Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccottto@claridadppuertorico.com

La crisis de la epidemia del coronavirus ha puesto a muchas familias en riesgo de perder su vivienda debido a la pérdida de ingresos, tal como sucedió tras el paso del huracán María y con los terremotos.  Una vez más el proyecto Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR) ha salido en defensa de esta población en estado de vulnerabilidad.

Su directora ejecutiva, la licenciada Adriana M. Godreau Aubert, relató que han cursado tres cartas a la gobernadora, Wanda Vázquez Garced. La primera, el 26 de marzo, para que se atendiera la situación con las hipotecas, y las dos últimas, el 21 y el 29 de abril, para que se atienda la situación de las familias que viven en alquileres privados.

El planteamiento de Ayuda Legal es que de la asignación de $52 millones aprobados a Puerto Rico mediante la ley la ley federal Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (CARES) para manejar la pandemia por COVID-19 puede utilizarse para alquiler a familias en rentas privadas y que han recibido daños económicos por razón del coronavirus. La licenciada Godreau Aubert defendió que eso no solamente es un uso permitido, sino que es algo que ya se está haciendo en otras jurisdicciones. Este uso está permitido hasta por tres meses.

Godreau indicó que aunque La Fortaleza no ha contestado a ninguna de las cartas, el secretario del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico (DV) contestó, primero por los medios y después en una carta, diciendo que encontraba la petición razonable, pero que le correspondía a los municipios solicitarlo y que además hacían falta unas guías del Departamento de Vivienda Federal (HUD).

“La realidad es que los fondos los manejan tanto los municipios como el Gobierno central. Son fondos CDBG, no hacen falta guías porque el mismo HUD ha dicho que, ante la emergencia, las jurisdicciones que recibieron dinero deben actuar rápidamente. Que cuando salgan las guías se ajustan los planes. Nada impide que ese dinero se use en alquiler para renta desde hoy 1.^rode mayo”, manifestó.

El dinero asignado incluye fondos administrados por HUD y son distribuidos a través de la Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario y la Housing Opportunities for Persons with AIDS, entre otros.

Solo estas partidas representan aproximadamente $52 millones que serán administradas por el Gobierno central y los municipios, conforme al desglose establecido por la Administración federal. El desglose de los fondos a los municipios fue establecido por HUD.

Se supone que una vez se apruebe por el Departamento de Vivienda de Puerto Rico, por ejemplo, las familias se acerquen a los municipios a solicitar este beneficio. “Es extraño que los alcaldes no han gestionado ese dinero, porque eso se asignó para palear la emergencia del COVID-19 y ya hay otros dineros para las pruebas de Salud. Estos se pueden usar para alquiler e incluso los dineros se pueden utilizar hasta para personas sin

hogar”.

Extrañada de que los alcaldes no hayan solicitado los dineros concluyó que tal vez no lo han hecho por falta de divulgación: “Nos parece que los alcaldes ni saben que pueden solicitarlo”. Agregó que Ayuda Legal incluso tiene la lista de dinero por municipios, “es decir, nada impide que los alcaldes tomen la decisión de usar ese dinero como asistencia para familias en alquiler pensando que las familias no tienen con qué pagar”, reiteró. La asignación incluso tiene una partida que se puede usar para personas sin hogar y personas HIV.

“De nuevo, esto es para gente con ingresos limitados. La necesidad está brutal. La gente nos sigue llamando, pidiendo comida. El equipo de Ayuda Legal está tomando adiestramiento para atender a personas con trauma porque la cantidad de personas que están llamando diciendo que se van a suicidar es impresionante”, expresó.

De acuerdo con datos presentados por su organización, cerca de una de cada tres viviendas en Puerto Rico es alquilada. La condición económica de estas familias es, en muchos casos, precaria. Según datos del Buró del Censo, el ingreso por hogar del 58.75% de estas viviendas es de $14,999 o menos. Mientras tanto, la mediana del canon de arrendamiento es de $474. Abundan los reportes de rentas mucho más altas que estas, afectando aun más a poblaciones ya vulnerables como adultos mayores, madres solteras, inmigrantes y estudiantes.

Con el COVID-19, las circunstancias de falta de recursos se agravaron para muchas personas. A esta fecha, sobre 173,000 personas han solicitado desempleo y unas 71,000 familias han solicitado participar del Programa de Asistencia Nutricional.

En cuanto a familias en riesgo de perder su vivienda por no poder pagar su hipoteca, alertó de que aunque se logró aprobar legislación que vincula a todas las instituciones financieras autorizadas a hacer negocios en Puerto Rico a conceder una moratoria de 90 días a los con bancos locales, nada impide que ahora mismo alguien presente una demanda de ejecución de hipoteca.

