Que Puerto Rico es un paraíso tropical es una verdad indebatible. Pero, ¿se habrá convertido también en un atractivo “paraíso fiscal” para que empresarios multimillonarios, principalmente de Estados Unidos, escapen de sus obligaciones con el fisco federal? Eso es lo que pretende conocer a ciencia cierta el Comité de Apropiaciones del Congreso de Estados Unidos, el cual ha generado una pesquisa sobre las Leyes de Puerto Rico 20 y 22 del 2012, y sus posibles interacciones con el Código de Rentas Internas de Estados Unidos.

Sin embargo, dicha investigación avanza a cuenta gotas porque desde su inicio, tanto el Congreso de Estados Unidos como el Servicio de Rentas Internas Federal (IRS, por sus siglas en inglés) se han tropezado con una nébula informativa. Hasta este momento se ha avanzado muy poco en la evaluación a fondo sobre el posible impacto de dichas leyes en los recaudos del sistema tributario de Estados Unidos, y si las mismas son efectivamente las herramientas beneficiosas para Puerto Rico y Estados Unidos que el gobierno de Puerto Rico ha querido proyectar, o si, por el contrario, son canales indirectos de evasión de impuestos al Tesoro federal.

En un informe rendido por el IRS al Comité de Apropiaciones del Congreso, sobre el curso de su investigación de las Leyes 20 y 22 hasta ahora realizada, se narran las dificultades encontradas por el ente fiscal federal para tener acceso a la información completa y detallada que le permita cumplir con la encomienda del Congreso. Este quiere conocer el posible impacto de las Leyes 20 y 22 sobre la sección 933 del Código de Rentas Internas de Estados Unidos. Esta es la sección que establece los términos y condiciones para las exenciones contributivas al sistema federal sobre ingresos obtenidos de fuentes en Puerto Rico. Específicamente, en el Congreso existía, y aún existe, la preocupación de que dichas leyes de Puerto Rico puedan contravenir estatutos federales contra la evasión contributiva.

Por eso, y como parte de la Ley de Apropiaciones Consolidadas del Congreso de Estados Unidos del año 2020 (Ley Pública 116-93), aprobada el 20 de diciembre de 2019, se incluyó la determinación del Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes de realizar una investigación sobre las referidas leyes de Puerto Rico y se instruyó al Servicio de Rentas Internas Federal (IRS, por sus siglas en inglés) a comenzar dicho trabajo. El IRS tendría que investigar la cantidad total de individuos y negocios que se han relocalizado en Puerto Rico a partir del 2012, desde los 50 estados y el Distrito de Columbia, y que hayan recibido exenciones contributivas bajo las leyes 20 y 22. Dicho informe también debía incluir la cantidad en contribuciones federales pagadas por dichos individuos y negocios, y el tipo de contribución y jurisdicción de sus residencias anteriores, durante cada uno de los cinco años previos a su relocalización en Puerto Rico. El Comité instruyó al IRS, además, a publicar un informe sencillo y de fácil comprensión con opciones de posibles medidas para minimizar las pérdidas de ingresos a los gobiernos federal, estatal y territorial.

Al comenzar su trabajo en enero del 2020, el IRS se tropezó con una pared infranqueable: la nébula de información sobre las Leyes 20 y 22 que prevalece en el Gobierno de Puerto Rico. A pesar de haber recurrido a las dos agencias directamente concernidas, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y el Departamento de Hacienda, hasta el momento en que presentó su informe, a mediados del año 2020, el IRS solo había obtenido información incompleta y fragmentada sobre los beneficiarios de dichas leyes en Puerto Rico. Se trata de la misma información pública que se encuentra en la página digital del DDEC, y que Hacienda le envió al IRS.

