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Llamado de organizaciones independentistas para el 1ro. de mayo

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Las organizaciones componentes del movimiento de liberación nacional firmantes de este documento hacemos un llamado a participar de una Jornada de Lucha a llevarse a cabo este próximo 1ro de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y las trabajadoras, para denunciar el mal manejo gubernamental en la crisis y exigir mayores protecciones para nuestra gente.

Desde febrero del corriente año, al inicio de la pandemia del COVID a nivel mundial, la administración del gobierno colonial ha actuado con negligencia criminal. Desde declaraciones iniciales negando que este fuera un problema, la renuncia consecutiva de Secretarios de Salud, los señalamientos de corrupción en la compra de pruebas, estadísticas imprecisas, medidas punitivas sustentadas en data inexacta y ahora el intento irresponsable de apertura de comercio, son solo muestras de un gobierno que actúa solo en interés y beneficio del sector privado.

Al momento, no se ha implantado una política salubrista adecuada ni se han distribuido fondos de emergencia necesarios a las grandes mayorías trabajadoras y empobrecidas del país.

Con nueve mil millones de dólares en efectivo en las arcas del gobierno, hoy miles de trabajadoras y trabajadores siguen esperando sus primeros cheques de desempleo. El Departamento de Hacienda ha entorpecido la distribución de los famosos $1,200.00, y no hay pruebas para el virus disponibles a niveles masivos y gratuitas; siendo estas medidas necesarias para sobrevivir la pandemia y superar el cierre de fuentes de empleo forzado por las prácticas erráticas del estado. Mientras el gobierno no está dando los pasos necesarios, se descubre cada día nueva evidencia de corrupción y falsedad en las promesas de sus administradores. Y en medio de esta desastrosa respuesta gubernamental, representantes de la clase patronal intentan una normalización de la rutina industrial y comercial.

Las organizaciones componentes del movimiento de liberación nacional firmantes de este documento, sostenemos que intentar ampliar el proceso productivo sin unas condiciones mínimas necesarias, sería una reactivación de las ganancias patronales a costa de la salud y la vida de la clase trabajadora y sus familias.

Exigimos que las condiciones necesarias para la supervivencia de nuestro pueblo en estos momentos deben incluir, como mínimo:

  1. Compensación económica a toda unidad familiar por el dinero dejado de devengar por el cierre obligado por la pandemia y decisiones del estado.
  2. Pruebas masivas, gratuitas y accesibles a través de todo el país.
  3. Servicios hospitalarios de calidad y gratuitos con suficiente personal debidamente equipado y protegido para atender pacientes.

Estas condiciones NO pueden limitarse a una oferta de promesas del gobierno ni de la clase patronal, pues sabemos que fue este mismo binomio el que prometió la creación de decenas de miles de nuevos empleos, al eliminar los días festivos, vacaciones, paga adicional los domingos, acceso a permanencia y otros derechos. Promesas huecas que nunca produjeron empleos mientras trajeron como consecuencia la implantación del desmantelamiento de derechos y del servicio público. NO queremos promesas, exigimos hechos concretos comprobables por representantes de los sectores políticos (más allá del partido de gobierno), de los sindicatos y los grupos comunitarios. Y en el contexto actual, decretar la «normalidad» es igual a una condena a muerte a nuestra clase trabajadora, por lo tanto, una declaración de guerra en nuestra contra y debe ser combatido.

Conjuntamente, expresamos además nuestra solidaridad con las comunidades boricuas de la diáspora en EU que enfrentan las nefastas políticas de un gobierno empresarial, clasista y xenófobo que pone los intereses del capital por encima de la salud y bienestar de las y los que, con su trabajo, producen la riqueza material que hace posible su desarrollo económico.

Por eso este 1ro de mayo de 2020, Día Internacional de los Trabajadores y la Trabajadoras, lo conmemoraremos con un Día de Lucha y Resistencia Nacional conformado por diversas actividades que las personas podrán realizar respetando el distanciamiento físico necesario para prevenir contagios.

Todo el Día

Despliegue en casas y carros de la Bandera Nacional Boricua, pancartas y cartulinas con reclamos alusivos a la lucha de los trabajadores y trabajadoras en el Día Internacional de los Trabajadores.

Por ejemplo:

  • Con Mascarilla, Pero Sin Mordaza
  • Pruebas Gratis y Masivas, Ahora
  • Cárcel a los Corruptos
  • Sistema de Salud Gratuito
  • Salud y Seguridad a trabajadoras y trabajadores
  • Más agricultura, Menos Represión
  • $$$ Ahora para las familias

12:00 pm

Twitazo Por Las Trabajadoras y Trabajadores que están trabajando durante la Pandemia. #GloriaALasManosQueTrabajan

12:00 pm a 4:00 pm

Videos, conferencias en línea con mensajes de organizaciones en las páginas de Facebook

6:30 pm

Cacerolazo Primero de Mayo «Con mascarilla pero sin Mordaza» en Puerto Rico y en La Diáspora

8:00 pm

Cacerolazo por la salud en Puerto Rico

Organizaciones firmantes:

