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Un número único para atender a las sobrevivientes de violencia de género

 

Con el apoyo financiero de OXFAM, entidad mundial que apoya organizaciones que luchan contra el discrimen y la violencia por género, el proyecto MATRIA y el Observatorio de Mujeres, han establecido una alianza con albergues y otros centros de servicio para atender las llamadas de las sobrevivientes que buscan orientación y ayuda para salvar sus vidas y las de sus hijas e hijos, mediante un número único: 787-489-0022. 

La llamada será contestada por personas expertas, adiestradas para ofrecer orientación, apoyo, para escuchar y buscar las mejores respuestas a las mujeres que quieren salir de la violencia para vivir en paz. También pueden llamar familiares, personas vecinas y de la comunidad que quieran ofrecerles ayuda.  El número único como respuesta al mayor peligro en que el aislamiento en los hogares y la limitación de servicios por el COVID-19 coloca a las víctimas, tiene el propósito de evitar que tengan que llamar a múltiples lugares antes de encontrar el apoyo necesario.

Mirada al País:Sin perspectiva de género ante el covid-19

 

Por Josefina Pantoja Oquendo/Especial para CLARIDAD

 

El 16 de mayo se cumplirán dos meses desde que la mayoría del pueblo boricua permanece en los hogares con obligadas y escasas salidas para rellenar el gabinete de la compra y la nevera, las personas que tenemos la posibilidad material de hacerlo.  Si algo ha quedado demostrado durante esta pandemia a quienes viven en el espacio sideral y no se habían percatado o le fue más cómodo mirar hacia otro lado, es la gran cantidad de gente que pasa hambre en el país, sin importar que sean participantes del  Programa de Asistencia Nutricional (PAN).  Aunque el gobierno quiso hacerse el chivo loco, la insistencia de organizaciones como los Comedores Sociales y otras entidades que trabajan con la población afectada, los sindicatos magisteriales, los diversos grupos  que promueven los derechos  humanos, la ciudadanía consciente, la prensa investigativa seria, así como la demanda presentada en el Tribunal de Primera Instancia,  mantuvieron la presión pública y el patético Secretario de Educación tuvo que tragarse sus palabras.  Aunque todavía con deficiencias, se inició el proceso de abrir las cocinas de los comedores escolares para distribuir comida.

Repartición de comida en Santurce. Foto Alina Luciano

Con información incierta y contradictoria en ocasiones sobre las pruebas para detectar la enfermedad y el sistema de rastreo para identificar puntos de contagio y tomar medidas que contribuyan a limitar los brotes, el gobierno abrió la puerta para que inicien algunas actividades económicas.  Es de todo punto imposible predecir los resultados por las múltiples contradicciones y falta de coincidencia entre las acciones del estado y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).  Este escalón en la lucha contra el Corona Virus nos ha generado otra gran preocupación a algunas organizaciones de mujeres.  Al igual que la bandera levantada con relación a la necesidad de dar atención inmediata al mayor riesgo de violencia por haber quedado las sobrevivientes encerradas con el agresor, el planteamiento que ahora traemos se ancla en la falta de perspectiva de género con que la gobernadora Wanda Vázquez y sus grupos asesores de salud y desarrollo económico, han manejado las crisis que ha enfrentado nuestra nación en lo que va del año, sin olvidar a Irma y María en el 2017.  Nada que nos sorprenda tratándose de la Lic. Vázquez.

Se trata de las mujeres que han estado en sus casas haciendo lo que la ideología patriarcal no considera trabajo pues no se recibe paga material por ello, pero sin el cual la sociedad colapsaría: cuidando a las niñas y niños, a las personas viejas, con diversidad funcional o enfermas.  Son esas fosforitos las que cocinan, alimentan, limpian y en la mayoría de los casos, especialmente cuando son familias monoparentales, retan el miedo al contagio en las filas para hacer compras. Como si fuera poco,  les ha tocado hacer de maestras y cuando se trata de estudiantes con diversidad funcional de proveedoras de terapias.  La enseñanza de forma remota les ha sumado esta responsabilidad en condiciones muy adversas por la falta de la tecnología necesaria, la complejidad del material y otras condiciones objetivas que escapan al entendimiento de los burócratas.  El llamado a laborar plantea un reto para una gran cantidad de esas trabajadoras que no tendrán con quien dejar a las hijas e hijos porque las escuelas y los centros de cuido están cerrados desde el 16 de marzo.  Todavía es incierta su apertura en agosto.  En el mismo bote están las trabajadoras por cuenta propia; las estilistas, vendedoras, las que se dedican a la limpieza de casas, a la venta y reventa en las calles.  También las que rendían labores en pequeñas tiendas y restaurantes, que tendrán grandes dificultades para abrir nuevamente sus puertas.  Pero, parecería que ellas no forman parte de “Mi pueblo de Puerto Rico”, como repite de forma hueca la gobernadora cuando se defiende de los desaciertos  y acciones inescrupulosas en el manejo de la crisis.

Provenientes de legislación aprobada en Estados Unidos hay algunas licencias y  protecciones que se podrían invocar por las trabajadoras y trabajadores cuyos patronos privados emplean menos de 500 personas, de agencias públicas independientemente del número del tamaño e, inclusive, aplica a organizaciones sin fines de lucro.  En el caso de patronos con menos de 50 empleados podría haber excepciones si  la solidez o viabilidad de la empresa se afecta por la concesión de las licencias.  Estas pueden invocarse cuando se está en cuarentena o aislamiento por determinación del gobierno, por recomendación de personal de salud; cuando se tienen los síntomas del COVID-19  y se está en búsqueda de un diagnóstico; para cuidar personas que tienen esas recomendaciones o para cuidar hijas e hijos cuyos escuelas o centros de cuido están cerrados o no disponibles.  Las cantidades de salario que se recibirían varían desde la totalidad, si el impacto es causado directamente por la enfermedad, la cuarentena o el asilamiento. También si se trata de una persona empleada a tiempo completo o de forma parcial

Organizaciones como Ayuda Legalde Puerto Ricotienen información disponible.  Sin embargo los patronos no se han dado mucha prisa en divulgarla, aun cuando la misma legislacióles obliga a ello.  Ni hablar del Departamento del Trabajo que hasta el 2 de mayo tenía más de 239,000 reclamaciones por desempleo para  procesar las cuales ha demostrado un fatal desempeño.   Las personas reclamantes pueden recibir hasta $600 semanales y los patronos recuperarlos mediante préstamos que podrían eximirse de pago por tratarse de dinero invertido en nómina.

Los llamados incentivos del gobierno de Estados Unidos para la economía de $1,200  y los aprobados en Puerto Rico para las personas que ejercen funciones de primera respuesta ante la epidemia no les vienen mal, aunque son muchas las que todavía no los han visto.  Sin embargo se trata de heridas muy grandes para ser cubiertas por una curita.  Es necesaria la adopción de medidas para proteger los empleos de las mujeres que no puedan reintegrarse a sus labores mientras no tengan donde dejar a sus hijas e hijos, sean escuelas o centros de cuido. El Departamento de Educación, el Departamento de Salud y otras agencias deben ir elaborando planes para el retorno escolar presencial con las medidas de cuidado necesarias.  Los cuentos de horror sobre las clases a distancia, especialmente para estudiantes de Educación Especial, hacen urgente la planificación.  Los grupos de tamaño reducido que peritos en Educación siempre han recomendado como apropiados para una mejor enseñanza al posibilitar una mayor individualización, puede ser una buena estrategia.  Es el momento de mirar a otras  partes del mundo donde lo han hecho bien para que de allí aprendamos y adoptemos a nuestra realidad e idiosincrasia.  El manejo del Corona Virus  como el de otras cosas ha demostrado que el gobierno de Estados Unidos no es, porque allí lo digan, el que mejor lo hace.

 

Volviendo al retorno laboral presencial, las trabajadoras y trabajadores debemos estar conscientes de que somos quienes mejor podemos velar por nuestra salud y que los patronos cumplan con su obligación de mantener un ambiente protegido.  Denunciarlo si así no fuere es lo que corresponde. Se supone que el Departamento del Trabajo a través de OSHA  (Oficina de seguridad en el Trabajo, por sus siglas en inglés), sea la agencia que nos proteja), pero sabemos que hace tiempo el Departamento se alineó con las empresas y compañías.  Por otro lado, hago un llamado a las abogadas y abogados, particularmente a especialistas en el área laboral, para que apoyen a las trabajadoras que reclamen las licencias establecidas en la legislación federal para el Corona Virus y que de la forma creativa que les caracteriza recurran también al derecho criollo para defenderlas.   Hay que continuar pensando, proponiendo, exigiendo transparencia, denunciando arbitrariedades, entre las que se encuentra obviar el dramático impacto que la pandemia tiene sobre las mujeres.

 

Mentiras, publicidad y el ciclamato

 

Por Manuel de J. González/CLARIDAD

El tema de hoy serán las elecciones (si llegan), pero antes hay que decir algo sobre la mentira. Bueno, las elecciones también son de mentira, pero a lo que me refiero es la cadena de falsedades (mentiras y mentiritas) que son norma en el actual gobierno. Las primeras son las que se dicen con toda la alevosía del mundo, para justificar un fraude o encubrirlo. Las mentiritas son las que Wanda Vázquez pronuncia para salir del paso, cuando alguna pregunta la coge desprevenida.

A veces asombra la facilidad con que se inventa una mentira a la carrera, cuando se le atora una mala noticia. Dispara de la baqueta, como el niño que descubren metiéndole el dedo al bizcocho.

