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Mirada al País:“Herederos Forzosos”… de Deudas y Desasosiegos

Por

marzo 2, 2021

Especial para CLARIDAD

El drama de incertidumbre y temor para los vecinos del suroeste de Puerto Rico comenzó el sábado 28 de diciembre de 2019. Temprano en horas de la noche se produjo un terremoto de magnitud 4.7 que puso en alerta a toda a región entre Ponce y Cabo Rojo. Pocas horas después se produjo un sismo más fuerte, de magnitud 5.0, que activó la alarma de preocupación pues este estremeció todos los municipios del litoral de forma dramática. Este segundo sismo fue seguido de varios otros de menor magnitud, pero sentidos hasta el que ocurrió en la madrugada del Día de Reyes del 2020 con una magnitud de 5.8 el cual fue sentido en todo el País. Este terremoto cambió a todo el País el tono de la festividad de la Fiesta de Reyes. Sin habernos repuesto de esta experiencia, en la madrugada del día del 7 de enero se produjo el sismo de magnitud 6.4 que fue seguido 10minutos más tarde por otro de 5.6, y otro más de 5.0. Unos 15 minutos más tarde. Durante casi media hora de esa madrugada del 7 de enero, la tierra del suroeste se estremeció con violencia causando gran destrucción física en edificios e infraestructura y marcó a cientos de miles de compatriotas con una experiencia de terror y desasosiego de la cual muchos aún no se sobreponen. Catorce meses después la tierra del suroeste sigue muy activa sísmicamente.

De la experiencia de la reciente actividad sísmica, guardo con profunda preocupación dos circunstancias particulares: 1) el escenario del colapso estructural de la escuela intermedia de Guánica, Agripina Seda; y 2) el daño estructural a la planta termoeléctrica Costa Sur en Guayanilla. En relación con el plantel escolar, el mismo estaba supuesto a estar ocupado en la mañana del 8 de enero de 2020 por la facultad y el personal no docente que estaría preparando las aulas para recibir los cientos de niños y jóvenes escolares el viernes 10 de enero. Tal como ocurría en esta escuela en Guánica, una preparación similar estaba ocurriendo en otras docenas de escuelas para recibir a miles de niños y jóvenes escolares de esa región. La diferencia entre el terrible desastre sufrido y una catástrofe mayor por pérdidas humanas, la marcó una diferencia temporal de menos de 24 a 72 horas de la ocurrencia de los sismos mayores. Ciertamente fuimos afortunados en esa ocasión de no ser testigos de tan terrible calamidad. Al momento que escribimos estas líneas, nos encontramos a pocos días de que comience en más de un centenar de escuelas en Puerto Rico, la enseñanza escolar presencial después de una pausa de casi un año como resultado de los efectos de la pandemia del COVID-19. Eventualmente estos niños y jóvenes que paulatinamente comenzarán sus clases presenciales lo harán en cientos de escuelas que no son sísmicamente resistentes, que están comprometidas estructuralmente resultado de diseños arquitectónicos incorrectos, de pobre o ningún mantenimiento estructural, de obsolescencia por la longevidad de las estructuras o por su ubicación en o cercano a fallas geológicas activas o colocadas sobre terrenos poco competentes para asimilar y resistir movimientos fuertes de tierra.

A más de un año del fuerte terremoto del 7 de enero de 2020 el gobierno de Puerto Rico no parece haber llevado a cabo gestión proactiva para comenzar a corregir y superar la vulnerabilidad que plantean las instalaciones escolares que albergan a cientos de miles de niños, jóvenes, maestros y personal de apoyo a la decencia. Es decir, el acerbo de capital humano más importante de la nación puertorriqueña se desenvuelve cotidianamente en la gestión de formación intelectual y académica en un ambiente altamente vulnerable y susceptible a desastres y catástrofes. Esta indolencia no resulta de falta de conocimiento científico o técnico, ni siquiera de insuficiencia de capacidad financiera pues se conoce el problema hace décadas, se cuenta con la capacidad técnica para auditarlo y resolverlo, y se cuenta con la capacidad financiera para comenzar los procesos de ingeniería y realizar la reconstrucción de la infraestructura de planteles escolares para la educación de nuestros niños.

Al igual que las escuelas averiadas, los sismos de enero de 2020 causaron un gran daño estructural a la termoeléctrica de Costa Sur. Esta instalación de generación de electricidad tiene la capacidad de producir, casi el 25% de toda la energía eléctrica que se consumen en Puerto Rico. Esta termoeléctrica se comenzó a construir en 1955 como un componente para dar apoyo al complejo petroquímico que, para esa fecha, se comenzaba a desarrollar en los llanos del litoral costero entre Peñuelas y Guayanilla. En el 1958, la termoeléctrica comenzó a producir electricidad con una planta de 44 megavatios (MWh). La refinería de petróleo Commonwealth Oil Refining Co. (CORCO), suplía el combustible mediante tuberías a Costa Sur. Bajo el título “CORCO y AFF SON LOS MEJORES CLIENTES; Combustible Para Energía, Energía Para Combustible”, la petroquímica resaltaba la relación corporativa de “simbiosis” entre el ente público y privado (CORCO Habla-invierno 1969, Núm. 3; pág. 4). Esta relación entre petroquímicas y generación de electricidad se reprodujo también en las instalaciones de la petroquímica en Guayama y el complejo termoeléctrico de Aguirre en Salinas, así como la petroquímica de CAPECO en Guaynabo-Cataño y las termoeléctricas de Palo Seco en Toa Baja y Planta de San Juan en Puerto Nuevo.

