Por Cándida Cotto/CLARIDAD
ccottto@clarridadpuertorico.com
“La situación sabemos que está bien difícil para todo Puerto Rico, no solamente para la población inmigrante. Y si la situación está difícil para la comunidad puertorriqueña, para la inmigrante todavía está peor. Hay muchas personas que no pueden acceder a las ayudas federales ni tampoco al desempleo. A nada”. Así se expresó la directora del Centro para la Mujer Dominicana (CMD), Romelinda Grullón, respecto a la situación que enfrenta esa comunidad en Puerto Rico ante la situación de emergencia provocada por la epidemia del coronavirus (COVID-19).
“No pueden salir a trabajar porque todo está paralizado. En el caso de las mujeres inmigrantes que nosotros atendemos, la situación es bien difícil, ya que en su gran mayoría han perdido su única fuente de trabajo, de su diario vivir, que era la fuente de todos sus días”. Muchas de estas mujeres son madres solteras, jefas de familia a las cuales se les hace todavía más difícil atender esta pandemia. Mucho más en el caso de las mujeres que han pasado situaciones de violencia doméstica. Esta es una situación que se puede agudizar porque se pueden encontrar más a merced del abusador.
Dado a la situación provocada por el COVID-19, el Centro, cuyo trabajo primordial es atender a mujeres en situación de violencia doméstica tanto de nacionalidad dominicana como de otras nacionalidades, ha tenido que dirigir sus esfuerzos a paliar la situación de falta de alimentos que está padeciendo la comunidad dominicana. “En estos momentos hemos estado sacando de donde no tenemos. Casi todas y todos están organizando grupos para llevar comida y otras ayudas de compras. En el caso del Centro, estamos recibiendo ayuda de personas particulares que nos están llevando compras y el Centro la distribuye. También comida cocida a las personas que no puedan salir”.
Toda la ayuda y solidaridad que han recibido, afirmó, ha emanado de organizaciones no gubernamentales, iglesias y empresas puertorriqueñas. “Gracias a ese apoyo hemos podido mitigar en parte la situación de la población inmigrante”. Del Gobierno de Puerto Rico, confirmó que no han recibido ningún tipo de acercamiento para apoyar a la comunidad.
Derechos en pandemia
La única asistencia que pueden recibir las personas en situación irregular o sin documentación en la isla en el contexto de la epidemia del Covid-19 son servicios de salud. Para orientar sobre este derecho, el proyecto Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR), junto al CMD y otras organizaciones, participa de la campaña Derechos en Pandemia. En otra entrevista, la licenciada Noeli Pérez de la Torre, de ALPR, explicó que no importa si el estatus migratorio de una persona es regular o no, tiene derecho a recibir asistencia médica en situaciones de emergencia hasta que se estabilice su situación. Ese derecho aplica sin importar su nacionalidad o estatus migratorio.
La ley federal EMTALA (siglas en ingles de Ley de Tratamiento Médico en Emergencias), y la ley de Puerto Rico, Ley 35 del 28 de junio de 1994, garantizan ese derecho. Agregó que es importante que las personas sepan que se les garantiza que los datos personales y estatus migratorio no son factores que impiden recibir los servicios esenciales y que toda persona tiene derecho a que su información médica se trate con confidencialidad.
“La ley protege que esa información no sea divulgada a terceras personas sin su autorización por escrito. Ese derecho aplica a cualquier hospital a donde la persona vaya”. Aunque hizo la salvedad de que la ley no asegura que la atención sea gratuita y que puede ocurrir que la persona reciba una factura, su experiencia es que ha podido observar que las instituciones hospitalarias les hacen planes de pagos.
En el caso de personas inmigrantes que interesen hacerse una prueba de COVID-19, Ayuda Legal está orientándoles a acudir al proyecto de las carpas de la Asociación IPAS (Asociación de Centros Primarios de Salud). A raíz de la campaña, además de solicitudes de orientación sobre derechos a servicios de salud, la licenciada Pérez de la Torre reconoció que en Ayuda Legal han recibido solicitudes de información sobre los alquileres de vivienda.
“Es importante que las personas sepan que en estos momentos, debido a la epidemia, los tribunales, mientras dure la emergencia, no están viendo los procesos de desahucios ni ejecutando órdenes de desalojo”. Confirmó que han escuchado comentarios de que ha habido arrendadores que, sin haber ido al tribunal, han dicho a sus inquilinos que se tienen que ir o le han entregado cartas a esos efectos.
