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En estado de emergencia los camioneros

CLARIDAD 

Los camioneros de Puerto Rico siguen en un estado de emergencia, que no le quepa duda a nadie, mucho menos a la Junta de Control Fiscal (JCF).

Así lo dejaron ver en entrevista el presidente  del Frente Amplio de Camioneros de Puerto Rico (FACPR), Víctor Rodríguez, y el secretario de organización, Carlos Rodríguez, luego de que el grupo Camioneros Unidos  dejara sin efecto un paro programado para este lunes (5 de abril), tras  una reunión con la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko.

El presidente de la organización resaltó que el Frente es la organización  de transportistas más grande del país, con más de 20 mil miembros. “Durante todo este proceso, nosotros llamamos a un estado de emergencia condicionado a que si el gobierno cumplía con el mandato de las tarifas, que se dio en un proceso de vistas públicas, nosotros no teníamos ninguna razón para parar el país en una asamblea permanente. Por eso decretamos un estado de emergencia. El Frente continúa en estado de emergencia condicionado a que el gobierno cumpla con el mandato de mantener las nuevas tarifas”.

La controversia responde a la pretensión de la JCF de que el Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos (NTOSP), deje sin efecto un aumento en las tarifas al transporte terrestre, aprobado en diciembre. Luego de enviar una carta al Negociado (el 26 de marzo), Jaresko hizo expresiones públicas al respecto.

El presidente del Frente rechazó que el grupo de camioneros y su abogado, Leonardo Delgado Navarro,  que se reunió con la Junta, les represente. Arguyó que Delgado Navarro está reconocido dentro del movimiento obrero como un agente disociador. “No vamos a caer en el pescaítode esa gente”, se refiere a la JCF. Rodríguez afirmó que los patronos están obligados y están cumpliendo con las tarifas, por lo que de parte del Frente, continuarán pendientes, y en el caso de que el Negociado diga que las quita, “ahí empieza el revolú grande”.

Según explicó, la petición de otros dos grupos de camioneros, de que el gobernador emita una orden ejecutiva para que se cumpla con las tarifas, no es necesaria debido a que ya hay una ley. La única OE que dijo  podría pasar el gobernador sería para  darle un mandato de tiempo al Negociado para que pongan en vigor las tarifas; pero aún eso sería innecesario, dijo.

Frente a las pretensiones de la JCF, Rodríguez adelantó que estudian la  posibilidad de presentar un injuctionen el tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico (llamado tribunal federal) contra la JCF por intervención indebida con personas que son dueños de sus camiones, que son propiedad privada. Estos no tienen nada que ver con el gobierno por no ser empleados públicos.

 Defendió que hacía 15 años que las tarifas de carga de arrastre terrestre no se aumentaban. Recordó que en el 2005 detuvieron el país en una asamblea permanente con la cual lograron que el Negociado, conocido entonces como la Comisión de Servicio Público, adoptara una orden de revisar las tarifas cada cinco años, de acuerdo al ajuste por combustible, para evitar precisamente que se estuviesen pidiendo aumentos  arbitrarios. Sin embargo, durante estos 15 años nunca se aprobaron los aumentos. En el 2012, el Frente radicó una tarifa, y luego de una pelea con el Negociado consiguieron que se hicieran vistas públicas y estudios, hasta lograr que en las recientes vistas se aprobara un aumento tarifario de un 36 %. Incluso la JCF fue invitada a deponer, pero no asistió.

 Rodríguez fue enfático en denunciar: “La Junta no tiene hachas que amolar ahí porque las tarifas no tienen que ver nada con el presupuesto del Negociado. El Negociado no puede someter en su presupuesto unas tarifas que no las paga él”.

El líder sindical reconoció que el Negociado está  supervisando que se paguen las tarifas y ya ha multado algunos comerciantes hasta por $10 mil. Acusó a la Junta de estar defendiendo los intereses de las grandes empresas como Walmart y de que lo que busca es la desreglamentación del sector, como sucede en los estados de Estados Unidos.

Por su parte, el secretario de organización del Frente, Carlos Rodríguez, en entrevista por separado reafirmó que desde el mes de enero han mantenido la postura de no reconocer al ente federal. “En nuestros asuntos de transporte tenemos el Negociado de Transporte  y otros Servicios Públicos, que es el que regula todo los relacionado con el transporte público y privado. El Negociado emite unas tarifas que están para velar un justo balance entre el dueño de la carga y el transportista y, obviamente, el pueblo, para que los gastos no sean altísimos. Mucha gente piensa que por el alza tarifaria los precios son altos, y eso no es cierto. Los precios suben por las navieras y las leyes de cabotaje. Ahí está el estatus colonial otra vez en issue. Siempre ha estado”.

Ambos entrevistados coincidieron en llamar a la atención que la Junta se opone al aumento a los transportistas, pero no dice nada respecto al aumento en las tarifas de los muelles decretado por las navieras. El secretario de organización del Frente de Camioneros comparó que mientras el alza en los muelles es cada año, los transportistas llevan 15 años esperando por un alza.

“Todos los años el costo de vida aquí sube. Todos los años los grandes navieros suben el precio de los vagones, nuevos impuestos, y aquí nadie dice nada. Y dicen que eso no afecta. Mira para allá qué poca vergüenza, cuando esa es la más que nos afecta a nosotros. Entonces estos grandes intereses lo que buscan siempre es pasarle todo el costo de su operación al transportista, y eso no es justo”.

Carlos Rodríguez  también censuró  expresiones de Jaresko, de que no multaran a las compañías que no están pagando el alza. “Pero si están violando la ley, ¿cómo no los van  a multar? Lo que ella está haciendo  es protegiendo a los grandes intereses”. Agregó que las pretensiones de desreglamentar el sector  lo que busca es dar paso a que compañías  grandes de transportistas acaparen el transporte en la isla. 

En ese sentido, describió como peligrosa la supuesta negociación de la Junta con un grupo de camioneros.  A la luz de la comunicación emitida por la Junta sobre la supuesta negociación, indicó que esta reconoce que las tarifas son legales y que el Negociado es el ente regulador que tiene la potestad en ley para establecerlas; que permitirá que las tarifas sigan en vigor a cambio de que los camioneros no se manifiesten e incluso dice que más adelante puede sentarse con los transportistas para evaluar sus necesidades.

 “Nuestra postura es clara: nosotros no vamos a negociar con nadie los derechos adquiridos. Estos derechos adquiridos nos han costado líderes muertos en la línea de fuego. Hemos ido a los tribunales y prevalecimos con el concepto de la asamblea permanente. Por eso nos protege la Constitución en el Articulo 6.¿Yusted va a venir a decirme a mí que dejamos estas tarifas a cambio de que no se manifiesten,? ¿Quién los está impulsando? Ahí no está la mayoría de los camioneros, aquí entendemos nosotros que hay un agente disociador que está siendo utilizado para crear división y caos. En ciertos grupos de transporte, si lo está haciendo o no, no sabemos; pero en nuestro grupo no entran”, afirmó el secretario de organización del Frente Amplio de Camioneros.

El derecho de los camioneros a manifestarse mediante una asamblea permanente está garantizado a raíz de que en 1979 el Tribunal de Circuito de Apelaciones de Boston decretó que tenían derecho a mantenerse en una  asamblea permanente en ausencia de un derecho laboral a una huelga. El camionero  tiene derecho a asociarse ya que el camión es de su propiedad. La acción en el Tribunal de Apelaciones fue contra una decisión del entonces juez de distrito Juan Torruellas.

 “Quienes pagan las tarifas son los comerciantes, y el Negociado las está haciendo cumplir. Ya hay más de 25 % de los clientes que las están pagando, son las grandes empresas las que no quieren pagar”, denunció Carlos Rodríguez, a la vez que no dejó pasar por alto expresar que la directora ejecutiva de la JCF se gana $600 mil al año “y  viene a decirle a un camionero de Jayuya que él no puede ganarse lo que es justo. Esta señora no tiene ninguna moral ni le reconocemos ninguna injerencia en nuestros asuntos”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexiones: la resistencia política en el orden neoliberal y el caso de Vieques

 

 

El laboratorio más original y prometedor para el futuro de la resistencia de todo tipo en el Puerto Rico de la década de 1990 giró alrededor de la oposición a las prácticas de la Marina de guerra  de Estados Unidos en la isla municipio de Vieques. No sorprende que un asunto de la más cruda Guerra Fría se convirtiera en una fuente inagotable de retos en torno a las posibilidades de la militancia política en la era del neoliberalismo.

Después de todo la anexión de Puerto Rico a Estados Unidos había sido resultado de un acto bélico en el cual aquella marina de guerra había cumplido un papel protagónico. Las posesiones insulares se habían convertido en una pieza fundamental para la defensa de aquel país que, en la década de 1890, se encontraba en una fase de crecimiento que miraba con más insistencia mar afuera. Agotada la expansión continental, ultramar fue metaforizado como una nueva frontera por conquistar. Las proyecciones hegemónicas de Estados Unidos en el Caribe, las Antillas y en el hemisferio sur se habían convertido en una prioridad y una promesa distintiva de los republicanos en medio de la Gran Depresión (1873-1896).

Además, como se sabe, los asuntos referentes a Puerto Rico después de 1898 estuvieron bajo la jurisdicción del Departamento de Guerra por lo menos hasta 1934 momento en el cual, al calor de la Política de la Buena Vecindad (1933-1945) en el marco de la amenaza alemana, fueron desplazados hacia el Departamento de Interior por una administración demócrata. En cierto modo, una cosa significaba ser colonia ultramarina bajo la supremacía de los republicanos antes de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), y otra muy distinta bajo la de los demócratas después de la otra Gran Depresión (1929) y la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

 