Organizaciones en Puerto Rico

Comité de Solidaridad Con Cuba

Frente Socialista de Puerto Rico

Jornada: Se Acabaron Las Promesas

Movimiento Independentista Nacional Hostosiano

Movimiento Nacionalista Revolucionario

Movimiento Ñin Negrón

Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores

Partido Independentista Puertorriqueño

Partido Revolucionario de los Trabajadores Puertorriqueños-Macheteros

 

Organizaciones Puertorriqueñas en la Diáspora

A Call To Action On Puerto Rico

Frente Independentista Boricua – organizaciones que lo componen:

  • Comité de Nueva York Partido Independentista Puertorriqueño
  • Comité de Solidaridad Diáspora Boricua (COSODIBO)
  • Comités de la Resistencia Boricua
  • El Grito
  • Friends of Puerto Rico Initiative
  • Junta de Nueva York y Nueva Jersey del Partido Nacionalista
  • Partido Revolucionario de los Trabajadores Puertorriqueños-Macheteros
  • Patria y Cultura
  • Puerto Rico Me llama
  • Virtual Boricua

Unión Patriótica Boricua de la Florida Ce

Central Puertorriqueña de Trabajadores hace reclamos al gobierno en ocasión del Primero de Mayo

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En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT) realizó una serie de reclamos al gobierno relativos al mejor bienestar de los servidores públicos, empleados de la industria privada y ciudadanos en general tras los efectos de la pandemia provocada por la propagación sin precedente del coronavirus COVID 19, al tiempo que hizo un reconocimiento especial a los trabajadores de la salud.

Sobre el particular se expresó Emilio Nieves presidente de la Central, “los trabajadores y trabajadoras somos la herramienta principal para generar riqueza, garantizar servicios y atender las necesidades esenciales del pueblo. Hoy primero de mayo de 2020, en medio de la pandemia del COVID-19, reconocemos a los trabajadores de la salud, alimentación, agua, educación, energía eléctrica, comunicaciones, seguridad, transportación, puertos, entre otros que se han mantenido dando servicios al pueblo durante esta emergencia.”.

Sobre la salud del pueblo y la reapertura del gobierno y las empresas:

Acerca de la salud del pueblo, el líder sindical enfatizó que “el gobierno no puede renunciar a su responsabilidad constitucional con la salud del pueblo, aunque la privatización de hospitales y las aseguradoras de planes de salud obstaculicen ese compromiso social. Por eso, al reconocer a los trabajadores de la salud su compromiso social con el pueblo, condenamos los actos de corrupción que rodean los procesos para garantizarle al pueblo las pruebas de COVID-19 que se necesitan”.

Añadió Nieves que el distanciamiento físico impuesto por el gobierno de Puerto Rico es una medida necesaria para combatir el COVID19. No obstante entiende que las deficiencias e irregularidades para realizar las pruebas y el incumplimiento del rastreo prometido provocan la extensión del tiempo determinado mediante el toque de queda.Abundó que ello incide en el agotamiento del presupuesto de cada familia afectando su salud física, emocional, social, familiar y económica.

Estableció que los empleados del gobierno de Puerto Rico tienen, por el momento, su salario asegurado lo cual es una medida de justicia social. Al tiempo que recordó que este no es el caso para los empleados del sector privado, cuando al presente, de los más de 600,000 trabajadores, miles han sido despedidos, otros están amenazados con despidos, se les está agotando sus licencias (enfermedad, vacaciones) e implantando la reducción de horas, entre otras medidas que afectan su estabilidad económica. “Al extenderse el toque de queda la situación de los trabajadores se agudiza y genera desesperación, hambre, más desempleo y más gente enferma”, puntualizó el líder de la CPT.

Al reconocer que la salud es la prioridad para atender como pueblo, subrayó el sindicalista que “lo que tenemos que evitar es, como sugiere el economista José Caraballo Cueto, tratar a la salud y la economía como una dicotomía, porque se pueden crear otras enfermedades sociales que van a incidir en aumentar los contagios de COVID-19. Todos sabemos que,si se realizan las pruebas masivas, se acorta el tiempo bajo toque de queda. Por ello, urge aumentar significativamente la implantación de pruebas y los mecanismos para el rastreo de contagio” enfatizó Nieves.

El líder sindical afirmó que se requiere evaluar la implantación de un proceso de transiciónque garantice la reapertura del servicio público, comercio y empresas de servicios, tomando las medidas de distanciamiento físico y de higiene. Estableció igualmente que existe la alternativa de recurrir nuevamente al toque de queda que puede alternarse con la reapertura de la economía hasta lograr la estabilidad de control del COVID-19. “Es impostergable evaluar estas alternativas porque las fases para la creación de la vacuna, la vacunación masiva y la recuperación económica pueden tomar dos años”, sentenció Nieves.

Sobre el proceso gradual hacia la reapertura y ante la no inclusión de los trabajadores en las discusiones, se refirió a las expresiones recientes del economista Francisco Catalá, “los sindicatos deben jugar un papel significativo en el proceso de reabrir la economía.”  Según el líder sindical no es aceptable que la gobernadora Wanda Vázquez y sus representantes se reúnan preferencialmente con empresarios y jefes de agencias y corporaciones, excluyendo a los trabajadores. “Las organizaciones sindicales tenemos un compromiso con el desarrollo social y económico de Puerto Rico. Por lo tanto, tenemos mucho que aportar en la solución de los problemas. El fracaso de un gobierno o unaempresa se vincula intrínsecamente a la falta de diálogo y acuerdos con sus trabajadores”, afirmó.

