierno, porque los servicios hacia estas islas de muchas agencias son bien diferentes a los de demás pueblos. “Cuando llegamos nos dimos cuenta que las agencias de gobierno no tenían esa distinción, no podían distinguir que llevar servicios a ambas islas conlleva una visión distinta de planificación, organización para que el servicio sea realmente efectivo; eso no lo hay, eso se volvió a perder una vez se eliminó lo del comisionado”.

La figura del comisionado especial para ambas islas fue eliminada por el ex gobernador Luis Fortuño y reactivada luego por Alejandro García Padilla, y vuelta a dejar sin efecto por la  administración de Ricardo Roselló.

 

 

 

 

 

 

En honor a la mujer trabajadora

En Rojo

En el mes de marzo se celebra el Festival de cine Workers Unite! y ofrece como actividad especial la presentación del documental de Connie Field (directora y guionista) de 1980, Rosie, the Riveter. Aparte de la presentación y desarrollo que hace de la mujer trabajadora estadounidense en los años en que Estados Unidos intervino en la 2nda Guerra Mundial y su uso de noticiarios y cortos propagandísticos, ofrece un excelente cuadro de esta sociedad en la década de los 1940 y luego en la posguerra. El filme sigue siendo uno de avanzada por presentar a la mujer trabajadora dentro de la economía del momento y los conflictos que enfrentaba por su género, clase y raza. ¿Y cuánto ha cambiado el panorama laboral en estos 40 años?

La realizadora tuvo la oportunidad de entrevistar 700 mujeres que trabajaron como remachadora/riveter, soldadora y otros tantos oficios en astilleros, compañías aeroespaciales, fábricas de municiones y ensamblaje que hasta entonces se calificaban como “empleos de hombres”. Escoge a cinco mujeres—tres de estas afroamericanas—para contar sus experiencias de ser parte de esta avanzada para reclutar mujeres en la economía de guerra, ya que miles de hombres eran ya parte de la maquinaria de la muerte arrasando a Europa y luego Japón. Se crean miles de empleos nuevos para esta nueva producción y se insta a las mujeres a ser parte de esta economía. 600,000 mujeres responden a la llamada. Algunas ya tenían experiencia de trabajo fuera de la casa en empleos para mujeres: cocinar, fregar, lavar y planchar ropa, limpiar casas, coser, almacenar, servir. La paga era risible, pero era lo único disponible en ese momento. Otras habían sido aparceras que trabajaban la tierra para que otros se enriquecieran y ellas pudieran perderlo todo en un instante. De aquí se desplazan a ciudades como Detroit, San Francisco, Los Angeles, Nueva York donde se transforman en personas que trabajan en los oficios requeridos para esta industria y que reciben sueldos inimaginables—por ser mujeres—en un ambiente colectivo.

El documental divide las vidas de estas trabajadoras en dos partes: cuando 1ero las reclutan en 1942 y cuando las despiden o las degradan de sus puestos de 1945 en adelante porque ahora hay suficientes hombres para tomar su lugar o responden al llamado del nuevo patriotismo: las mujeres están para parir y quedarse en su casa facilitando la vida del hombre trabajador que ahora tiene la oportunidad de ser parte de la nueva clase media que promueven el gobierno y la empresa privada. A través de los noticiarios y el popular “The March of Time” en las pantallas de las salas de cine, carteles en todos los lugares públicos, programas radiales se presenta la historia fabricada de los Estados Unidos en estado de crisis por la guerra y luego de euforia y conservadurismo en la posguerra. Este es el marco histórico donde estas mujeres se desarrollan como trabajadoras con conciencia de clase y género.

Aunque cada una de ellas—Wanita Allen, Gladys Belcher, Lyn Childs, Margaret Wright y Lola Weixel—comparten experiencias similares de cómo desempeñarse en estos nuevos empleos las hizo pensarse totalmente diferente a lo que sus familias y comunidad le habían hecho creer, cada una tiene sus propias particularidades que narran de manera a veces jocosa y otras con gran seriedad. Ahora en su presente con + de 55 años, pueden recordar esos años, repensar lo que significó esa experiencia, por más breve que haya sido, y lo difícil que fue aceptar que aquel cambio en lo que una mujer podía hacer como trabajadora, no se repitió para ellas. Y aunque el filme no nos pone al día en cuanto a lo que fue su próxima etapa en el campo laboral—ya que todas trabajaban porque necesitaban el dinero para criar a su familia, pagar deudas e hipotecas, estuvieran casadas o no—sí sabemos que todas adquirieron una conciencia de trabajadora, algunas como parte de uniones y con mucho apoyo de la clase trabajadora.

