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Mirada al País: La Tribulación de la Confianza en Tiempos de Pandemia y de Política

 

Han pasado poco más de siete meses desde el inicio de las situaciones adversas a la que nos ha sometido la incidencia del SARS-CoV-2, virus responsable de la pandemia del COVID-19. El impacto de esta nueva enfermedad infecciosa ha puesto en profunda precariedad la operación y funcionamiento de los sistemas políticos, económicos y gubernamentales de todas las naciones del Planeta. En el caso de Puerto Rico, esta situación se hace más difícil de sobrellevar dado el contexto en el que se expresa esta grave enfermedad. El COVID-19 coincide con momentos tremendamente desafortunados en que nos han sumido los huracanes Irma y María en el 2017, la crisis gubernamental y política asociado a la necesaria salida forzada del gobernador Ricardo Rosselló en el 2019, la turbulencia política y social para elegir su sucesor, y finalmente la sorpresiva y pavorosa actividad sísmica a finales de diciembre de 2019 y de enero de 2020. Para matizar ese conjunto de atribulaciones, gran parte del País experimentó, a principios de este año, una sequía hidrológica que requirió el racionamiento de la oferta de agua potable a una parte considerable de la población. Superada la sequía recibimos la amenaza y el embate de, al menos, dos ciclones tropicales que, como poco, produjeron consternación y ansiedad a toda la población puertorriqueña. Dentro de este contexto de calamidades se desarrolla el proceso electoral que se ha caracterizado por caóticas actuaciones de la Comisión Estatal de Elecciones y de funcionarios responsables de dicho proceso. Con este panorama nos encontramos en el proceso de discusión política para elegir a los funcionarios que aspiran a administrar y gestionar la responsabilidad gubernamental de la atribulada colonia.

Como en otras instancias de la vida, la selección de funcionarios electos en una sociedad que aspira a ser democrática está fundamentada en un principio básico de la confianza, en las cualidades morales y éticas de los aspirantes, así como también de los procesos institucionales electorales. Sospecho que, como yo, miles de compatriotas ven esta confianza en gran precariedad. Es decir, con la percepción de que existe una gran carencia y falta de estabilidad y seguridad entre las propuestas que se articulan para llevar a cabo la gestión pública vis a vis la capacidad real de actuación honesta de los múltiples candidatos y de los partidos políticos (en particular los denominados “mayoritarios”). Muchos aspirantes carecen de cualificaciones básicas para una gestión eficiente. Es posible que haga una proyección exagerada de la incertidumbre e inseguridad que las presentes circunstancias me producen, pero percibo una falta de garantías entre muchos candidatos y sus estructuras políticas para que puedan operar en las condiciones materiales y emocionales de la existencia prevalente en esta coyuntura histórica.

La confianza como concepto y como principio está inherentemente sumida en muchas de las decisiones fundamentales y vitales que, como individuos y sociedad, cotidianamente asumimos. Esta condición aplica a asuntos tan comunes como adquirir los productos o bienes que consumimos, o como las decisiones para seleccionar un profesional de la salud que nos ofrezca servicios, o de artefactos eléctricos y mecánicos que facilitan los procesos de vida (vehículos de motor, electrodomésticos, computadoras). Así mismo, resulta crítico la confianzaque se asume cuando se participa en procesos de selección de los dirigentes políticos que administran la función pública. La definición del diccionario de la Real Academia Española establece la confianza como “la esperanza firme que se tiene de alguien o de algo”; es la esperanza que se tiene en que una persona u objeto funcione de una manera esperada, que produzca un resultado deseado, que actúe como la persona desea. En el contexto político supone un elemento de seguridad para llevar a cabo con éxito acciones difíciles en circunstancias comprometidas. En el idioma inglés el concepto “trust” tiene la siguiente definición que citamos textualmente:” firmbelief in the reliability, truth, ability, or strength of someone or something you have confidence and feel safe physically and emotionally”. Pero la confianza tiene como agente disociador, como disolvente, la corrupción, tanto la legal como la moral, de individuos y de organizaciones. Según avanzan los tiempos y se profundizan las crisis sociales, el vicio de la corrupción en la gestión pública y privada se hace más prevalente. Esa actividad de tomar beneficio personal o particular defraudando los bienes públicos, sea por apropiación ilegal, por ineficiencia o por desidia, parece ser “el pan nuestro de cada día” en nuestra realidad colonial.

