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Miel que me das: «Pero el cardo florece» – Alceo

Dibujo en tinta sobre papel de Emanuel Torres

Pero el cardo florece

 

Que el vino humedezca mis pulmones, pues retornan en su círculo la estrella

y su violenta estación y, oprimido por el calor febril, todo está sediento,

y cantan bajo los pétalos las cícadas.

 

Pero el cardo florece. 

 

Ahora, las mujeres andan más sangrientas que nunca

y los hombres débiles,

pues la Estrella del perro les seca la cabeza

y las gónadas.

 

Fragmento 94 de Alceo, traducido del griego antiguo por Cristina Pérez Díaz

Dibujo en tinta sobre papel de Emanuel Torres

 

Nota de la traductora

De las notas de David Campbell en su Greek Lyric Poetry, se deduce que Alceo (siglos 7-6 a.C), compatriota y contemporáneo de Safo en la isla de Lesbos, era el rey de la pachanga. Sus poemas eran el alma de las fiestas entre sus amigotes: a veces hablaban de mitología, a veces de la guerra, a veces del amor. Safo era para él casi una diosa. En el siglo quinto a.C., seguía de moda en los banquetes atenienses y, en el siglo 1 d.C., en Roma, fue una de las principales influencias de Horacio.

 

Las Vicisitudes de las Comunidades del Caño Martín Peña con los “Traficantes de Sueños”

 

Especial para CLARIDAD

El 25 de enero de este año 2021, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE.UU. dio notificación pública sobre su decisión de excluir el Proyecto de Restauración Ecológica del Caño Martín Peña del plan de trabajo para el año fiscal 2020-21. Angustiosa y frustrante noticia. Este proyecto es crítico para su realización pues es el que provee para el dragado y canalización del tramo obstruido del Caño Martín Peña.. Como se sabe, el cauce del tramo este del canal está seriamente comprometido con escombros y otros materiales vegetativos que prácticamente impiden el flujo natural de agua por el mismo. La restricción del flujo impide que la escorrentía de las aguas de lluvia pueda fluir con facilidad, lo que provoca serias inundaciones recurrentes en grandes sectores de las comunidades del Caño. Estas aguas de inundación, a su vez, están altamente contaminadas con aguas sanitarias sin tratamiento que resultan de la carencia del servicio de alcantarillado en algunos sectores y de escapes de tuberías sanitarias obsoletas dentro de las comunidades y de troncales sanitarias regionales de la AAA que provienen de sectores al norte y al sureste del Caño y discurren bajo el lecho del Caño y paralelas al mismo. Las inundaciones recurrentes, anuales, que la situación descrita produce, constituyen un serio problema de salud pública y salud ambiental para cerca de 26,000 seres humanos que viven en el sector. Esta situación ha estado prevalente por décadas.

El Caño Martín Peña tiene una extensión de 3.75 millas entre la Bahía de San Juan y la Laguna San José. En la primera mitad del siglo 20, el canal tenía un ancho que variaba entre 200 y 400 pies y estaba bordeado por un bosque de manglar en ambas riberas. A través de éste discurrían dos veces al día, un caudal impresionante de agua provocado por las mareas astronómicas que entran a la Laguna La Torrecilla, se desplazan-por el Canal Suárez, descargan en la Laguna San José y de aquí a través del Caño, descargan en la Bahía de San Juan. El movimiento de agua diario entre la Laguna San José y la Bahía de San Juan permitía el desalojo y procesamiento de las cargas de contaminantes que se recibían mediante descargas directas e indirectas en estos cuerpos de agua. Hasta finales de la década del 1960 la Junta de Planificación autorizaba proyectos de urbanización cuyos alcantarillados sanitarios descargaban directamente a los cuerpos de agua pues había muy pocas, si algunas, plantas de tratamiento de aguas usadas. Múltiples urbanizaciones, condominios y otros asentamientos urbanos utilizaban la Lagua La Torrecilla, la Laguna San José, la Laguna de El Condado y el litoral del océano Atlántico como medio de disposición de las aguas sanitarias. En ese tiempo se asumía que la dilución de las aguas usadas en un volumen sustancialmente grande de un cuerpo receptor era suficiente para prevenir la contaminación. De hecho, se acuñaba una frase que en inglés se refería a “dilution is the solution for pollution”.