“En o antes del 1ro. de mayo de 2020 es el momento propicio para que la gobernadora, Wanda Vázquez, antes de impartir las medidas a implantarse a partir del 3 de mayo, anuncie y realice la reunión con los dirigentes sindicales que representan a trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado para dialogar sobre los reclamos que exige este momento histórico. Reafirmamos nuestro compromiso de realizar todas las acciones necesarias para que nuestros reclamos sean acogidos y canalizados para convertirse en realidad”, concluyó el presidente de la Central de Trabajadores de Puerto Rico.

 

 

Reclamos puntuales al gobierno de parte de la Central Puertorriqueña de Trabajadores en ocasión del Primero de Mayo

 

Es un deber sindical, humano y patriótico, presentar los reclamos de los trabajadores y trabajadoras de Puerto Rico:

  1. Celebrar una reunión inmediata de la gobernadora Wanda Vázquez con los que representan a los trabajadores del servicio público y de la empresa privadapara dialogar respecto a las medidas a implantarse en el proceso de reincorporar a los empleados a su taller de trabajo y la reapertura gradual de la economía. Igualmente celebrar una reunión con los diversos gremios profesionales que agrupan a trabajadores tales como mecánicos, peritos electricistas, abogados, contables, barberos, cosmetólogas, entre otros.
  2. Cada agencia, corporación o empresa privada deberá proveer a sus trabajadores los materiales y equipo necesarios para garantizar la salud y la seguridad de los empleados.
  3. Establecer los protocolos en cada taller o centro de trabajo para reincorporar a los trabajadores a su empleo, incluyendo la prueba rápida del COVID-19. Esto incluye establecer los protocolos para ofrecer servicios al pueblo.
  4. Hacerpruebas masivas para el pueblopara detectar contagios de COVID-19.
  5. Impulsar enmiendas a las leyes laborales para ampliar la licencia por enfermedadde los trabajadores del gobierno y de la empresa privada.
  6. Aprobar legislación para crear la licencia de días pagados a empleados por emergencias naturales o de pandemia.
  7. Impulsar medidas que garanticen estabilidad en los servicios de saludde los trabajadores y el pueblosin que medien los intereses de ganancias propios de la privatización de hospitales y el negocio de las aseguradoras de planes de salud. Encaminarnos hacia un sistema de salud universalen la cual el gobierno se convierte en el pagador único de servicios a los proveedores.
  8. Eliminar todos los contratos innecesariosque desplazan empleados y abren las puertas a la corrupción.
  9. Establecer mediante acuerdo con los sindicatoslos procesos a crearse de teletrabajo y participar activamente en la elaboración de los reglamentos correspondientes.
  10. Reducir la cantidad de estudiantes por grupo para garantizarles salud y atencióna sus necesidades académicas de forma individualizada y colectiva.
  11. Cancelar los desembolsos del presupuesto de Puerto Rico a la Junta de Control Fiscal y los contratos millonariosque otorgan a sus asesores. Redirigir esos fondos a medidas para servicios de salud del pueblo ante la lucha del COVID19.
  12. Aprobar el Proyecto de la Cámara 2434 para la Ley por un Retiro Dignoen la cual, en el marco de la pandemia, protege la pensión presente y futura de la población más vulnerable al COVID-19.
  13. Utilizar los $9 billones reservados para los bonistas para atender las necesidades del puebloque se han agudizado con tres eventos que han afectado nuestro desarrollo social y económico: huracán María, terremotos en el sur y Covid-19.

 

 

                                   

       

                  

La cuarentena no es igual para todas las personas

Por
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Por Candida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

¡La cuarentena no es igual para todos(as)! es el grito que lanzan organizaciones no gubernamentales (ONG) y las comunidades alrededor de la isla frente a la gestión del Gobierno para atender la emergencia provocada por la epidemia del coronavirus (COVID-19).

Unas cuarenta organizaciones de base comunitaria se constituyeron en una Mesa Social para exigir a la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, acción gubernamental en áreas de derechos humanos, como parte de la atención a la epidemia. A esos fines, la Mesa Social le envó una carta a inicios de abril en donde le planteaban sobre las áreas  a las que el Gobierno debería de dar acciones específicas, empezando por  una respuesta coordinada del Estado.

En tanto, un grupo de líderes comunitarios también le cursó una carta, el 3 de abril, a la Primera Ejecutiva en la que denuncian que el Gobierno no ha tomado en cuenta el trabajo de los líderes comunitarios ni las circunstancias de las comunidades de bajos y moderados ingresos durante la imposición de la cuarentena para atender la epidemia y reclaman atención a sus necesidades.

La Mesa Social está integrada por organizaciones no gubernamentales (ONG) ya establecidas. En entrevista, la doctora Carmen Milagros Vélez Vega hizo alusión a que las ONG siguen trabajando con todos los problemas que había antes de la epidemia y del toque de queda. Según ella, “ahora es peor”.  Comentó que Puerto Rico es un país ya traumatizado, que ha tenido una crisis sobre otra, que tiene muchos problemas de salud mental y  que sus servicios están limitados. Mientras,  tiene que atender la epidemia del coronavirus.

