En sus hojas más altas se asientan patos, de largos cuellos
bordados y pájaros, de un color piedra que destierra la noche
y halcones larguialados.
Fragmento 317a de Íbico, traducido del griego antiguo por Cristina Pérez Díaz
La Junta Directiva y el Colectivo de Trabajo de CLARIDAD le envia un fuerte abrazo a la familia Valle-Ferrer ante la pérdida de doña Guillermina Ferrer Rodríguez. Doña Guillermina (Mamita) mujer trabajadora y de mucho temple murió el pasado lunes 22 de febrero.
Nuestros deseos de mucha fortaleza y paz para Diana, Norma, Wilma, Alana, Firuzeh, Marina y Víctor Manuel, ante tan sensible pérdida.
.La familia celebrará una misa que informará próximamente
Especial para Claridad
Cuando nuestro poeta nacional y líder revolucionario Juan Antonio Corretjer falleció en 1985, nuestro pueblo organizó el Museo Biblioteca – Juan Antonio Corretjer. A través de cientos de actividades y principalmente mediante 23 Cantatas a Corretjer, se habilitó la Casa Corretjer en el corazón del pueblo de Ciales, la calle Betances, esquina Corretjer, a pasos de la plaza del pueblo. La Casa alberga y divulga la obra del cialeño, con sobre 20 publicaciones de sus obras en papel, CDs, pdfs y variedad de materiales educatvos, que han llevado a decenas de miles de estudiantes el mensaje de la importancia de la herencia corretjeriana.
Por diversidad de razones –como la crisis económica, el huracán María, la actual pandemia–, el trabajo de la Casa Corretjer se vio interrumpido temporeramente. Hoy día, la sede en el edificio de dos pisos (que es propiedad del pueblo de Puerto Rico, no se le debe ni al gobierno ni a ningún banco) está bajo remodelación y modernización gracias a la iniciativa de dos de nuestros héroes nacionales: Oscar López y Luis Rosa, ambos patriotas boricuas que estuvieron decenas de años en las cárceles por luchar por el ideario corretjeriano.
Y con el impulso de Luis, Oscar y el Museo del Café de Ciales, para este natalicio de don Juan -3 de marzo de 1908-, se celebrará una actividad de Reapertura de la Casa Corretjer -bajo la pandemia- con distanciamiento y precauciones, este sábado 6 de marzo, comenzando a las 2:00 PM, en la calle Betances de Ciales, al lado de la Casa. Además de la participación artística y de poetas, se expondrá el desarrollo de las remodelaciones del Museo Biblioteca y se develará el mural obra del artista junqueño, radicado en Chicago, Cristian Roldán.
Sobre los procesos de remodelación, ver video preparado por Anamarys Jiménez Rivera en youtube: https://www.youtube.com/watch?v=7BT4WQBZ8PQ&t=7s
CLARIDAD
Si de verdad el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia y la Legislatura se mantienen en su posición de que no darán paso a un plan de ajuste de deuda (PAD) que conlleve una reducción en las pensiones, difícil que la Junta de Control Fiscal (JCF) pueda confirmar el acuerdo pactado con los bonistas.
La JCF anunció este martes 23 de febrero que había llegado a un acuerdo de reestructuración de deuda con ciertos tenedores de bonos para “resolver $35,500 millones en reclamaciones relacionadas y no relacionadas con la deuda”.
De inmediato el gobernador reaccionó en comunicado de prensa en el que declaró que aunque el acuerdo dice es sostenible, advirtió que: “Sin embargo, el Plan de Ajuste no debe afectar aún más a nuestros pensionados, por lo que, aunque apoyo los términos económicos del acuerdo entre JSF y el Grupo de Acreedores, el Gobierno de Puerto Rico no estará subscribiendo el PSA anunciado hoy. Estoy seguro de que el Tribunal presidido por la Jueza federal Laura Taylor Swain puede aprobar un Plan de Ajuste que no contenga recorte a las pensiones porque no es necesario para el éxito de la transacción, y así se lo haré constar al honorable tribunal”.
En tanto en entrevista con este semanario el licenciado Rolando Emmanuelli Giménez, reiteró el que la Junta no va a poder confirmar el plan ya que requiere de legislación. “Ya la Junta sabe que no tiene el aval tanto del Ejecutivo como de la Legislatura sabe que el plan esta natimuerto”.