A lo largo del siglo 20 el interés primordial de las fuerzas armadas se había centrado en la isla de Culebra desde 1902 pero progresivamente se movilizó en diversas direcciones. Eran los tiempos de la valoración de la posición geoestratégica de Puerto Rico, evaluación que históricamente siempre se formuló desde el lugar del imperio que controló el territorio. El discurso fue hecho suyo por una parte significativa de las elites puertorriqueñas. En 1913, cuando el abogado y poeta de Aguadilla José De Diego Martínez (1866-1918) articuló su polémica petición de “Independencia con Protectorado”, fenómeno que catalogué en un libro publicado en 2003 como una expresión del plattismomás cándido y vulgar, aquel icono del independentismo moderado ofreció a Estados Unidos la posesión permanente de Culebra a fin de asegurar el acuerdo. De igual modo, cuando en 1936, el representante demócrata de Maryland Millard Evelyn Tydings  (1890-1961) presentó su proyecto de independencia en el Congreso por primera vez, proceso documentado de manera detallada por el historiador Néstor Duprey Salgado en un libro de 2015, el mantenimiento del control sobre Culebra era uno de sus requisitos. También se requería el pago de la deuda pública, por cierto, pero ese es un asunto que se discutirá más adelante.

Todo sugiere que la beligerancia iniciada en 1939 y el subsecuente inicio de la llamada Guerra Fría desde 1947 alteraron el consenso. A partir de aquellas fechas el plan de la marina de guerra, en connubio con un gobierno local encabezado por Muñoz Marín desde el Senado, era otro. Muñoz Marín se sabía encaminado a convertirse en el primer gobernador electo por voto popular en la colonia y gozaba de un apoyo electoral masivo. La meta de las autoridades en aquel contexto era pretencioso. Se habían propuesto el despoblamiento de las islas  de Culebra y de Vieques para ponerlas en manos servicio de las fuerzas armadas y dedicarlas por entero a fines militares. Aquella estrategia ha sido aclarada en una publicación de la historiadora Evelyn Vélez Rodríguez en el 2002 y se conoció con el mediático pero sugerente nombre de “Plan Drácula” (1958-1964).

El contencioso de la Guerra Fría y la Guerra de Corea (1951-1953), que tanto animó el temor irracional a la “amenaza roja”, justificaron el uso de las tierras ocupadas para prácticas de tiro lo mismo con bala “inerte” o de bajo impacto que con bala “viva”. Las zonas de práctica de combate también se convirtieron en un negocio lucrativo para la milicia estadounidense dado que aquellas eran arrendadas a países aliados para la ejecución de prácticas similares.

Más allá de la retórica agresiva vigente, las presiones psicológicas que imponía el anticomunismo frenético poseían un rostro material incuestionable que debería investigarse con cuidado ahora que se pretende que aquellas posturas han sido dejadas atrás. En aquel ámbito muchas de las acciones de Estados Unidos en Puerto Rico, su territorio caribeño, eran percibidas como una garantía legítima y paternal contra una amenaza comunista siempre improbable, por lo que eran bienvenidas lo mismo por la clase política como por el ciudadano común.

Cuando cesaron las prácticas de combate en la isla de Culebra (1973-1975), sólo se había ganado una batalla más en una cruenta guerra que parecía no tener fin. El abandono de Culebra validó que  los ejercicios bélicos fuesen reconcentrados en la vecina Vieques bajo las mismas condiciones. En un territorio como el puertorriqueño, con una ciudadanía con una cultura política frágil, una población acostumbrada a la presencia de Estados Unidos que desconfiaba de quienes la cuestionaban, y con un movimiento nacionalista y socialista compitiendo por el control del proyecto y en franca crisis, la protesta de contenido político no resultaba eficaz. La  “amenaza comunista” era más convincente que cualquier argumento crítico, en parte por el empantanamiento en el cual se hallaba el “socialismo realmente existente”. Las críticas al régimen soviético era comunes incluso hacia el interior de la organizaciones neomarxistas que iban surgiendo en el país a raíz de la crisis del PIP entre 1970 y 1973, asunto que también debería investigarse con una mirada más fresca.

El activismo social, político y cultural de las décadas de 1960 y el 1970 estimuló la formulación de discursos alternativos que, sin dejar de reconocer que la asimetría colonial era una parte importante del problema de Vieques, la situación no podía reducirse a meros factores políticos y geoestratégicos. La rica literatura creativa de aquel momento es un ejemplo de ello. La obra del novelista viequense Carmelo Rodríguez Torres (1941-2016) alrededor del inolvidable mito de los nefilim y las formas de resistencia emanadas de un abajo social concebido con los recursos de lo real imaginario cuya imagen excedía la materialidad y se abrazaba a la cultura local de la isla; y la de Pedro Juan Soto (1928-2002) alrededor de personaje de Usmaíl, cimentada en aspectos de una cotidianidad cargada de extrañeza, entre otros, demuestran que resistencia se abría en un abanico de posibilidades.

Después del fin de la Guerra Fría (1989-1991) la credibilidad de aquella  discursividad y expresión del radicalismo se redujo. La narrativa literaria dejó atrás la antinovela experimental de Rodríguez Torres y el realismo refinado y radical de Soto, y los considerandos del 1960 y el 1970 centrados en la geopolíticas resultaban, sin realmente serlo, simplificaciones en la medida en que eran incapaces de ver toda la complejidad del problema. La lógica de algunos observadores era que, si Puerto Rico había dejado de ser una clave militar en la era de la posguerra fría, la permanencia de las prácticas de combate en la isla municipio ya no sería necesaria. La guerra se ganaría por el peso mismo de las circunstancias y las tendencias del cambio.