A propósito de la confianza o la falta de esta, me produjo mucha preocupación la lectura reciente de un artículo que trataba sobre el tema de carcinógenos en medicamentos genéricos para el control de la presión sanguínea. El artículo, publicado por Bloomberg Businessweek con el título de “Carcinogens Have Infiltrated The Generic Drug Supply in the US” reseña que la Agencia Federal de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) en un estudio sobre control de calidad, encontró impurezas de un agente químico tóxico en medicamentos que se utilizan ampliamente para el control de la presión. Estas impurezas se han detectado en productos genéricos, producidos en China y en India, que incluyen el llamado Valsartan, el Irbersartany Losartan.Estos compuestos se identifican comoAngiotensin Receptor Blocker (ARB). Un 80% de los ingredientes farmacéuticos activos de todos los medicamentos se producen en estos dos países asiáticos. El artículo de referencia señala que la FDA es, ordinariamente, muy riguroso en los procesos de aprobación de nuevos medicamentos. Pero este rigor no se aplica a los medicamentos genéricos; se señala que el 90% de todos los medicamentos que consumen los norteamericanos (y, por rebote, nosotros por nuestra condición colonial) son genéricos. Los genéricos son más baratos, están supuestos a funcionar de la misma manera que los originales, pero se le aplica muy poco escrutinio desde su producción inicial hasta el consumo por los ciudadanos. La FDA coteja menos del 1% de las drogas genéricas para investigar la presencia de partículas tóxicas; asume que tanto las empresas extranjeras como las nacionales operan con sus propios criterios éticos dentro de su responsabilidad corporativa. Es decir, operan bajo la premisa de la confianza. Como ocurre en mi caso, miles de boricuas consumimos estos medicamentos para el control de la presión sanguínea y otras condiciones de salud bajo la confianza que sean efectivos y no contengan impurezas que puedan producir cáncer en nuestro organismo. El mercado y el gobierno entienden que tenemos que confiar nuestra salud ciegamente en la farmacéutica y en la FDA.

Regresando al tema de la confianza en los actores del proceso político, vino a mi atención un artículo interesante bajo el título RAMONA ON CORONA and …. The Truant In Chief. Este título se refiere a una serie de humor escrito por Pam Goldman y alude al comportamiento del presidente Trump mientras estuvo hospitalizado, infectado con el virus del COVID. Goldman hace una parodia del comportamiento de Trump cuando decide abandonar el hospital temporalmente para saludar a unos simpatizantes que se congregaban a las afueras de la instalación médica. El concepto truanten inglés se utiliza para identificar a un estudiante que abandona o se ausenta temporalmente de la escuela sin permiso o a una persona que evade el desempeño de sus obligaciones. La prensa norteamericana criticó la irresponsabilidad de Trump de exponer a contagio al personal de seguridad del servicio secreto y a otros funcionarios públicos por un capricho estrictamente político partidista. El título del escrito hace inferencia a la función que tiene Trump como presidente de “Comandante-en-Jefe” de las Fuerzas Armadas de los EE.UU.. Al comportarse como un “truant” el presidente socava la confianza del pueblo de los EE.UU. y de la humanidad pensante en una figura pública de tan compleja y seria responsabilidad. Recomiendo la lectura de este escrito de Goldman porque la palabra “truant” fonéticamente se parece al vocablo español truhanque según el diccionario de la Lengua Española es “dicho de una persona: sinvergüenza, que vive de engaños y estafas”. El concepto sinvergüenza, dice el diccionario, es una persona “que comete actos ilegales en provecho propio o que incurre en inmoralidades”. No es muy difícil, para la mayoría de los seres pensantes, entender que Trump se comporta como un truhan. Si examinamos algunas de sus expresiones públicas encontraremos su proyección de inmoralidad y de insensatez que la califican como un truhan, como en las siguientes: 1)”We are going to quickly end this pandemic”(expresión del 24 de octubre del 2020 , un día después que se registraran más de 82,000 casos positivos de COVID-19 en EE.UU., lo que constituyó un récord desde que comenzó la pandemia; 2) “I am the least racist person you’ve ever interview”; 3) “No one has more respect for women that I do”; 4) “I will phenomenal to the women. I mean, I want to help women”: 5) “If Hillary Clinton can’t satisfy her husband, what makes her think she can satisfy America”.