La doctora, que trabaja con el Comité Amplio de Búsqueda de Equidad (CABE), expresó preocupación por la población transgénero, sobre todo los que salen a la calle a trabajar, los cuales, dijo, están expuestos al discrimen y a la violencia. Muchos de los integrantes de esta comunidad son jóvenes a quienes sus padres echaron a la calle y ahora no tienen dónde vivir.

“Hay que mirar modelos de salud pública que reconocen cómo las poblaciones más vulnerables y con menos recursos suelen ser las víctimas fatales en tiempos de desastres o de pandemia. Puerto Rica necesita incorporar una mirada de derechos humanos al manejo del COVID-19 y monitorear la respuesta gubernamental desde esa perspectiva. De lo contrario, los problemas sociales que teníamos el 15 de marzo (fecha de la primera Orden Ejecutiva) se agravarán con consecuencias fatales. Recordemos que el COVID-19 no eliminó ninguno de esos problemas; al contrario, los exacerba”.

 

La portavoz de la Mesa Social expresó su respaldo a la petición de los líderes de las comunidades: “Nosotros lo que queremos es que mientras más voces haya, se atiendan. Ellos (se refiere a las personas del Gobierno) actúan como si existieran solamente ellos y sus realidades acomodadas”.

 

Gritan las comunidades

“Nosotros somos ese pueblo de Puerto Rico al que usted menciona en sus mensajes; sin embargo, no se nos incluye en ningún task force, ni se nos pregunta ni convoca.  Queremos participar y estamos disponibles.  Como líderes comunitarios, tenemos mucha experiencia, conocemos el perfil de nuestras comunidades y las necesidades de nuestra gente, y siempre hemos estado dispuestos a colaborar.  Podemos servir de enlace con las autoridades del Estado para asegurar que las ayudas llegan a donde tienen que llegar”.

Así lee parte de la carta enviada por líderes de varias comunidades de San Juan, Naguabo, Yauco, Caguas, Juncos y Loíza a la gobernadora.

“Esto es bien difícil para las comunidades viejas. Yo tengo que  casi entre el 60 a 70 de la comunidad son envejecientes. Es bien cuesta arriba. Recientemente, la Fondita de Jesús me acaba de donar unas 12 compras, pero las mascarillas, guantes… Después se quejan de que los envejecientes están en las tiendas sin mascarillas, guantes. Oye, pero sabes que tienen, que moverse en transportación pública y apenas han podido abastecerse. Es una cosa abusiva, una falta de visión de compasión”.

Omayra Ríos, portavoz de la comunidad de Shangai, no oculta su indignación ante las exigencias del Gobierno. A preguntas deCLARIDAD, Ríos afirmó que en la comunidad no han tenido ningún acercamiento ni por parte del Departamento de la Familia (DF), ni de la Procuraduría del Envejecientes (PE).  Al reparar que todas esas oficinas están cerradas, censuró que inclusive Comedores Escolares hasta hace poco estaba pensando qué hacer con la comida que se le está venciendo. “No tienen ni la visión de repartir esas compras en las comunidades que están cerca de las escuelas, esas compras que están a punto de perderse”.

La líder comunitaria denunció además la inacción a estas alturas de la llamada Oficina de Desarrollo Económico, antigua Oficina de Comunidades Especiales. “¿Hasta cuándo las organizaciones sin fines de lucro vamos a estar cargando este bendito país?”, manifestó Ríos, quien es la secretaria de la Alianza Lideres de Puerto Rico (ALPR). A la vez que reconoció que el trabajo voluntario comunitario es uno de empoderamiento reparó en  que el Gobierno tiene una responsabilidad, un trabajo que le toca hacer y tiene que dar una rendición de cuenta.

La líder comunitaria expresó que la gente de Shangai y de las otras comunidades circundantes como Villa Palmeras, Sagrado Corazón, Barrio Obrero, “son gente de a pie”. En particular, en estos sectores prevalece la comunidad dominicana, la cual está en una posición aun más frágil. Dado a que todo se encuentra cerrado debido a la cuarentena, dijo que tiene que orientar a la gente sobre dónde dirigirse a buscar servicios desde su casa, lo que describió como “una locura”, por el reto que representa obtener algún tipo de ayuda. Incluso ha recibido llamadas solicitándole ayuda para pampersy para orientación de una comunidad de Ponce.

“¿Cuál es el plan, cuál es el plan, del plan? ¿Dónde está la cabeza de esa gente, que no sea saquear el país? ¿En qué otra cosa pone empeño?  Las comunidades están luchando solas, porque el Gobierno nunca se presenta”.

Por su parte, otro de los firmantes de la declaración de los líderes comunitarios, Carlos Iván Pérez García, de la comunidad Playa Húcares de Naguabo, dirigió su preocupación a la falta de servicios para atender la salud mental de los residentes de comunidades de bajos y moderados ingresos, que en su mayoría son personas de mayor edad.