Sobre la Ley 20

De dicha lista pública se desprende que durante los años 2012 y 2019, Puerto Rico otorgó beneficios bajo la Ley 20 a 1,924 solicitantes, entre corporaciones, LLCs, sociedades, y otras personas jurídicas. Que si bien la movida empezó lenta, se ha visto una tendencia dramática de aumento a partir del 2018, tras el desastre provocado por el paso del huracán María. Mientras en el 2012 se otorgaron beneficios a 32 solicitantes, en el 2019 fueron 583 los beneficiados. Hacienda le proveyó al IRS los números de identificación patronal para 1,541 de dichas entidades, de las cuales 1,482 carecen de historial contributivo con el IRS, por lo que el ente fiscal federal presume que se crearon especialmente para hacer negocios en Puerto Rico.

Sobre la Ley 22

Según datos publicados por el DDEC e informados por Hacienda al IRS, durante los años 2012-2019, el DDEC otorgó los beneficios de la Ley 22 a 2,331 individuos que habían establecido residencia en Puerto Rico. Entre estos también continúa la tendencia de aumento gradual en el número de beneficiarios. Solamente durante los años 2018 y 2019 se otorgaron beneficios por Ley 22 a 1,055 individuos, prácticamente la mitad del total en solo veinticuatro meses.

Hacienda también le proveyó al IRS información adicional sobre cerca del 25% de dichos beneficiarios, lo cual facilitó su búsqueda en la base de datos del IRS para determinar el monto en contribuciones federales que los actuales beneficiarios de la Ley 22 habían pagado al Tesoro federal en los cinco años previos a que el DDEC les extendiera los beneficios de la nueva ley. Para el cómputo, el IRS utilizó las direcciones previas de dichos individuos que aparecían en sus planillas federales, y así determinó el estado o la jurisdicción de la cual provenían antes de mudarse a Puerto Rico. De ese modo, alcanzó a conseguir información previa de 647 beneficiarios de la Ley 22, quienes en los 5 años antes de relocalizarse en Puerto Rico, dichos 647 individuos, procedentes de diferentes estados de EEUU, habían pagado $557,978, 112 en contribuciones federales. Hay otros datos interesantes que se desprenden de la limitada investigación del IRS, como por ejemplo, que la procedencia es variada y comprende cerca de 37 estados y jurisdicciones de Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico. También hay 223 individuos de procedencia desconocida, dato que aparenta constatar que un buen número de los beneficiarios de la Ley 22 proceden de otros lugares que no son Estados Unidos.

¿Próximos pasos?

En conclusión, el informe del IRS indica que la investigación ha avanzado poco. Solo se ha obtenido información muy escasa y esquemática que no permite trazar patrones específicos y mucho menos evaluar el alcance, impacto e implicaciones a largo plazo de estas leyes. Tampoco contiene datos suficientes como para poder proveerle al Congreso el historial contributivo de dichos individuos y negocios, ni mucho menos, del movimiento de sus operaciones previo a su relocalización en Puerto Rico. Tampoco el informe abunda qué gestiones adicionales o recursos utilizó el IRS para obtener información.

Un dato importante se desprende de una nota del informe del IRS al Congreso. La misma indica que cuando el Departamento de Hacienda solicitó al DDEC, a pedido del IRS, la información de trasfondo de las solicitudes aprobadas de las Leyes 20 y 22, la respuesta negativa fue tajante. El DDEC admitió tener la información completa, pero se negó a proveerla a menos que se le obligara legalmente mediante “subpoena”. El IRS advierte que tiene limitaciones legales para poder obligar al DDEC a proveer la información, pero señala que el Congreso sí tendría la fuerza legal para obtener la información que el DDEC niega. Para ello puede usar cualquiera de tres mecanismos, una citación al DDEC para una investigación congresional oficial, una solicitud directa a la Junta de Control Fiscal (JCF), al amparo de la Ley PROMESA, o mediante solicitud directa a la Oficina de Contabilidad Federal (GAO).

El IRS afirma que, aunque puede coordinar con Hacienda para expandir la información entre ambas dependencias y obtener la lista de contribuyentes nuevos que anualmente reclaman residencia en Puerto Rico y obtienen beneficios contributivos, es el Congreso, en coordinación con la Oficina de Políticas Contributivas del Departamento del Tesoro Federal, quien tendría la potestad para romper el cerco de silencio del DDEC sobre las Leyes 20 y 22. La bola está en la cancha del Comité de Apropiaciones del Congreso de Estados Unidos para que esta pesquisa crucial pueda seguir adelante.

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Una vez más la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF) Natalie Jaresko amenaza a la Asamblea Legislativa y al Gobernador con llevarlos al tribunal por interferir con la Ley Promesa. Pero esta vez su amenaza incluye que el gobierno violaría la constitución de Estados Unidos si es que llega a aprobar el proyecto del Senado 213 y la resolución Conjunta de la Cámara 88 (RCC 88). La primera medida dispondría que cambios en la estructura de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) como es el contrato de Luma Energy requieran la aprobación de la Asamblea Legislativa y la resolución establece posponer la efectividad del contrato del 1 de junio al 15 de enero del 22 con el propósito de enmendarlo.

En entrevista el profesor de Derecho Constitucional doctor Carlos Ramos González, señaló que si bien en efecto en cuanto a la Ley Promesa -asumiendo que se aprueben las leyes y que el gobernador las firme cosa que ve improbable por parte del gobernador- la Junta puede acudir al tribunal con el argumento de que las leyes tienen un impacto sobre el Plan Fiscal, ya que en teoría cualquier ley que tenga un impacto sobre el presupuesto la Junta puede acudir al tribunal. Aunque observó que no se está seguro de que estas leyes tengan un impacto sobre el presupuesto. Es decir que al final de la jornada la amenaza mas grande para las medidas de autodefensa que está contemplando la Asamblea Legislativa contra el contrato de Luma mas que la cláusula de menoscabo constitucional como alega Jaresko es la propia Ley Promesa.

Pero de eso a que las leyes con sus consabidos cambios violen la cláusula constitucional de que el gobierno no puede menoscabar un contrato hay un gran trecho. El profesor de derecho explicó que lo primero que viene en orden es que si en efecto esa disposición constitucional que está tanto en la constitución de Estados Unidos y en la de Puerto Rico aunque en este caso se habla de la de EE UU dispone que un estado-ni siquiera habla del gobierno federal- no puede menoscabar obligaciones contractuales sobre esa cláusula ha habido litigios en los tribunales federales y en el Tribunal Supremo de EE UU y en el de TS de Puerto Rico.

No obstante como toda disposición constitucional no es una cláusula absoluta. “No es que el gobierno nunca pueda aprobar una ley que menoscabe un contrato privado. La realidad es que no es absoluto eso depende pero obviamente si son contratos del gobierno la jurisprudencia lo que ha dicho que no lo va hacer tan fácil.

“Que le pregunten a Jaresko cuando se menoscabó los contratos de los empleados públicos con la Ley 7 de los empleados con las pensiones públicas, todo eso fueron menos cabo y el Tribunal Supremo de Puerto Rico y el Tribunal del Primer Circuito resolvieron que esa cláusula no es absoluta y en determinadas circunstancias se puede menoscabar”.

Continuó explicando que la doctrina ha sido que primero la obligación del gobierno de no menoscabar no es un derecho absoluto que tienen las partes. El gobierno puede menoscabar pero lo tiene que hacer dentro de unas circunstancias específicas. Una que el menoscabo tiene que ser sustancial, no es cualquier tipo de cambio. Un cambio sustancial se refiere a elementos, sin duda hay que ver cuáles eran las expectativas que tenían las partes en el contrato y ver si esas expectativas se frustran sobre las partes esenciales del contrato.