El bajo “standing” moral que posee y proyecta Trump, debiera ser un factor que ponderar por los electores estadounidenses que consideren su reelección. Este es un individuo que no merece confianza, ni de sus nacionales ni de la comunidad internacional. Asi mismo, esas cualificaciones tan descalificadoras desde el punto de vista moral y ético debieran generar desconfianza en los funcionarios y en personas que en Puerto Rico le ofrecen apoyo y solidaridad. Me resulta incomprensible que la gobernadora Vázquez, persona que dirigió la Oficina de Asuntos de la Mujer, está involucrada activamente en el proceso de reelección de ese truhan, o de ese “Truant-in-Chief”. Aunque, ahora, con menos actividad o proyección pública, también se encuentra apoyando la reelección del Trump la actual Comisionada Residente en Washington. Así mismo, resulta cuestionable el apoyo que hace la senadora Nayda Venegas Brown a este truhan presidente, siendo ella mujer, negra y puertorriqueña.

Nos parece imprescindible que todo compatriota que interese participar en el proceso electoral de Puerto Rico debe juzgar desde el crisol del concepto de confianza a los miles de candidatos que compiten en puestos electivos. En este momento histórico Puerto Rico debe estar dirigido, y la función pública gestionada, con personas con altas cualidades morales y éticas. Nos parece que no hay precedentes históricos que comparen con las dimensiones de los axiomas de la presente crisis existencial del país. Estamos ante un cuadro de descalabros multidimensionales en los ámbitos social, económico y moral. No hay espacio para individuos formados y curtidos en la corrupción gubernamental. No hay espacio para los truhanes. Se le atribuye al escritor y poeta francés Leon Bloy (1846-1917) la siguiente expresión: “Los imbéciles son escurridizos e impermeables como una clara de huevo”. Las circunstancias exigen que aquellos que participen del proceso electoral sean cautelosos y no elijan “imbéciles”, “truhanes” o “sinvergüenzas” a dirigir los procesos gubernamentales, ni en EE.UU. ni en Puerto Rico.

 

 

 

La historia de Pellín y Pillín

 

CLARIDAD

“Pellín y Pillín son dos niños de tu edad, / a uno le gusta el trabajo y al otro lo mismo le da.” Así decía un anuncio televisivo que trataba de prevenir a los niños y niñas contra la criminalidad. Pellín trabajaba mientras Pillín robaba y, como moraleja educativa, en el anuncio el último terminaba en la cárcel. Ese resultado, donde el malo va a prisión y el bueno recibe elogios, en la realidad casi no siempre es verdad, pero el mensaje parecía bien intencionado.

Recordé a Pellín y Pillín mientras miraba la lista de salarios o compensaciones que se paga en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Conocimos el listado debido a que los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes la entregaron a la prensa, tras producirse una orden del Tribunal de Primera Instancia de San Juan gestionada por Eva Prados, candidata a la Legislatura del Movimiento Victoria Ciudadana.

Los dos listados han creado muchas noticias porque son como una síntesis de la desvergüenza en que se ha convertido la Legislatura. Aquí me refiero a algunos de los extremos que allí aparecen que, como Pellín y Pillín, personifican la honestidad y la maldad.

Una de las personas listada como funcionario del Senado es Carlos Frontera, quien trabaja en la oficina del senador independentista Juan Dalmau devengando $1,800 al mes. En lo publicado no se detallan las funciones de Frontera, pero las supongo porque lo conozco desde los primeros años universitarios, cuando estudiaba el bachillerato en economía en la Facultad de Ciencias Sociales de la UPR. Allí mismo terminó más tarde el grado de maestría, también en economía.

Ya trabajando como economista, Frontera siguió estudiando y, con mucho esfuerzo, terminó la carrera de derecho, revalidando poco después. Supongo que en la oficina de Dalmau aporta sus conocimientos en sus dos áreas de experiencia académica y profesional, economía y derecho, ambas muy importantes en el proceso legislativo.

Ninguna de las informaciones de prensa que se refieren al listado de empleados de Cámara y Senado menciona el caso de Frontera, aunque tal vez sea noticia que un abogado revalidado que, además, posee una maestría en economía, devengue $1800 al mes. Lo que pasa es que en los dos listados aparecen otros casos que llaman más la atención porque dramatizan, no el trabajo honesto de los muchos, sino el pillaje de los pocos.