Vieques: ¿un nuevo tipo de activismo?

El innovador activismo viequense comenzó por señalar en que la “víctima” de las prácticas de la marina de guerra excedía las convenciones de la política. Con una renovada conciencia ambiental vinculada a las experiencia de las décadas de 1960 y el 1970, comenzaron a señalar los efectos contaminantes de las prácticas de combate. Las aguas, el aire, los suelos eran también víctimas de aquel ejercicio belicista. Los desperdicios sólidos, los residuos nucleares e incluso el mismo ruido que generaban los ejercicios de guerra, fueron objeto de señalamientos por el efecto que tenían en la industria de la pesca, la salud física y emocional de los viequenses.

Al presente podría establecerse un paralelo algo tragicómico entre el “bombardeo” y el “voceteo”, sin duda. Desde mi punto de vista la apelación  la contaminación acústica o sonora por ejemplo, un problema palpable en cualquier gran zona metropolitana, resultó atractivo por el hecho de que el mismo tomaba distancia de lo político en el sentido que se le dio durante la Guerra Fría. Dadas esas condiciones el señalamiento tenía la capacidad de convencer a una gama muy amplia de ciudadanos que desconfiaba de los discursos nacionalistas y socialistas.

Por otro lado, el activismo cultural giró en otra dirección más allá de las originales mitificaciones estéticas de los autores citados del 1970. El señalamiento más consistente se movió alrededor de un hecho difícil de poner en duda. Se trataba de que la isla de Vieques, por su ubicación en la cadena de islas antillanas, era uno de los repositorios naturales con mayor potencial arqueológico del país, riqueza que se encontraba amenazada por las prácticas de combate indiscriminadas de la marina de guerra. En general, sin dejar a un lado la crítica política, las impugnaciones se multiplicaron y comenzaron a apelar a una variedad de artefactos que antes habían sido pasados por alto.

Numerosos observadores afirmaban que las actividades de la marina de guerra habían deprimido, en lugar de estimular como sostenían los defensores de su presencia, la economía de la isla municipio. Llamaban la atención en especial a los renglones de potencial pesquero y turístico los cuáles , en realidad, dejaban mucho que desear. Las estadísticas oficiales confirmaban el alegato. En 1999 el desempleo en Vieques ascendía a un 18.6 %, es decir, 7 % más alto que la que se reconocía como cifra oficial en la isla grande. A ello se sumaba el hecho de que la marina de guerra empleaba solo 120 personas de la isla para suplir servicios civiles y de seguridad.

La casualidad o el azar cumplieron una función peculiar en aquel momento. El 19 de abril de aquel año, un avión F-18 lanzó una bomba de 500 libras que erró el objetivo y mató a un guardia de seguridad, David Sanes Rodríguez (1954-1999) y, de paso, hirió a otros cuatro obreros. El incidente se mundializó de inmediato y fue la chispa de una intensa campaña que, a la larga, consiguió un acuerdo que condujo al fin de las prácticas para el año 2003. Es cierto que tras el fin de la Guerra Fría el papel de Vieques en el imaginario militar estadounidense iba a ser revisado. Pero el cambio del discurso contra la marina de guerra y aquella eventualidad azarosa fueron fundamentales para que se gatillara un movimiento único e imparable.

“Todo Puerto Rico con Vieques”, un grupo amplio en el cual convivieron una pluralidad de fuerzas políticas tradicionales y de la sociedad civil, fue la primera experiencia de lucha política, social y, en el más amplio sentido de la palabra, mediática en la posguerra fría y la era del neoliberalismo. La otra ha sido, y esto habría que evaluarlo con más cuidado en otro contexto, el movimiento que exigió y consiguió la renuncia del gobernador estadoísta Ricardo Rosselló Nevárez (1979- ) en el verano de 2019. Resulta revelador que, en medio del proceso de reajuste en que se encontraban los movimientos nacionalista y socialista a la altura del 2000, fuese un historiador ligado más bien a la primera de aquella tradiciones quien estuviese a la cabeza del proyecto: José “Che” Paralitici (1952- ). El  activismo de aquella organización de base popular cambió la tesitura de las luchas colectivas en el país a principios del siglo 21.

Los elementos transformadores de aquella experiencia fueron muchos. Uno de ello, quizá el más llamativo fue el “fenómeno Tito Kayak”. Alberto de Jesús Mercado, un perito electricista y activista ambiental vinculado a Amig@s del M.A.R. (Movimiento Ambiental Revolucionario)  fundado en 1995, cambió por medio de su peculiar protesta espectacular el panorama de la resistencia política social hasta el presente. Su campamento en Monte David en 1999 y su colaboración con Amig@s de Vieques fueron claves  para la difusión de aquella causa. Su “captura” junto a otros cinco activistas en el piso superior de la Estatua de la Libertad en Liberty Island, Manhattan el 5 de noviembre de 2000 tras colocar una bandera de Puerto Rico en su frente, consiguió llamar la atención del mundo sobre el tema de la isla municipio y el rostro del coloniaje en la era del neoliberalismo. En el acto había algo de aventurerismo combinado con una buena dosis de activismo mediático cuyo impacto en la táctica de la luchas concretas debería ser evaluados con sumo cuidado.