En principio, esta práctica de manejo ambiental tenía algún grado de eficiencia puesto que, por un lado, la magnitud de las descargas sanitarias era pequeña en relación al volumen de los cuerpos de agua receptores, y por el otro, el ecosistema estuarino, caracterizado por los bosques de manglar, eran suficientemente robustos y abundantes como para procesar y asimilar las sustancias y nutrientes contenidas en las aguas usadas. Para 1956 escribía Eduardo Barañano (Plan Regional del Área Metropolitana de San Juan; Junta de Planificación de Puerto Rico, 1956) que menos del 28% de la población urbana en el área metropolitana de San Juan contaba con servicio de alcantarillado sanitario. Éste consistía de tuberías para recoger las descargas sanitarias de las edificaciones y transportarlas a los cuerpos de agua de lagunas y del litoral costero. A ese tiempo existían, al menos, 30 descargas puntuales a la bahía de San Juan, al Océano Atlántico (entre El Condado e Isla Verde), a la Laguna de El Condado y a la Laguna San José. A esa fecha de 1956 se estaba comenzando la construcción de la planta de tratamiento de aguas usadas de Puerto Nuevo la cual daría servicio regional de alcantarillado sanitario. Recuerdo cuando comenzaba mis estudios de planificación que en 1974 un profesor nos indicaba que, a ese tiempo, estaban descargando cerca de 18 mil unidades de vivienda de apartamentos en la Laguna de El Condado que la mantenían en nivel serio de contaminación pues se había alterado el intercambio de agua entre esa laguna y el océano como resultado de la reconstrucción hecha al puente Dos Hermanos.

El Proyecto de Restauración Ecológica del Caño Martín Peña supone el dragado de 2.2 millas de la mitad este del Caño entre la Laguna San José y el puente de la avenida Muñoz Rivera. Según estudios técnicos realizados por la Corporación (“Hydrologic-Hydraulic Analysis for The Caño Martín Peña Ecosystem Restoration Project; GLM Engineering Group; June 2020) el dragado y canalización propiciará una mejora sustancial en los niveles de oxígeno disuelto y una mejor estratificación de los niveles de salinidad en las aguas del Estuario, un incremento notable en la biodiversidad y mejoría general de los parámetros físicos, químicos y biológicos de todo el sistema del Estuario de la Bahía de San Juan. Probablemente de importancia mayor, el proyecto permitirá la revitalización de las siete comunidades del Caño que proveerá para una mejora dramática en las condiciones de la salud humana y de las condiciones de vida de toda la población del área. El beneficio agregado de este proyecto se hace extensivo, además, a las comunidades de residentes al norte de la laguna, como las urbanizaciones de Los Ángeles, Laguna Gardens, La Marina, entre otras. También asegurará el funcionamiento del Aeropuerto Internacional Luís Muñoz Marín al mejorar el sistema de drenaje de las pistas de aterrizaje las cuales conectan a la Laguna San José.

Las gestiones de la Corporación del Proyecto ENLACE con el Cuerpo de Ingenieros comenzaron formalmente en el 2004 (hace cerca de 17 años) cuando esa entidad federal validó, mediante un estudio, el interés en llevar a cabo el dragado del Caño, reconociendo, además, su justificación a nivel ambiental y económico. Con ese reconocimiento y la gestión de la Corporación, el Congreso federal autorizó el dragado del Caño en el 2007 (hace 14 años) como un proyecto primario de protección contra inundaciones y de restauración del ecosistema estuarino; en esa aprobación se autorizó el uso de hasta $150 millones. En el año 2012 (hace 9 años) el Cuerpo de Ingenieros y la Corporación firmaron un acuerdo mediante el cual esta última le transfiere fondos públicos de Puerto Rico al Cuerpo de Ingenieros para que supervisara y llevara una revisión técnica del proceso de estudios de viabilidad y de Declaración de Impacto Ambiental para el proyecto de dragado gestión que representó una inversión de $3 millones. En 2016 (hace 5 años) el Cuerpo de Ingenieros firmó el Acuerdo de Diseño para llevar a cabo los trabajos de pre-construcción, ingeniería y diseño para el primer contrato de construcción del dragado. Este Acuerdo suponía la inversión de $3.85 millones, de los cuales el 35% fueron fondos del Pueblo de Puerto Rico. A enero de 2021, se habían asignado $5.6 millones, de los cuales $3 millones representan el pareo provisto por ENLACE mediante una combinación de dinero en efectivo y en especie, de manera que el contrato para iniciar la construcción y desarrollo del dragado está listo, pero ha sido pospuesto ya que el Cuerpo de Ingenieros tiene otras prioridades que ocupan su agenda de trabajo y posponen su colaboración en este proyecto.

La situación con el Cuerpo de Ingenieros y el Proyecto ENLACE me hace recordar las circunstancias en las que esa agencia federal ha manejado los proyectos de canalización de cuerpos de agua en Puerto Rico. La experiencia histórica dice que esa agencia, independientemente de su eficiencia técnica, es exageradamente burocrática y extremadamente lenta en la ejecución de los proyectos en los que se involucra. Tomemos como ejemplo la historia de la canalización del río Piedras. En junio de 1970 se produjeron lluvias severas e inundaciones significativas en la cuenca del río Piedras que provocaron daños multimillonarios a sobre 900 familias en Puerto Nuevo y a muchos comercios en el Sector Bechara, adyacente a la Avenida Kennedy. En octubre de ese mismo año se produjeron nuevas inundaciones provocadas por una depresión tropical que se tornó estacionaria por cinco días cerca de Puerto Rico (Coastal Flood Hazards and Responses in Puerto Rico: An Overview; Department of Natural Resources Planning Area; February 1980). Como resultado de esos eventos de inundaciones, el gobierno decide llevar a cabo la canalización del río Piedras, actividad que se encomendó a la Secretaría de Control de Inundaciones del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). Poco tiempo de iniciadas las labores de estudio y diseño, se decidió encomendar el proyecto al Cuerpo de Ingenieros. Esa entidad inició el estudio de viabilidad en el 1978 y completó el llamado Survey Report en octubre de 1984. El Congreso federal autorizó el proyecto en noviembre de 1986 (hace 35 años) a un costo total estimado entonces de $234 millones.

Pocos años después de esta fecha comenzaron los trabajos de dragado y canalización del proyecto, cuyo costo no conozco al presente, pero que estoy seguro de que a esta fecha excede los $1,000 millones. A modo de ejemplo, en octubre de 2010 se autorizó un contrato por $520.3 millones solamente para completar los trabajos de la quebrada Margarita, tributaria del río Piedras. Recientemente el Cuerpo de Ingenieros indica que, para llevar a cabo las actividades pendientes de construcción de la canalización desde el puente de la Avenida Roosevelt hasta la parte alta de Río Piedra Heights, invertirán otros $1,585 millones. De manera que cuando terminen lo que falta por hacer, (que es por mucho más de lo que hasta ahora han hecho), habrán invertido sobre de $2,500 millones en un proyecto que comenzó hace 43 años y que estimo le tomará completarlo otros 20 años adicionales. Es decir, las familias que esperan la protección de ese proyecto en Puerto Nuevo habrán esperado más de 60 años de su realización. Las circunstancias del río Piedras son muy similares a las que ocurrieron con el proyecto de canalización de los ríos Bucaná y Portugués en Ponce, que también los comenzó el DTOP a principios de la década del 70 y que todavía el Cuerpo de Ingenieros no ha entregado de forma definitiva.

Me resulta de gran significado saber que antes que se encomendara al Cuerpo de Ingenieros el llevar a cabo obras de control de inundaciones en Puerto rico, los ingenieros puertorriqueños del DTOP y luego del DRNA realizaban esas obras a un costo relativamente más bajo, con gran certidumbre en la programación del tiempo de inicio y terminación de construcción el cual era razonablemente corto, y con igual y quizás mayor eficiencia desde el punto de vista de ingeniería hidráulica. Esa Unidad de Control de Inundaciones Puertorriqueña llevó a cabo las obras de canalización del Río Yagüez en Mayagüez, del Río Hondo y Bayamón en Bayamón-Cataño, del Río Humacao en Humacao y de la Quebrada Mendoza en Cabo Rojo, obras que todavía están dando servicio a sus comunidades respectivas.