En el listado del propio Senado donde labora Frontera vemos a un individuo desempeñándose como “supervisor del salón café” y recibiendo $5,000 cada mes como salario. El caso de ese agraciado se destacó mucho en los medios por la particular función que tiene asignada junto al descomunal salario, pero no es el más bochornoso. Lo que desborda la desvergüenza son las compensaciones – casi todas desproporcionadas – que reciben las esposas, esposos o parientes de algún funcionario o exfuncionario, o las asignadas a políticos derrotados que, tras el desenlace, se arrimaron a la Legislatura. Por ejemplo, allí vimos a Irma Garriga, esposa de Jorge Santini, exalcalde de San Juan, embolsillándose más de $6 mil mensuales como “asesora”. Del propio Santini se sabe que, tras su derrota, montó un bufete que ya acumula más de $2 millones en contratos con el gobierno, pero parece que esa jauja no le da y su amigo Thomas Rivera Schatz corrió a reclutar a su esposa.

Pero todos esos casos que, gracias a la licenciada Eva Prados, conocimos de la nómina del Senado, palidecen a lo que días después se descubrieron en el listado de la Cámara de Representantes. Allí también están las esposas, esposos, parientes y políticos derrotados, y hay algunos que hacen estallar la curva de la indignación. El más comentado de éstos es el de la “pastora” de la iglesia a donde el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, va a rezar con regularidad, la que recibe $10 mil mensuales del dinero público. Primero los cobraba con el título de “asesora” y luego la designaron a cargo de la “fe comunitaria”.

Sin embargo, el caso de la pastora, una tal Wilmarie Leduc, no es el más dramático. Esa categoría máxima hay que reservarla para José “Nuno” López, quien también figura como “asesor”, pero tumbándose $150 mil anuales. Si alguien se parece al “Pillín” mencionado al inicio de este artículo es precisamente Nuno López, porque se formó, no en la UPR, sino en una de las mejores escuelas del pillaje público, la que regenteó Edison Misla Aldarondo. Su carrera en el “servicio público” comenzó como ayudante de ese expresidente de la Cámara a quien le sirvió, entre otras cosas, buscando y cobrando los cheques que Misla recibía de sus fraudes y extorsiones. Ese historial, que se conoció en el juicio donde Misla fue condenado, no le impidió, tal vez le ayudó, a ser electo y reelecto como representante por el PNP. Fue finalmente derrotado en la primaria previa a las elecciones de 2016, pero ese fracaso no fue tal porque la buena estrella lo persigue. Tras dejar de cobrar como legislador, duplicó el tumbe como “asesor” de su amigo Johnny Méndez.

¿Cuál es la profesión de Nuno López? No se conoce ninguna,  pero aparece recibiendo $12,500.00 cada mes en funciones de “asesor”. Esa suma es casi siete veces más alta que la percibida por Carlos Frontera quien con mucha experiencia ganada como abogado y economista, labora como asesor, pero en la oficina de Juan Dalmau.

Como pueden apreciar, esta es la historia de Pellín y Pillín de la que hablaba al principio. Ya ven por qué la moraleja de aquel anuncio, donde Pillín terminaba desgraciado, era falsa. Seguramente terminó como asesor de Johnny Méndez, tumbándose $12,500 cada mes, mientras Pellín – con dos títulos académicos y acumulando toda la honestidad – recibe $1800. Además, el Pellín de nuestro cuento, Frontera, efectivamente se gana su salario trabajando duro, mientras Pillín se los tumba.

Los sueldos en la Legislatura

CLARIDAD

Los salarios que paga la Legislatura del Partido Nuevo Progresistas (PNP) a sus carreristas políticos, desde pastoras, esposas, amantes, sobrinos, asesores, expertos en hacer café, choferes, secretarias, amigos todos, es corrupción.

La divulgación de los sueldos de los empleados en el Senado y, posteriormente en la Cámara, ha dejado al descubierto cifras injustificables a la luz de las tareas y las cualificaciones requeridas. Puestos de cuestionable validez y necesidad,  hasta disparidad por género, fue el resultado arrojado por un pleito radicado por la  licenciada Eva Prados Rodríguez, candidata a representante por el Precinto 3 de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

La economista Martha Quiñones Domínguez, a preguntas de CLARIDADsobre su apreciación de lo revelado, no dudó en denunciar  que los  gastos en todos esos puestos no son necesarios, sino promesas políticas por el auspicio de campañas. “Eso los hace ser corrupción, pues son favores políticos. Por eso, son ellos los que definen sus necesidades, descripción de las tareas y los sueldos, sin consulta con Recursos Humanos”.  

