Por Félix Aponte/Especial para CLARIDAD
El Día de Reyes de este año 2020, en plena celebración de la festividad nacional, sentimos a eso de las 10:32 a.m. un sismo fuerte con foco a poca distancia al sur de Guánica. La Red Sísmica de Puerto Rico lo cualificó como uno de magnitud de 5.8 en la escala de Richter. El temblor fue sentido en gran parte del territorio nacional causando conmoción al averiarse o sufrir daños visibles varias estructuras en Guánica y Guayanilla. Ese sismo daba continuidad a otros dos ocurridos al cierre del año 2019, uno de magnitud de 4.7 el 28 de diciembre y otro de 5.0 el 29. Los sismos de diciembre fueron sentidos por buena parte de la población del suroeste del País. Menos de 24 horas después del sismo del 6 de enero, todos sentimos el fuerte terremoto de 6.4 que ocurrió a las 4:24 de la madrugada del 7 de enero, con foco a una profundidad de 6.4 millas y a poca distancia del lecho marino al sur de Guánica. El sismo de 6.4 produjo colapsos estructurales y daños significativos a varios miles de edificaciones en los municipios de Lajas, Guánica, Yauco, Guayanilla, Peñuelas y Ponce, así como en otras jurisdicciones en la Cordillera Central como Jayuya, Utuado, Maricao y Las Marías. Desde el comienzo de esta actividad sísmica, sin precedentes en la región suroeste de Puerto Rico, se han producido más de 3,000 sismos, cientos de estos sentidos por la población. La actividad sísmica en el suroeste, tal como lo hizo el Huracán María en el 2017, hizo visible la vulnerabilidad y fragilidad de la estructura y la infraestructura física, de la estructura y funcionamiento de las agencias del gobierno, y del liderato político que lo administra, y la fragilidad emocional que, como pueblo, mantenemos ante eventos no anticipados que dislocan la cotidianidad de la vida. La nueva sismicidad dentro del territorio nacional nuevamente muestra la pobreza y las carencias que una gran parte de nuestros compatriotas viven y padecen.
El evento del Día de Reyes y el que le siguió el 7 de enero, trajo a mi mente la preocupación que he mantenido por décadas sobre la vulnerabilidad que tenemos a este riesgo natural y el potencial que existe de que en un evento más fuerte que el experimentado, tengamos que enfrentar una situación desastrosa o catastrófica. En el remezón que sentimos en nuestro hogar en Guaynabo esa madrugada del 7 de enero recordé la experiencia vivida durante la explosión de los tanques de gasolina en CAPECO el viernes 23 de octubre del 2009 a las 12:23 de la madrugada. La explosión en CAPECO fue sentida fuertemente en toda el área metropolitana en San Juan, y despertó asustados a cientos de miles de compatriotas. La energía liberada fue comparada con la de un terremoto de 2.8 de magnitud. Ahora, al producirse el terremoto del 7 de enero, pensé en la gran cantidad de tanques de combustible con potencial explosivo que están almacenados en Guayanilla y Peñuelas, incluyendo el gran tanque de gas natural que mantiene la operación de la generatriz Eco-Eléctrica adyacente a la fallida termoeléctrica de Costa Sur de la Autoridad de Energía Eléctrica.
También vino a mi mente el reactor nuclear BONUS en Rincón donde existe desde hace 50 años un “sarcófago” de hormigón conteniendo material radioactivo. Para los lectores que no conocen sobre BONUS, esta fue una instalación experimental que desarrollo la Comisión de Energía Atómica (CEA) de los EE. UU. y la Autoridad de Fuentes Fluviales para producir electricidad mediante la fisión de elementos radioactivos. BONUS se construyó entre el año 1960 y 1962 y mantuvo operación intermitente hasta su cierre en el ano 1968 después de que ocurrieron múltiples incidentes y accidentes operacionales dentro de la instalación. Cuando se decidió cerrar la Planta la CEA sacó de Puerto Rico buena parte de los componentes conteniendo material radioactivo, encerrado en una especie de bóveda, distintos componentes mecánicos y de tubería altamente contaminados con radioactividad. La decisión de encapsular en un “sarcófago” esos materiales radioactivos la tomó el gobierno norteamericano. Al dejar en Rincón material radioactivo, el gobierno federal mantiene la responsabilidad de velar por el cuidado de la integridad física de ese “sarcófago”. Nos preocupa BONUS porque a poca distancia al sur de este “sarcófago radioactivo” discurre una falla geológica activa que está conectada, o deriva, de la Gran Falla Septentrional del Sur.
De producirse un sismo de magnitud 7 o más, cercano o adyacente a BONUS, puede ocurrir una ruptura de ese “sarcófago”, lo que generaría una emergencia de salud pública muy seria para ese litoral. Hasta el momento en que escribimos estas notas, no se tiene conocimiento de que se haya inspeccionado la instalación de BONUS para conocer si de alguna manera se ha afectado la integridad física de ese “sarcófago” en la actual actividad sísmica. Tampoco tenemos conocimiento de que se haya informado sobre alguna evaluación de la situación estructural de los tanques y las tuberías que transfieren combustible hacia y desde estas instalaciones en Guayanilla y Peñuelas. Pienso que el efecto de miles de sismos con foco a poca profundidad donde se ubican estos tanques puede tener el potencial de afectar su integridad física y potencialmente generar algún accidente de fuego o explosión.