“Una persona inquilina o arrendataria no tiene por qué irse de su casa sin una orden de desalojo de un tribunal, y ahora mismo los tribunales no están viendo ese tipo de procedimiento. Así que las personas arrendadoras no pueden tomarse el derecho por sus propias manos, tienen que ir al tribunal y radicar un caso de desalojo. Y el tribunal tiene que dar una orden de desalojo. Y con una orden de desalojo de un tribunal es que la persona entonces está obligada a irse de la casa. Eso es así incluso aunque la persona no esté cumpliendo con el canon de arrendamiento”, recalcó.
A preguntas de CLARIDADsobre qué derechos o asistencia puede tener una trabajadora o trabajador inmigrante que entienda que está en una situación abusiva por parte de su patrono en medio de la emergencia, Pérez de la Torre indicó que a la persona indocumentada que está en una situación de trabajo que entienda que está siendo explotada le aplica la ley federal sobre Normas Razonables del Trabajo, cuya definición de empleado no tiene excepciones e incluye a las personas que no sean ciudadanas y estén en estatus irregular en el país. La ley cobija incluso a trabajadores agrícolas, el empleo de menores y a empleadas domésticas. El o la trabajadora que entienda que está siendo abusada en Puerto Rico puede llamar a la División de Horas y Salarios del Departamento del Trabajo de EE. UU., al 787-775-1947, y presentar una queja.
En entrevista por separado, la licenciada Annette Martínez Orabona censuró la falta de ayudas para la comunidad inmigrante y declaró que la política del presidente Trump ha sido una de detención y persecución. Esta población, en Estados Unidos y, por ende, en Puerto Rico, no tiene ningún acceso a las asistencias que se han aprobado para atender la situación de emergencia causada por el COVID-19. Sin embargo, algunos estados y ciudades en EE. UU., con sus fondos estatales o municipales, han aprobado ciertas ayudas que han hecho extensivas a personas migrantes, no importa el estatus que puedan tener.
“De eso en Puerto Rico no se ha hablado absolutamente nada. En estos momentos no ha habido ningún tipo de medida adoptada en esa dirección, ni siquiera de expresiones. Nos preocupa, por ejemplo, porque mucha población inmigrante vive en Puerto Rico sin un trabajo seguro o en el trabajo que tienen ya no pueden trabajar. Puerto Rico tiene unos niveles de pobreza altos. Uno de ellos es la población inmigrante; con esta situación se han visto mucho más afectados”.
En cuanto al acceso a servicios de salud, Martínez Orabona planteó que le preocupa que por temor las personas con un estatus migratorio irregular no se acerquen a solicitar servicios como hacerse la prueba del Covid, aun cuando se supone que el estado las esté haciendo sin mirar el estatus de las personas.
“Eso no quita que haya otros aspectos del sistema que impidan que las personas se acerquen; por ejemplo, la Policía en Puerto Rico no reconoce que ha actuado y sigue actuando de manera discriminatoria en contra de los inmigrantes. Esos espacios tienen que brindar confianza para que la gente se acerque. Lamentablemente, en Puerto Rico este proceso ha estado dominado por las fuerzas policiales. Eso evita que otra gente evite tirarse a la calle. El problema no es que te hagas la prueba gratis si no tienes los documentos, es que si tú vas a tirarte a la calle, ya te expones a una posible intervención o detención policiaca innecesariamente”, manifestó.
Al igual que su colega, Martínez Orabona expuso la situación de inseguridad en que se encuentran las personas inmigrantes que viven en alquileres y reprobó la acción del Senado de eliminar un proyecto para establecer por ley la paralización de los procesos de desahucio mientras dure la emergencia. La no aprobación de esa ley quiere decir que el tribunal puede decidir retomar los casos de desahucio sin importar la situación de emergencia.
La directora del Centro de la Mujer Dominicana también comentó sobre el posible temor de las personas inmigrantes a buscar ayuda. “Por lo regular, para una persona acceder a algún tipo de ayuda, si su estatus es regular tiene que esperar tres o cinco años. Con la política punitiva de Estados Unidos muchas personas están temerosas. Aunque puedan cualificar, se cohíben porque no saben las consecuencias que pueda tener en el futuro”.
Como parte de la campaña Derechos en Pandemia, Ayuda Legal ofrece un panel sobre el tema de inmigración todos los sábados de 9:00 a. m. a 1:00 p. m., a través de su página ayudalegalpr.org. Además, mantiene la línea 787-957-3106, en donde la persona puede dejar su información de contacto y plantear sus dudas. Luego, personal legal le devolverá la llamada.
A nombre del Centro de la Mujer Dominicana, Grullón dio la bienvenida a toda aquella persona u organización que quiera colaborar e informó que pueden llevar su ayuda a sus instalaciones.