La situación revelada, expuso la economista, provoca una vez más el debate de lo que deben ser  gastos necesarios y con objetivos sociales, los cuales deben ser prioridad, versus los gastos políticos que se dan en asesores y en puestos, que no tienen objetivos sociales.

A la luz de lo revelado de cómo se reparte el presupuesto en la Legislatura, entre inversión social e inversionismo político, sentenció que las prioridades están invertidas.

Se supone que los gastos de objetivos sociales se definan en el proceso de planificación del presupuesto. Ahí se identifican las necesidades sociales apremiantes que se presume se les asigna dinero por tener mucho valor social y proveer beneficios para toda la sociedad. Luego, se asignan los objetivos económicos y sus gastos y se define los beneficios que van a proveer.Por último están los gastos políticos, de los cuales se pueden prescindir por no ser necesarios y por su poco valor social. “En Puerto Rico, estas prioridades están invertidas. Y como no se discute con la sociedad el presupuesto y la planificación social y económica del país, los gastos políticos son altos y los sociales bajitos”.

Quiñones Domínguez no dejó pasar por alto que locurioso es que se suponía que la Junta de Control Fiscal (JCF) iba a resolver esos gastos innecesarios y a eliminarlos. Sin embargo, no lo ha hecho y la propia Junta se ha convertido en parte del problema. En su lugar, se ha dedicado a  disminuir gastos sociales, como educación, salud y otros, que tendrían mucho beneficio social. En cambio, los gastos políticos no los ha  tocado.

 Un sistema jerárquico

En entrevista por separado, el exrepresentante por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) Víctor García San Inocencio describió el marco en que  maniobra  la Legislatura, permitiéndose en la práctica mantener “un sistema jerárquico feudal”.

Describió que en el Capitolio opera la regla de que los presidentes de los cuerpos “mandan, dictan y determinan todo”, porque se reservan reglamentariamente una discreción absoluta para autorizar contratos y asignar sueldos sin que exista un plan de clasificación y retribución.

El experto en Administración Pública, quien fue por ocho años representante, añadió que esta “regla” o discreción  permite, primero, que se violente el principio de igual paga por igual trabajo, principio que es de rango constitucional. Segundo, propicia “enormes arbitrariedades, favoritismos y caprichos. Tercero, favorece el reclutamiento de personas no capacitadas”.

Los presidentes de los cuerpos son los que eligen a  los presidentes de las comisiones, quienes a su vez son los  que reclutan y administran de forma indiscriminada su presupuesto debido a la ancha discreción que se les delega. Pero al final del camino, la responsabilidad es de los presidentes, que son quienes refrendan esos actos y lo que hagan los presidentes de comisión y legisladores.

García San Inocencio describió este sistema como uno “jerárquico feudal donde los presidentes de los cuerpos ganan las presidencias de los cuerpos en sus caucus a base de billetazos públicos repartiendo presupuestos, presupuestos que hasta el día de hoy son secretos”.

En efecto, aunque ambos cuerpos han dado a conocer parte de sus nóminas, no han divulgado el presupuesto. El exlegislador lo atribuyó a que a los presidentes de los cuerpos no les conviene revelar sus presupuestos para que no se conozca el tratamiento discriminatorio que ejercen incluso entre  miembros de su misma delegación.

Las consecuencias de estas prácticas las son  terribles. En primer lugar, se crea un clima de desmoralización porque tanto empleados como contratistas, pero en particular los empleados, saben cómo algunos están mal compensados y otros sobrecompensados. Eso desmoraliza el ambiente de trabajo y productividad.

En segundo lugar, esa práctica se presta a un control férreo en donde el empleado puede ser sometido a abusos y si protesta le bajan el sueldo, si no es que lo botan. Por lo tanto, es un sistema que se construye a base del silencio, del miedo a la represalia y de un sistema pavlosianode lealtad a base de compensación.

García San Inocencio también denunció la práctica de los legisladores de contratar a miembros de su unidad familiar en la misma Legislatura, de colocarlos en empleos públicos o en contratos y hasta el intercambio de puestos para sus amantes entre los legisladores.

“Son la enciclopedia mundial de las malas prácticas. Esta ineficiencia administrativa se desata cuando no hay controles, no hay mecanismos de clasificación y retribución y cuando se les confiere tanta discreción tentadora a funcionarios electos”, denunció.