En cuanto a cómo saber si se frustran las partes sustanciales del contrato y en cuáles circunstancias puede el gobierno frustrar las expectativas que tenia, ahí la jurisprudencia dice cuál es el fin público que persigue el gobierno. Esto parte del principio de que el gobierno tiene el deber bajo el poder de estado “policy power” de velar por la salud y el bienestar de su gente y si el gobierno ve una situación crítica de emergencia -como por ejemplo fue lo que reclamó el gobierno de Fortuño con la Ley 7- entonces sí el gobierno puede establecer que hay un menoscabo sustancial por lo que el cambio al contrato era necesario y apropiado. En última instancia es un análisis de racionalidad.

El profesor Ramos González añadió que por ejemplo en el caso de la Ley 7 el TSPR a su juicio de manera errónea determinó que el despido de empleados públicos era un cambio importante y que era para evitar la quiebra del gobierno por lo que determinó que era apropiado y necesario conforme a los hallazgos de una exposición de motivos en la ley.

En relación a Luma esto significa el que si la Legislatura tiene razones de estado de “policy power” para alterar elementos esenciales del contrato y los acredita así en sus hallazgos y tiene los análisis y estudios para probar que ese contrato o algunas de sus partes, o cambiar la fecha de su efectividad que es lo que aparenta es lo que aquí se está considerando, el gobierno tendría que probarlo y el tribunal es quien decide. De hecho el TS de EE UU ha dicho que la obligación que tiene el estado de no menoscabar sus acuerdos sobre todo el que tenga con una parte privada, si existen razones de orden público que pueden llevar al gobierno a aprobar leyes posteriores que menoscaben algunas partes no esenciales, también puede hacerlo con partes sustanciales si en efecto tiene establecido que es necesario, apropiado y razonable para un fin público importante.

Ahora si es cuestión de finalizar el contrato, romperlo el peso para el gobierno obvio seria más fuerte, “pero si lo que quiere es modificar el contrato en teoría lo puede hacer claro que lo puede hacer. Pero se va a litigar Luma va a decir que equivale a destruir dice que van a modificar unas partes pero en esencia es destruir el contrato pero si el gobierno quiere modificar un contrato la disposición constitucional lo ha reconocido”, reiteró.

En el caso en cuestión coincidió que con tantos entes de la sociedad civil que han denunciado que el contrato tiene aspectos negativos para el país la Asamblea Legislativa está obligada a examinar el contrato que es lo que está haciendo. El experto en Derecho Constitucional trajo a la atención que hay que recordar que esta es una nueva Legislatura y no es que quiera es que está obligada bajo su razón de estado que si detecta con cualquier contrato que hay razones de orden público, razón de estado para modificar el contrato puede hacerlo. Claro que la otra parte no va a estar de acuerdo y va a ir al tribunal pero la jurisprudencia al menos de Puerto Rico e incluso la del Primer Circuito de Apelaciones de EE UU ha dicho que en estos casos el peso de la prueba la tiene el demandante, en este caso Luma. El demandante es el que tiene que explicar que el cambio no es necesario y establecer que no hay circunstancias algunas para el menoscabo.

A juicio del profesor Ramos González, la directora ejecutiva de la JCF debió haber invertido el peso de su carta y no meter miedo con la cláusula del menoscabo, “cuando de eso sabe la clase trabajadora del país”. Reparó que el tribunal le ha dado la razón al gobierno en estos casos por lo que es cuestionable el porque no se la daría también en este caso si es que el gobierno presenta unos hallazgos muy claros que atenten contra el interés público. Todavía trajo como ejemplo y cuestionó dónde quedan los suplidores en el Plan de Ajuste de Deuda. “Cuántos menoscabados hay ahí si vamos hablar de menoscabo como amenaza vamos a poner la discusión más amplia qué pasa con los menoscabado en el PAD de los que no van a poder cobrar no hablamos de los de COFINA sino de los suplidores del gobierno, de la UTIER, los trabajadores, maestros para esos ella no tiene esa sensibilidad para protestar también”, manifestó.