Pienso que la problemática de inundación y de salud pública de las comunidades del Caño no pueden esperar otras décadas para su solución definitiva. La condición de inundabilidad y de impacto a la salud ocurre ordinariamente todos los años, prácticamente todo el tiempo. Los proyectos de control de inundación a los que en este escrito me he referido afectaban a las comunidades concernidas de forma esporádica y con baja recurrencia de tiempo. La situación del Caño no es comparable a la situación que afecta al río Piedras. El sentido constante de inseguridad, el daño crónico a la salud de miles de niños y de población de mayor edad, la condición de pérdida frecuente de propiedad mueble e inmueble, la aspiración de ‘soltar el nudo’ que tiene maniatado y cautivo el presente y el futuro de la vida y el desarrollo de las comunidades no puede seguir esperando por una decisión burocrática en manos de extranjeros que parecen traficar con la indolencia cuando tratan con comunidades pobres, un claro ejemplo de injusticia ambiental. El Caño y sus circunstancias son únicos en Puerto Rico y corresponde una solución urgente, y también única. No se puede postergar más tiempo el tomar las decisiones correspondientes al dragado y canalización que ya están evaluadas, examinadas y prudentemente acordadas con todos los actores sociales involucrados. Pienso que hay que exigir que el Cuerpo de Ingenieros que revise su decisión de excluir el Proyecto del Caño de su plan de trabajo anual. Y si no está en esa disposición, exigir al Departamento de Vivienda que autorice la financiación necesaria para el proyecto de dragado y canalización del Caño con los fondos del Programa de Desarrollo Comunitario (CDBG-MIT) disponibles y llevarlo a cabo con entidades profesionales y técnicas que no sean los ingenieros federales, tal como se ha hecho con múltiples otros proyectos de construcción en Puerto Rico. No hay tiempo para perder esperando por “traficantes de sueños”, onerosos en tiempo y dinero que parecen no tener voluntad, compromiso ni sensibilidad con las comunidades del Caño Martín Peña. Hay que ponerle fin a esta injusticia. Recordemos las palabras de Doña Consuelo Lee Tapia: “En tiempo de los cínicos la inteligencia cae en el desorden, la corroe el cáncer del no-propósito. Y éste se extirpa con el poderoso bisturí en mano firme y experta. Porque el tiempo de los cínicos siempre se supera asiéndose con bravura a los principios.” (Fragmento del poema En Tiempo de los Cínicos)

 

Ser madre en tiempos de pandemia

CLARIDAD

Una crónica desde Cuba

La Habana, Cuba-Desde una ventana del Hospital Materno Infantil González Coro de La Habana, Laura saluda y lanza besos al aire que caen formando arcos serpentinos en el viento. Siete pisos más abajo, desde la acera opuesta al edificio, su esposo y su madre captan los cariños al vuelo. La dinámica ha sido la misma, día tras día, desde que Laura, madre primeriza de 31 años, fue ingresada en el capitalino centro médico para monitorear la etapa final de su embarazo.

A Laura no se le permite recibir visitas y su contacto con la familia se ha reducido a 15 minutos, mirando desde aquel ventanal al futuro padre de su hijo y a su madre, mientras los tres hablan por Whatsapp. Ellos dos acuden fielmente dos veces al día para llevarle comida, agua, ropa o meras chucherías; ella, pasa el día a la espera de las contracciones que traigan a su bebé, mientras recibe visitas constantes de médicos y enfermeros y le practican ultrasonidos de rutina.

Para Laura es un momento difícil, lo acepta, pero comprende que la salud de su primogénito va primero.

“Cuando no estás con las personas cercanas a ti, te sientes sola y uno entiende las restricciones, pero también te sientes impotente porque no puedes ver a las personas que necesitas para enfrentar lo que viene. Pero en el fondo estás consciente de que es por tu bien y el del bebé”.

Su embarazo ha sido uno de esos que llaman normal y saludable. Sus parámetros y los del feto han estado siempre dentro de lo recomendado por los expertos. Pero al cumplir las 40 semanas, el niño no dio señales de querer salir aún y el líquido amniótico –vital en el proceso de gestación– disminuyó levemente. Los médicos decidieron entonces ordenar su ingreso para monitorearla de cerca. De la institución materno infantil no saldría hasta luego de haber dado a luz.

De no ser por “la cercanía que te brinda la tecnología”, todo sería más difícil, confiesa Laura. Explica que son las videollamadas y los mensajes “el vínculo más cercano que tengo con mi pareja, para hablarnos y contarle cómo me siento”. Le ayuda también pensar “que ya me queda poco tiempo y que en unos días saldré con mi bebé en los brazos”.

La medida, para muchos, podría sonar exagerada –separar a una embarazada de su familia en el momento que más la necesita no suena muy alentador–, pero en Cuba las madres embarazadas y los recién nacidos se toman muy en serio; son casi una cuestión de estado.