Afirmó que existen modelos mejores que el que tiene la Legislatura, en donde se cumple con el sistema de mérito. “Aquí la primera gran violación  a todo es el principio de mérito.

Hay modelos donde las condiciones de trabajo están bien definidas y donde la retribución no depende del capricho de un presidente de un cuerpo o de delegarle el ejercicio del capricho al legislador presidente de una comisión.

García San Inocencio apuntó que parte del problema es que la inmensa mayoría de los empleados en la Asamblea Legislativa son de confianza. Las comisiones  legislativas deberían tener empleados permanentes. Aunque dijo entender que un partido de mayoría pueda querer escoger a un director de comisión, por cuestión de que esté a cargo de vigilar y adelantar los proyectos de administración de la política pública, no todos tienen que ser puestos políticos.

Dicha práctica, describió, parece emanar de la alternancia y competencia por el poder; de una visión de servicio al partido, de fijarse a las estructuras gubernamentales para usufructuarlas.

El exlegislador destacó que por la Constitución, la Legislatura tiene su propio régimen y sistema de fiscalización. Desde el 2014 se supone que se hubiese establecido ——regla que aplica a todo el gobierno— un sistema de clasificación y retribución. Eso significa que los reglamentos por los que se rige cada cuerpo legislativo (por ser ramas separadas una de la otra) por derivarse de la Constitución, son reglamentos que tienen fuerza de ley. Cualquier nueva administración de Cámara o Senado puede  enmendar sus reglamentos y sus prácticas para que haya controles y se promueva la transparencia y la apertura sin depender de que el Ejecutivo lo firme.

García San Inocencio reconoció que, aun así, esto presenta la dificultad de que cuando una nueva Legislatura lo quiera cambiar podrá hacerlo. Sin embargo, confía en que la vigilancia  del público lo impida.

Otro estudio que rechaza el contrato de Luma

CLARIDAD 

 

El estudio del Instituto de Análisis Económico y Financiero de la Energía (IEEFA, siglas en inglés), sostiene que el contrato de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con LUMA Energy es una privatización en donde LUMA no pone ni un centavo, que redundará en tarifas más altas. Su conclusión final es que se debe de rescindir del contrato.

 “El contrato se ha anunciado como un acuerdo de operación, transmisión y distribución, y se organiza como una asociación público-privada. El contrato falla desde el principio, ya que en realidad se trata de una privatización completa de las funciones básicas de AEE. El contrato se firma con una empresa privada que no está́ obligada a poner en riesgo su propio dinero. Esto no es una asociación; es un contrato que garantiza el flujo de dinero a LUMA Energy y deja a la suerte un sistema de electricidad seguro, confiable y asequible para Puerto Rico”, afirma el estudio de IEEFA, de la autoría de su director de finanzas, Tom Sanzillo.

El análisis publicado a mediados de octubre precisa que la estructura del contrato empujará los precios hacia el nivel de 30 centavos/kWh. De hecho, repara en que una de las primeras tareas contractuales de LUMA será solicitar un aumento de los precios de la electricidad.

Destaca, además, que el contrato guarda silencio sobre los cientos de millones de dólares anuales destinados al servicio de la deuda, los costos de combustible, el patrocinio político y la mala contratación que tiene la AEE.

“En cambio, a lo largo de la vida del contrato, se sumarán cientos de millones de dólares en nuevas tarifas para LUMA Energy a los ya pesados costos de consultores y asesores, intereses de combustibles fósiles y tenedores de bonos”, dice el estudio.

Contrario a lo que ha pretendido vender la Autoridad de Alianzas Publico Privadas (Alianza P3), de que el contrato con Luma representa un ahorro para la Autoridad, IEEFA señala que las comisiones de consultoría y supervisión se incrementarán a $274 millones en este año fiscal, más del 22% del presupuesto actual de AEE, sin el gasto de combustible. Esto se traduce en un impacto de tarifa de 1.6 centavos/kWh.

Además, contrasta que tanto LUMA como las otras dos empresas que esta patrocina, Quanta Service y ATCO, valen alrededor de $12,000 millones, mientras se estima que la reconstrucción de la red eléctrica de Puerto Rico cuesta más de $20,000 millones, por lo que las empresas están “mal posicionadas” para intervenir y completar esa tarea. 

El contrato tampoco va a permitir que se cumpla con el objetivo de la Ley Energética, de avanzar en el uso de energía renovable, debido a que se permite que LUMA presente cambios al Plan Integrado de Recursos (PIR), el cual ya fue aprobado por la Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR). Tanto la AEE como LUMA han expresado que la generación con gas natural es una prioridad.