 Que acabe el asolamiento

“Ya estamos viendo personas desubicadas en tiempo y espacio por llevar mucho tiempo encerrados. Me preocupa. Entiendo que los trabajadores sociales no deben estar trabajando en remoto, deben estar en primera línea como lo están haciendo los líderes comunitarios, los médicos, enfermeras, como está todo el personal clínico”, reclamó quien fue director asociado del Hospital Psiquiátrico Manuel Fernández Marina.  Aludió a que el Gobierno pierde de perspectiva que el principal problema de salud del pueblo puertorriqueño es la salud mental.

Pérez García trajo a la atención que la población de escasos recursos no tiene a dónde acudir, incluidas a las personas que tienen condiciones de salud que requieren de sus médicos especializados. Indicó que personal de primera línea también está siendo afectado por su trabajo. Contó que tuvo la experiencia de que tres enfermeras del área este le llamaron para expresarle que habían cogido miedo a trabajar, al punto de que no podían ver el hospital, ya que le tienen pánico. Describió la conducta de las enfermeras como una “ansiedad anticipatoria compulsiva”. Reveló que sus patronos solo le daban oportunidad de estar tres días fuera.

La comunidad Húcares de Naguabo, que fue una de las más devastadas por el huracán María, tiene un líder por cada una de sus calles, los cuales se turnan para llevar al pueblo, los miércoles y jueves, a los vecinos que lo necesiten.

Pérez García defendió de la carta cursada a la gobernadora en que establecen que “los líderes comunitarios no queremos ni neveras, ni queremos chavos: queremos que nos inserten. Las comunidades ya detestan los políticos. Les hacen caso a los líderes comunitarios”.

Desde la comunidad Buenos Aires de Caguas, en colindancia con San Lorenzo, Miriam Matos narró las vicisitudes de su comunidad: “No hemos tenido el apoyo de ninguno de los dos municipios, porque ninguno de los dos nos ha llevado ni guantes. La mayoría de mi comunidad es gente mayor de 70, 80 hasta de 95 años. En nuestra población no hay jóvenes. Somos una comunidad retirada, incomunicada totalmente de los servicios más esenciales. Para los trabajadores sociales o médicos ahora mismo bajar a un envejeciente y llevarlo a un hospital en Caguas es matarlo”.

Según describió, la mayor parte de los residentes de Buenos Aires son madres que viven solas, cuyos hijos han emigrado a Estados Unidos y suelen visitarles dos veces al año, por verano y Navidad.

22 de abril de 2020. Puerto Rico: Un nuevo piquete servicarro por parte de un grupo de ciudadanos ocurrió esta mañana a las afueras de las instalaciones del Departamento de Salud para reclamar que se utilicen las pruebas de COVID-19  de manera estratégica en la isla y además que se trace un plan adecuado ante el golpe económico de la pandemia.

Uno de los retos que enfrenta la comunidad, como prefiere decir Matos, es que aun cuando la comunidad está más cerca de San Lorenzo que de Caguas, que queda a 45 minutos, el cierre de los accesos a San Lorenzo les obliga a ir a Caguas en busca de servicios médicos y de supermercados. Estos últimos, denunció, han subido los precios. También lo han hecho las farmacias.

“No hay médicos que vayan a las casas. No hace mucho murió una persona en su casa a las 11 de la mañana y lo vinieron a recoger a las 9:30 de la noche”. Una de las tareas en que dijo que está envuelta en estos momentos es en exhortar a las personas a que llenen el censo: “Tenemos que hacernos sentir y que se sepan las necesidades que estamos enfrentando”.

Matos lamentó que el trabajo del líder comunitario no se vea como un trabajo esencial.  En esa dirección trajo de ejemplo de que el sector tiene cinco sistemas de acueductos comunitarios y los encargados de activarlos han enfrentado problemas con la Policía que insiste en arrestarlos por estar supuestamente violentado el toque de queda.

Un aspecto que tanto la Mesa Social y los líderes comunitarios denunciaron de manera vehemente es la presunción del Gobierno de que todos los estudiantes del sistema público tienen acceso a una computadora y la red cibernética.

Matos expresó que los pocos niños que hay en su comunidad, al igual que los pocos universitarios, no tienen computadora. “Yo misma lo que tengo es un celular, pero Educación está asumiendo que los niños tienen internet en sus casas”.

Ninguno de los dos grupos, a más de una semana de cursadas sus misivas, había recibido una respuesta afirmativa de que serían atendidos en La Fortaleza.

 

 

 

 

 

Venezuela en una doble encrucijada: el COVID-19  y las agresiones de Estados Unidos

Por
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Análisis de Noticias

Por Redacción de CLARIDAD

La desinformación sobre lo que ocurre en  Venezuela arropa en un manto de oscuridad al mundo entero. Es el resultado del esfuerzo continuo de una poderosa maquinaria de deformación, creada y aceitada desde el gobierno de Estados Unidos, y convenientemente amplificada por los medios de prensa de dicho país y por otras redes de medios militantemente contrarias al gobierno Bolivariano y su presidente Nicolás Maduro.