Hace unas semanas estaba encendido el debate en torno a los comedores escolares, que permanecían cerrados mientras el hambre juvenil campeaba. Frente a esa barbaridad no había defensa, y el propio Secretario de Educación, Eligio Hernández, evitaba dar una justificación porque no la tenía. Entonces Wanda, confrontada con el tema en una conferencia de prensa, se sacó una de la cartera. Los comedores no se abrían, dijo, porque las empleadas son mayores de edad y pueden contagiarse del coronavirus. La mentira era obvia porque ni ella misma sabe la edad promedio de las empleadas (o empleados) de los comedores escolares, ni su riesgo puede ser menos que el que enfrentan otros trabajadores esenciales. Pero soltó el embuste con la misma tranquilidad con que se daba un sorbo de café, alzando la mascarilla.

Al día siguiente el gobierno volvió a meter la pata utilizando el sistema de alertas de emergencias – el que suena en todos los teléfonos móviles – para solicitarle a las personas ya curadas del virus que donen sangre. El llamado desnudaba la incompetencia gubernamental ya que, si se recurría a ese tipo de convocatoria, es porque el Departamento de Salud no tiene idea de quiénes son los curados, ni dónde están. En un país donde supuestamente había dos mil contagiados, los totalmente curados apenas suman unos centenares. Si se hiciera un mínimo de rastreo, debiera existir un listado de estas personas.  Confrontada con el asunto, Vázquez volvió a disparar el embuste a quemarropa. Se trataba, dijo, de una simple prueba del sistema que anuncia las emergencias. Cuando ese sistema se utiliza para alguna prueba, la reglamentación federal exige que de manera conspicua se diga que ese es el caso, y nada se decía. Además, ¿por qué era necesario probar un sistema que todas las noches se utiliza para anunciar el toque de queda?

La lista de mentiras de ese tipo, disparadas desde la baqueta, es bien larga. El pasado enero, cuando estábamos en medio de la crisis por los terremotos que sacudieron el sur del País, lanzó unas cuantas. Sus versiones contradictorias sobre los almacenes que se descubrieron llenos de suministros encabezan el listado. Le siguen sus explicaciones para encubrir el politiqueo con la distribución junto a la senadora Evelyn Vázquez, y las versiones para justificar el despido de funcionarios que no apoyaban sus planes electorales. Y ni hablar de la cadena de embustes, mucho más serios y perturbadores, utilizada para encubrir el fraude de $38 millones en la compra de pruebas de Covid-19.

A Wanda Vázquez la tendremos, de seguro. casi ocho meses más en la Fortaleza. En ese corto espacio de tiempo podrá imponer un nuevo récord de embustes para un gobernador boricua. Si sus planes electorales resultan exitosos, y gana tanto la primaria como las elecciones, la tendremos más tiempo y entonces el récord podría ser de calibre mundial.

Entrando al tema de las elecciones, el ambiente previo es el más atípico de todos los conocidos hasta ahora. En cualquier otro año electoral, para el mes de mayo las campañas estarían en plena acción, aun las de aquellos candidatos o partidos que no participan de las primarias de junio. La cuarentena impuesta por el Gobierno, obviamente necesaria ante la seria amenaza que, como espada de Damocles, pende sobre todos, ha tenido el efecto de que en los medios de prensa aparezca todos los días solo una candidata, Wanda Vázquez. Su contrincante el PNP, Pedro Pierluisi, está en obligada cuarentena, y aunque a cada rato aletea tratando de que la prensa le haga caso, apenas lo consigue.

A los otros partidos y candidatos, les pasa lo mismo que a Pierluisi. Sólo los que tienen presencia en la Legislatura tienen alguna resonancia y el Senado, por mandato del protector de Vázquez, Thomas Rivera Schatz, está en receso. Casi a la desesperada todos los candidatos acuden a las redes sociales, pero esa presencia mediática ni siquiera se acerca a la que todos los días tiene la actual gobernadora.

¿Qué efecto tendrá en las elecciones ese monopolio de la imagen pública? A simple vista es fácil concluir que esa exclusividad en cuanto al acceso a los medios de prensa representa una enorme ventaja para Vázquez. Lo que en mercadeo llaman “reconocimiento de marca” (“brand awareness”) la disfruta ella en solitario. Los demás candidatos, no solo han estado impedidos de proyectarse en medio de la pandemia, sino que la ansiedad general que ésta ha generado ha echado al olvido a muchos de sus planteamientos, y hasta a las personas mismas.

Claro está, no todo reconocimiento de marca es positivo. A veces el exceso de publicidad perjudica. Cuando se difunde una noticia de que cierto producto causa cáncer, su reconocimiento de marca se dispara, pero el producto, en lugar de beneficiarse, se perjudica y hasta muere. Ya nadie recuerda el ciclamato, un ingrediente muy popular hace 40 años, que terminó prohibido.

Quisiera creer que el evidente fracaso del gobierno de Vázquez en el manejo de la pandemia, y la densa neblina de corrupción de la arropa, tendrá el mismo efecto que el cancerígeno en el ciclamato. De ser así, el virtual monopolio en cuanto acceso a los medios de prensa de que disfruta, no le serviría de mucho. Pronto sabremos.

Sobre WIPR y la Junta de Control Fiscal

 

Por Luis Pedraza Leduc/Especial para CLARIDAD

La exigencia de la Junta de Control Fiscal para que la estación de radio y televisión del gobierno de Puerto Rico se privatice, es decir, deje de ser un activo del gobierno no es un capricho. Es la consecuencia del fundamentalismo neoliberal que plantea la necesidad recortar gastos del gobierno para liberar dinero para pagar la deuda.

Al igual que el cierre de escuelas, los recortes en la Universidad, la reducción de pensiones, la privatización de las corporaciones públicas, la congelación de convenios colectivos, la eliminación de beneficios y condiciones de trabajo, tanto en el empleo público como en el privado y la propuesta de privatizar WIPR, entre otros, es parte de ese plan fiscal aprobado desde el año 2017 y que está en constante revisión como consecuencia de los desastres naturales, la pandemia y el flujo de riqueza que ofrecen los fondos federales y la moratoria a la deuda.

El 1ro de mayo de 2020 la Junta de Control Fiscal acudió al tribunal federal reconociendo que ante la pandemia existe un nuevo panorama económico que debe ser ajustado. El 4 de mayo el gobierno revisó sus proyecciones económicas y las presentó a la Junta. Los planes de ajuste para pagar la deuda que el tribunal federal considera están en revisión. El presupuesto del año fiscal 2020-2021 no ha sido presentado.

Hemos escuchado y leído llamados de diversos sectores sociales, entre ellos, artistas, sectores culturales y sindicatos, que hacen un llamado a la gobernadora a garantizar la existencia de WIPR como entidad pública. No debemos oponernos a cualquier iniciativa que proteja a WIPR como medio gubernamental y taller de trabajo. Pero no podemos pecar de ingenuos.

El problema real es la deuda. La Junta está para cobrar la deuda. La Ley Promesa la aprueba el Congreso para cobrar una deuda al pueblo de Puerto Rico. Y esa deuda no es del pueblo. Esa deuda es de quien la origina, el Congreso. Estados Unidos, como metrópoli imperial, tiene el deber legal y moral de comprar y pagar la deuda.

No debemos aceptar la inmoral política colonial que nos impone el Congreso. Mientras la mayoría del país va experimentando la precariedad económica y social un pequeño grupo se enriquece. Para la mayoría del pueblo existen escuelas cerradas, un sistema de salud deficiente, desahucios, quiebras, pérdidas de empleo, pensiones en riesgo, bajos salarios que obligan a la migración y la separación de familias, una infraestructura deficiente, la mitad de las familias bajo el nivel de pobreza, solo un 40 % de los que pueden trabajar están empleados y si quiere estudiar debe endeudarse.

Dentro de ese paquetazo neoliberal se ubica la venta o eliminación de WIPR. La vida de nosotros es un activo contable en la mente del Congreso y la Junta. Es por ello, que junto a todas las iniciativas y expresiones de condena a la privatización o eliminación de WIPR, tiene que reclamarse que la deuda no es nuestra, que se elimine la Ley Promesa y la Junta.

Existe hoy en Puerto Rico el dinero suficiente para reconstruir un país que reconozca la educación, la salud, la vivienda, la seguridad social, el trabajo, la alimentación, entre otros, como derechos humanos. Para divulgar esa posibilidad, para mostrar y dar ejemplos de esta aspiración social esta WIPR, Radio y Televisión. En su origen, educó y contribuyó a transformar el país. Ahora, más que nunca, debe estar en nuestras manos.

 

 

Elecciones en tiempos de la pandemia

Por Ángel Israel Rivera/Especial para CLARIDAD

Los partidos políticos, como entes orgánicos, viven de las elecciones. Por lo tanto, todos ellos favorecen las elecciones de 2020 en noviembre, a pesar de la situación de emergencia de salud mundial que ha traído la difusión del coronavirus. Todavía está por verse si podrán celebrarse, porque el país y la CEE están además en una crisis económica grave. La CEE, obviamente, insiste en ellas pues también son su razón de ser y la justificación del dinero que se despilfarra allí.

El contexto de las supuestas “elecciones”

Todo lo anterior se da en el contexto de unas elecciones de 2016 en las cuales la abstención electoral fue del 45% de los inscritos. A eso hay que sumar que en 2016 casi un 20% de los votos abandonaron también a los partidos tradicionales, pero para votar por candidatos independientes. Tanta fue la debacle para el PNP, que sólo pudo elegir a Ricardo Rosselló con el 42% de los votantes y el PPD no llegó ni al 40% en su candidato a Gobernador. De allá para acá, no ha ocurrido absolutamente nada que pueda llevar a los puertorriqueños a votar masivamente y con entusiasmo otra vez.

Al contrario, el Gobierno de Ricardo Rosselló terminó en ruinas porque, además de todos los errores de política pública que cometió, el propio Pueblo, masivamente, protesta tras protesta en el verano de 2019, lo hizo renunciar. Tanto por las ofensas y descaros del llamado “chat” gubernamental como por las situaciones de sospechas de corrupción en ese gobierno. Luego de un ridículo monumental de Pedro Pierluisi, quien quiso ser Gobernador, pero el Tribunal Supremo lo declaró inconstitucional, hemos tenido a la única gobernadora constitucional posible en ese momento: Wanda Vázquez Garced.  Su récord antes de acceder a la Gobernación estaba dudoso. Y durante el período en que ha gobernado ha cometido errores garrafales, que apenas el Pueblo soporta, porque queda poco tiempo para “las elecciones”. Se planteó como políticamente neutral y favorecedora de gobernar para el interés del Pueblo, pero luego sorprendió con su anuncio de que toda su gestión era para ser candidata a gobernadora en 2020.

Pongo “las elecciones” entre comillas porque muy mal se pueden considerar como democráticas unas “elecciones” que se celebran sin opciones reales a lo que existe y que resultarán en un Gobernador o Gobernadora que no podrá gobernar sino en asuntos de detalle ya que en lo esencial quien tiene la última palabra es la Junta de Supervisión Fiscal no electa nombrada por el Congreso.  La única participación puertorriqueña en producir la Ley Promesa para enfrentar una deuda enorme pero jamás auditada fue que Pedro Pierluisi del PNP, como comisionado residente electo, y Alejandro García Padilla como Gobernador electo entonces, fueron a pedirle al Congreso que hiciera una ley  “para proteger a Puerto Rico de la quiebra” en un momento en que el Congreso se negó a una quiebra autónoma por el Gobierno de Puerto Rico y a la quiebra federal, a ambas cosas. Al fin y al cabo, terminamos degradados al nivel de municipio, pues se nos aplicaron las normas de los precedentes municipales de endeudamiento en Estados Unidos. Y la Ley Promesa dejó de referirse a Puerto Rico como Commonwealth para llamarnos “the territory”. Así murió, sin pena ni gloria, el llamado Estado Libre Asociado.

Es decir, que Wanda Vázquez Garced ha estado fungiendo como gobernadora de un territorio no incorporado a Estados Unidos que perdió su autonomía fiscal y con ello la autonomía para hacer su propia política pública por su cuenta. Ahora la política pública la determina la Junta de Supervisión Fiscal pues toda política pública conlleva gastos del gobierno y tiene implicaciones fiscales. Y si hay un desacuerdo entre el “gobierno territorial de Puerto Rico” y la Junta, pues decide en última instancia la jueza Laura Taylor Swain. No voy a recordar aquí las irresponsabilidades federales para con Puerto Rico, tanto en el huracán María como ante los terremotos en el sur del país. El pueblo conoce demasiado bien lo ocurrido.

Bien, pues este es el contexto, en breve y en resumen, en que se piensa que deben celebrarse unas “elecciones generales” en Puerto Rico en noviembre de 2020. Y yo me pregunto ¿y qué ha ocurrido en Puerto Rico de comienzos del gobierno de Wanda Vázquez Garced hasta este momento que justifique asistir a esas elecciones espurias cuando el Pueblo mismo se ausentó sensiblemente de las de 2016 en circunstancias negativas pero ciertamente no peores que las que hemos vivido en tiempos de los terremotos y de la pandemia? Encima de eso el PNP ha intentado aprobar una ley para que las elecciones sean electrónicas con la oposición de los demás partidos. Obviamente, hay serios temores de que el PNP quiera robarse las elecciones. Si no se imponen salvaguardas para evitar el fraude, ¿de qué clase de elecciones estamos hablando?

Lógicamente, a no ser que el Pueblo puertorriqueño sea tonto, la abstención electoral habrá de aumentar más. Ahora con un elemento adicional de motivación para ella:  a no ser que las elecciones sean por correo o por Internet, las mismas obligan a la concentración masiva de personas en colegios electorales, algo que implica para los más viejos y vulnerables un riesgo real de contagio con una enfermedad mortal.  Todavía a la altura de mayo la pandemia no ha terminado.  Los gobiernos del mundo van intentando abrir las economías para que el descenso económico que ha provocado la pandemia no sea tan extremo. En Puerto Rico, donde tempranamente se llamó a permanecer en casa y se decretó por la gobernadora un toque de queda (un tanto extremo, para lo que se vivía en el país, pero esa ha sido la única decisión más o menos favorable que ha tomado la actual gobernadora) no hemos sufrido tantas muertes y contagios como en otros países.  Pero el virus traicionero está en la población. No se ha logrado controlar. Y las muertes todavía en mayo van en ascenso.

De modo que a la altura de los comienzos de noviembre lo más seguro es que acudir a los colegios electorales tenga el disuasivo adicional de poner a los electores en peligro de contagio, y en algunos casos lamentables, hasta de muerte. Recordemos que no se han hecho bien las pruebas en Puerto Rico.  Que ahora nos enteramos que las pruebas cortas son un engaño ya que no predicen bien y que sólo las pruebas moleculares valen. Y encima, el gobierno dirigido por Wanda Vázquez, además de incurrir en corrupción con las pruebas, no ha sido capaz de adelantar nada concreto en cuanto al rastreo efectivo de los contagiados y sus contactos. Este en un virus muy traicionero, para el cual puede haber transmisores asintomáticos.  Y como no sabemos quién es quién, pues evidentemente quedará la duda de quiénes podrán o no contagiar a los demás.

Si las elecciones fueran a distancia, ya fuere por correo o por medios electrónicos, existe entonces la duda ya mencionada sobre si hay las salvaguardas adecuadas o no para evitar que el PNP, que es el partido en el poder, se las vaya a robar. Es un disuasivo adicional que facilitaría el aumento en la abstención electoral, ya que a nadie le gusta que le traqueteen el voto.

La aumentada abstención electoral

Un aumento adicional en la abstención electoral podría resultar en que por primera vez en la historia de las elecciones en Puerto Rico, el rechazo a participar sea de más del 50%.  En tales circunstancias, no habiendo una segunda vuelta electoral en nuestro país, cualquiera que gane la gobernación no sólo se enfrenta a intentar gobernar con una Junta de Supervisión Fiscal que lo dominará, sino a que su nivel de legitimidad ante el Pueblo sea más pobre aún que el que tuvo Ricardo Rosselló Nevares. Las razones para la abstención son múltiples.  A ningún puertorriqueño con un mínimo de dignidad y de creencia en la democracia le gustaría legitimar con su voto la situación indigna y abusiva que vive el país políticamente: colonialismo exacerbado por el Congreso de Estados Unidos, gobierno débil y posiblemente corrupto en Puerto Rico y con muy pocas posibilidades reales de actuar a favor de los intereses y necesidades de su propio pueblo.  Es una situación en la cual —crecientemente— la gente depende más de las organizaciones sin fines de lucro y de su propia autogestión comunitaria para intentar resolver los retos del desgobierno en el país. Así, la abstención se convierte en un voto testimonial contra el colonialismo exacerbado, contra la Junta Fiscal, contra las indiferencias de Washington ante los problemas de Puerto Rico, contra el mal gobierno local y a  favor de que la gente deje de contar con el gobierno central para resolver sus problemas más inmediatos. Pasa como con la pandemia: los puertorriqueños han tenido que confiar y depender más de los esfuerzos, clarificaciones públicas y sacrificios de los médicos y de otros sectores auxiliares    —como enfermeros y farmacéuticos— que depender del Departamento de Salud y otros funcionarios del gobierno central de Puerto Rico. Igual que cuando el huracán María nos azotó, que más resolvimos los ciudadanos y comunidades por nuestra cuenta que lo que pudimos lograr con apoyos gubernamentales centrales y federales. Estas lecciones de la vida no se olvidan y quizá haya quienes decidan votar más por dar un voto para un buen alcalde en el plano local que para intentar lograr nada realmente efectivo al votar en el nivel nacional.

El autor de este artículo está en el récord público, en artículos publicados previamente en Claridad y por otros medios, como opositor a la abstención. En otro tiempo, y bajo otras circunstancias, escribí contrario a la abstención electoral por haber hecho una observación al estudiar los datos electorales que creo veraz.  Los electores pro cambio, principalmente los independentistas, libre asociacionistas y otros contrarios al colonialismo han tendido a abstenerse en mayor número que los puertorriqueños más conservadores (seguidores del PNP o del PPD en su variante más conservadora). De ese modo, los resultados siempre han subestimado los números reales de quienes apoyan el cambio y han sobre-estimado el porcentaje real de quienes apoyan a los partidos tradicionales del bipartidismo. Eso dejó de ser una realidad probablemente en las elecciones de 2016 en las cuales numerosos votantes habituales del PPD y del PNP dejaron de votar por disgusto con el funcionamiento de la vida política en Puerto Rico y de sus partidos tradicionales, tanto cuando han estado en el poder, como cuando han sido el partido principal de la oposición. Hace buen tiempo, por ejemplo, que los puertorriqueños observan continuamente la incapacidad del PPD para hacer oposición efectiva al PNP, o del PNP para hacer oposición efectiva al PPD.  La impresión generalizada es que los líderes de las clases políticas de ambos partidos están más por sus intereses personales que por los del Pueblo, y que se protegen los unos a los otros cuando hacen corrupción, por temor a que el partido opositor también les persiga a sus líderes cuando esté en el poder.  De hecho, eso fue lo que ocurrió con buena parte de la gran deuda que nos tiene en la pobreza. Líderes de ambos, del PPD y del PNP, incurrieron en deuda creciente con tal de hacer alardes políticos y ninguno de los dos partidos fiscalizó al otro cuando incrementaban las deudas del gobierno más allá de las posibilidades de pago de Puerto Rico y más allá de lo permitido por nuestra propia Constitución.