IEEFA confirma lo denunciado en repetidas ocasiones por el sindicato de la UTIER de que el contrato exige la eliminación de las protecciones laborales de los dos sindicatos de la AEE. Sobre el particular Sanzillo precisa: “Esta es una decisión gerencial poco sólida. Los nuevos operadores privatizados y los acuerdos laborales alcanzados en otras comunidades en apuros fiscales siguen reconociendo los derechos laborales existentes y se basan en las fortalezas existentes de la fuerza de trabajo. En general, el contrato proporciona disposiciones específicas para ayudar a reducir los costos de mano de obra; pero no menciona las partes más costosas y derrochables de la AEE relativas al combustible, la deuda y el patrocinio político”.

Otro aspecto que se trae a la atención es la falta de acceso a información al público que conlleva la privatización. Sanzillo le llama “menos aporte público”, y repara en que el mismo IEEFA tuvo que demandar en el tribunal a la AEE para tener acceso a información básica sobre sus operaciones, por lo que como entidad privada LUMA restringirá aún más el flujo de información pública. 

IEEFA, al igual que otros análisis, cuestiona el que independiente de su funcionamiento, la AEE tenga que pagarle a LUMA $105 millones anuales y darle un incentivo adicional si su desempeño es superior.

 Sesgada la aprobación del contrato

El análisis de IEEFA califica de sesgada la aprobación del contrato de Luma y trae a la luz aspectos del proceso por parte de la Autoridad P3 y de la participación del presidente del NEPR, Edison Avilés Deliz, la cual también ha sido denunciada por la UTIER y la Alianza Queremos Sol.

IEEFA postula que el nombramiento de Avilés Deliz a la Junta de la Autoridad P3 fue “discrecional”, ya que la disposición establece la calificación de este nombramiento, como con cualquier funcionario de una entidad gubernamental.

“Como miembro del Comité́ de Alianza, Avilés Deliz presentó una clasificación de las comunicaciones presentadas por LUMA y otros competidores al comité́. Este rango fue incluido en la puntuación de las propuestas y sirvió́ como un elemento crítico en la aprobación del contrato LUMA. Avilés Deliz votó a favor del proyecto como parte del consentimiento unánime del comité́”.

Continúa exponiendo el estudio que entonces el contrato preliminar de LUMA se radicó ante el Negociado, el cual preside Avilés Deliz, para asegurar un certificado legalmente requerido de cumplimiento energético.  El 17 de junio de 2020, el Negociado   emitió́ una orden final otorgando el certificado. Avilés Deliz firmó la orden permitiendo a la Junta de la Autoridad alcanzar la mayoría requerida por la ley.  Dado que un miembro de la Junta, el comisionado Ángel Rivera de la Cruz, discrepó, la propuesta sobre la resolución se aprobó́ y se concedió́ el Certificado de cumplimiento energético. Si Avilés Deliz se hubiera recusado, bajo el Estatuto de gobierno de la Junta, la resolución habría fracasado por falta de votos mayoritarios. En el momento de la votación, la junta de cinco miembros tenía una vacante. Se necesitaban tres votos para una mayoría.

A la luz de este proceder, a juicio de IEEFA, las tres estructuras que se han diseñado para supervisar el contrato de LUMA y proteger el interés público no tienen los antecedentes ni la eficacia para ello. Se refiere a la Autoridad P3, al NEPR y a la Junta de Control Fiscal (JCF), Sobre esta última expresa que es un “monitor fiscal poco fiable”.

“El contrato LUMA es objetable por una combinación de políticas y procedimientos tan amplios, que es poco probable que su ejecución alcance la resiliencia crítica, la asequibilidad, las energías renovables, la fuerza de trabajo y los objetivos presupuestarios”, sentencia IEEFA.

Las denuncias del estudio de IEEFA se suman a las expuestas por otros estudios, como el del catedrático economista, José I. Alameda; el del Centro para una Nueva Economía (CNE) y el del sociólogo, doctor Héctor Cordero. 

 

 

 

¿Quién me representa?

CLARIDAD

Para aquellos que todavía no conocen o no están decididos por quién o quiénes candidatos a los que tiene derecho votar, en la plataforma QuienMeRepresentaPR.com pueden conocer los perfiles de los 3,214 candidatos que aspiran a ocupar las 1,046 posiciones electivas a decidirse en los comicios este 3 de noviembre.