Bajo aquellas circunstancias la protesta contra la presencia de las fuerzas navales de Estados Unidos en Vieques se convirtió en una destino de peregrinación que atrajo la atención de figuras de los medios de comunicación masiva y de la vida pública de dentro y de fuera de Puerto Rico, las cuáles aceptaban ser arrestadas ante el ojo avizor de la prensa puertorriqueña y extranjera. Después de todo se trataba de una causa legítima y, por lo regular, los procesos terminaban en cuanto un juez disponía su liberación. Ese fue el caso del actor Edward James Olmos (1947- ), conocido actor y activista; o de José “Chegüí” Torres (1936-2009), excampeón semipesado de boxeo retirado, entre otros muchos que la prensa se ocupaba de mostrar en su primeras planas.

Más allá de la seducción que la causa de Vieques produjo, el incidente desgraciado de Sanes Rodríguez y los cuatro obreros lastimados, tuvo el suficiente poder de convocatoria para movilizar personas de todas las tendencias políticas, ideológicas o religiosas sin mayores dificultades.  El hecho de que no había sido un asesinato político sino el resultado de un error humano o de cálculo parece haber sido definitivo en todo ello. La situación contrastaba con otras parecidas que han pasado al olvido. En 11 de noviembre de 1979, un militante anti marina de guerra miembro de la Liga Socialista Puertorriqueña, Ángel Rodríguez Cristóbal (1946-1979), había muerto en condiciones sospechosas en la prisión federal en Tallahassee, Florida, donde cumplía una condena tras haber sido arrestado en la isla de Vieques. A pesar de que las autoridades indicaron que se trataba de un suicidio, las circunstancias apuntaban en otra dirección. La muerte del militante de Ciales nunca se convirtió en una causa común de tanto arraigo como la de Sanes Rodríguez. Era como si la candidez o inocencia de Sanes Rodríguez tuviese más validez ante la gente que la transgresión consciente de Rodríguez Cristóbal.

Al cabo de los años la impresión que genera aquel contraste tan vívido es que las circunstancias de la muerte accidental de Sanes Rodríguez, un amigo de la marina de guerra que trabajaba para ella, “despolitizó” el issuey permitió llamar la atención sobre un filón “humanitario” que había permanecido velado. Las izquierdas, socialdemócratas o socialistas, y los nacionalistas, se sumaron y acomodaron a aquella inusitada ola humanitaria que no podían frenar.

El otro aspecto que garantizó el amplio apoyo popular a la protesta fue que la “desobediencia civil” y la “resistencia pasiva”, más que la confrontación directa, se impusieron como tácticas para enfrentar a las autoridades. El retorno de las “sentadas” y la no oposición a los arrestos garantizó la popularización de la resistencia. Las fuentes y los efectos que tuvo aquella experiencia de ajuste de las artes de la protesta, tanto en el lenguaje como en la praxis de la resistencia antisistémica, todavía no se ha investigado con profundidad. Del mismo modo, la pregunta de cuánto cambió la percepción de los sectores rebeldes por parte del puertorriqueño común, siempre lo había identificado como una fuerza hostil y antiamericana, tampoco ha sido respondida.

Un recurso relacionado con la revolución informática que favoreció la generalización de la causa viequense y su rápida difusión,  fue la posibilidad de la protesta virtual o no presencial que ofrecía la Internet. El acceso a la información, fidedigna o no, a través del terminal de una procesadora a través de una lista de envío, el correo electrónico, los mensajeros  o un hogar virtual, afectó el panorama de esa y otras luchas. El proceso de desenvolvimiento hacia los espacios del “revolucionario virtual” o lo que hoy se denomina “slacktivismo” o “activismo de sofá”,  había comenzado a pesar de que todavía la tecnología informática estaba lejos de  la consolidación del blogueo (Bloggery WordPresses un fenómeno de 2003), las comunidades virtuales (Facebooksurge en 2004) y el  microblogueo (Twittermadura en 2006).  Aquellas  tecnologías surgidos durante la década de 2000 cumplieron una función crucial en las formas de la militancia que habrá que calibrar en otro momento.

Una mirada deportiva camino a Tokio

 

Dulce problema con la selección nacional femenina

La pasada semana el equipo de baloncesto femenino de baloncesto logró de manera invicta su segundo campeonato consecutivo en el torneo Centrobasket realizado en El Salvador. Si bien el torneo sufrió algunas bajas con la ausencia de México y Cuba, el equipo nuestro aún con bajas significativas demostró el gran nivel que posee en estos momentos en la región. Las actuaciones de jugadoras como Jackie Mary, Hope Benítez, Jada Stinson, y las posibles inclusiones de jugadoras como India Pagán y Arella Guirantes (quien se espera sea escogida #4 en el próximo sorteo de novatas de la WNBA) ha creado un dulce problema para el coach Jerry Batista quien tendrá que tomar la decisión final de cuál es la confección del equipo de  Tokio. Antes que eso se realizará en Puerto Rico del 11 al 19 de junio el torneo Americup y  lo ideal sería que ya el equipo este conformado para esa fecha.