Las preocupaciones planteadas en los párrafos anteriores toman relevancia ante la dramática ineptitud demostrada por los funcionarios de gobierno responsables de la seguridad y del manejo de emergencias como la que aún prevalece en el suroeste. La actividad sísmica en el suroeste, tal como ocurrió con el Huracán María, mostró a los entes gubernamentales y sus directores ejecutivos actuando de forma improvisada, incoherente, errática y en algunos casos, de forma insensible a las calamidades que sufren miles de ciudadanos en esa región. Es imperdonable que, a mes y medio del sismo fuerte, todavía tengamos miles de personas prácticamente en estado de desamparo físico y atormentados emocionalmente sin que se haya podido ofrecer una respuesta integrada que guarde relación con la magnitud el evento sufrido. La experiencia que aún vivimos muestra claramente la falta de un proceso de planificación racional que no se ha querido poner en vigor a pesar de recomendaciones e iniciativas promovidas desde, al menos, hace tres décadas.
Pienso que la desidia en trabajar el tema de vulnerabilidad a terremotos radica en la apreciación equivocada de que un sismo de mayor magnitud, digamos mayor de 7.0, sólo era previsible a que ocurriera en algunas de las varias fallas geológicas presentes en el lecho marino cercanas a Puerto Rico. La potencialidad de sismos producidos en fallas dentro del territorio nacional y con un foco de expresión a relativa poca profundidad no se consideraba como un evento probable sobre el cual teníamos que adoptar normas y políticas públicas de uso inteligente del terreno. La nueva actividad sísmica en el suroeste y la potencial mayor actividad determinada en años recientes en la Gran Falla Septentrional del Sur, requieren que desarrollemos una conciencia superior sobre riesgo y vulnerabilidad a los sismos en Puerto rico. No se satisface ese requisito de “conciencia sísmica” limitando las acciones a exigencias de códigos de construcción para ciertas estructuras, a planes de desalojo ineficaces para responder a un tsunami o maremoto, ni mucho menos a la costosa elaboración de documentos defectuosos sobre preparación y respuesta a riesgos sísmicos preparados por consultores extranjeros, y que muy poca gente conoce sobre su existencia.
Me consta, por experiencia, que hay una gran falta de preparación y de planificación para eventos naturales como los sismos y los huracanes. Durante décadas he observado como los asuntos relacionados a la seguridad pública, en todas las manifestaciones de la misma son manejadas por funcionarios con poca o ninguna competencia profesional y que generalmente asumen la responsabilidad de la función pública simplemente por su relación o militancia en los partidos políticos de los gobiernos de turno. Esa carencia de preparación, de capacidad de ejecución y de insensibilidad ante eventos que retan el funcionamiento de la vida ordinaria, fluye desde la cabeza del gobierno (gobernadores, secretarios y jefes de agencias) hasta funcionarios de menor rango en la responsabilidad de ejecución de respuestas a emergencias, y en la preparación y planificación de procedimientos y métodos para actuar ante los mismos. La experiencia en estos dos últimos años nos muestra a un cuerpo gubernamental inepto e incapaz de comprender las exigencias de las circunstancias apremiantes. Es como si el País fuera una embarcación, un gran crucero, con un capitán y una tripulación incompetente, dirigiendo esta nave en aguas tormentosas.
Como a tantos otros puertorriqueños, nos ha conmovido la respuesta inmediata y masiva que los sectores populares, personas y grupos comunitarios, han dado para cuidar y sostener a la población afectada por los sismos del suroeste. Esa capacidad de respuesta, solidaria y patriótica, constituye un acervo de nuestra riqueza como Pueblo. Pero esa sensibilidad y respuesta tiene un límite de expresión en la medida en que un terremoto de mayor potencia e impacto comprometa a sectores mayores de nuestra población y de nuestra infraestructura. En ese escenario que hoy lo reconocemos como probable, la respuesta gubernamental a un evento de esa magnitud requerirá de articulación coordinada de todos los actores sociales (organizaciones públicas y privadas) que puedan responder rápidamente para socorrer y responder y así reducir el potencial de daños y de pérdida de vidas humanas. El entendimiento de ese riesgo requiere análisis científico y técnico y requiere además poder relacionar el riesgo con la vulnerabilidad que resultaría de la ocurrencia de ese evento. El peligro que nos plantea un sismo mayor debe reflejarse en mapas de uso de terrenos, los cuales a su vez reflejen nuevas normativas de planificación y de políticas públicas para un mejor manejo y gestión del riesgo sísmico.
La tarea para desarrollar una nueva conciencia sísmica es inmensa, tomará muchos años, requerirá de cantidades significativas de recursos monetarios, pero mayormente requerirá de funcionarios públicos competentes y comprometidos con la seguridad de nuestro País. El conocimiento científico y técnico y buena parte de la infraestructura institucional para producir información y conocimiento aplicado está disponible en la Universidad de Puerto Rico y en algunas de las agencias científicas del gobierno federal que colaboran con esa institución. Tenemos que tomar esas decisiones prontamente, aunque sigua temblando el suelo de la Patria.