Como ciudadano creyente en la democracia participativa, he estado votando consecuentemente por décadas, además de participar en actividades de grupos participativos. Para las elecciones de 2016 también voté y expliqué así públicamente mi voto incluso a estudiantes del Recinto de Río Piedras de mis cursos de Ciencia Política pues mi jubilación se dio en diciembre de 2016. “El mío será un voto testimonial”, les decía,  “y en lo que respecta a la candidatura a la Gobernación votaré por María de Lourdes Santiago por ser la única candidata que promueve la soberanía propia de Puerto Rico, la independencia y que se opone claramente a la Junta de Supervisión Fiscal”. Es un voto testimonial porque testimonia mi creencia sobre estos asuntos (aunque he defendido también la soberanía en libre asociación con Estados Unidos, si fuere viable,  por lo que voté por Carmen Yulín Cruz del PPD para la Alcaldía de San Juan). Así, como “voto testimonial” lo expliqué en mis cursos universitarios durante las discusiones sobre los diversos tipos de votos posibles para los electores de un país. En 2020 daré otra vez un voto testimonial pero será en ausencia, es decir, mediante la abstención electoral. En este momento creo que la abstención electoral es necesaria como elemento deslegitimador del nefasto sistema político existente.

La abstención electoral y las opciones electorales de 2020

Puedo equivocarme, pero parece ser que la situación está servida para un aumento en la abstención electoral respecto de la que arrolló a la partidocracia en 2016. Y parte de esto, además de los peligros de la pandemia, es el descontento con toda la clase política y la ausencia de opciones que sean alternativas reales. Primeramente, es cosa generalmente comprobada que los políticos del PNP están demasiado acostumbrados a trabajar para sí mismos y sus amigos que a pensar en el bienestar del Pueblo.  Esto se ha evidenciado una vez más con el conjunto de funcionarios PNP del gobierno vigente, muchos de ellos renunciantes o despedidos por la Gobernadora. Y por las propias ejecutorias engañosas y fatulas que ha sido evidente provienen de  decisiones desde Fortaleza. Es decir, el gobierno de Wanda Vázquez ha sido lo mismo que el de Ricardo Rosselló pero sin chat. En algo ha sido peor, tanto la Comisionada Residente Jenniffer González como la Gobernadora Wanda Vázquez favorecen a Donald Trump en Estados Unidos, o le ríen sus “gracias”. Ante eso el PPD tiene en su mayor parte candidatos anquilosados que ni siquiera han demostrado ser capaces de hacer oposición fuerte al PNP, por ejemplo, Eduardo Bhatia. El que jamás cumplió con sus promesas de reforma legislativa cuando presidió el Senado, no lo olvidemos. Y otro que anda en el mismo equipo de los desgastados, aunque por la radio haga alardes de oposición: Aníbal Acevedo Vilá.  Con ese cuadro de candidaturas y con las pocas probabilidades que se les asignan a los buenos alcaldes de ese partido en las primarias para Gobernador, como Charlie Altieri de Isabela y Carmen Yulín Cruz, de San Juan, ese partido principal de oposición no presenta una alternativa creíble a los desmanes del PNP.

Por otra parte, están el PIP y los partidos nuevos pequeños. Del PIP no hay mucho que decir porque no ha demostrado que puede salir de su carácter marginal. Debería haberlas, pero no hay, las más mínimas probabilidades de que dicho partido se convierta en un partido fuerte de oposición, ya que muy poco ha cambiado en él.  Juan Dalmau es inteligente, ético y muy buen candidato, pero también proyecta una imagen desgastada. Y el PIP no ha hecho lo que tendría que haber hecho un verdadero partido pro cambio e independentista.