Explicó que se supone que la aprobación del plan requiere legislación y que lo normal es que el proyecto lo someta el ejecutivo. “Nada impide que vayan cabilderos de la Junta y se reúnan con los legisladores y convencerlos de someter el proyecto por petición eso no es lo usual, ni lo veo pasando, pero quien se supone que someta la legislación es el gobernador porque él es miembro de la Junta ex oficio”. Observó que se supone que también la Autoridad de Asesoría Financiera participa en el proceso. No obstante coincidió con el señalamiento que de seguro el proyecto que enviaría el ejecutivo estaría diseñado por la JCF.
Es decir que para lograr la aprobación del plan habrá un año de forcejeo entre la JCF, el Ejecutivo y el Legislativo ya que la confirmación tiene que darse antes del 15 de diciembre de este año. El licenciado Emmanuelli Giménez, comentó que parece ser que que todo dependerá de la presión que hagan los cabilderos sobre el gobernador y los legisladores, “si es que estos traicionaran a los pensionados y aprueban el plan.
Sobre el proceso de aprobación en el tribunal el experto en la Ley Promesa trajo a la atención que en este acuerdo solo hay un 12% de los acreedores. Aunque no hace falta un por ciento en especifico por parte de estos para su aprobación al menos debe tener el voto afirmativo de una de las clases de acreedores, pueden haber 30 clases y con eso la jueza podría aprobar un plan pero tendrían que darse todas las demás condiciones como lo es que se apruebe la ley habilitadora.
“Así que es un proceso que mientras mas apoyo tenga mas probabilidades hay de que se pueda confirmar pero no es a base de un por ciento de los acreedores, pero si el gobierno no está de acuerdo y no legisla no llega a ningún lado el acuerdo”.
En esa línea el licenciado Emmanuelli Giménez, rebatió la impresión que ha pretendido dar la JCF de que es imprescindible la aprobación del plan presentado. El hecho es que este es el tercer plan de ajuste que presenta la JCF, los acreedores ya han rechazado dos anteriores. Trajo el ejemplo de que en la ciudad de Detriot se sometieron hasta ocho planes antes de llegar a una negociación final “por lo que la Junta esta empezando, prácticamente las expectativas de que esto se resuelve con este plan no son determinantes podría darse la necesidad y como yo lo veo se va a tener la necesidad de volver a negociar y restituir las pensiones porque si no la Legislatura no va aprobar la ley”, dijo convencido.
La necesidad de que el PAD se apruebe mediante una ley responde a que este conlleva la creación de una nueva corporación pública que es la que va a recoger los bonos que están en circulación y emitir nuevos bonos sujetos a las negociaciones y pagara a los bonistas. Esta es una petición de los acreedores con la pretensión de que el gobierno no tenga ninguna injerencia e influencia sobre el dinero a pagarles. Se presume que la corporación tendría los años de vida que tenga el PAD.
El licenciado Emmanuelli Giménez, confirmó a preguntas de CLARIDAD que en efecto se ha notado un cambio de actitud por parte de la jueza Laura Taylor Swain, en el caso de que parece estar cansada, lo que se aprecia en que todos los reclamos que se han hecho para impugnar las acciones de la Junta han sido rechazados y por el contrario la Juez le ha dado todo lo que la Junta pide.
No obstante una vez mas subrayó el que “el acuerdo tiene una cláusula resolutoria que si no se confirma el plan antes del 15 de diciembre se deja sin efecto y eso es a mi juicio muy difícil de cumplir porque va haber mucha oposición al plan, mucho descubrimiento de prueba y tiene que haber unas etapas previas, no es tan fácil”. Se refiere a que todavía la Junta tiene que negociar con el grueso de los acreedores.
Dos escritos de prensa publicados en los pasados días, ilustran el abismo de desigualdad que se ahonda entre sectores divergentes de nuestro país. De un lado, los súper millonarios extranjeros, beneficiarios de las leyes 20 y 22 de incentivos económicos, y del otro la gran masa de gente cada vez más dependiente de las mal llamadas “ayudas federales”. De la reflexión sobre estos escritos, puede vislumbrase el nuevo modelo de un Puerto Rico cuyo bienestar futuro dependa de encontrar el punto medio entre los dos extremos de ese péndulo de intereses opuestos e irreconciliables.