Según fue ampliándose la CORCO y el complejo petroquímico asociado, Costa Sur se fue ampliando en su capacidad de producción de electricidad (Historia de la Autoridad de Energía Eléctrica- Implantación de los Sistemas de Luz y Fuerza en Puerto Rico, 1893-1993; Eugenio Latimer; 1997). La primera gran ampliación de Costa Sur a 270 MWh, se llevó a cabo para viabilizar el establecimiento del complejo petroquímico de la Union Carbide Caribe (UCC) en la Bahía de Peñuelas. Según se fueron instalando nuevas petroquímicas en esa región, se fueron añadiendo unidades a Costa Sur hasta que se instalaron la número 5 en septiembre de 1972 y la número 6 en septiembre de 1973, a un costo de $116 millones por ambas unidades, dólares de entonces. Las unidades 5 y 6 tenían capacidad de 410 MWh cada una, lo que elevó la capacidad de esa instalación a 1,083 MWh.

Es interesante, desde el punto de vista histórico, la propaganda mediática para la promoción de los complejos petroquímicos para la década del 1950 y 1960. En el 1956 el periódico The New York Times destacaba en un titular, en un tono paradójico, lo siguiente: “PUERTO RICO WINS CHEMICAL PROJECT; Union Carbide to Build Big Plant to Make Antifrezze Agent on Tropical Isle To Use Refinery Gases (New York Times; 22 de junio, 1956, pág. 30). Sin embargo, lo que no era paradójico para UCC es que, para esta empresa, su planta en Peñuelas (que ellos identificaban como en Ponce) tomaba como ventaja competitiva tres factores primarios; 1) bajo costo de la materia prima extranjera (nafta); 2) un bajo costo de energía eléctrica asegurado de “medio centavo por kilovatio hora (kwh)”; y, 3) diecisiete años de exención contributiva sobre la ganancia (“17 years tax holiday”) [A History of Union Carbide Corporation; 1890-1990; 1998, pág. 99]. Según la UCC, esa instalación en Peñuelas constituía el proyecto más grande de la industria petroquímica en el mundo, capaz de producir, hasta 4 billones de libras de productos por año. Póngale el lector cualquier valor monetario por libra a esa producción multibillonaria y podrá tener una idea de la magnitud de la ganancia de esa instalación industrial, que no pagaba contribuciones sobre la guanacia, que compraba la energía subsidiada a medio centavo kwh y que producía una inmensa contaminación atmosféricas a los suelos, a las aguas del litoral, contaminación que aún prevalece en el subsuelo y en los acuíferos donde la empresa operó. Durante muchos años la UCC fue el cliente industrial de la AEE de mayor consumo, seguido de cerca por otras instalaciones petroquímica, incluyendo la CORCO. Todas industrias pesadas cerraron operaciones, pero aún seguimos con la misma infraestructura de producción de electricidad a base de quema de combustibles fósiles.

La secuencia sísmica en el suroeste durante diciembre de 2019 y enero de 2020 está relacionada a varias fallas geológicas que se activaron recientemente. Los geólogos sospechaban de la presencia de estas fallas estructurales en la roca bajo tierra entre Guánica y Cabo Rojo, discurriendo por el sur del valle de Lajas y otras que discurren al sur de Guánica, de Guayanilla y Ponce proyectándose desde el lecho marino en diferentes direcciones tierra adentro. El sismo de 6.4 del 7 de enero ocurrió a una profundidad de seis millas bajo el fondo marino con un foco a pocas millas al sur de Guayanilla. Dado su relativa poca profundidad, la naturaleza y tipo de suelo y subsuelo de depósitos de aluvión y terrenos de pantanos rellenados, y la cercanía del epicentro a las áreas pobladas, la energía liberada tuvo poca oportunidad de atenuación y se recibió con gran fuerza en la superficie de los municipios afectados. Esto explica la magnitud y extensión geográfica de los daños estructurales que se observaron. En el caso del área urbana de Guánica, por ejemplo, esta se ubica sobre depósitos de materiales de deposición por descargas de inundación que se denominan técnicamente aluviones, los cuales, por su composición física y su relativo alto nivel de saturación de agua, tienden a amplificar varias veces las ondas sísmicas. Esto ayudo provocar los graves daños a los cientos de estructuras de residencias y comercios en ese sector.

Por otro lado, los terrenos donde ubican Costa Sur, la termoeléctrica que opera con gas natural, EcoEléctrica y el sector del litoral costero del complejo de tanques de almacenamiento de combustible de lo que fuera el complejo petroquímico en Peñuelas, están constituido por relleno que se depositaron sobre antiguos manglares que ubicaban en esa costa, todo lo cual lo hace altamente vulnerable a amplificación de ondas sísmicas. Aunque, afortunadamente no ocurrió, todo el litoral costero que fue afectado por los terremotos está también altamente susceptibles al impacto de tsunamis o maremotos que puedan ser inducidos por el movimiento de la estructura geológica producto del sismo o por colapso estructural de la inclinada pendiente rocosa que existe entre la línea de costa de esos municipios y la relativamente cercana de Fosa de Muertos al sur.