Con opciones reales en el golf

El golf ha sido un deporte que por muchos  años dejó de ser parte del movimiento olímpico sin embargo por primera vez en su historia Puerto Rico tiene una oportunidad real de llevar dos competidores uno en cada rama de la mano de Marife Torres y Rafael Campos cuyas actuaciones recientes en el torneo PR OPEN, el torneo de Punta Cana y actualmente en el Valero Open de Texas lo han puesto en posición de cualificar en la rama masculina.

Siguen acumulando puntos nuestros Judocas

Aunque ninguno de los tres pudo alcanzar medalla en el torneo de Atalaya, Turquía celebrado la semana pasada, nuestros tres principales judocas Adrián Gandía, Melissa Mojica y María Pérez obtuvieron puntos importantes en busca de la clasificación olímpica. En el caso de Mojica y Pérez, éstas acabaron en la séptima posición en sus respectivas divisiones ganando su combate de segunda ronda mientras que Gandía cayó frente al turco Muhamad Koc. Cabe destacar que en este momento Gandía entraría mediante cuota continental y Pérez y Mojica también entrarían en sus respectivas divisiones.

Se sigue preparando el equipo de beisbol

Pese a la posposición de unas semanas de la Copa del Caribe que serviría de preparatorio en Curazao, nuestro equipo de béisbol sigue sus prácticas en busca del único boleto disponible en el clasificatorio olímpico que se jugará en junio en Florida. En ese torneo nuestro equipo tiene que ganarlo para obtener el pase directo o llegar segundo o tercero para darse una oportunidad en un repechaje mundialista. Recordemos que nuestro equipo liderado por Juan “Igor” González como dirigente viene de obtener la medalla de oro tanto a nivel Centroamericano como Panamericano en 2018 y 2019 respectivamente.

Tirados los horarios del repechaje masculino de baloncesto

Otra de las notas que no debe pasar desapercibida es que se anunció que Puerto Rico jugará a las 11 am hora local ambos partidos del repechaje en Serbia, el 29 de junio y el primero de julio frente a Senegal e Italia, respectivamente. Esta semana el base Andre Curbelo quien viene de tener una gran demostración en la NCCA se manifestó listo para ser parte del equipo si es convocado, lo cual nos daría aún más profundidad en esa posición. Desgraciadamente no se ha dicho nada de nuestros hombres grandes y la lesión sufrida hace varias semanas por Tyler Davis hace poco probable que se integre al equipo. Recordemos que hay que ganar ese torneo de Serbia para obtener el pase.

A su prueba más dura Afanador

Por último, la próxima semana Brian Afanador tendrá una nueva oportunidad de clasificar a los Juegos Olímpicos cuando se lleve a cabo el clasificatorio de América en Rosario, Argentina. Cabe destacar que habrá cuatro pases disponibles y que Afanador es el quinto de mejor ranking entre los participantes, por lo que debe estar en la lucha, pero sin duda tendrá que batallar para salir con el boleto olímpico. Tampoco debe descartarse a Melanie Díaz en la rama femenina aunque su ruta parece mas empinada. Afanador y Melanie también competirán en mixtos donde hay un pase disponible solo para el ganador.

Sin duda las próximas semanas serán bien intensas para nuestros atletas y sus posibilidades olímpicas y estaremos pendientes para mantenerlos al tanto.

 

 

 

 

Mirada al País: LUMA y el estatus

 

Especial para CLARIDAD

La energía, esa cosa que nos permite alumbrar en la oscuridad, cocinar nuestros alimentos, controlar la temperatura, movernos por aire, tierra y mar, que nos mueve el cuerpo, es un derecho al cual todos debemos tener acceso. La energía es vida.

Lamentablemente, las fuerzas que dominan la sociedad han hecho de la energía un negocio. Nos han privado de las fuentes naturales de la energía y le han puesto precio hasta al Sol. No hay duda que producir la energía que se trasmite mediante líneas eléctricas para energizar todo un país tiene que tener un costo. Pero una cosa es que el estado garantice el servicio de energía para todos a un costo razonable y otro caso es que se privatice el servicio y tengamos que pagar además del servicio, las ganancias de la empresa privada y los privilegios de los inversionistas y ejecutivos de estas empresas.

Nuestro país logró niveles mayores de desarrollo y calidad de vida en la medida que democratizó los servicios de energía, agua y comunicaciones. Ello fue posible mediante el esfuerzo de hombres y mujeres que crearon corporaciones públicas a favor del pueblo. Se superaron los feudos que familias ricas y hacendados poseían a principios del siglo XX. Estos servicios fueron la base para la construcción de un sistema educativo y un sistema de salud gratuito al cual todos podemos llegar.