Una cuestión de estado

En 1983, el país caribeño implementó el Programa Nacional de Atención Materno Infantil (PAMI), una plataforma destinada a planificar, organizar y controlar en toda la isla las acciones y las atenciones relacionadas con la salud reproductiva y de la infancia y la adolescencia. Hoy se ha convertido en uno de los mayores logros del sistema de salud cubano.

A finales de la década de los ’50, Cuba mantenía altas tasas de mortalidad infantil y materna. Según datos oficiales, para ese entonces, sólo el 10% de la población infantil recibía atención pediátrica y menos del 60% de los partos ocurría en centros de salud. Entre las causas más comunes de muerte infantil sobresalían las enfermedades respiratorias agudas, la desnutrición y las afecciones perinatales. En el caso de las madres, las complicaciones del parto y el aborto, así como la enfermedad hipertensiva del embarazo, solían ser las más recurrentes causas de mortalidad.

Con el fin de revertir este escenario, el país se encaminó, al triunfo de la Revolución, en un ambicioso proyecto de expansión de los servicios de salud a todos los sectores de la población. A partir de 1961 se puso en marcha una campaña de creación de hospitales rurales en todo el país para garantizar el parto institucional. En 1962 llegaron los primeros hogares maternos. No hay que dejar fuera las masivas campañas de vacunación emprendidas sucesivamente en la isla para erradicar enfermedades como la difteria, el sarampión, la rubéola, la tos ferina, la hepatitis B, entre otras.

Los esfuerzos han rendido sus frutos. Cuba tiene hoy cifras de mortalidad infantil que la ubican entre los 35 países con la tasa más baja (5,0 por cada mil nacidos vivos, en 2019). Y los servicios de salud alcanzan prácticamente de forma igualitaria a toda la población, en todos los rincones del país.

El actual ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, enfatiza los logros en ese renglón al explicar que “el desarrollo prácticamente uniforme en las condiciones de salud que se han creado en el transcurso de décadas en el país, pone a todas las provincias en igualdad de condiciones para tener buenos resultados y brindar satisfacción a las familias”.

La Covid-19, una amenaza extra

A la ya de por sí compleja tarea de cuidar a las madres embarazadas y a los recién nacidos, se ha sumado ahora un agente externo. Como en el resto de países del mundo, la llegada de la Covid-19 a Cuba ha supuesto un reto más en los esfuerzos de las autoridades de salud por garantizar el bienestar de la población. Los protocolos sanitarios, en general, han debido extremarse y los cuidados a las embarazadas y a niños en edades pediátricas se han vuelto más estrictos.

“Madre con riesgo de cualquier tipo tiene que estar en el Hogar Materno y con atención diferenciada”, sentenciaba a inicios de año el presidente Miguel Díaz-Canel, durante una reunión con las principales autoridades del sector de la salud.

 Cuba ha hecho todo lo que está a su alcance para proteger a sus madres y a sus niños. Tanto así que durante todo 2020, el país logró mantener bajas cifras de contagios en mujeres embarazadas y menores de edad. Pero apenas despuntando el 2021, el descuido y la irresponsabilidad de algunos sectores de la población y el relajamiento de las medidas de cuarentena han intentado revertir esa realidad.

Las cifras que otorga la Doctora Mercedes Piloto, especialista del Programa Materno Infantil, son preocupantes.

“Si bien hasta el momento la evolución de nuestras pacientes ha sido favorable, hay que resaltar que desde el comienzo de la pandemia en marzo de 2020, hasta el 31 de diciembre se habían diagnosticado 110 embarazadas y paridas con la enfermedad y al cierre de enero de este año se han diagnosticado 120 pacientes, es decir, se nos han enfermado 120 pacientes en un mes”.

El 69% de ellas tuvo como fuente de infección el contacto con casos positivos.

En el área pediátrica, el panorama no es muy distinto. En 2020, fueron diagnosticados con el virus 1.282 menores de edad; mientras, sólo en enero de este año se diagnosticaron 1.600 y en la primera semana de febrero, otros mil.

Aún más perturbadora es la cifra de 60 lactantes infectados con la Covid-19 en las primeras seis semanas del año.

Pero a pesar de este escenario, Cuba tiene en su haber un logro no menor en la ardua lucha contra el Sars-Cov-2: a diferencia de otros países de la región, la isla no ha reportado muertes de madres embarazadas o de niños a causa de la enfermedad. No es casualidad.

Para describirlo mejor, las declaraciones de la Dra. Lissette López González, jefa del grupo nacional de Pediatría de Cuba, en una reciente entrevista en el programa Mesa Redonda.

