Por Manuel de J. González/CLARIDAD
Los meses que faltan del año 2020 podrían ser críticos para Estados Unidos, pero no es arriesgado afirmar que el entramado de instituciones de ese país, y las reglas escritas o informales que rigen su funcionamiento, sobrevivirán con pocas fisuras el primer cuatrienio de Donald Trump. Después de todo, llevan más de 200 años operando y han resistido muchas crisis. Sin embargo, no creo que suceda lo mismo en un hipotético segundo término. Si resulta reelecto en noviembre, la probabilidad de que esa estructura se agriete, en medio de confrontaciones hasta ahora inéditas, es bien alta.
El entramado institucional estadounidense salió de la Constitución adoptada en 1787 y ha crecido desde entonces, sobreviviendo una cruenta guerra civil. Esa estabilidad contrasta favorablemente con otros países, particularmente los europeos, donde los cambios violentos, con sus revoluciones y restauraciones, fueron frecuentes durante ese mismo espacio de tiempo. En Estados Unidos, la sucesión ordenada que inició George Washington en 1796 ha sido la norma desde entonces. Cuando aparece una crisis, como en el segundo cuatrienio de Richard Nixon, el propio sistema la resuelve, manteniendo la “normalidad”.
Los sucesos que se han desarrollado durante las últimas semanas, tras difundirse el asesinato de otro joven negro en manos de un policía blanco, ha puesto sobre el tapete las contradicciones que hierven en las placas teutónicas sociales sobre las que se asienta Estados Unidos. A lo largo y ancho de ese enorme país han crecido fuerzas que parecen salirse de los cauces que garantizan la continuación ordenada del aparato institucional. Entre ellas, y jugando un papel prominente, está un presidente que en lugar de armonizar antagoniza, agudizando el ambiente de confrontación social. Si esa realidad se repite a lo largo de otros cuatro años, los estallidos serán enormes.
En Estados Unidos siempre ha habido una extrema derecha muy parecida a la que, llamándose fascistas o nazis, asumió el poder en Europa en la primera mitad del siglo XX. Es un sector predominantemente blanco, racista, que glorifica las armas y que debido a su baja formación cultural resulta fácilmente manipulable. Son los que nutren gran parte de las fuerzas policiales y que, en expresiones menos extremistas, controlan estructuras políticas en numerosos estados del sur y el centro del país.
Este sector se enardeció durante los ocho años de Barack Obama. Todavía debemos recordar las manifestaciones a nombre de un llamado “Tea Party” en las que el grito era “I want my country back”. Un negro en la presidencia implicaba para ellos que les habían robado el país y parecían decididos a recuperarlo de cualquier forma. En 2016, amparados en su fuerza (que se concentraba en determinado grupo de estados), la particularidad del sistema electoral estadounidense, donde un candidato sin mayoría de votos puede ser electo, y las debilidades de la candidatura Demócrata, los del “Tea Party” recibieron el país de vuelta en las manos de Donald Trump.
Trump no es un derechista más. Además de inculto, como buena parte de sus seguidores, es un megalómano que proclama sus groserías como si fueran virtudes, incapaz de construir acuerdos, por lo que no ha podido encajar en el “establishment” tradicional. Ese “establishment”, que algunos llaman “el gobierno permanente”, es realmente lo que siempre ha garantizado la estabilidad de la estructura política que necesita el capitalismo estadounidense. Son los funcionarios que siempre se quedan entre un gobierno y otro, manteniendo la continuidad de las políticas esenciales que necesita el sistema económico.
En las últimas semanas hemos estado viendo un coctel de realidades poco común. Cuando las tensiones sociales se disparan lo indicado es que quienes controlan el poder político traten por todos los medios de evitar que escalen. La megalomanía de Trump lo ha inducido a insuflarle gasolina al fuego, provocando más confrontaciones y desalentando cualquier otra respuesta que no sea la macana. Frente a esa estrategia de choque, se están viendo en la calle fuerzas de cambio que deben haber asustado a muchos de lo que controlan el poder económico. Los jóvenes que enfrentan la policía y que cada noche retan el toque de queda, proyectan una determinación nueva para Estados Unidos, aun cuando se trata de fuerzas espontáneas, sin algún partido o movimiento que las dirija.
Frente a esa realidad, es muy sintomático lo que está ocurriendo entre los militares, porque siempre han sido ellos el elemento más importante del “establishment” estadounidense. Por primera vez estamos viendo a figuras muy importantes del entramado militar retando abiertamente las posturas de un presidente.
Contrario a lo que se ha querido presentar, el choque entre Trump y un grupo de militares de alto rango no es porque haya pretendido invocar la ley de 1807, que autoriza a desplegar tropas dentro de Estados Unidos. Esa invocación no es algo nuevo. Lyndon Johnson se amparó en la misma ley en cuatro ocasiones, entre 1966 y 1968, precisamente para lazar soldados contra los afronorteamericanos que se amotinaban reclamando derechos. En esta ocasión los militares han decidido hablar contra un presidente, no necesariamente porque éste pretendiera invocar esa ley, sino porque lo consideran peligroso para la paz social que tanto necesita el sistema económico que ellos protegen.
Sería lógico esperar que la crisis social que actualmente vive Estados Unidos, junto a las preocupaciones que deben estar intensificándose en los sectores políticos y económicos tradicionales (quienes hasta ahora han representado el verdadero poder en el del país) conduzcan a la derrota de Trump el próximo noviembre. De ocurrir lo contrario, la estabilidad institucional estará seriamente amenazada por primera vez desde la guerra civil que terminó en 1865. Aunque esa superestructura política lleva 232 años sosteniendo (o dominando) al país, no creo que pueda resistir otros cuatro años de Donald Trump. Lo que estamos viendo ahora sería un mero anticipo de lo que se desencadenará.