La experiencia de los sismos en la región suroeste nos ha hecho evidente la vulnerabilidad a la propiedad pública y privada que facilitan el disfrute de la vida a los municipios del área y al resto del País. Es preocupante no saber aún cuándo y cómo se tornará geológicamente estable esa sección noroeste de la placa del Caribe, pero si he entendido lo que comunican los expertos, las fallas que se han activado en ese sector mantendrán su actividad por muchos años y, probablemente, permanentemente en el tiempo. Hay expertos que indican que, aunque tiene relativa baja probabilidad, no se descarta que en esa región se pueda producir un sismo de magnitud 7, un sismo muchas veces más fuerte que el que nos impacto el 7 de enero de 2020 Visto en este contexto, me produce gran preocupación la inseguridad que plantea todas las estructuras sobre o cercanas a la región suroeste y, en particular, aquellas que van a ofrecer servicios institucionales como son las escuelas, represas y las instalaciones de generación de energía eléctrica. La situación de Guayanilla-Peñuelas me inquieta de forma particular puesto que las instalaciones de Costa Sur y EcoEléctrica están básicamente colocadas sobre o adyacentes a estas nuevas fallas geológicas que discurren a poca profundidad de la superficie del suelo. En las instalaciones de estas termoeléctricas existen tanques de combustibles que suplen la energía fósil para la generación; en esos se incluyen el inmenso tanque de almacenamiento de gas natural que sostiene aún la operación de EcoEléctrica. Cuan do se construyó Costa Sur a partir de 1955 y EcoEléctrica a mediados de los 1990, no se conocía de la existencia de las fallas y su capacidad de actividad sísmica. Siento que, hasta donde conozco, no se le ha prestado atención a este asunto.

En la literatura se le llama herencia al conjunto de bienes, derechos y obligaciones que deja una persona cuando fallece. El Código Civil de Puerto Rico establece la categoría de “herederos forzosos” para proveer la forma en que se disponen los bienes y deudas heredables estableciendo dos categorías primarias generales de estos herederos: 1) los descendientes, refiriéndose a hijos o hijas, o si no hay, a nietos o nietas, y 2) los ascendientes, refiriéndose a los padres, madres, abuelos o abuelas cuando no hay hijos o hijas. Si entendemos este concepto del código a los bienes comunes de la sociedad en su conjunto, todos los puertorriqueños somos herederos forzosos de los bienes y recursos naturales, de la riqueza patrimonial construida, incluyendo la infraestructura, pero también de las deudas públicas contraídas por entes gubernamentales ineficientes, irresponsables y, a veces, corruptos. Y esa deuda pública contraída con bonistas, en su mayoría extranjeros, la negocia a nombre de todos los “herederos forzosos”, las Junta de Control Fiscal cuya negociación validará una jueza también extranjera. Pero no sólo somos y habrá herederos forzosos de bienes y deudas materiales pues también somos herederos de inseguridad, vulnerabilidad, riesgo a desastres por causas naturales y potenciales catástrofes por las mismas circunstancias. Quienes deciden qué hacer y cómo para reducir estas vulnerabilidades heredadas y heredables son los mismos actores que administran los bienes comunes y que gestionan el pago de la deuda también colectiva. En ese proceso y en esas circunstancias se encuentra el bienestar y la calidad de vida de la presente y futuras generaciones de los puertorriqueños. EL estándar y la calidad de vida ejercen una gran influencia en el sentido de felicidad personal y de la felicidad colectiva, de ese estado de grata satisfacción espiritual y física, de esa ausencia de inconvenientes y tropiezos. Depende de todos, pero en particular de los que han asumido función y responsabilidad pública, en especial aquellos que a nombre de todos negocian la deuda y los que redefinen las prioridades de la reconstrucción de la infraestructura, para que procuren el que seamos todos herederos forzosos de bienestar y felicidad. Para que podamos parafrasear como la escritora poeta cuando dijo; “La felicidad es resultado de una serie de concesiones entre los que se quieren”, frase en la novela La Insolación de Carmen Laforet. Que nunca seamos “herederos forzosos” de deudas o desasosiegos…

Mirada al País: La ofensiva anexionista

Por

maria-de-lourdes-guzman

marzo 2, 2021

Especial para CLARIDAD

Como resultado de la aprobación de la Ley 51 del 16 de mayo del 2020, promovida por el ex presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, el pasado 3 de noviembre de 2020, se celebró el referéndum Estadidad Si o No. Dicha ley contiene diversas premisas tanto inexactas como falsas, comenzando por su titulo “Ley para la Definición Final del Estatus Político de Puerto Rico”. Sabido es que los resultados de dicho referéndum, en forma alguna, contribuyen a la definición final del estatus de Puerto Rico, siendo este un asunto que concierne determinar al Congreso de los Estados Unidos que, tras casi 123 años de ocupación de nuestro país, le ha dado al tema muy poca o ninguna importancia. En su Exposición de Motivos, dicha legislación hace un recuento tergiversado de los resultados electorales de anteriores consultas, para representar una expresión alegadamente mayoritaria, en favor de la estadidad. Aun cuando los anexionistas insisten en representar un 61% en el resultado a favor del anexionismo en el plebiscito del año 2012, lo cierto es que, al considerarse las más de 400,000 papeletas depositadas en blanco, dicho resultado se reduce a un 45%. En el plebiscito celebrado en el año 2017, habiéndose conformado exitosamente un boicot electoral por los propulsores de la alternativa soberanista, la estadidad obtuvo un 97% de solo un 23% de participación electoral. Este análisis es conocido por la clase política de los EE. UU., razón por la cual dichos resultados han sido ignorados por la potencia colonizadora.