“Los niños están concebidos para vivir en un ambiente saludable y por eso la responsabilidad que tiene el gremio médico y obviamente la sociedad porque esto es un país que tiene todas las garantías institucionales que nos permiten que vayamos por un camino seguro”.

 Por eso y por mucho que duela estar lejos de la familia, madres como Laura, tienen la certeza de que sus hijos nacerán y crecerán con todas las garantías básicas de salud y atención. Tiempo habrá de sobra, cuando todo esto pase, de abrazar a los suyos y mirar juntos desde una misma ventana.

 

 

 

 

Mirada al País: Tejiendo los hilos de la lucha

 

Especial para CLARIDAD

Vivimos momentos históricos y de definición como nación puertorriqueña. El sistema capitalista y colonial en Puerto Rico ha tocado fondo en el momento que la deuda se ha hecho impagable. El Congreso de Estados Unidos legislo para cobrar la deuda mediante una Junta de Control Fiscal que rehabilite el crédito del país de modo que se regrese a la situación política y fiscal que permita al país seguir endeudado. La pandemia que azota al mundo nos demuestra la necesidad de superar las propuestas neoliberales que destruyen las políticas para garantizar servicios de educación, salud, vivienda, trabajo, alimentación y seguridad social entre otros derechos humanos.

Es momento de rescatar la solidaridad mediante propuestas concretas que cuestionen el sistema colonial y las propuestas neoliberales. Tenemos que trascender la resignación ante la colonia, o peor aún, el sucumbir ante los cantos de sirena del capitalismo, aceptando que la salvación es individual y aceptar que Dios reparta suerte.

Además de oponernos al plan de ajuste que la Junta, los bonistas, sindicatos norteamericanos y el gobierno en secreto discuten y pretenden aprobar, se hace necesario promover acciones concretas que deben ocupar la educación sobre el tema, la organización y movilización efectiva y la propuesta concreta a apoyar.

Utilizar todos los recursos, medios y foros posibles es importante y necesario. Pero lo fundamental es que seamos consecuentes en construir poder político y social de modo que podamos ir transformando y educando nuestras mentes para lograr el objetivo. La clase trabajadora, como fuerza productora de la riqueza del país tiene que verse unida mediante la integración de trabajadores por cuenta propia, sindicatos, centros culturales, organizaciones de mujeres, políticas, comunitarias, en fin, toda organización que complemente el universo del movimiento obrero clasista y militante.

Dentro de este contexto, identificar las causas y luchas que además de unirnos, son urgentes, se hace necesario. La educación pública, la salud, la seguridad social (pensionados y jubilados) y la vivienda son áreas de trabajo que debemos asumir todos los sectores.

La crisis de liderato que existe en el Departamento de Educación, incluyendo la Universidad de Puerto Rico, donde pasados secretarios han sido convictos, otros esperan juicio, las renuncias de los directores en las estructuras antes de culminar el termino ha sido frecuente, entre otros males, exigen de todos asumir posición. Una propuesta coherente y real debe ser respaldada. Las organizaciones magisteriales en unión a los gremios universitarios y comunitarios deben proponerla.

En el área de salud, el 5 de enero de 2021, el representante Denis Márquez Lebrón radicó un proyecto de ley (P de la C 113) para crear el Plan Nacional de Salud el cual en un proceso de cuatro años nos permitiría establecer una corporación con financiamiento propio, constituir un sistema regionalizado basado en la prevención y crear una red de centros comunitarios para atención primaria. El proyecto visualiza un Fondo Nacional de Inversión en Salud Publica e Investigación. Es un proyecto concreto, viable, que permite superar la privatización del negocio de la salud hacia una propuesta de salud pública como derecho humano.

Esta es una propuesta que se debe atender y apoyar por todos los sectores sociales. Los trabajadores sindicalizados tienen mucho que aportar en este tema. La renovación del plan médico reduce el poder adquisitivo del trabajador y hasta los servicios a recibir. Los patronos se quejan de los altos costos. La mayoría de nuestra población depende del servicio de salud pública. Vivimos más pero las enfermedades aumentan porque no hay prevención ni planes de investigación epidemiológica.

Mientras tanto, los planes privados copan los medios de comunicación para vendernos el seguro medico como parte de un concurso donde cada cual ofrece más y acusa al competidor de mentiroso. Esta propuesta del representante del Partido Independentista Puertorriqueño supera el negocio y permite a los planes privados complementar las cubiertas de manera que pueden continuar existiendo pero no compitiendo para ofrecer la cubierta básica que sería universal.