Mas aun denunció que desde la perspectiva de Promesa y la concepción liberal de la JCF la AEE es el “becerro de oro” , por lo que el Congreso de EE UU ha aprobado millones de dólares.

Un estudio del Centro de Investigación Clínica y Promoción de la Salud (CICPS) del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (RCM-UPR) reveló que a pesar de los planes de distribución por fases basados en el riesgo y la distribución gratuita de vacunas, las personas con un ingreso superior a $60,000 tenían más del doble de probabilidad de ser vacunadas (46% vacunados) en comparación con las personas con un ingreso inferior a $20,000 (19% vacunados).

Según dio a conocer el RCM en comunicado de prensa el estudio poblacional PREPCOVI (Puerto Rico-Evaluación Epidemiológica y Prevención para COVID-19 e Influenza) evaluó la prevalencia y distribución geográfica de COVID-19 e Influenza a lo largo del tiempo y abordó temas tales como el impacto social, económico y salud mental durante la pandemia, así como la vacunación contra el COVID-19.

El estudio se hizo en colaboración con el Departamento de Salud (DS) el Negociado de Telecomunicaciones y empresas de telecomunicaciones. Se utilizaron enfoques tecnológicos novedosos y actualizados para permitir una vigilancia continua a gran escala.

“Entre 4,655 participantes reclutados en PREPCOVI desde noviembre de 2020 al 31 de marzo de 2021, encontramos 98 casos confirmados (RT-PCR positivos) que representan el 2.1% de la población del estudio y 292 casos totales (confirmados / probables) (6.3%) desde el cierre hasta el 31 de marzo de 2021. Dado que muchos casos potenciales pueden no haber sido evaluados o que las personas pueden no saber o informar el tipo de prueba que le realizaron, las personas se consideraron casos probables si informaron haber dado positivo en cualquier prueba o por síntomas clave, similar a un estudio publicado. Las personas más jóvenes (21-49) tenían más probabilidades de haber sido clasificadas como un caso positivo de COVID-19 en comparación con las personas mayores de 50 años, y parecía haber una mayor prevalencia en la región noreste”, explicó Marijulie Martínez Lozano, epidemióloga y bioestadística de PREPCOVI.

Vacunación COVID-19

Entre los 2,884 participantes evaluados entre el 1 de enero al 31 de marzo de 2021 que proporcionaron información sobre vacunación, el 33.0% recibió una o más dosis (el 15.0% recibió una dosis y el 18.0% recibió dos dosis).

A pesar de los planes de distribución por fases basados en el riesgo y la distribución gratuita de vacunas, parece haber importantes limitaciones para la distribución equitativa de las vacunas. Las personas con un ingreso superior a $60,000 tenían más del doble de probabilidad de ser vacunadas (46% vacunados) en comparación con los que respondieron tener un ingreso inferior a $20,000 (19% vacunados).

Entre los participantes con un título de escuela secundaria o más, el 36.9% se vacunó en comparación con el 18.7% que posee menos de una escuela secundaria. La mayor frecuencia de vacunación reportada fue en la región de Bayamón, con 35.7% vacunados y la región de Mayagüez con 35.1% vacunados. El menor porcentaje de vacunación se observó en la región de Fajardo (23.9%).

Después de completar la encuesta primaria, 1,234 (42.1%) participantes de PREPCOVI acordaron responder uno de los tres módulos opcionales que evalúan la progresión de COVID-19 y los factores de riesgo/preventivos; Conocimientos, actitudes y prácticas; e Impacto social, económico y de salud mental.