El proyecto lanzado por la organización Espacios Abiertos (EA) contiene los perfiles de todos los candidatos y candidatas a nivel estatal, federal y municipal, incluidos los 888 legisladores municipales, lo que constituye una herramienta única en su tipo, que está accesible al público general y ofrece visualización de alto contraste para facilitar la navegación de las personas con visión limitada. Se puede acceder desde cualquier dispositivo con Internet (computadoras, teléfono inteligente o tabletas). La tecnología de geolocalización permite que el usuario utilice su código postal, sin necesidad de poner información personal, pueda navegar y conocer los perfiles de todos los aspirantes.

“La meta es que QuienMeRepresentaPR.com se convierta en brújula para los 2,355,895 electores hábiles. Logramos incluir información del universo de personas que aspiran a los 1,046 puestos electivos que no se encuentra en ninguna otra herramienta en el país, ni siquiera en el portal de la Comisión Estatal de Elecciones. La información se presenta de manera completamente objetiva, sin editorializar y en igualdad de condiciones para todos los y las aspirantes”, resaltó la directora ejecutiva de EA, Cecille Blondet Passalacgua en comunicado de prensa.

En el portal cibernético, los perfiles contienen los nombres y las fotos de los candidatos y las candidatas como aparecen en la papeleta por estricto orden alfabético, el puesto al que aspiran, si son incumbentes o no y el partido bajo cuya insignia se postulan, incluidos los independientes. Los usuarios pueden acceder a las redes sociales y sitios web de los aspirantes y enviarles correos electrónicos.

La plataforma ofrece además otras informaciones determinantes para los electores, ya que pueden ver y descargar las papeletas de su distrito o precinto, practicar el voto e identificar su centro de votación. En la sección de preguntas frecuentes se incluye información sobre cómo votar íntegro, mixto o por candidaturas y la cantidad de votos que se pueden emitir por papeleta. También, pueden acceder a los informes presentados por cada candidato ante el Contralor Electoral, los informes de Ética publicados y de la Oficina del Contralor. Se provee enlaces a más información de interés que generan proyectos ciudadanos independientes como Tu voto no se deja, Proyecto 85, Voto con conciencia, Practica Tu Voto y al sitio oficial de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

La herramienta digital, que se lanzó en marzo pasado para facilitar a las personas el poder identificar y contactar desde cualquier dispositivo con conexión a Internet a los funcionarios electos que se supone les representen, ha ido evolucionando según la necesidad. En el verano se convirtió en referente para información de los candidatos primaristas. Pasadas las primarias el 16 de agosto de 2020, la funcionalidad comenzó a transformarse hasta lo que es hoy: una fuente de amplia información fidedigna sobre los candidatos oficiales a la elección general.

EA informó que a partir de enero 2021, cuando los nuevos funcionarios electos asuman sus posiciones, QuienMeRepresentaPR.com retornará a su función original con la información de contacto de las personas sus puestos electos y reportes sobre su ejecución, entre otras funcionalidades que se le seguirán agregando tal y como se hizo en el pasado, y según lo permitan las circunstancias.

La plataforma—que es gerenciada por María Mercedes Rodríguez y María Cristina Moreno, del equipo de EA—es subvencionada por Filantropía Puerto Rico.

Según datos de Google Analytics desde marzo, el portal QMR ha tenido 81,382 visitantes únicos, 112,940 visitas, 452,622 vistas de páginas y 308,792 visitas únicas de páginas. El tiempo promedio del usuario por página es de 1:14 y de visita o sesión es de 3:24 minutos, explicó Blondet Passalacqua. Recordó que para acceder a la información pública necesaria para el desarrollo de la plataforma—específicamente sobre los incumbentes, candidatos y candidatas primaristas—EA tuvo que llevar a la CEE a los tribunales en dos ocasiones: en febrero y de nuevo en julio. Ambos casos se resolvieron a favor de la organización, que a su vez, ha compartido archivos, como los de las fotografías de los candidatos, con otras organizaciones e iniciativas que buscan informar a los electores.

“El desarrollo y diseño de la plataforma QuienMeRepresentaPR.com fue realizado por un equipo de jóvenes puertorriqueños compuesto por Luis Roca Iguina, Rima Ibrahim y Luis González y su contenido lo desarrollaron jóvenes universitarios del internado de verano de EA. «