Leer y analizar este proyecto es importante. Pedir la celebración de vistas públicas para enriquecerlo y finalmente aprobarlo será el reto. Las necesidades de salud que tenemos y el derecho que nos asiste se imponen.

Organizaciones sindicales y de trabajadores jubilados han logrado avanzar en la discusión de un proyecto de ley que garantice una pensión a ciertos empleados y jubilados del sector público. Sin embargo, todavía falta extender este beneficio de seguridad social a los trabajadores del sector privado, amas de casa y trabajadores por cuenta propia. Los patronos promueven el no hacer aportación alguna a la seguridad social de los trabajadores. Y a los nuevos trabajadores pretenden negarle todo beneficio marginal como es, plan médico, licencias de vacaciones, enfermedad, bono de Navidad y otras condiciones de trabajo. Rescatar la negociación colectiva, aumentar los esfuerzos de organización sindical y por sectores es importante para construir la sociedad libre de explotación y con igualdad social que aspiramos.

Donde vivimos no se limita al techo que nos de seguridad. Esa vivienda segura debe complementarse con un ambiente libre de contaminación y que respete la naturaleza. Deber tener una visión comunitaria donde los problemas comunes los atendamos como comunidad y no individualmente. Poder eliminar las verjas y las urbanizaciones cerradas significa que logramos una vida en comunidad segura. Hoy se esperan recibir miles de millones de dólares para el área de vivienda. Que estos fondos transformen la vivienda para quienes lo necesiten en lugar de que se tramiten en préstamos hipotecarios a favor de la banca privada debe ser la meta.

¿Cómo tejer los hilos de cada causa para que al final la alfombra nos cobije a todos y todas? ¿Cómo ser solidarios desde cada trinchera? Muchos sectores caminan aportando sus experiencias y sus acciones concretas. Sumemos los esfuerzos para obtener logros concretos que nos animen a derrotar la Junta, la colonia y el neoliberalismo.

Mirada al País: ¿Por qué investigar los albergues?

 

Especial para CLARIDAD

La historia de los albergues o casas de acogida para las sobrevivientes de violencia doméstica en Puerto Rico comenzó en el 1979, con el establecimiento de la Casa Protegida Julia de Burgos. Nombrándola como nuestra poeta nacional, las personas que la crearon dieron paso a una iniciativa comunitaria para proteger a mujeres que golpeadas física y emocionalmente por sus parejas, querían escapar del oprobio del maltrato y buscar seguridad para ellas, sus hijas e hijos, pero no tenían un lugar seguro al cual dirigirse. Hacerlo con familiares conocidos por el agresor no era una opción pues hasta allí llegaría. Compañeras como Mercedes Rodríguez y Mary Anne Maldonado que trabajaban con sobrevivientes de agresión sexual desde el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación creado en el 1976, identificaron la necesidad al buscar y no encontrar opciones para un caso real decidieron actuar. No se trataba solamente de techo y comida, sino también de apoyo emocional, de garantizar la seguridad, desarrollar métodos de intervención no asistencialistas para fortalecer la autoestima lastimada por la violencia y de que las mujeres se pusieran de pie para buscar la paz. Esfuerzos similares surgieron posteriormente, fruto también de iniciativas comunitarias, entre ellos, Hogar Ruth, Casa de la Bondad, Hogar Nueva Mujer. La mayoría forma parte de la Red de Albergues.

Los esfuerzos de estas organizaciones para ofrecer servicios a las sobrevivientes de violencia se han expandido para desarrollar programas de vivienda que les permitan tener un hogar cuando están fortalecidas. También servicios para la niñas y niños que afectados también por la violencia que sobreviven sus madres requieren de ayuda especializada, tutorías después de la escuela y atención cuando ella salen a citas en los Tribunales y agencias de gobierno o participan de estudios o adiestramientos como parte de los esfuerzos para que sean independientes. Todos estos esfuerzos requieren de mucho dinero para la contratación de personal especializado en las disciplinas de la conducta, el pago de rentas o hipotecas, alimentación, servicios esenciales, entre muchas otras cosas. Son múltiples las propuestas económicas que las instituciones tienen que someter a entidades gubernamentales que administran fondos federales y de Puerto Rico, como el Departamento de la Familia, Vivienda, la Procuraduría de las Mujeres, el Departamento de Justicia, la Administración de Tribunales, algunos municipios y, por supuesto, las asignaciones de Fondos Legislativos. También se solicitan fondos mediante propuestas a fundaciones privadas.