A fin de evitar las ejecuciones de hipoteca y lanzamientos, Ayuda Legal está solicitando a los tribunales que prohíban los lanzamientos, que no se vean esos casos hasta el 30 de mayo como mínimo y le ha solicitado a la gobernadora que establezca una moratoria en ejecuciones y lanzamientos.

La licenciada Godreau Albert expuso que en el caso de las hipotecas la situación provocada por el COVID-19 es la misma situación que ocurrió con los bancos durante el huracán María y los terremotos, y es que estos no habían adoptado un protocolo para desastres: “Nosotros llevamos ya dos años y medio diciendo que cuando un desastre azota a Puerto Rico hay que establecer moratorias justas. Los bancos habían dicho que eso era imposible, que eso no se podía hacer,  y se probó en medio de la emergencia del COVID que se podía hacer, así que logramos una legislación que establece que son 90 días de moratoria en el pago de hipoteca y que las hipotecas no se van a pagar de cantazo al final de los tres meses, sino al final del préstamo”.

La experiencia sufrida con el huracán fue que los bancos daban una moratoria de tres meses,  pero al cabo de esos tres meses exigían el pago total, lo que puso a la gente en más riesgo de perder su vivienda. La legislación que se aprobó hace unas semanas establece que la moratoria será de 90 días y que el pago de la hipoteca no será uno de cantazo al final de los tres meses. El pago será al final del préstamo, es decir, la fecha se extenderá por tres meses más.

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccottto@claridadpuertorico.com

La epidemia del coronavirus (COVID 19), además es una amenaza para la salud, parece ser una amenaza para ese limitado espacio electoral que en Puerto Rico llaman democracia.  El tiempo apremia. En la Legislatura, los bandos del Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Nuevo Progresista (PNP) y, dentro de este último, los bandos de la gobernadora Wanda Vázquez Garced y Pedro Pierluisi no logran ponerse de acuerdo sobre cuándo celebrar las primarias.

Aunque se supone que por ley las primarias se lleven a cabo en el mes de junio, ante la emergencia provocada por el COVID-19 hay consenso en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) de que no se va a poder cumplir con esa fecha. En entrevista, el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), licenciado Roberto Iván Aponte Berríos, reveló que lo que parece ser que está demorando la legislación es el hecho de que en la Cámara hay un proyecto impulsado por Pedro Pierluisi para que las primarias se hagan en julio. Previo a la presentación de ese proyecto, el presidente del Senado y el presidente del PPD habían comenzado un diálogo pensando en  una fecha para el mes de agosto. Así que, en medio de esta pelea dentro del bando azul, nadie parece saber qué va a pasar. Su impresión, señaló Aponte Berríos, es que las primarias serán más cerca del mes de  agosto.

En cuanto a cómo sería el proceso de votación para las primarias cuando todavía es necesario observar medidas de distanciamiento, el comisionado electoral del PIP expresó: “Se están tirando palos a ciegas”, y añadió su preocupación de que se esté considerando el voto por correo, proceso que se ha rechazado en muchos estados de Estados Unidos por lo poco fiable.

Insistió en que el tiempo apremia ya que hay fechas que tendrían que retomarse. Una de ellas es el momento de hacer las papeletas, el cierre del registro electoral (que se supone sea en mayo) y las solicitudes de voto ausente. Cumplir con esos trabajos para mayo no es posible, dijo: “No hay duda de que se altera completamente el calendario electoral”.

Uno de los aspectos más fundamentales en el atraso de los trabajos de la CEE y de mayor preocupación tanto para el PIP como para los nuevos partidos políticos y candidatos independientes es la puesta al día de las máquinas de conteo electrónico. El comisionado electoral del PIP narró que el mismo lunes 16 de marzo se iba a comenzar a poner al día más de cinco mil máquinas, trabajo  que toma varios meses; pero quedó cancelado.

“Cuando se abra, es importante que se retome ese trabajo lo antes posible porque requiere primero que la compañía Dominun envíe un personal mínimo. Eso va a requerir todas las garantías de seguridad. En el pasado plan ese trabajo iba a tomar alrededor de dos meses y medio”.

Otra tarea que quedó interrumpida por la cuarentena es la inscripción de nuevos electores o la reactivación. “Eso es un factor preocupante. El PIP había impulsado la inscripción. En las universidades iba muy bien, pero faltaba mucho trabajo por delante. Eso se detuvo. La realidad es que va a ser bien cuesta arriba ese trabajo en estas circunstancias”.

Los comisionados ya han empezado a discutir ese asunto y lo más probable es que se haga por cita como ocurre con otros servicios. Además de los nuevos electores, las personas que interesen votar y no votaron en las últimas dos elecciones si quieren votar ahora en el 2020, tienen que inscribirse. La fecha que impone la Ley electoral es que el registro de electores cierre a mitad del mes de septiembre.