Otros factores políticos y de carácter internacional fueron determinantes en el desarrollo del Puerto Rico que hoy conocemos. La utilización del país como un enclave económico a favor de los intereses de Estados Unidos ha definido nuestro destino político. Represión y persecución, concesiones políticas y armar toda una estructura jurídica que justifica la realidad colonial se combinó con ese desarrollo económico para culminar en ganancias calculadas en cifras millonarias para las empresas del gran capital.

Desde hace décadas los intereses económicos y políticos están cambiando. A Puerto Rico le han asignado nuevos roles en esta economía de enclave. Importantes sectores aprovechan los procesos de cambio para enriquecerse ante la oportunidad o peor aún, dar un tumbe mediante contratos leoninos o prácticas ilegales a riesgo de ir presos. El que estafa lo hace en grande. Su preocupación, si alguna, es que no lo delaten, para seguir robando. Empresarios, funcionarios gubernamentales, abogados, consultores y otros participan de estos esquemas con el fin de enriquecerse. Importa poco el país, importa poco la gente. Importa más el precio del servicio que ahora es privado.

Hoy tenemos una Junta de Control Fiscal como gobierno nombrado por el Congreso y el presidente de los Estados Unidos. Tenemos empresarios y bonistas discutiendo el futuro de la economía del país de acuerdo a como le paguen sus inversiones (bonos). Los derechos de la clase trabajadora, el contrato social con los jubilados y pensionistas no cuentan a la hora de discutir el futuro del país. La Junta prevé un gobierno reducido mediante la privatización de sus recursos, la venta del patrimonio y de las tierras, la desreglamentación de los permisos de construcción y protección del ambiente y una nueva deuda a perpetuidad que podamos pagar, nosotros y las futuras generaciones.

El contrato de ese embeleco llamado LUMA representa la gran estafa para el Pueblo. Representa la privatización total del derecho a la Vida. Implica que nos encarecerán el servicio de energía y a Dios que reparta suerte. Nos obligarán a buscar fuentes alternas de energía mediante empresas privadas, evitando que el interés público y colectivo pueda prevalecer. Después de LUMA vendrán por el resto.

¿Cómo puede ocurrir eso? Puede ocurrir porque el orden jurídico que justifica la ausencia de poderes en la colonia lo permite. Puede ocurrir porque la mentalidad y el interés de lucro que promueven las empresas así lo justifican. Puede ocurrir porque líderes políticos creen y promueven estos intereses económicos a cambio de los privilegios que reciben.

La descolonización del país solo tiene un resultado, el reconocimiento de la Independencia de Puerto Rico. Los proyectos hasta hoy radicados tiene el efecto de distraer a unos, satisfacer a otros, confundir a muchos y dividirnos a todos. La colonia es un mal que solo se corrige con el bien.

La lucha contra LUMA no puede estar separada de la lucha de liberación y reclamos de justicia social de nuestro Pueblo. Una cosa y otra esta unida. Las corporaciones públicas que garantizan un servicio al pueblo se necesitan. Estas pueden existir en la medida que tengamos poderes para definir nuestro destino. Si queremos una pensión garantizada, si queremos un convenio colectivo, si queremos una escuela y una universidad pública, si queremos un sistema de salud público y de calidad, si queremos energía para todos, tenemos que tener poder político.

Una cosa no debe ir delante de otra. Todo está relacionado. Todas las luchas deben ser enlazadas. Tenemos que luchar juntos y a la vez por definir nuestro futuro sin perder los derechos humanos que por naturaleza nos pertenecen. La calle nos espera.

Mirada al País: Avanzamos, pero no descansamos

 

Especial para CLARIDAD

Terminé mi pasada columna evocando con frustración el viento fresco que se supone esté ventilando el enrarecido ambiente que se percibe en la Legislatura de Puerto Rico, aun a la distancia.  Con solo leer lo que allí se discute y conocer los proyectos de ley, las Resoluciones para investigar diversos temas que se presentan; al escuchar las poco ilustradas y arrogantes expresiones de quienes se supone nos representen, tan distantes de las necesidades de la gente, tengo que hacer un esfuerzo para mantener viva la esperanza de lo que puedan lograr las minorías del partido Independentista y de Victoria Ciudadana.

La representación del Partido Popular Democrático (PPD) tiene la pava calada hasta los ojos para no atender asuntos medulares de derechos humanos, como el Proyecto del Senado 184 para  prohibir las terapias de conversión o “reparativas”. En un reciente reportaje de El Nuevo Día morí de la vergüenza al ver el alto número de populares que aun estaban deshojando margaritas sobre si respaldarían o no el Proyecto.  Después de tanto tiempo durante el cual se ha estado discutiendo el tema,  del consenso que existe entre los gremios de profesionales de la conducta de aquí, de Estados Unidos y de muchos otros países, así como de organismos internacionales de derechos humanos sobre el perjuicio que estas mal llamadas terapias pueden causar, especialmente a menores de edad de edad, contestaron que no tenían una decisión tomada.  ¡No habían leído el proyecto! Seguían escuchando a diferentes sectores antes de asumir una posición o estaban en contra de la propuesta legislativa porque atentaba contra la libertad de las familias de educar a sus hijas e hijos. También abrazaron el argumento de que la propuesta atenta contra la libertad religiosa.  En fin, parece un libreto ensayado.  La desfachatez de alguna de esta gente no tiene límites. Con el sueldo que reciben, la cantidad de ayudantes que contratan y el mucho tiempo que tienen pues su producción legislativa es cuestionable, cómo es posible que no se hayan leído tan importante pieza legislativa.