Tomando en cuenta la misión de salvar vidas que tienen los albergues a la luz del estado de emergencia por violencia de género que existe en Puerto Rico, el cual finalmente y luego de casi dos años de estarlo exigiendo ha sido reconocido por el gobierno, el proceso de asignación de fondos debería ser ágil, eficiente, con un enfoque sensible por tratarse de sobrevivientes de violencia de género, riguroso por ser fondos públicos, pero no obstaculizador y burocrático. Pero, es todo lo contrario. La demora en la aprobación de propuestas, que los pagos sean por reembolso en lugar de por asignación adelantada y hechos además de forma desconsideradamente tardía, coloca a las organizaciones en precario constante. Así ha sido denunciado en repetidas ocasiones. Es el apoyo comunitario a las múltiples actividades de recaudación que llevan a cabo, como el Bazar Navideño de Casa Julia y los donativos de algunas compañías privadas, el salvavidas que les permite continuar ofreciendo servicios, aunque no son pocas las veces que han estado con el agua al cuello.

Ante este panorama me llama la atención el interés de la recién electa senadora del Proyecto Dignidad, Rodríguez Veve para investigar los albergues. Con ese propósito presentó el 10 de febrero la Resolución 91 “…para investigar el funcionamiento y efectividad de los servicios ofrecidos por los albergues de mujeres víctimas/sobrevivientes de violencia en Puerto Rico; y para otros fines relacionados”. Por supuesto, asigna la investigación a la “Comisión de Asuntos de Vida y Familia” que creó a la medida de ella y de la ideología que representa, el presidente del Senado José Luis Dalmau, en un claro intercambio de apoyo para sus aspiraciones, aunque de la boca para afuera lo haya negado. Como es sabido, la representación del Proyecto Dignidad en ambos cuerpos legislativos se opuso a la declaración del estado de emergencia por Violencia de Género y no se cansan de vituperar en contra de la educación con perspectiva de género, herramienta reconocida por los organismos internacionales de derechos humanos, como instrumental para erradicar la violencia machista y propulsar la equidad.

La Senadora justifica su propuesta aludiendo a investigaciones previas inconclusas. Al mismo tiempo que utiliza en la Exposición de Motivos del Proyecto un lenguaje que parecería congraciarse con los albergues indica que los servicios que ofrecen son un eslabón importante para la protección, no revictimización. También se refiere a que los resultados permitirán ampliar y establecer parámetros necesarios para el funcionamiento óptimo de los albergues y la necesidad de legislar. Conociendo la posición del Proyecto Dignidad y de su representación legislativa sobre la violencia de género es preocupante que el interés por investigar los albergues, no esté guiado por el propósito de apoyar y mejorar las políticas públicas respecto a estos sino de intervenir con instituciones sin fines de lucro que ofrecen servicios que el estado no está en la capacidad de proveerle a las sobrevivientes de violencia, sus hijas e hijos. Están debidamente incorporadas, rinden formes al Departamento de Hacienda y al de Estado Por los fondos federales y de Puerto Rico que reciben son auditadas por las entidades que los proveen o canalizan y hay monitorías periódicas. ¿ Qué está realmente detrás de la investigación? Nada deben tener que esconder las organizaciones, pero ¿“A Santo de Qué”, como diría Mamá Mercedes, este súbito interés? Me preocupa el posible sesgo y el prejuicio. El tono de la Resolución es de fiscalización no de reconocimiento y búsqueda de alternativas para que mejore la situación de los albergues y puedan operar con más holgura financiera, sin el estrangulamiento de las entidades gubernamentales.

Se supone que en la Legislatura esté soplando una brisa fresca con los cambios producidos por las tormentosas pasadas elecciones. Sin embargo, el disfrute de esa brisa puede ser afectado por intervenciones oportunistas que nada bueno van a reportar para el bienestar de las mujeres, sobre todo cuando de violencia de género se trata. Confío en que la Resolución mentada no sea aprobada, al menos que no lo sea con el tono que tiene y que de aprobarse no sea asignada a la Comisión creada a la hechura de su autora. Mientras tanto, hay que mantenerse alerta ante los esfuerzos de quienes tienen una agenda retrógrada para echar hacia atrás lo que con tanto esfuerzo hemos recuperado o adelantado.