Desenredar tan tupida madeja de desinformación no es tarea fácil, principalmente mientras se vive en vilo con la pandemia del COVID-19, que afecta a la humanidad entera y amenaza con alterar para siempre los supuestos bajo los cuales los seres humanos nos relacionamos unos con otros y con nuestro ambiente. Lo que sí es cierto  es que Venezuela y su población de 28.5 millones de habitantes también experimentan los rigores del COVID-19 igual que todos los países, pero en condiciones particularmente extenuantes, a causa del creciente bloqueo comercial y diplomático, y de las sanciones económicas y financieras extremas con que pretende asfixiarles el gobierno Estados Unidos.

A pesar del peso inevitable de esta situación, al cierre de estas líneas, los datos oficiales sobre el COVID-19  en Venezuela son realmente notables: 329 casos confirmados con 10 personas fallecidas y 142 recuperados. Por supuesto, que en el gobierno y los medios de Estados Unidos se afirma  que estos datos son falsos. Que las cifras de coronavirus en Venezuela están subestimadas y que es imposible creer cualquier información que provenga del gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, nadie en el gobierno de Estados Unidos, ni en la prensa de dicho país, ha podido ofrecer un solo dato que contradiga las cifras  oficiales, ni tampoco documentar la apocalíptica crisis de salud pública que pronosticaron para Venezuela a consecuencia del COVID-19. Esto es así, a pesar de que Estados Unidos cuenta con los principales medios de prensa privados de Venezuela entre sus aliados; de que mantiene en Venezuela una fuerza importante de agentes de inteligencia, y de que sostiene allí un gobierno títere de oposición, encabezado por el ex diputado Juan Guaidó como “presidente interino”, cuya única función es contribuir a la desinformación, sabotear al gobierno Bolivariano y pretender legitimar las violaciones de la soberanía y los derechos de Venezuela por parte del gobierno de Estados Unidos.

La realidad del coronavirus sobre el terreno en Venezuela no se recoge en los principales medios de prensa de Estados Unidos. Por el contrario, estos solo reportan sobre la situación cuando sirve el propósito de proyectar una imagen de caos e incompetencia gubernamental conforme a la que promueven el gobierno de Estados Unidos y las grandes corporaciones multinacionales que aspiran a retomar el control de las reservas de petróleo de Venezuela. Un artículo titulado Venezuela´s Coronavirus Response Might Surprise You,del periodista Leonardo Flores, y publicado en la revista digital estadounidense de corte progresista commondreams.org, presenta una realidad más balanceada y creíble de la doble encrucijada que matiza la respuesta del gobierno venezolano a la epidemia. Flores desentraña los antecedentes de la pandemia en Venezuela, y cómo estos se entrecruzan con la realidad política  y económica sobre el terreno. Relata los esfuerzos del gobierno, y su base de organizaciones locales, para intentar frenar el contagio antes de que el COVID-19 se convirtiera en una fuerza incontenible.

El artículo de Flores presenta la realidad de una economía y un sistema de salud devastados por el bloqueo y las sanciones de Estados Unidos, mucho antes de la pandemia del coronavirus. Estas sanciones, afirma el periodista, han empobrecido a millones de ciudadanos en el  país y han tenido un impacto negativo vital en la infraestructura económica, por ejemplo, en la generación de energía. Esto, a su vez, produce interrupciones continuas en el servicio eléctrico y de agua potable con serias implicaciones para el manejo efectivo de una crisis sanitaria de esta magnitud. Igualmente destaca los incontables obstáculos que enfrenta Venezuela para poder adquirir el equipo médico y sanitario que necesita en estos momentos.

Las agresiones de Estados Unidos son tan severas que han ocasionado macabras coincidencias. Precisamente, el día 26 de marzo de 2020,  cuando Venezuela anunció su primera persona fallecida por coronavirus,  los grandes medios de prensa en Estados Unidos y el mundo informaban al unísono que el gobierno estadounidense había acusado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de encabezar una red internacional de narcotráfico, y le ponían un precio de US $15 millones a su cabeza.

El conjunto de acciones del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela y su pueblo durante los pasados años, el recrudecimiento  de las sanciones económicas y financieras, el  despojo del oro venezolano, los impedimentos a la producción petrolera, el embargo a otros importantes recursos del país, las continuas violaciones a su soberanía y la indiferencia ante el sufrimiento que ocasionan a la gente de carne y hueso, parecieron servirle  de incentivo al esfuerzo del gobierno venezolano y de sus ciudadanos hacia el control de la epidemia.

Gracias a ello, las peores predicciones sobre el efecto del coronavirus en Venezuela no se han hecho realidad. Las sanciones de Estados Unidos ya habían controlado significativamente el tráfico de personas desde el exterior. Las autoridades y el pueblo venezolanos convirtieron esta realidad en una de las fortalezas de su respuesta ante el COVID-19. Lograron, aún dentro de sus enormes limitaciones de todo tipo, que el ministerio de salud pudiera organizar una respuesta robusta, utilizando medidas preventivas tempranas de cierre de aeropuertos y fronteras, el distanciamiento social, el cierre de operaciones diarias  y escuelas, la administración masiva de pruebas, y el rastreo y aislamiento de contactos. Igualmente, han podido ofrecer algunas medidas de alivio social a la población que más lo necesita.