Tanto el plebiscito de 2017 como el referéndum de 2020 fueron rechazados por el Departamento de Justicia de los EE. UU. En 2017, el entonces Secretario de Justicia, Jeff Sessions, dispuso que, como parte de las alternativas, debía incluirse el territorio, lo que provocó que los defensores de la alternativa de independencia/libre asociación, se retiraran del proceso y llamaran al boicot que fue apoyado por 77% de los electores. El referéndum de 2020 fue, igualmente, desautorizado por el gobierno estadounidense. Mediante carta enviada por el entonces subsecretario de Justicia, Jeffrey Rosen, al entonces presidente de la CEE, Juan Dávila Rivera, se denegó el financiamiento del plebiscito con los fondos designados en la ley 113 del 2014, aprobada por el gobierno de Barack Obama, para una consulta de estatus en Puerto Rico. Además, se indicó que la participación del electorado fue demasiado baja como para interpretar los resultados como “un voto decisivo para la estadidad”.

A pesar de lo anterior, el PNP impuso la celebración del mal llamado plebiscito, obteniendo un resultado que favorece a la estadidad con un 52%. Tristemente, nunca se cuajó una coalición del sector antiestadista del país, para llevar a cabo una campaña vigorosa y unida por el No, que contrarrestara, de manera efectiva, la campaña engañosa del PNP que, con la estadidad, le ofrece al pueblo la solución mágica y casi automática a todos sus infortunios. Las organizaciones de la sociedad civil, Sobran las Razones y Boricuas Unidos en la Diáspora lideraron, con muy pocos recursos, la campaña por el No, que obtuvo poco más del 48%. Por su parte, el PPD, encabezado por Carlos Delgado Altieri, hizo mutis y, públicamente, solo se escucharon las voces del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá y el exrepresentante, Luis Vega Ramos. El afán por allegarse votos del sector anexionista desafecto al PNP, rindió el deber moral de combatir todo intento por destruir nuestra identidad como pueblo y disolver la nación puertorriqueña dentro de la que, por más de un siglo, nos ha explotado para su propio beneficio.

La legislación habilitadora contempla que “no más tarde de los treinta (30) días a partir de la certificación de los resultados del plebiscito, la Gobernadora y la Comisionada Residente, con el consejo de la Comisión de la Igualdad, redactarán el Plan de Transición, debidamente calendarizado para hacer valer la expresión democrática y mayoritaria de autodeterminación del pueblo de Puerto Rico. El Plan de Transición será entregado a los líderes del Congreso de ambos partidos políticos nacionales y al Presidente de Estados Unidos con el propósito de establecer los procesos de transición con la urgencia que reclaman los ciudadanos de Puerto Rico”. Ello nunca se hizo. No obstante, el movimiento anexionista, envalentonado con el resultado y usando como pretexto el alegado mandato obtenido, se dispone a someter el 2 de marzo de 2021, día en que, como súbditos felices, conmemoran la imposición de la ciudadanía estadounidense, otro proyecto de ley para la admisión de Puerto Rico como estado.

Ante esta ofensiva, ¿qué vamos a hacer los antianexionistas? En primer lugar, considero que hay que abandonar el discurso de que los EE. UU. nunca nos va a dar la estadidad. Ya se escuchan voces en el partido demócrata de ese país, que ven en la admisión de Puerto Rico como estado, la forma de allegarse senadores y representantes para ese partido y lograr una mayoría en el Congreso. No olvidemos que los políticos estadounidenses ven en Puerto Rico la rentabilidad del producto. En segundo lugar, dejando atrás el afán de protagonismo y la exclusión, debemos conformar un frente unido puertorrriqueñista, que establezca estrategias para combatir la ofensiva de los anexionistas, llenando los espacios que, por décadas, se les ha permitido ocupar. Es necesario tocar puertas claves de congresistas que entienden que nuestra lucha no es de derechos civiles, sino del derecho de una nación latinoamericana y caribeña a su autodeterminación. El Junte de Mujeres M-18, del que formé parte por espacio de dos años y que fue, decisivamente, apoyado por Boricuas Unidos en la Diáspora, hizo un trabajo arduo y productivo en esa dirección. Muchos se sorprenderían de la cantidad de “staffers” de congresistas que nos indicaron la importancia que revestía para ellos conocer el otro lado de la moneda y saber de la existencia de movimientos de resistencia contra el anexionismo en Puerto Rico. Del mismo modo, hay que coordinar los esfuerzos con las organizaciones de la diáspora, que hacen una labor titánica y patriótica en contra de la anexión y por crear conciencia en la clase política y el pueblo estadounidense de que EE. UU. tiene que asumir la responsabilidad de nuestra descolonización garantizando un proceso participativo y serio. Tenemos que difundir, por todos los medios posibles, incluyendo los medios de comunicación estadounidenses, nuestra oposición a la anexión, denunciando la condición colonial humillante a la que se nos ha sometido por los EE. UU., nación que se ufana de luchar por la libertad y la democracia en el mundo. Es fundamental, además, internacionalizar la situación colonial de Puerto Rico lo que, indudablemente, es una pieza clave para el éxito de nuestra lucha.

