Desde el comienzo de las medidas de control de la pandemia del COVID-19 en Puerto Rico hace más de tres meses, existe una preocupación generalizada por el punto vulnerable que representa el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín para la entrada del virus a la Isla. Esto, dado el ininterrumpido tráfico aéreo que se mantiene entre Puerto Rico y lugares de Estados Unidos, como Nueva York, Nueva Jersey, Chicago y Florida, todos con altas tasas de COVID-19. Miles de pasajeros, principalmente puertorriqueños, han llegado y continúan llegando a la Isla en medio de la emergencia, y muchos más llegarán ahora que el verano está en pleno apogeo y el Gobierno propicia la reapertura de la economía, flexibiliza las condiciones para las operaciones de los sectores privado y público, y permite a las personas reincorporarse a sus labores y rutinas diarias luego de la prolongada cuarentena.
Se ha anunciado que el próximo 15 de julio se reanuda el turismo internacional en Puerto Rico, que se compone en más de un 90% de viajeros de Estados Unidos. Como se sabe, la alarma por la rápida propagación del COVID-19 es enorme en dicho país, con más de 2.6 millones de casos confirmados, una cuarta parte del total de casos en el mundo entero. No sería de extrañar que familias estadounidenses deseen cogerse un respiro viajando a Puerto Rico donde el azote del virus ha sido mucho menor.
Estas nuevas reglas del juego obligan al Gobierno de Puerto Rico a actuar con verdadera energía y efectividad en sus estrategias de contención en el aeropuerto Luis Muñoz Marín. Por eso, las medidas que anuncie próximamente la Gobernadora tienen que ser claras, directas y firmes, y tener un impacto real en la detección y control de los contagios. Sólo de esa manera puede evitarse que la reapertura del turismo y las actividades económicas se conviertan en otra ola epidémica que fuerce a un nuevo cierre del País. De eso ocurrir, sería demasiado para nuestra población que, en su inmensa mayoría, ha cumplido sin quejarse con el sacrificio enorme que ha representado el prolongado cierre, no solo en la economía de individuos y familias sino también en las consecuencias emocionales del encierro y el aislamiento social.
Desde el principio, la estrategia del Gobierno en el aeropuerto ha sido débil. Ni la Gobernadora, ni la Guardia Nacional, ni el Departamento de Salud han podido articular un plan firme y efectivo que no dependa de la voluntariedad de los viajeros en el cumplimiento de las medidas de control, detección y rastreo. Al cabo del primer mes, había ya más de un centenar de personas- entre pasajeros y personal del aeropuerto- que habían sido identificadas como posibles casos sospechosos o confirmados. Al menos 70 empleados y contratistas del aeropuerto habían presentado síntomas compatibles con el virus, o habían dado positivo en la prueba. También había un número considerable de viajeros a los que se les había recomendado mantenerse preventivamente en aislamiento por 14 días. Sobre estos casos, jamás se informó si recibieron el obligado seguimiento. Sí se sabe ya que los serios brotes de COVID-19 que se generaron entre familias completas en distintos pueblos de Puerto Rico, en Canóvanas, Ciales, Guayanilla y San Germán, entre otros, ocasionando infecciones leves y graves, hospitalizaciones y hasta fatalidades, han sido todos asociados a viajeros que llegaron desde distintos puntos de Estados Unidos durante la cuarentena, cuando las restricciones para viajar eran un poco más estrictas.
Solo basta imaginar el gran riesgo que supone tener, a partir de ahora, el aeropuerto Luis Muñoz Marín operando a capacidad, con su tráfico usual de miles de pasajeros diarios, y sin que se cuente con un plan de control efectivo para detectar y rastrear posibles casos de COVID-19 que entren a Puerto Rico. La experiencia citada ampliamente de otros países que han controlado efectivamente la pandemia resalta el éxito de estos en establecer controles estrictos de monitoreo y rastreo en los aeropuertos y otros puntos de entrada en sus respectivos países.
La población de Puerto Rico ha sido generosa y paciente durante esta emergencia, y en su inmensa mayoría, ha demostrado respeto y adhesión a las reglas. La cooperación extraordinaria de la ciudadanía con las autoridades gubernamentales y sanitarias ha sido, indudablemente, el factor principal para el relativamente bajo nivel de contagios y fallecimientos por COVID-19 en Puerto Rico hasta el presente.
Le toca ahora al Gobierno, y a las autoridades federales y del aeropuerto Luis Muñoz Marín, garantizar que, de aquí en adelante, ese punto neurálgico de entrada a Puerto Rico no se convierta en el foco principal que eche a perder los esfuerzos y logros obtenidos en el control de la pandemia hasta el presente.