Uno de los escritos es de tema de negocios, y señala como un gran logro las ventas de viviendas de lujo en Puerto Rico, las cuales han tenido un crecimiento tal que el mercado se encuentra casi agotado. Se refiere específicamente a las viviendas cuyo precio sobrepasa los $500,000, y que están siendo mayoritariamente adquiridas por la camada de inversores millonarios extranjeros– y personas relacionadas a estos- que han atraído a Puerto Rico los incentivos contributivos de las leyes 20 y 22. Las áreas favorecidas por estos compradores extranjeros son, por supuesto, las más apetecibles y mejor cotizadas de Puerto Rico: el Viejo San Juan y el Condado, las urbanizaciones y mansiones aledañas a la playa en Dorado, o Bahía en Río Grande y Palmas del Mar en Humacao, todas llenas de lujos y amenidades, y cercanas a escuelas e iglesias dirigidas a las élites económicas. Casi agotadas ya las del norte y el este, ahora apuntan sus miras hacia la zona marítimo- terrestre de la costa Oeste, desde Isabela hasta Rincón, con sus playas impresionantes, su oleaje majestuoso y sus vistas imponentes del Atlántico profundo.
Estos señores y sus familias no están aquí para quedarse y echar su suerte junto a la nuestra. Habitarán el tiempo que les convenga en sus “vecindarios burbuja” del Caribe, siempre que el viento sople a su favor y puedan mantener el acomodo perfecto para sus privilegios, y los arreglos económicos ventajosos que les aumenten sus riquezas. Las leyes 20 y 22 las aprobó la Legislatura de Puerto Rico a la medida de estos inversores. Los favorecen a ellos y no a nosotros. Y tras más de cinco años de su inicio, no hay evidencia tangible de logros económicos en el País por la implantación de dichas leyes. No hay datos sobre cuántos proyectos de desarrollo económico o de infraestructura han emprendido, ni cuantos miles de buenos empleos han creado, ni cuántas comunidades de la Isla se han beneficiado y mejorado su calidad de vida, gracias a la intervención de estos señores. Ni tampoco cuantos proyectos de buena filantropía- de la que rehabilita y levanta- han comenzado. Sí sabemos que gozan de un trato contributivo especialísimo y discriminatorio, pagando apenas el 4% de contribución sobre sus ganancias, lo que les permite seguir engordando exponencialmente sus capitales y, de paso, adueñarse para especular de la mayoría de las propiedades de mayor valor en nuestro país. Son en su mayoría inversores tránsfugas, que cargan con sus empresas en la misma maleta que su computadora personal, y se mueven de un sitio a otro sin ataduras, con sus negocios intangibles e invisibles a cuestas. Un excelente arreglo de conveniencia para sus intereses momentáneos- y los de los partidos políticos coloniales, y demás individuos parásitos que se los facilitan- a cambio de unas migajas de lo que les sobra.
En el segundo escrito publicado se presenta la otra cara de la moneda. Una columna de opinión de un reconocido analista político y activista de la estadidad y el PNP, bajo el título Puerto Rico y EEUU: la suerte está echada presenta las razones que, según el autor, hacen inevitable la estadidad como solución final al dilema del estatus. No se trata del impacto de nuevas estrategias, ni de que Puerto Rico salga de la quiebra, ni de que se obtengan logros notables en el desarrollo económico y de empleos en el País. La razón para la estadidad- según el columnista- radica en los programas de asistencialismo social y beneficencia que se originan desde la metrópolis. En otras palabras, la dependencia masiva y creciente de fondos federales es lo que inevitablemente nos conducirá a la anexión.
Por supuesto que el autor no contempla otras variables. No examina las razones para la debacle económica y fiscal de Puerto Rico y el rol de Estados Unidos en la misma, ni mucho menos el impacto del racismo endémico de Estados Unidos en cualquier decisión de un Congreso profundamente dividido y disfuncional. Pero sobre todo, no ofrece explicación de por qué, a pesar de la asfixiante dependencia, la mitad del electorado boricua rechazó la estadidad en el reciente plebiscito Estadidad Sí o No, celebrado con las elecciones generales el pasado mes de noviembre. En el examen profundo de lo que dicho resultado significa está la respuesta y la solución al desbalance de los extremos enfrentados que se presentan en ambos escritos de prensa.
Por nuestra parte, estamos convencidos de que la respuesta final para Puerto Rico está en la enorme porción del pueblo puertorriqueño que se reafirma en su identidad nacional y no quiere diluir su esencia. En los muchos y muchas, aquí y en la diáspora, que tienen consciencia de su propio valor, y del poder que tienen para aprovechar al máximo los recursos disponibles, la creatividad y la bien preparada fuerza productiva del País para construir el futuro de libertad y prosperidad al que aspiramos para todos y todas.
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