Finalmente, nuestro pueblo no puede abandonar la calle, ese instrumento de lucha tan eficaz que nos permitió deponer a un gobernador corrupto, mediocre y abusador. Con ello demostramos la fuerza de la que es capaz la unidad de propósito de todo un pueblo, cuando se pisotea nuestra dignidad y cuando se pretende arrebatarnos aquello que somos y que queremos y que estamos dispuestos a defender hasta el último aliento. ¡Venceremos!

La autora es Presidenta del Movimiento Unión Soberanista

Cuando el Servicio Secreto asaltó CLARIDAD (y robó poemas)

Por

manuel-de-j-gonzalez

marzo 2, 2021

CLARIDAD

“Me llevaron aparte. Me robaron mis papeles, todos mis poemas y demás escritos que tenía guardados en una cajita. Nunca había visto a nadie tan interesado en la literatura. Sobre todo, nunca había visto a nadie tan interesado en mi obra.” Edwin Reyes, Claridad, 14 de noviembre de 1971.

¿Qué hicieron los federales con los poemas que le confiscaron a Edwin Reyes? ¿A dónde fueron a parar aquellas palabras que, además de poesía, respiraban lucha? Con esas interrogantes nos quedaremos siempre porque el FBI y el Servicio Secreto no hablan de “investigaciones en curso”, y las que hacen contra el independentismo puertorriqueño nunca terminan.

Tampoco sabemos si Edwin, que se nos fue antes de tiempo, logró reconstruir los poemas robados, recapturando las metáforas con las mismas palabras del primer alumbramiento. Él pensaba que sí podía hacerlo y así lo dejó escrito en su crónica del evento. Tal vez intentó la reconstrucción, pero a veces las imágenes poéticas son escurridizas y, tan pronto nacen, se van a andar. Cuando vuelven ya no son las mismas.

Entre las pérdidas que dejó el asalto de los federales a Claridad en la mañana del 9 de noviembre de 1971 estuvieron los poemas de Edwin, entonces joven poeta cialeño. También quedó una puerta destrozada a patadas, archivos forzados y la lista de suscriptores del periódico que, igual que los versos, desapareció tras la embestida.

Según el relato que dejó escrito el poeta en su otro oficio de redactor de noticias, la furia de las patadas contra la puerta lo despertaron porque entonces, desprovisto de vivienda, dormía en algún rincón del local donde se confeccionaba CLARIDAD. Lo que le vino encima cuando salió del entresueño no fue una pesadilla, sino una andanada de empujones junto a frases en inglés y en español mal pronunciado. Pronto quedaría inmovilizado y encerrado en uno de los cuartos que servían de oficina. Minutos después tendría con quién compartir el pequeño cuarto-cárcel porque los redactores y colaboradores que iban llegando al edificio en aquellas horas tempranas, tan pronto se asomaban, recibían su propia dosis de empujones. Entre ellos estuvimos Roy Brown y yo que, desprevenidos de lo que ocurría y en amena plática, pretendimos entrar. Junto a nosotros en la redada cayó Bernardo López Acevedo, quien por aquellos días se estrenaba como redactor.

Edwin, citando a Bernardo, narra el encuentro mucho mejor de lo que yo pudiera recordar: “Cuando Manuel le preguntó que con qué derecho nos daba órdenes, el gringo contestó: ‘Nosotros tener una orden de ayuntamiento’. A lo que Manuel ripostó: ‘Eso en Puerto Rico es un municipio’. Entonces nos empujaron contra la pared y nos registraron”.

Los sabuesos portaban una orden emitida por un juez federal, con un epígrafe que dice mucho: United States of America vs. Movimiento Pro Independencia de Puerto Rico. Realmente no era un caso nuevo, el procedimiento judicial que resume el epígrafe estaba activo desde la fundación del MPI en 1959.

Pero, más que el allanamiento, que siempre era esperado dado el permanente estado de confrontación que resume ese USA vs. MPI, lo que sorprendió fue la excusa que utilizaron los federales para gestionar la orden judicial. Allí decían que el MPI estaba falsificando la moneda estadounidense y que tanto los dólares falsos como la máquina que los hacía se guardaban en el local de CLARIDAD. “Y que buscando billetes” – dice la crónica del poeta-redactor – “¡Muchacho, si este es el último sitio a donde se puede venir a buscar dinero! Aquí a veces pasan las semanas y nacarile…”.

El supuesto dinero “falsificado” andaba en ese momento de mano en mano, repartido por millares a lo largo y ancho del país. El 28 de noviembre de 1971 se celebraría la clausura de la Octava Asamblea del MPI donde se fundaría el Partido Socialista Puertorriqueño y, como publicidad para ese acto, se había impreso un “dólar” con la cara del gobernador Ferré en lugar de Washington. En letras bien grandes el anverso del billete decía “El Partido Socialista va”, y el reverso “28 de Nov. Bayamón, Octava asamblea MPI, Viva el Socialismo”. Además de estos mensajes, al lado de la cara de Ferré, en letras pequeñas, se decía: “Esta nota no vale nada, el original se lo robó en de la foto”.

Obviamente la llamada “falsificación” no era tal, pero el ingenioso medio publicitario había irritado a la dirección del gobernante Partido Nuevo Progresista y a las fuerzas policiales federales. Esos últimos mantenían entonces operaciones de vigilancia y persecución contra el pujante MPI, que pronto se llamaría PSP, y contra CLARIDAD, que cientos de jóvenes vendían cada semana en calles y barriadas. En la misma semana del allanamiento se circuló una edición de 40 mil ejemplares.