Aunque el Fondo Monetario Internacional le negó a Venezuela un préstamo de emergencia por US $5mil millones, la solidaridad internacional se ha desbordado y jugado un papel fundamental en la respuesta de Venezuela al desafío. Además de asesores expertos, equipo médico y suministros de primera necesidad, China ha enviado cientos de miles de pruebas diagnósticas que le han permitido al ministerio de salud venezolano administrar cerca de 400,000 pruebas, y darle un impulso crucial al control de la epidemia. Rusia también ha enviado varios cargamentos de equipo médico, pruebas, mascarillas y otros artículos de protección, y Cuba, solidaria y consecuente, ha enviado 130,000 médicos y 10,000 dosis del medicamento interferón alfa-2b, entre otras ayudas.

Mientras el esfuerzo del gobierno y el pueblo contra el COVI-19 se intensifica, la “otra cara de la moneda” sobre la realidad actual en Venezuela se presenta en un artículo publicado el pasado 23 de abril por la agencia de noticias Prensa Asociada, bajo la firma del periodista Joshua Goodman y titulado Sources: Guaido allies take slice of first Venezuela budget.Citando varias fuentes internas de la Asamblea Nacional de Venezuela, Goodman revela que la mayoría parlamentaria capitaneada por Juan Guaidó aprobó para sus miembros sueldos de US $5,000 mensuales durante la emergencia del COVID-19. Esto se determinó en secreto, según Goodman, el mismo día que anunciaron la aprobación de un bono de US $100 para el personal sanitario que combate la epidemia.

El periodista señala que la aprobación de dicho pago, que no ha sido reportado por ningún otro medio de prensa, forma parte del paquete de medidas legislativas aprobadas últimamente por la Asamblea Nacional. Los fondos, por la cantidad de US $80 millones, salen de los activos de Venezuela incautados por el gobierno de Estados Unidos, y les fueron transferidos por la administración de Donald Trump como parte de las sanciones económicas y de la campaña para remover al presidente Nicolás Maduro.

(Información y datos tomados de worldometers.info; Telesur TV; Commondreams.org; Prensa Asociada y Organización Panamericana de la Salud)

Los 40 de Casa Pueblo

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Por Cándida Cotto/En Rojo

ccotto@claridaddpuertorico.com

El pasado año, los 39 se celebró con una marcha solar que Adjuntas se disponía a ser el primer pueblo en tener una red de generación y distribución de energía solar. El proyecto hoy sigue adelante, pero la celebración de pueblo de los 40, esa de juntarnos todos para hablar, tocarnos, compartir el vaso, la empanadilla, la alcapurria, el baile, esa tendrá que esperar por el momento.

Este mes de abril el proyecto de autogestión comunitaria Casa Pueblo de Adjuntas está celebrando sus 40 años de lucha en defensa de nuestros recursos naturales, de una educación liberadora, de la autogestión, la solidaridad; en fin, un mejor país.

“Inicialmente nunca pensamos que el proyecto iba a coger este rumbo que culmina ahora. Más bien, al principio el objetivo era parar la explotación minera que iba a causar un desastre. Jamás pensamos que podíamos llegar hasta acá. Ahora, una vez derrotadas las minas, ahí sí que evolucionó mucho el pensamiento y las miradas. Fue después.  Para nosotros era una consigna de patria o muerte, era la muerte de Puerto Rico”, expresó Alexis Massol, iniciador, junto a su esposa, Tinti Deyá, y otros compañeros, del movimiento de resistencia en contra de la explotación de minas en el centro de la isla, en particular en su pueblo Adjuntas.

Alexis Massol foto Alina Luciano/CLARIDAD

El director de Casa Pueblo narró que se enteró del derrotado Plan 2020 por una ilustración gráfica de La Fortaleza que le llevó don Juan Antonio Corretjer. De inmediato —indicó Massol, quien es ingeniero— hizo un estudio científico y corroboró con una serie de documentos de la División de Minas del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. que el plan estaba enfocado principalmente en ampliar el aspecto militar y en la explotación minera. “Eso fue lo que nos dijo párate esto es en serio.  Y el documento, cuando lo vimos a cabalidad, era toda una estructura que se iba desarrollando en el contexto de la minería. Por ejemplo, la carretera número 10 ya estaba aprobada, la construcción de las represas de Tigres y Maragüez eran proyectos en camino. Ya estaban expropiando a la gente en la zona minera donde estaban los yacimientos Cala abajo. Ya las compañías habían adquirido cerca de mil cuerdas, se las habían comprado a precio regalado a  los campesinos.  Estaba todo montado hacia ese proyecto minero. Evidencia de ellos es que incluso se estaban negando permisos de construcción en los barrios arriba, es decir, en la montaña”.

Massol aclaró que su grupo no fueron los primeros, ni los únicos.  Antes ya se había dado un proceso educativo muy combativo que les sirvió de aprendizaje. La diferencia, dijo, es que ellos (el grupo de Casa Pueblo) decidieron basar la lucha en la comunidad. “Fue muy complicado porque había mucha división. Muchos decían que era mejor hacerlo desde el punto de vista partidista.  Decíamos no, eso desunía más todavía, pero pudimos buscar la vuelta para incorporar gente”.

