Los grandes conglomerados financieros de Estados Unidos, que son los principales acreedores de la deuda de Puerto Rico, se aprestan a desatar una nueva estrategia de contra ataque frente a lo que estiman que fue un primer término deslucido y de resultados pobres para ellos, por parte de la Junta de Control Fiscal (JCF).  Para adelantar su objetivo, no dejarán nada al azar. Tres de los cuatro puertorriqueños que integraban el organismo renunciaron al cabo del primer término para no ser re nominados. Así, salieron sin pena ni gloria José Carrión III, primer presidente de la JCF, Carlos M. García y José Ramón González. Se fue también para no volver el ex juez Arthur González, de Nueva York, quien fue el miembro de la JCF nombrado por el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

Con la salida de estos, las reglas del juego cambiarán, así como también cambiará la composición de los integrantes de la JCF, y se endurecerán las medidas de austeridad y las políticas económicas conservadoras y restrictivas que constituyen ahora el “mainstream” económico en Estados Unidos.  Los acreedores y el gobierno de Estados Unidos están esperando que la JCF actúe con más celeridad y firmeza ante el gobierno de Puerto Rico, que los “meta en cintura”, que los doblegue y logre hacer avanzar el proceso de restructuración en los términos y condiciones que más les convenga a los bonistas.

Para eso, ya comenzaron a mover sus fichas. El actual integrante de la JCF, abogado y profesor David Skeel, es el nuevo presidente del organismo. Se sabe que Skeel es de ideología conservadora y miembro bona fide del Partido Republicano. Para sustituir a Arthur González, el presidente Donald Trump ha nombrado a Justin Peterson. Esto envía una clara señal de hacia dónde se dirigirán ahora las prioridades de la JCF. Peterson tiene un claro conflicto de interés. Su principal desempeño profesional ha sido como cabildero y consultor de firmas de Wall Street, entre estas algunas de las principales casas tenedoras de bonos de Puerto Rico. Seguramente fue por ese historial que logró que el presidente Trump lo nombrara, y ahora estará en una posición privilegiada para tomar decisiones críticas que afectarán permanentemente a nuestra población. Con el nombramiento de Peterson por un término de cuatro años, Wall Street y su ganga de buitres tenedores de la deuda de Puerto Rico se apuntan un triunfo. Mientras, los intereses de Puerto Rico y los proyectos e iniciativas que alivien la carga del pueblo puertorriqueño sufren un revés.

No es casualidad que los cambios en la JCF coinciden con la aprobación y liberalización de miles de millones de dólares del gobierno de Estados Unidos para la reconstrucción de la infraestructura crítica de Puerto Rico inutilizada por el huracán María. Por eso, el verdadero objetivo y la verdadera promesa de la Ley PROMESA han estado siempre claros para el pueblo puertorriqueño. La JCF fue concebida  como la agencia de cobros que garantice a los grandes bonistas un pronto recobro de lo prestado. Ahora, el dinero para la reconstrucción de Puerto Rico, junto a la gestión vigilante de la JCF, abrirá esa puerta a los acreedores, aunque el saldo final sea dejar la llamada reconstrucción a medias.

La imposición de PROMESA y la JCF no solamente representan un descarnado acto de dominio colonial del gobierno de Estados Unidos sobre Puerto Rico. Han representado también la estrechez económica y la emigración masiva de nuestra población. Representan recortes a los servicios de salud, la educación y la seguridad pública de nuestro pueblo. Representan una amenaza a las pensiones de nuestros retirados, a los beneficios adquiridos y las condiciones de trabajo de nuestros maestros y demás trabajadores del sector público, y de la empresa privada. Amenazan también la estabilidad y viabilidad de nuestras instituciones más preciadas y estratégicas, como las utilidades públicas de energía eléctrica  y agua potable (AEE Y AAA) , las escuelas públicas, la Universidad de Puerto Rico y el Centro Médico, entre muchas otras. Amenazan también la estabilidad y viabilidad de los Municipios, entes esenciales de primera respuesta y servicios a la población. La JCF representa también una carga financiera que nuestro pueblo no puede sostener, como los gastos multimillonarios que anualmente representa su operación en Puerto Rico, los salarios de lujo de sus empleados, y los honorarios inflados del batatal de asesores y consultores que la rodean.

Ahora mismo, hay tres vacantes en la JCF, y las fuerzas políticas principales en Estados Unidos se encuentran enfrascadas en una de las más contenciosas y virulentas campañas electorales que se recuerden. Del resultado de esta elección dependerá la composición final de la JCF para los próximos cuatro años. De lo que sí estamos seguros es, de que no importa cuál de los dos bandos o combinación de estos gane- sea el Demócrata o el Republicano- la JCF desatará una nueva estrategia más agresiva y frontal a favor de Wall Street y contra el pueblo puertorriqueño.

En Puerto Rico, no echaremos de menos a los que salieron de la JCF. Después de todo, no dejaron ninguna huella que merezca resaltarse.  En estos menesteres los individuos no hacen una gran diferencia. El Congreso de Estados Unidos aprobó PROMESA para que el asunto de la deuda de Puerto Rico marchara por un solo carril y al mismo ritmo, sin disidencias. En este próximo período, el ritmo lo determinará la impaciencia de los acreedores, que ahora se sienten más apoderados luego de invertir millones de dólares en las respectivas campañas presidenciales que pugnan por administrar el poder del Imperio. Querrán un rápido retorno de su inversión. No querrán seguir esperando para cobrar lo que alegan que Puerto Rico les adeuda. Querrán que el Tribunal de Título III resuelva de una vez, y a su favor. Querrán cobrar bien, nada de recortes que les limiten sus ganancias. Querrán que los líderes políticos de Estados Unidos, