Al final de la Guerra Fría el Estado Libre Asociado, un sistema político colonial inventado en medio del aumento de las tensiones entre el este y el oeste significadas en la confrontación catastrófica entre socialismo y capitalismo, entró en un territorio desconocido. La metáfora de la nave a la deriva que en 1934 inventó Antonio S. Pedreira (1899-1939), sugería bien la incertidumbre que generaba aquel concepto entonces. La idea de ir a la deriva sugería un cambio de rumbo o trayectoria o, peor aún, la condición de estar a merced de las corrientes o del viento. En el caso de Puerto Rico el giro había sido impuesto desde afuera con el visto bueno del adentro. Hacia dónde conduciría la situación era un misterio. Aquel discurso presumía que el 1898 había fracasado en su promesa de conducir a Puerto Rico a puerto seguro.
El punto de origen del cambio de rumbo poseía un sentido concreto. En 1993 se firmó el Tratado Norteamericano de Libre Comercio (NAFTA por sus siglas en inglés). En 1994 Canadá, Estados Unidos y México crearon una zona de libre comercio con un término de 15 años que buscaba, entre otras cosas, asegurar la circulación trilateral de mercancías y servicios en los tres países. El año 2009, el otro extremo de los 15 años, se instituyó como una frontera para la reevaluación del acuerdo.
Puerto Rico, por la fuerza de los hechos y su peculiar relación con Estados Unidos, era parte del tratado. Dada su condición de territorio no incorporado y su sujeción a la cláusula territorial
-Artículo IV, Sección 3, Cláusula 2 de la Constitución de Estados Unidos- no tenía por qué ser consultado al respecto. Ese mismo año 1994 se autorizó el Acuerdo General Sobre Aranceles y Comercio (GATT por sus siglas en inglés). Lo cierto era que el capitalismo occidental entraba en una era innovadora.
El efecto de aquellas decisiones sobre la economía de Puerto Rico fue dramático en gran medida porque la relación material que había desarrollado con Estados Unidos a partir de la Ley Foraker de 1900 ya no era excepcional o única. Las condiciones ofrecidas al territorio no incorporado, interpretadas como formas del proteccionismo con el fin de asegurar su crecimiento y desarrollo, se convirtieron en algo usual en el mercado internacional. La competitividad de Puerto Rico bajo aquella condiciones iba a ser retada una y otra vez. El territorio no incorporado se vio precisado a entrar en la era global sin los instrumentos idóneos para poder acomodarse a ella. ¿Cuáles eran las carencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico? Para comprender el problema era preciso mirar hacia los valores de la modernidad que el debate postmodernista estaba erosionando con intensidad desde la filosofía política y la teoría cultural.
En lo político y lo jurídico, Puerto Rico no poseía soberanía y su relación estatutaria no dejaba de ser una rareza en el marco del derecho internacional. En lo económico social, era una sociedad que no poseía una burguesía industrial y comercial identificada con los intereses del país que fuese capaz de llenar las expectativas que se abrían ante la nueva situación. La relación de dependencia colonial, cuya ingeniería fundamental había madurado entre 1900 y 1920, había estimulado el desarrollo de una burguesía sumisa al capital estadounidense en lo material, y al american way of lifeen lo cultural. Igual que había ocurrido en los míticos y olvidados “tiempos de España” en los cuales las vanguardias más visibles de la burguesía agraria criolla habían insistido sin éxito en que se les aceptara como iguales en el seno de la hispanidad, los sectores de la burguesía sumisa del siglo 20 que buscaban la incorporación y la estadidad también habían fracasado en el intento de ser reconocidos como pares.
El resultado neto del vuelco fue que los sectores más vigorosos de aquella burguesía sumisa que habían adquirido una posición privilegiada durante de la era de las empresas 936, me refiero a la banca y la construcción, entraron en un ciclo de ralentización que abriría paso al estancamiento. A la larga la peor pesadilla de aquellos sectores, el decrecimiento o el achicamiento de sus activos, se materializó.
Por si eso fuera poco el gobierno, manejado por populares y penepés de cuyas filas provenían los cuadros administrativos y la burocracia, perdieron mucha de la credibilidad que habían heredado de la era del nuevo trato. Minados por el espíritu militante en el marco de un régimen bipartidista, dualista y maniqueo ajeno por completo a las nociones de servicio público y de bien común, el arribismo, el clientelismo y la corrupción que siempre habían estado allí, se profundizaron y profesionalizaron.
En diciembre de 1993, cuando el New York Timesentrevistó sobre el tema al ex gobernador Hernández Colón, su afirmación fue categórica: “If there is no 936, there is nothing to talk about”. Había algo de patético y angustioso en aquella expresión calculada. El dirigente popular aseguraba que aquella decisión conduciría al “total collapse” de la economía puertorriqueña. Para aquel pensador, así lo había afirmado en su “nueva tesis” de 1979, la relación especial entre las partes era la única garantía para un crecimiento sostenido de la economía del país. Aunque en términos generales no se equivocó, los componentes del colapso aludido no deberían reducirse, como lo han hecho tantos dirigentes populares, al final de la era de la empresas 936.
Un detalle no deja de llamar la atención. El entonces presidente del Banco Gubernamental de Fomento de Rosselló González adoptó una actitud similar. Ante el panorama que se proyectaba para Puerto Rico, Marcos Rodríguez Ema afirmó en tono de queja no exenta de incomodidad: “I’dont think it is fair for Congress to suddenly eliminate all or part of 936 and not give us anything in return”. El congreso siempre había estado dispuesto a quitar privilegios sin dar nada a cambio y Rodríguez Ema, un egresado de Georgetown, debía saberlo.
Las expresiones de aquellas figuras del PPD y el PNP fueron una excelente metáfora de cómo la cultura derivada de la dependencia colonial se había adueñado de significados líderes de los protagonistas del bipartidismo salvaje. El pesimismo de Hernández Colón y las esperanzas cautelosas nunca cumplidas de Rodríguez Ema, demostraban la frustración que penetraba a quienes habían confiado en las bondades de aquel país para con su colonia tropical. La lógica de ambos podría interpretarse como una reformulación de la representación del “imperialismo bobo” que Muñoz Marín había manufacturado en la década de 1950. Aquellos debate fueron uno de los muchos preámbulos de la crisis que inició en 2006 y que continúa hasta el presente.
Debo reconocer que a década de 1990 requería repensar la experiencia acumulada durante la Segunda Guerra Mundial y la posguerra. Un asunto clave de aquel momento era el consenso que reconocía al estado el poder para domesticar al mercado. En cierto modo reconocía al estado una racionalidad que el mercado no poseía. El nuevo trato metaforizaba a la “mano invisible” que ordenaba las cosas para el bien común. Las nuevas condiciones ratificaron el fin de lo que quedaba del novotratismo y de cualquier expresión del liberalismo keynesiano de posguerra. Si la segunda posguerra abrió a un liberalismo calculado, la posguerra fría abría paso al neoliberalismo espontáneo. Teóricamente la modernidad había terminado para la economía.
Por eso el proyecto económico de Rosselló González, quien gobernó el país entre 1993 y 2000, miró en otras direcciones. En el papel el problema no parecía muy complejo y poseía lógica histórica, a saber. En términos generales, Operación Manos a la Obra (OMO) un modelo aplicado entre 1947 y 1976 promovió, por su énfasis en el impulso de la industria liviana primero y pesada después, la disolución del “primer sector” (el agrario), en favor del “segundo sector” (el manufacturero). Eso significaba que de una economía “extractivista” en general, el país pasó a una “transformacionista” en general con todas las consecuencias sociales y culturales conocidas. El proceso se dio, claro está, en el marco de una relación colonial por lo que las decisiones al respecto y la distribución de los beneficios dependían del capital extranjero (estadounidense) y sus acólitos en el territorio no incorporado.
La cancelación de los privilegios de la Sección 936 entre el 2005 y el 2006 limitaron las posibilidades de supervivencia de un “segundo sector” vigoroso en apariencia, Sólo subsistirían los “más fuertes”: algunas farmacéuticas y productores de bienes de capital. La lógica oficialista era que se debía sacar provecho del sector de los “servicios” el cual había crecido alrededor del capital foráneo en la era de las empresas 936. Estimular al “tercer sector” y las organizaciones sin fines de lucro favorecía el desplazamiento de numerosas responsabilidades del estado a manos de terceros. Aquella era una táctica ideal para enfrentar las crisis presupuestarias que amenazaban desde la década de 1970 y la crisis del servicio público cada vez más notorias.
El giro implicó revisión amplia de la relación del estado con la sociedad, la gente o el pueblo la cual, teóricamente limitaría la intervención del estado en la vida económica y animaría la competitividad y la autogestión de diversos agentes sociales. Nadie podría negar que las orientaciones por las que se optó al socaire de la reflexión económica de Rosselló González tenían sentido: apoyarse en el “tercer sector” y estimular el desarrollo de los servicios técnicos de diversa naturaleza para articular un proyecto económico exitoso era con lo que se contaba.
Sin embargo, articular una nueva economía exitosa tras el fin de la guerra fría sin tocar el sistema de relaciones políticas entre Puerto Rico y Estados Unidos establecido en 1952, podía limitar las posibilidades de éxito de aquel plan. Era probable que un Puerto Rico estado 51, independiente o sujeto a un pacto de libre asociación soberana con Estados Unidos, estuviese mejor posicionado para sacar provecho del nuevo escenario económico internacional que uno colonial. Me parece que la necesidad de renegociar la relación con Estados Unidos nunca fue tan visible como en la década de 1990. El problema fue que la discusión seria del estatus ha sido y es muy difícil en Puerto Rico
Las opciones económicas del rosellato: la reformulación del turismo
La primera dirección de la administración Rosselló González fue fortificar el turismo y promover su diversificación. Las posibilidades turísticas de Porto Rico habían sido anotadas al filo de la invasión de 1898. En 1899, Albert Gardner Robinson elaboró unas observaciones sobre los pueblos y la villas del territorio recién ocupado en su volumen The Porto Rico of To-Day. Para Robinson, Mayagüez era el lugar más promisorio. Desde su punto de vista aquella era una ciudad bella que poseía una bahía impresionante y tenía las cualidades para desarrollarse como un destino para el turismo estadounidense de invierno. De hecho, la imagen de Puerto Rico como un resortprivado diseñado al gusto de la clase media de aquel país sigue siendo un asunto de relevancia conceptual para esa industria.
En 1899 el periodista William Dinwiddie en su Puerto Rico Its Conditions and Possibilities, llamó la atención sobre el paraíso tropical que había sido ocupado por las fuerzas armadas de Estados Unidos y sus posibilidades como destino turístico o “winter resort”. El espacio podía ser aprovechado para cierto tipo de turismo médico o de aventura. El autor destacaba el potencial en la espeleología y las cuevas de Aguas Buenas y San Germán, y las termas de Coamo, Ponce y Caguas. Robinson y Dinwiddie coincidían en la necesidad de desarrollar una cultura hotelera y mejorar las condiciones de las bahías del territorio.
Aquellas expectativas del 1900 no irrumpieron con pujanza hasta inicios del proceso de industrialización por invitación de la mano de Operación Manos a la Obra desde 1947. El turismo exótico tropical y urbano masivo nació tras el fin de la Segunda Guerra Mundial paralelo al desarrollo de la aviación civil comercial. Como se sabe, el perfil de la industria difirió de las expectativas de principio del siglo 20. El foco de interés se desplazó del oeste y la mayor parte de las actividades turísticas se desarrollaron en la región noreste de la isla acorde con el tránsito de una economía agraria a una industrial.
El plan de Rosselló González poseía otros valores: representaba una recuperación de los proyectos de inicio del siglo y una revisión del esquema impuesto por los populares entre 1940 y 1950. Su preocupación por la diversificación de la industria requería estimular la descentralización de los destinos turísticos hacia otras partes de la isla grande incluyendo el turismo interno. También demandaba la apertura de nuevos líneas de explotación del recursos como el ecoturismo, el turismo deportivo o de aventura, médico, religioso, cultural, de compras, entre otros. Cada uno de esos renglones poseían consumidores potenciales concretos a los cuáles habría que seducir.
Una de las limitaciones de la propuesta de Rosselló González era que muchos de aquellos turismos alternativos requerían una infraestructura nueva más allá de las playas, el paisaje tropical o la ciudad antigua murada. El otro y quizá el más importante era que la relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos imponía límites a su articulación y al mercadeo de la isla en el mercado internacional.
Dada la relación de Puerto Rico con Estados Unidos y el control de aquel país sobre las políticas migratorias locales, los viajeros de la mayor parte del mundo necesitaban una visa de turista de Estados Unidos para venir a la isla. Los turistas privilegiados de un régimen de aquella naturaleza eran los estadounidenses que viajaban a un territorio doméstico no incorporado a la unión. Una consecuencia de aquel cerco era que el turista del alto consumo europeo o hispanoamericano encontraba escollos burocráticos cuando consideraban viajar a Puerto Rico. Bajo aquellas condiciones que eran de carácter político, competir con República Dominicana, Cuba, las Antillas Menores o Centroamérica no era sencillo.
La reglamentación de pasajeros de las Leyes de Cabotaje de 1920 también limitaba las posibilidades de crecimiento del sector, asunto sobre el cual había comenzado a trabajarse antes del fin de la era de las empresas 936. De hecho, en 1984 se había autorizado una excepción a la misma para que los cruceros estadounidenses y de otras banderas pudieran atracar aquí. En 2011, cuando la crisis de 2006 azotó la economía, se aprobó una Ley de Cruceros con la intención de expandir el sector a su mayor potencial. Uno de los desfases de aquel esfuerzo fue que la industria seguía padeciendo por su restricción a la costa noreste del país y la limitación de los destinos de los cruceros a la capital.
A pesar de que aquella práctica era comprensible -la industria de cruceros fue pensada para beneficiar a una ciudad capital en penas tanto bajo la administración de penepés como de populares- la situación no dejaba de ser injusta. Bajo la administración de Alejandro García Padilla (1971- ), gobernador entre 2013 y 2017, se pensaba que la industria del turismo podía crecer pero se dudaba que el crecimiento impactaría otras zonas aparte del “rostro” del turismo exótico tropical y urbano impuesto durante la era de la industrialización por invitación.
En cuanto al asunto de los visados para turistas es poco lo que se ha hecho en el marco de la relación colonial. En febrero de 2014 el Secretario de Estado de la administración García Padilla, David E. Bernier Rivera (1977- ), luego candidato a la gobernación por el PPD en las elecciones de 2016, entró en conversaciones con el gobierno federal y el Homeland Security bajo la administración de Barack Obama (1961- ) presidente entre el 2009 y el 2017, para que se exonerara al Estado Libre Asociado del requisito de un visado estadounidense, tal y como ya había hecho aquel gobierno con otros 37 países incluso con la isla de Guam.
La lógica de Bernier era que, sin aquel requisito, se reforzarían las relaciones de Puerto Rico con otros destinos del Caribe e Hispanoamérica y el turismo repuntaría. El reclamo se hacía acorde con las necesidades de una economía en crisis cuyo crédito ya había sido degradado para aquella fecha. Las razones del Homeland Securitypara negarse eran de seguridad nacional por lo que nada resultó de las gestiones. Todo parecía indicar que la “guerra contra el terrorismo”, un síndrome manifiesto tanto en administraciones demócratas como republicanas, frenaría cualquier revisión o liberalización de la regla o de cualquier reclamo de mayor soberanía.