Son cientos los grupos de otras comunidades que durante estos 40 años se han acercado a Casa Pueblo pidiendo consejo, apoyo, orientación para sus luchas. Massol describió que es interesante ver y saber que cuando vienen otros grupos, en general son personas humildes de comunidades humildes y cuando se sienta con ellos, “uno siente como una felicidad porque están tan bien preparados que uno les dice no tenemos ya qué informarles, ustedes tienen la base ya,  nosotros lo que hacemos es que le compartimos. Jamás imponer que nuestra política, nuestro procedimiento es el correcto, jamás hacemos eso porque cada comunidad es distinta y las respetamos a todas”.

Lo que dijo que sí hacen es contar la experiencia de Casa Pueblo y destacó como asunto clave tener mucho cuidado de no mirar las diferencias como antagónicas. “Eso ha sido una virtud de nosotros, de Casa Pueblo.  Cuando estábamos en contra de las minas, que íbamos por los barrios de Adjuntas, en todos había gente amiga a favor de la explotación minera, pero jamás les dijimos vendepatria, jamás les dijimos o lo acusamos. Porque habíamos aprendido en el proceso el  principio de oposición,  de que no son nuestro enemigo, tienen una opinión distinta, y eso es de las muchas cosas que compartimos con los grupos”.

Respecto a las circunstancias nacionales que enmarcan este 40 aniversario, el director de Casa Pueblo describió: “Estamos celebrando porque nosotros celebramos el dolor,  la tristeza y las conquistas. Estamos celebrando las conquistas que ha tenido Casa Pueblo y sus avances, pero las celebramos, no en un distanciamiento social, sino distanciamiento físico;  social no hay ninguna distancia. Estamos con emociones encontradas en este momento, unas bien dolorosas y tristes. Ver el país sumido, no solamente en el dolor de lo que produce la enfermedad del coronavirus, sino también lo que produce el aspecto de la corrupción, del oportunismo de los políticos”.

El activista se cuestionó: “¿Qué vamos a hacer para poder seguir avanzando? Porque con esta gente no se puede, eso es endémico de esta democracia”. Para Massol, la ocasión también mueve a la reflexión. “Estamos celebrando, reflexionando y soñando despiertos cómo vamos a trabajar después que pase la crisis, que unos dicen que tiene que ver con la crisis económica, política. Cuando pase esto vendremos con más ganas, con más coraje, con más sabiduría y jamás claudicaremos. No vamos a conformarnos con un Puerto Rico como el actual, no nos vamos a conformar”.

Arturo Massol Deyá Foto Alina Luciano/CLARIDAD

 

Arturo Massol Deyá contaba con doce años cuando sus padres entraron en una batalla desigual por la defensa de su medio ambiente, de sus recursos naturales. “La educación más importante que yo he tenido es crecer en Casa Pueblo, con mis papás, en la comunidad, enfrentando crisis para ver cómo abordarlas. Y cuando yo empecé en el 80, de niños entregábamos boletines, ayudábamos en diferentes tareas para la edad nuestra. Ahí se hablaba de proteger la minería, que era el asunto inicial, pensando en las futuras generaciones. Pues ya yo crecí, ya yo tengo hijas. Crecieron los hijos de  otros y ahora están allí”, expresó el hoy doctor en microbiología.

En la marcha del Sol 2019. Foto:Alina Luciano/CLARIDAD

El presidente de la Junta de Directores de Casa Pueblo habló sobre el compromiso de defender la tierra y los recursos naturales durante estos 40 años pensando en las futuras generaciones: “Yo siento que nosotros hemos cumplido y estamos cumpliendo con las otras generaciones, no en el sentido poético, sino bien real. Si se hubiese hecho el Plan 2020 y hubiesen explotado las minas, o sea, no es solamente la pandemia, no tendríamos agua, los bosques estarían destruidos, el país sería inviable. El país puede ser inviable con el gobierno colapsado y su economía, pero el país es viable siempre y cuando tenga su plataforma gráfica, sus bosques, sus aguas, sus costas protegidas”.

Massol postula que para los momentos de la lucha en contra de la explotación minera, aun cuando había la conciencia ecológica, por encima de esta estaba la conciencia política e ideológica.  “Pero nosotros asumimos cero minas. De pronto fuimos minoría dentro de otra minoría, pero resultó ser lo mejor porque el discurso era el correcto desde el punto de vista ecológico y permitió luego realmente juntarnos para defender la tierra independientemente de diferencias ideológicas. Eso represento un camino diferente de trabajar”.

Ante la posibilidad de que pueda resurgir otra vez la amenaza de explotación minera, Massol Deyá reaccionó convencido de que “el modelo de educación permanente es importante, porque las leyes se cambian y los minerales están allí, y somos colonia y a alguien se le podría ocurrir eso.  Pero en el 1980 nosotros tuvimos una sola persona  en la primera protesta; eso no se va a volver a repetir. Yo creo que ya la gente sabe y valora más el paisaje. El aire, el agua, la seguridad tiene mucho más valor que cualquier cobre, oro y plata. Creo que la gente ya está educada, sé que la gente defendería el patrimonio. La gente va a saber”.

 

 

 

 

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