En cuanto a los partidos nuevos tampoco existen grandes esperanzas. Victoria Ciudadana, pudiendo ser algo novedoso y verdaderamente diferente, se ha convertido en un refrito del PPT con eso de darle prominencia, al dos veces candidato a la gobernación de ese partido ya fracasado. No sólo eso, sino que Victoria Ciudadana se ha dejado embaucar y adoptó la misma táctica fracasada de Bernabe en cuanto a atraer estadistas a su redil. No olvidemos jamás que Alexandra Lúgaro expresó públicamente que necesitaba de los estadistas para hacer la política pública, a pesar de que han sido los estadistas los menos inclinados en buscar el beneficio del Pueblo en sus políticas públicas. Y los que más evidentemente han malversado fondos federales creando así una muy mala imagen de Puerto Rico y su gobierno ante las autoridades de Estados Unidos. Lo más grave de Victoria Ciudadana es que no ha sabido despuntar como una alternativa real y que ha sido incapaz de organizarse como partido en todo el país. Es un partido de carapacho, como lo fue el PPT.  La única excusa que pueden dar para ello es el surgimiento de la pandemia, pero antes de la misma tampoco demostraron una estructura organizativa sólida. La última desgracia para ese partido es que perdieron a su mejor candidato, Néstor Duprey Salgado, porque él renunció y ellos lo excluyeron de cargos y de candidaturas en el partido debido a un asunto personal en el cual la ex esposa de Néstor lo acusaba de violencia psicológica.  Lo que peor resultó de ese asunto fue que dos abogadas reconocidas, Alexandra Lúgaro y Ana Irma Rivera Lassén, esta  última ex presidenta del Colegio de Abogados,  demostraron, según lo reseñó la prensa, una oposición mediática pública a Néstor Duprey  aceptando el tour mediático de la ex esposa de Duprey y las acusaciones de violencia psicológica de género. Aparentemente lo hicieron sin reconocer que el asunto es una materia para decidirse en los tribunales, y que a Néstor Duprey, como a cualquier ciudadano, le asiste la presunción de inocencia, hasta que un tribunal competente juzgue lo contrario y lo declare culpable de lo que se le acusa. Esto nada más echa sombras sobre la madurez emocional y las capacidades de Lúgaro para dirigir el gobierno central de Puerto Rico.

En cuanto al Partido Dignidad, no conozco de cerca sus  candidatos ni estructuras, pero basta saber que es un partido de la derecha de los religiosos fundamentalistas del país, que desean controlar en gobierno para imponer la ética privada de su religión como si pudiera ser la ética pública del gobierno de Puerto Rico. Un gobierno que, como sabemos, debe regirse por una Constitución que dice claramente que en esta jurisdicción habrá total separación entre las iglesias y el estado. Más grave aún, es el hecho de que figuran en el récord público como favorecedores de recortar derechos a las mujeres y a los miembros de la comunidad LGBTTI inspirados en preceptos bíblicos antiguos diseñados para sociedades antiguas judías y cristianas de esas épocas pretéritas, que nada tienen que ver con la nuestra.  Son los mismos que, sin embargo, parecen no tener un compromiso contemporáneo con acabar las grandes desigualdades sociales ni el colonialismo que se permiten en el sistema político vigente en Puerto Rico. Eso sí es de esta época, pero lo ignoran. Pueden tener un éxito parcial en desviarle votos al PNP, de donde parecen provenir sus dirigentes. Votar por el Partido Dignidad debe ser algo así como votar por VOX en España, por Le Pen en Francia o por Salvini en el norte de Italia.

En fin, que no es muy difícil concluir que en 2020, además de todos los obstáculos existentes para unas elecciones limpias y aceptables, no existe un cuadro claro de candidaturas que puedan propiciar el cambio que necesita Puerto Rico. La única razón por la cual algunos puertorriqueños pueden creer que vale la pena votar en 2020 —aparte, por supuesto, de los que lo hacen para que los suyos “triunfen” y les consigan beneficios y prebendas— sería que boricuas convencidos de la necesidad de un cambio acudieran a votar —de algún modo que no arriesgue su salud y su vida— con el propósito claro y expreso de testimoniar su creencia en un sistema político propio y democrático para los puertorriqueños. Tendrían que organizar una fuerte campaña sobre eso, sin embargo, probablemente en las redes sociales y por los diversos recursos que proveen la Internet y las tecnologías de la comunicación a distancia. Y, finalmente, votarían por aquellos pocos candidatos que puedan representar un cambio favorable, quizá sobre todo en las alcaldías del país, que son las más cercanas al Pueblo votante.

La situación, evidentemente, no es fácil de decidir.  Mucho dependerá de los niveles que presente la pandemia para noviembre de 2020. Algunos países han pospuesto elecciones por el virus y otras jurisdicciones como California se aprestan a mantener la fecha electoral pero con elecciones por correo. Como en muchas otras áreas de la vida humana, los comicios electorales, habrán de ser diferentes en el futuro a causa de esta pandemia. Cuáles cambios prevalecerán, sobre todo en Puerto Rico, es algo difícil de prever en estos momentos.

El autor es catedrático en Ciencia Política jubilado de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, luego de casi 40 años de servicio docente, investigativo y con publicaciones en dicho recinto. Comentarios a: angelisrael.riveraortiz@gmail.com