“Es lógico que contra nosotros se desborde ahora todo el poder represivo de Estados Unidos” – decía Juan Mari Brás en su columna de la edición del 14 de noviembre de 1971 – “como lo señala simbólicamente la orden de allanamiento entregada por los asaltantes de CLARIDAD que en su epígrafe dice ‘Los Estados Unidos de América vs. Movimiento Pro Independencia de Puerto Rico’.”

No fueron, por tanto, los billetes “falsos” los que provocaron el asalto violento a CLARIDAD aquel 9 de noviembre de 1971, sino lo que el periódico representaba. De hecho, de allí no se llevaron ni un solo facsímil del billete, aunque sí cargaron con la lista de suscriptores y, de paso, con los versos del poeta.

Así termina la nota del poeta-redactor que perdió sus versos: “Por si no aparecen escribí esto. Porque aunque siempre pueden reconstruirse los poemas es bueno que se sepa que el ‘tigre de papel’ le teme a la palabra y que si todos los agentes imperialistas pretenden saber sobre lo que yo pienso van a tener que sufrir el más irónico de los castigos: ¡LEERME!”.

La promesa de Biden de cerrar la cárcel de Guantánamo: Más allá de simbolismos

Por

Luis De Jesus Reyes

marzo 2, 2021

CLARIDAD

“Es uno de los capítulos más vergonzosos en la historia reciente de Estados Unidos”.

(The New York Times, 23 febrero de 2016)

La Habana-Cuba-La recién estrenada administración del presidente Joe Biden ha dicho que tiene entre sus planes cerrar la cárcel estadounidense en la Base Naval de Guantánamo antes de que acabe este cuatrienio. Las intenciones no son nuevas, pero en el pasado los muchos esfuerzos para lograrlo no han pasado de ser más que eso, meros gestos. Si algo será diferente esta vez, está por verse.

En 2016, el entonces presidente Barack Obama envió al Congreso sendos proyectos para avalar el cierre de la prisión pues “su existencia es contraria a los valores estadounidenses, perjudica a la seguridad nacional y es caro”. De nada le sirvieron los llamados a la conciencia y a limpiar la imagen de los Estados Unidos. Los Republicanos torpedearon, una y otra vez, sus aspiraciones.

Ahora, en medio de una de las peores crisis políticas y sociales de ese país en los últimos años –el expresidente Donald Trump dejó el rancho ardiendo antes de irse– Biden ha prometido cumplir la promesa que dejó Obama sobre la mesa. “Este es ciertamente nuestro objetivo y nuestra intención”, confirmó a los medios hace unas semanas Jen Psaki, la secretaria de prensa de la Casa Blanca.

No nos engañemos, para Washington, cerrar la prisión ciertamente no es una prioridad en política exterior –nunca lo ha sido–, pero hacerlo supondría para Biden devolver a los Estados Unidos parte de esa legitimidad (auto-atribuida) de guardián y promotor de los derechos humanos en el mundo. Poco interesa si en menos de dos meses de administración, el nuevo presidente ya ha ordenado bombardear Siria, ha hecho declaraciones injerencistas con respecto a Venezuela o hasta coquetea con mantener buenas relaciones con un país que ordena asesinar y descuartizar periodistas, trancar definitivamente la gruta abierta hace nueve años, a 90 millas de su territorio, resultaría llamativo y vendería muchos titulares.

UN LUGAR DE ARBITRARIEDAD Y ABUSOS

Un informe redactado en enero de este año por ocho relatores de la Organización de Naciones Unidas cataloga a Guantánamo como “un lugar de arbitrariedad y abusos” y llama al nuevo gobierno estadounidense a “cerrar de inmediato ese sitio”.

No es la primera vez que se hace un pedido como este. Desde que fue establecida el 11 de enero de 2002 –como parte de la llamada guerra contra el terrorismo lanzada por el presidente George W. Bush– organizaciones de derechos humanos, instituciones y líderes políticos han pedido en reiteradas ocasiones su cierre definitivo.

Además de las documentadas torturas y violaciones a los derechos humanos cometidos tras sus rejas, la cárcel de Guantánamo es un lugar “donde el estado de derecho está suspendido de facto y donde se niega la justicia”, afirman los expertos de la ONU.

En 2003, la prisión llegó a tener más de 700 prisioneros. Hoy quedan 40 detenidos, pero sólo nueve de ellos han sido acusados o condenados por algún delito. El resto permanece en un limbo legal y sin amparo de las leyes internacionales.

Encima de todo esto, está la existencia de las Comisiones Militares, cortes marciales habilitadas contra supuestos terroristas durante la era Bush y cuyo proceso sesgado impide que todo juicio contra los detenidos sea cuando menos creíble y justo. De tales comisiones la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) ha declarado que se trata de un “sistema de justicia de segunda clase” y ha pedido que “cuando la evidencia de crímenes terroristas exista se juzgue a los detenidos en Guantánamo en tribunales federales”.

Algo a lo que precisamente ha rehuido desde el primer día los Estados Unidos. Guantánamo fue concebido como un espacio donde recluir a cientos de supuestos sospechosos de terrorismo bajo un impreciso estatus legal; los detenidos se encuentran en un lugar bajo control estadounidense, pero fuera del alcance de las protecciones constitucionales. Esta ambigüedad permite a las autoridades militares de ese país cometer todo tipo de vejámenes y atropellos escapando por la puerta de atrás a las leyes internacionales.