La doctora Kaumudi Joshipura, investigadora principal y directora del CCRHP, presentó los siguientes datos: Entre los 1,234 participantes, el 57.0% respondió a los factores de riesgo y preventivos de COVID-19 y de esos, el 31.7% se vacunó (15.9% una dosis, 15.9% dos dosis). La mayoría fueron vacunados en un centro de vacunación (34.3%), o en un hospital o centro médico (22.7%); el 50.2% informó haber recibido la vacuna Pfizer y el 48.4% Moderna. De los vacunados, el 49.1% (n = 105) de los participantes informaron sufrir efectos secundarios a corto plazo, y el 51.4% de los encuestados experimentaron efectos secundarios después de la primera dosis, el 29.5% después de la segunda dosis y el 19.1% después de ambas dosis. Entre todos los vacunados, el 26.8% informó dolor en el lugar de la inyección como el principal efecto secundario.

Entre los 320 participantes que respondieron preguntas sobre Conocimientos, Actitudes y Prácticas sobre COVID-19 e Influenza, el 65.3% informó no estar vacunado. De estos, el 71.8% está dispuesto a vacunarse contra el COVID-19, el 19.9% no está seguro y el 6.8% no está dispuesto a vacunarse contra el COVID-19. Para aquellos que no están dispuestos a vacunarse, la razón principal fue la preocupación por el impacto en la seguridad y la salud de las vacunas COVID-19 disponibles. De los participantes no vacunados, el 44.9% dijo que calificaba para recibir la vacuna según la edad, la salud o los criterios laborales. Entre los trabajadores del sector de la salud, el 78.4% de los participantes recibió al menos una dosis de la vacuna COVID-19, en comparación con el 32.1% de otros trabajadores esenciales y el 19.0% de otros respondedores.

Salud mental

PREPCOVI también evaluó el impacto social, económico y de salud mental durante la pandemia. Un total de 211 participantes respondieron este módulo de enero a marzo. De estos participantes, el 48.8% informó haber estado de moderada a extremadamente preocupado por infectarse con COVID-19 en los últimos 30 días.

En términos de evaluación de salud mental auto informada durante los últimos 30 días, el 43.1% se sintió muy a moderadamente ansioso y el 29.9% se sintió triste / deprimido. Además, el 45.5% se sentía extremadamente nervioso a moderadamente, el 40.3% exhausto. Mientras que el 50.5% de los encuestados habían informado que ellos o un miembro de la familia experimentaron una reducción en la capacidad de ganar dinero debido a la pandemia de COVID-19 en los últimos 30 días. Además, el 17.6% informó que ellos o un familiar perdió su trabajo o fue despedido en los últimos 30 días.

El consumo de drogas

Como parte del estudio también se preguntó a los encuestados sobre el consumo de sustancias en los últimos 30 días. Entre los 211 participantes, el 44.1% no bebe alcohol, el 98.6% no ha utilizado opioides y el 92.4% no ha utilizado cannabis. Sin embargo, el 14.2% respondió que en los últimos 30 días bebieron alcohol varias veces a la semana o más y el 4.8% consumió cannabis. En general, el 76.8% nunca ha consumido sustancias legales / ilegales o medicamentos recetados.

Los investigadores exhortaron a la población a participar del estudio y compartir esta información y el enlace del estudio (https://redcap.link/prcovid) con familiares, amigos y compañeros de trabajo.

“Este estudio es muy importante ya que nos ayuda a comprender la situación del COVID-19 y su impacto, así como la distribución y los desafíos de la vacunación en Puerto Rico”, expuso la doctora Joshipura.

El estudio PREPCOVI utiliza enfoques tecnológicos novedosos y actualizados para permitir una vigilancia a gran escala. Algunas personas pudieran recibir un mensaje de texto del número (787) 493-9302 invitándolos a participar del estudio con el siguiente anuncio: “Se parte de este estudio tan importante para Puerto Rico, PREPCOVI. Consiste en un cuestionario anónimo y seguro de 5 minutos sobre COVID-19 e Influenza. La UPR y el Departamento de Salud te invitan a presionar el enlace para participar… ”.