Mucho ha transcurrido desde aquel 8 de marzo de 1973 en el que el entonces Frente Femenino del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) conmemoró y organizó, por primera vez en Puerto Rico, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Desde entonces hasta ahora, mediante constantes reclamos y batallas titánicas, las mujeres hemos adelantado nuestra lucha para encaminar a la sociedad hacia una más incluyente. No obstante, falta mucho camino por recorrer y, el reconocimiento y la aceptación de las condiciones que han permitido la desigualdad histórica entre mujeres y hombres, sigue siendo un punto de partida indispensable para continuar avanzando.
En Puerto Rico, aun con la existencia de leyes que prohíben el discrimen por orientación sexual e identidad de género, tales como la Ley 22-2013, Ley Núm. 3 de 13 de marzo de 1942, la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959 y la Ley Núm. 69 de julio de 1985, las mujeres continúan enfrentando diversos tipos de violencia en y fuera del ámbito laboral. A pesar de los intentos por atender el discrimen y la violencia de género, no hemos logrado crear las condiciones sociales idóneas para que la mujer logre posicionarse en una condición de igualdad constatable.
De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, el 70% de las personas que viven en pobreza son mujeres. En Puerto Rico, la economista Elsa R. Arroyo Vázquez estima que del 25% más pobre de la población, 57.8% son mujeres. Las razones por las cuales la pobreza de las mujeres es mayor son diversas, entre ellas el discrimen, la brecha salarial entre hombres y mujeres, la violación de los derechos reproductivos de la mujer, la carga injusta que enfrentan por tener que hacer la gran mayoría del trabajo doméstico y el trabajo de cuidado, los estereotipos sexuales en la educación, y el sexismo en los medios de comunicación, entre otras.
Las distintas crisis que ha enfrentado el país desde el año 2017, con el paso de los huracanes Irma y María, los temblores de 2020 hasta el presente y la pandemia por COVID-19, han incrementado la desigualdad y la inequidad. De acuerdo con el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), para el verano del 2020 la pandemia había dejado a unas 76,000 personas desempleadas, de las cuales 72% eran mujeres. La participación de los hombres en el mercado laboral se elevó a 49%, pero la de las mujeres disminuyó a 33%.
Por otra parte, según los datos de la Encuesta de la Comunidad del Censo de Estados Unidos, en la medida que aumentan los niveles académicos y profesionales, incrementa también la brecha salarial. Esto quiere decir que aun con los mismos grados académicos, los hombres siguen percibiendo salarios mayores que las mujeres, alcanzando hasta un 39% de diferencia entre las personas con mayor nivel educativo. Otra manifestación de violencia hacia la mujer se constata en los datos publicados por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Allí, se evidencia que entre el 2010 y el 2020, se radicaron cerca de 3,130 querellas en la unidad antidiscrimen, de las cuales 91% fueron radicadas por mujeres. De esa cifra, 781 fueron querellas por la causal de hostigamiento sexual, siendo 85% de estas presentadas por mujeres.
Las disparidades en acceso a servicios, a igual salario, en discrimen laboral, entre otras injusticias, encuentran su fundamento en una sociedad patriarcal que condiciona a sus miembros a aceptarlas como norma. Más aun, al confundir aspectos biológicos con construcciones sociales, muchas actitudes reproducen y refuerzan las injusticias. La manifestación fatal de estas conductas es la cifra alarmante de feminicidios en nuestro país. Según el informe La persistencia de la indolencia: feminicidios en Puerto Rico 2014-2018 (Proyecto Matria & Kilómetro 0) se registraron alrededor de 266 feminicidios en el plazo de los cinco años estudiados. Mientras, para el año 2019 se reportaron 7,021 casos de violencia doméstica, de los cuales 84% se ejercieron contra mujeres.