“Llamamos a las autoridades estadounidenses a que procesen a las personas detenidas en Guantánamo, en pleno cumplimiento de las leyes de derechos humanos, o a que se les libere o repatríe inmediatamente respetando el principio de no devolución”, exigen, por su parte, los relatores de la ONU.

DEVOLVER LAS TIERRAS, UN RECLAMO PERMANENTE

Pero más allá de si se concreta o no el cierre de la cárcel, queda sobre la mesa un aspecto fundamental de su existencia: el territorio de Guantánamo donde se encuentra la Base Naval Estadounidense, un enclave ilegalmente ocupado gracias a un turbio acuerdo de más de 100 años.

En 1901, tras el fin de la rebelión cubana contra el dominio colonial español, la isla se encontraba ocupada por tropas estadounidenses. Para retirarse, Estados Unidos forzó a Cuba a aceptar una serie de condiciones contenidas en la llamada Enmienda Platt. Si Cuba no aceptaba, seguiría ocupada militarmente, por lo que opciones no habían muchas.

Entre otras cosas, le legislación concedía a Estados Unidos “el derecho de intervenir militarmente en la isla cuando peligraran [según su criterio] la vida, la propiedad o las libertades individuales” y advertía que la potencia podía “ejercer el derecho de intervenir para el mantenimiento de un gobierno adecuado” a sus intereses.

La Enmienda también establecía la cesión de porciones de territorio cubano “necesarias para obtener carbón o para estaciones navales”.

Dos años más tarde, el 16 de febrero de 1903, el entonces presidente de Cuba, Tomás Estrada Palma, firmó la cesión del territorio de Caimanera a Estados Unidos para establecer allí una base naval. Aquella decisión es vista todavía hoy por el pueblo cubano como una traición del entonces mandatario a los ideales de José Martí y del Partido Revolucionario Cubano (PRC) –que ayudó a fundar–; una carga que sigue pesando más de un siglo después.

Desde su triunfo en 1959, la devolución de esos terrenos ha sido un reclamo permanente de la Revolución Cubana, que considera “ilegal” la firma de aquel acuerdo. Washington, por su parte, se sigue amparando en el mismo documento para justificar su “derecho” sobre los orientales terrenos.

De todos modos, si la administración Biden logra cerrar la prisión –queda por verse si consigue la aprobación en el Congreso una vez se someta el proyecto– nada indica que el presidente norteamericano esté también dispuesto a cerrar la base y devolver a Cuba sus tierras. Dar el paso, sin embargo, podría ser el inicio de un cambio en el papel jugado por EE.UU. en el Caribe en los pasados cuatro años.

Por lo pronto, clausurar un espacio donde tantas violaciones y torturas se han cometido en la última década, muchas de las cuales quizás nunca lleguemos a conocer, siempre son buenas noticias; vengan de quien vengan.

La Junta ahorca a Puerto Rico con un plan insostenible

Por

candida-cotto

marzo 2, 2021

CLARIDAD

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La reducción de recortes significativos en los servicios públicos, más reformas estructurales, que Puerto Rico se quede sin dinero en efectivo en tan solo ocho años -para el 2029- es a lo que conllevara el Plan de Ajuste de Deuda (PAD) que la Junta de Control Fiscal (JCF) le presentó a la jueza Laura Taylor Swain, en la vista en el tribunal el pasdo miércoles 10 de febrero.

La advertencia de que el PAD presentado por la JCF es uno insostenible para Puerto Rico, fue hecha por el analista senior de Política Pública de la organización Espacios Abiertos, Daniel Santamaria Ots, quien presentó su análisis en una reunión a los miembros del Senado, a la cual incluso asistieron varios ayudantes. Santamaria Ots, comentó a Claridad respecto a la reacción de los senadores a su análisis que dado a la composición más plural de dicho cuerpo pensaba que hay una genuina preocupación sobre la propuesta que plantea la JCF y que hubo una dinámica positiva a sus planteamientos. La presentación a los senadores fue iniciativa del presidente del Senado.

Lo que propone la Junta

Santamaria Ots indicó que en octubre de 2020 la propuesta de la JCF era de un pago de deuda de entre $1,050 millones a $1,100 millones y un efectivo inicial de $5,983 millones. Observó que este pago —aunque insostenible—podría parecer un alivio frente a un panorama en el que Puerto Rico estuviera fuera de un proceso de reestructuración que conllevaba entre $3,000 y $3,500 anuales. Sin embargo, la situación se agrava porque se destinan desde el 2017, $2,300 millones anuales en el pago de las pensiones ‘PayGo’. Algo que se revela en el PA es que habrá un pago adicional con propiedades del gobierno a exigencia de la aseguradora Ambac Assurance Corp.

“Esta nueva propuesta, todavía no oficial, conllevaría pagos anuales de entre $1,150-1,300 millones del gobierno central más el pago de COFINA durante 20 años (hasta 2041) y pagos anuales de $991 millones (resto de COFINA) entre 2042 y 2058. Con el nuevo pago de $2,300 millones anuales en pensiones (‘PayGo’), se deja al Fondo General en una situación de estrés similar al periodo anterior a la reestructuración”, observó.