No hay duda de que están esperando hacia donde sopla el viento o más burdamente dicho, están velando güira para ver qué les conviene más.  El frágilmente electo presidente del Senado, José Luis Dalmau, en lugar de deshojar una margarita está haciendo esa labor con un enorme girasol que, además, cambia constantemente de dirección buscando la luz y él, lo que le deje mejor acomodado de cara a las elecciones dentro de cuatro años.  Cuando repartieron el don del oportunismo Dalmau ocupaba el primer puesto en la fila, pero el último cuando de liderato se trata.

En cuanto a la representación del Partido Nuevo Progresista (PNP) tienen sembradas personas fundamentalistas en varios escaños del Senado y de la Cámara.  En este último cuerpo la aprobación de la prohibición de las terapias de conversión luce peor aspectada. En ambos espacios legislativos es el “Proyecto Dignidad” el que ha llevado la batuta para cuestionar la legislación mediante interrogatorios en las vistas publicas que han pretendido amilanar, sin éxito, a la gran cantidad de personas y organizaciones que han presentado sus argumentos a favor del Proyecto.  El presidente del partido, Dr. César Vázquez, movió a sus huestes frente a El Capitolio para crear un ambiente de oposición, pero el pequeño sombrerito que es ahora su marca, no logró opacar los grandes disparates que como razones para rechazar el proyecto ofrecían a los medios las personas entrevistadas.  Gracias a las legisladoras y legisladores de la verdadera oposición, como Ana Irma Rivera Lassén, María de Lourdes Santiago, Rafael Bernabé y el autor del Proyecto, senador Vargas Vidot, así como a las múltiples organizaciones y sobrevivientes de las terapias que comparecieron y expusieron sus amargas experiencias, la verdad quedó expuesta.  En estos momentos la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción, que celebró las vistas públicas en el Senado, está preparando el Informe que se rendirá al Cuerpo.  Se sabe que las intrigas de palacio continúan y que es necesario mantenernos pendientes de lo que ocurra.

Le recordamos al PPD que en su programa de gobierno y pese a las ambivalencias de su derrotado candidato a la gobernación, Carlos Delgado Altieri, le dedicaron una sección completa a la comunidad LGTTBQI+, en la cual le ofrecieron garantías plenas de sus derechos y entre otras cosas, se comprometieron a concienciar a la comunidad en general sobre esos derechos.  Respaldar la legislación que propone prohibir las terapias de conversión para menores de edad por entidades y profesionales de la conducta, es una forma específica de cumplir ese compromiso programático. En cuanto al PNP se posicionaron el cuatrienio pasado cuando quisieron enmendar la Ley dirigida a la prohibición de las “Terapias de Conversión”.  Su programa de gobierno no hace referencia específica a la comunidad LGBTTQI+, aunque sí tienen una sección titulada “Equidad”.  Allí ofrecen promover el valor de la diversidad y el potencial de todas las personas sin distinción de género u orientación sexual, pero no hacen referencia a la identidad de género, limitando así los grupos a ser protegidos. *

Las legisladoras del Proyecto Dignidad, Joan Rodríguez Veve y Lissie Burgos, están trasladando su ideología religiosa a otros proyectos de ley que están dirigidos a la equidad de género, así como a la defensa y expansión de los derechos humanos de las mujeres y de la comunidad LGBTTQI+.  Así ocurre con el P. del S. 185 para declarar un estado de emergencia por violencia de género en Puerto Rico, lo que le daría permanencia a la Orden Ejecutiva 2021-013 decretada el pasado 25 de enero y  con el P. del S. 130 que propone enmendar el Código Penal para establecer como asesinato en primer grado los feminicidios y transfeminicidios.  De su propia creación presentaron la Resolución de la Cámara 36 para investigar a los albergues, sobre la cual comentamos en la columna del pasado 15 de febrero.  Compañeras como Amárilis Pagán Jiménez, directora de MATRIA y una de las portavoces del Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE), que ha hecho un trabajo extraordinario en la defensa de los derechos humanos, han sido blanco de los ataques de ambas legisladoras, que nada tienen que ver con la dignidad a la que alude el nombre de la entidad partidista que representan.

Es por lo anterior que no tenemos otra opción que mantenernos alertas y disponibles todo el tiempo con nuestras plumas, discursos y activismo en defensa de los espacios que con esfuerzo le hemos arrancado a la sociedad patriarcal y a las retrancas retardatarias que imponen los partidos políticos viejos o nuevos, pero conservadores hasta la médula.  Como siempre hemos dicho en los movimientos de mujeres: Avanzamos, pero no descansamos. Lo luchado no puede sernos arrebatado.

* Véase Mujeres en Marcha( OPMT) – Número especial sobre la Participación de las Mujeres en las Elecciones de 2020, Noviembre de 2020