Esa experiencia común muy positiva, también trae recuerdos de discrimen y segregación en el trabajo. Recordar, por ejemplo, que las trabajadoras negras no podían usar las duchas en los centros de trabajo; que los muy pocos intentos de establecer centros de cuido era sólo para las trabajadoras blancas; que a las mujeres se le pagaba casi 50% menos que a los hombres y a las mujeres negras menos que a las blancas; que la preferencia de empleo era 1ero los hombres blancos, 2ndo los hombres negros, 3ero las mujeres blancas y 4to las mujeres negras. Aunque todavía se establecían diferencias, los centros de trabajo con sindicatos eran los más igualitarios, especialmente en sueldos y derechos ya que tenían muy claro quiénes eran los beneficiarios del trabajo individual y colectivo de los trabajadores.

La última sección del documental es la más reveladora. Ninguna persona debe sorprenderse de que la mujer tiene la capacidad de aprender y ejercer cualquier oficio, que cuando se le da la oportunidad, puede destacarse y seguir desarrollándose. Pero cuando la ideología social es reducir a la mujer al oficio de esposa y madre, todo se trastoca y toma décadas (con suerte) para corregir esta injusticia. Al finalizar la 2nda Guerra Mundial en 1945 con la rendición del imperio japonés, se reduce en EEUU la economía basada en la guerra (nunca dejan de hacer aviones, tanques y armas) y con el retorno de miles de soldados en diferentes estados de salud física y mental, los espacios para las mujeres trabajadoras diestras casi desaparecen. ¿Cómo una mujer negra va a competir por un empleo en un astillero, no importa la experiencia adquirida? Para convencer a la naciente sociedad de la posguerra de que lo ocurrido durante el periodo de emergencia ya no tiene vigencia, el gobierno y la empresa privada recurren a los medios—cine, radio, carteles, anuncios públicos, sectores religiosos y luego la TV—para que todas recuerden cuál es la función primordial de la mujer. El pietaje es risible si no fuera que en aquel momento—y ahora en los sectores religiosos más retrógrados—sirvió para reforzar la ideología de que la mujer pertenece al espacio del hogar. Pero, muchas de estas mujeres necesitaban trabajar para sostener a su familia. Casadas, viudas o solteras, Wanita, Gladys, Lyn, Margaret, Lola y tantas otras querían ser mujeres independientes, ejercer su oficio, ganar un salario justo y ser modelos para sus familias.

Creer en la victoria de la Vida

Especial para En Rojo

A partir de ese domingo, cuando aún sentimos el peso y el dolor provocados por esa pandemia, durante 50 días, las Iglesias cristianas más antiguas celebran la fiesta de la Pascua. Es la proclamación de que Jesús resucitó. Él no sólo sobrevivió a la muerte sufrida en la cruz. Recibió del Padre una vida nueva que se manifiesta en las comunidades que en él creen como energía divina de amor y fuerza transformadora del mundo.

Los textos bíblicos proclamados en Pascua son hermosos. Cánticos expresan la confianza de que si Jesús resucitó, el mundo está salvo. Oraciones piden a Dios la gracia de que la realidad de la resurrección provoque en toda la humanidad la vida nueva, basada en la solidaridad y en la justicia amorosa del Espíritu. El desafío de cada celebración de la Pascua es que esa fe debe concretarse en señales concretas de renovación de la vida, tanto de las personas que creen, como en la acción de todos los hombres y mujeres que se consagran a transformar la realidad del mundo.

Quien mira ese mundo desde la fe puede preguntarse cómo esa realidad pudo llegar a ese punto extremo de injusticias y desigualdad social, a pesar de una cultura en la cual la religión era central. En los años 60, en sus escritos, Mons. Helder Camara, entonces arzobispo de Recife, expresaba su sufrimiento, al recordar que las naciones que más oprimen a otros pueblos se dicen cristianas. Y, en los años 80, en Riobamba, en Ecuador, las personas que acompañaban a Mons. Leónidas Proaño, obispo de los indios, en su lecho de muerte, lo oían gemir y afirmar llorando: «¡Qué tristeza cuando pienso que mi Iglesia fue la principal responsable de la muerte y de la esclavitud de los indios!”. Esos hombres que así se expresaban dedicaron toda su vida por amor a Dios y a la Iglesia . Su gemido era un lamento de amor como el grito de Jesús en la cruz: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?».

Celebrar la resurrección es creer que Dios responde a ese clamor por la justicia. Él inspira una vida nueva a muchos hermanos y hermanas que se disponen a testimoniar la presencia viva de Jesús con nosotros en el camino de liberación de los pequeños. Esos testigos de la resurrección creen verdaderamente que el universo está embarazado de resurrección. Y la vida nueva que Jesús recibió del Padre reunirá a él todas las criaturas. La resurrección no es sólo un acontecimiento del pasado, pero es esperanza de una vida nueva en un mundo en lo cual brillen la paz y la justicia. Todavía vivimos en la madrugada aún no clara de ese nuevo día. En breve, el sol va a surgir y la luz del Cristo resucitado iluminará toda nuestra vida. Que tengamos todos una buena y renovadora celebración pascual.

El autor es monje benedictino y ha escrito más de 40 libros.