“Eso es algo que se tiene que discutir; si de alguna manera se puede acercar más al día de las elecciones, pero hay que tener en cuenta que caemos en el tema del voto ausente y para enviar el voto ausente hay que tener final el registro de electores. Hay que enviar esas papeletas que se envían en septiembre cuando cierra el registro electoral”.

En cuanto a la no inscripción de nuevos electores o la reactivación, el licenciado Aponte Berríos observó que no había duda de que en cierta manera esto beneficia a la administración de turno,  “porque se supone que los jóvenes que se inscriben y la gente que se reactiva es una oposición al Gobierno. Por eso es por lo que el PNP jugó a aguantar el trabajo del PIP de inscribir en las universidades, hasta que no aguantaron más por la presión en los medios y tuvo que ceder”.

Mientras, el proyecto de la llamada Reforma Electoral aprobado en la Legislatura por la mayoría todavía no se le ha enviado a la gobernadora. “¿Por qué?; esa es la gran pregunta”. El licenciado Aponte Berríos admitió no saber. Sí insistió en el planteamiento del PIP de que se vete el proyecto y que todas las partes se sienten de buena fe a discutir una verdadera reforma electoral.

El proyecto aprobado dejo la implantación del voto por internet, lo que el comisionado electoral del PIP calificó de imposible. Como ejemplo recordó lo que ha ocurrido con la educación en línea del Departamento de Educación durante la cuarentena. Más aun, afirmó que el PNP no ha dicho cuánto costaría ese sistema ni los años que tomaría implantarlo con efectivas medidas de seguridad. La prueba de su costo está en que la reparación de las máquinas de conteo electrónico de la empresa Dominium, que es un contrato  hasta el 2024, ha costado alrededor de $30 millones.

Otro aspecto del calendario electoral que hay que tomar en cuenta es la disponibilidad de los suplidores del material que se utiliza en unas elecciones. Debido a la cantidad de lugares que están cerrados, en el mismo Estados Unidos hay temor de que como el día de las elecciones es el mismo en todos los estados, no haya suplidores suficientes para el material que hace falta.  En el caso de Puerto Rico, las papeletas se hacen en Cayey, pero eso requiere que se traiga millones de papeles, hay que hacer cotizaciones, subastas.

“Se está corriendo contra el reloj. Ahora más, que se va a necesitar mascarillas, guantes. El entintado no va a poder ser igual, ¿qué tipo  de recursos se utilizará para identificar a las personas? Las urnas hay que mandarlas a hacer. Estamos hablando de material para el que la Oficina de Compras, lo antes posible, tiene que empezar a solicitar cotizaciones, a comparar, escoger, y que llegue. Eso se empezaba a hacer con mucho tiempo de antelación;  tampoco se puede hacer antes de que se den las primarias. Hay muchos factores que uno no los piensa, pero es más complicado. Otro ejemplo son los centros de votación. Hoy, todavía, no están identificados los centros para las primarias. En épocas normales, se supone que los comisionados de cada partido político acudan a las escuelas para examinar si están bien las facilidades. Eso, cómo se va a hacer, hoy no se sabe”.

En tanto, además de las primarias del PPD y PNP, todavía se está pendiente de qué pasara con la primaria del Partido Demócrata en la Isla. Eso quiere decir que hay unos $2.5 millones de fondos públicos pendientes de esas votaciones.

También está pendiente para el día de las elecciones la consulta de estatus. Eso, según se sabe, no ha salido de la Legislatura hacia Fortaleza. Esta consulta necesita de una papeleta para la cual la Legislatura tendría que asignar un dinero. De acuerdo con la Ley Promesa, indicó Aponte Berrios, se supone que la Junta de Control Fiscal no puede controlar o limitar el presupuesto en el tema de estatus.

En entrevista por separado, el comisionado electoral de Victoria Ciudadana, Héctor Manuel Alejandro, confirmó que la pasada semana hubo una reunión de los comisionados y el presidente de la CEE, licenciado Juan Ernesto Dávila, donde se preparó el borrador de una carta dirigida a la gobernadora en la que se le planteó la necesidad de un reinicio escalonado de ciertas operaciones de la Comisión para poder asegurar la celebración de las primarias y las elecciones generales en noviembre.

“Ahora mismo, aunque las primarias están planteadas por ley para junio, ya todos reconocen que eso será imposible. Todos los preparativos ya no hay el tiempo para hacerlos. Tanto el PPD como el PNP han acordado enmendar la ley para posponerlas posiblemente hasta agosto. Ahora la Cámara sugirió que fuera julio.

Alejandro informó que en la carta que se le envió a la Gobernadora se nombraron cinco tareas que los comisionados entendían era esenciales retomar, entre las cuales está la inscripción de nuevos electores.