La nueva propuesta significaría un recorte al principal de la deuda que oscilaría entre el 55-58%, muy inferior al propuesto en octubre de 2020 que oscilaba entre el 66-69%.

A pregunta de CLARIDAD de que según la JCF su propuesta es realista el economista trajo a la atención el que la Junta misma reconoce en su escenario base que en el año 2029 Puerto Rico se quedara sin dinero y dice que hay que hacer reformas adicionales a las que ya propone.

No obstante, denunció que ni con la actual propuesta ni desde que se inició el proceso de negociación en el 2016 la Junta nunca ha dado un número de lo que es un pago sostenible para Puerto Rico. En tanto recordó que el estudio de Espacios Abiertos que hicieron los economistas Joseft Stigliz y Martín Guzmán arrojó que Puerto Rico necesita un recorte entre un 80 y un 90% de la deuda.

“Así que la Junta ha ido variando en sus palabras lo que es bueno para Puerto Rico en función de la coyuntura”. Censuró que la Junta ha variado sus proyecciones primero con el huracán María, y luego con la serie de sucesos que se han dado en la isla, pero nunca ha habido un consenso de que exactamente necesita Puerto Rico para tener un pago de deuda sostenible.

“La observación de la Junta es que este Plan de Ajuste es positivo porque lo ven como un paso adelante. La pregunta es, que nos hacemos, cuáles son esas reformas adicionales que necesita Puerto Rico porque si no con los números de la Junta en su escenario base ella misma nos dice que en el 2029 con alta probabilidad hay un problema de caja para el gobierno de Puerto Rico pues entonces esa es la respuesta de la Junta que hay que hacer más reformas, pero no sabemos cuáles”, cuestionó el economista de Espacios Abiertos.

Añadió que de aquí al 2029 es un tiempo relativamente cerca y hay que recordar que vamos a estar pagando deuda durante 40 años y que otra cosa importante es que la deuda de Cofina es también es a 40 años. “Ahora se habla de que esta reestructuración es en 20 años. La propuesta de octubre del 2020 era pagar $1,150 millones en 20 años. Pero después del año 2041 se siguen pagando $900, 93 millones de Cofina hasta el año 2058 así que dentro de esos 40 años quedarnos en el 2029 sin dinero en caja pues la verdad que de sostenible tiene poco”, reiteró.

La amenaza de los recortes

Ante la amenaza de los recortes al presupuesto que la Junta llama reformas, y a la interrogante que de dónde el país puede sacar dinero Santamaria Ots planteó que dado a que como el recorte que la Junta propone es insuficiente la realidad es que Puerto Rico tiene muy poco margen de maniobra. “Todo el mundo pregunta cuál es la solución”, expresó. En esa dirección expuso que la Junta lo que está haciendo es poniendo paños temporeros y está dejando encima de la mesa, y no está resolviendo el problema de base de que Puerto Rico lleva desde el 2006 sin que su economía crezca.

En ese aspecto Santamaria Ots expresó que Puerto Rico necesita un debate y un consenso entre distintos especialistas en y fuera del país -los cuales muchas veces han sido apartados de la esfera política, de dar una opinión fundamentada de lo que necesita el país en términos políticos y económicos, o no se ha dejado que tome el protagonismo que necesita el país- “pues es importante que esa conversación venga y la Junta no la está queriendo tocar la Junta está queriendo responder a un planteamiento ideológico más que a un planteamiento de crecimiento económico sostenible”.

El economista reconoció que son temas complicados que la JCF no ha venido a resolver pero que forman parte de la conversación que se debe dar en el país que, aunque se ha dado ha sido silenciada por mucho tiempo y no se ha dado el espacio y relevancia que merecen. “Eso es lo que hay poner encima de la mesa”.

El cambio de la propuesta de la Junta

Respecto al cambio de propuesta de la Junta de aumentar el pago a los bonistas en contra de los interese de Puerto Rico, Santamaria Ots atribuyó a que ello responde a que la jueza re quiere consenso para lo cual se necesita al menos a la mitad de uno de los activos en quiebra. Todo indica que la mitad de los acreedores deben estar apoyando lo que propone la Junta y dado a que el proceso de negociación se ha ido tensando y como la Junta quiere presentar un consenso, aunque sea en una categoría por ejemplo parece que hay uno con los bonistas de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) la cual tiene $17 mil millones de la deuda, la Junta quiere conseguir que por lo menos en esa categoría de bonistas la mitad estén de acuerdo con sus propuestas. Se sabe que también hay un acuerdo con los pensionados. La Junta pretende llevarle ese consenso a la jueza Taylor Swain para que entienda que hay consenso para entonces validar la propuesta del PA.

El economista de Espacios Abierto recalcó que el Plan de Ajuste de Deuda presentado por la Junta es insostenible y que como negociador y defensor que se supone es de Puerto Rico esta debe entender que tiene que tener un equilibrio entre lo que es justo para los acreedores y lo que es sostenible para Puerto Rico. “Aquí no hay que penalizar a los prestaron, pero no hay que poner en un estado de insostenibilidad a la isla y como nunca han tenido claro que es sostenible por eso nos encontramos en situaciones como esta que es una propuesta peor que la anterior y que como no tienen consenso y la jueza quiere consenso pues van a presentar algo con un consenso que juega en detrimento de los intereses de las y los puertorriqueños”, manifestó.