En ocasión de la Semana de la Mujer Trabajadora el Partido Independentista Puertorriqueño, ha presentado varias propuestas para garantizar mediante legislación política para continuar la lucha reivindicatoria por la equidad y la justicia para la mujer. A continuación, algunas de las medidas propuestas:
Ley para Garantizar el Análisis con Perspectiva Género en toda gestión de las tres ramas del Gobierno de Puerto Rico a través de las entidades que las componen.
Esta Ley tendrá como propósito establecer como políitica pública de las tres ramas de gobierno de Puerto Rico a través de las entidades que las componen,integrar un análisis con perspectiva de género en los procesos de reglamentación, elaboración, redacción, aplicación, supervisión, evaluación, adopción, trámite y ejecución de reglamentos, programas y procesos adjudicativos en todos los asuntos públicos. Ello, en búsqueda de la erradicación de la invisibilización y el discrimen hacia las mujeres y las personas de las comunidades LGBTTIQ+, y de la reproducción o perpetuación de patrones que fomenten la subordinación o la dependencia en roles de género.
Ley para la prevención, detección y tratamiento efectivo de la depresión posparto.
La depresión posparto se reconoce cada vez más como una complicación seria asociada al alumbramiento. En los Estados Unidos y Puerto Rico, la mayoría de las madres no son evaluadas con el propósito de detectar esta condición, por lo que muchas mujeres quedan a su suerte y confrontan la depresión sin una red de apoyo adecuada, y sin las herramientas formales que ofrecen las disciplinas de salud mental. La presente Ley se crea con el propósito de subsanar los impedimentos estructurales que limitan el acceso de nuestras madres, y personas gestantes, a los servicios de salud mental que necesitan, y a los que tienen derecho para vivir de forma digna y productiva.
Plan para Cuantificar el Trabajo No Remunerado en Puerto Rico.
El propósito del Plan será medir el impacto que el trabajo no remunerado tiene en la economía del país. El trabajo no remunerado que ha sido socialmente asignado a las mujeres ha generado una clasificación de personas que trabajan sin remuneración ni derechos laborales. La naturalización de estas labores es uno de los muchos impedimentos que tienen distintas mujeres para acceder al mercado laboral y lograr independencia financiera. Este Plan tiene como meta desarrollar estudios que le brinden las herramientas necesarias al Gobierno de Puerto Rico para diseñar política pública que articule programas de cuidado y atención a personas con diversidad funcional, adultos mayores, menores de edad y personas enfermas para que sus familiares puedan disponer de ese tiempo de manera que mejore su calidad de vida, a la misma vez que mejore la calidad de vida de las mujeres y sus condiciones socioeconómicas.
Estas son solo algunas de las medidas presentadas por la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño en la Asamblea Legislativa, como parte de la jornada en conmemoración al Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pero sobre todo, como parte de nuestro compromiso inquebrantable en alcanzar la equidad de género, condición indispensable para la construcción de un país justo y la Patria Nueva a la que aspiramos.
La autora es Asesora Legislativa PIP.,
De estas, solo la Escuela La Esperanza, Luis Palés Matos, localizada en Puerto Nuevo, se apreció como preparada para recibir estudiantes. La misma tiene una matrícula de 167 estudiantes, todos del Programa de Educación Especial (PEE), ya sea con incapacidad intelectual e impedimentos múltiples, desde pre escolar hasta adultos jóvenes. Allí nos atendió su director Juan Alexis del Valle Meléndez y la superintendente auxiliar de la Oficina Regional Educativa de San Juan, Iris Jusino Seguinot.
Pagán también rebatió declaraciones de la directora de la OPM Lersy Boria, en el sentido de que ella ‘la realidad es que tenía que escoger entre crear el consejo consultivo o dar servicios’. Pagán destacó que la OPM no es una agencia para dar servicios, sino que su función es una fiscalizadora de la política pública y facilitar que las organizaciones ofrezcan los servicios. “Eso precisamente es lo que no ha hecho ni ha establecido política pública, ni ha fiscalizado al gobierno, ni ha apoyado a las organizaciones para que den servicios”.
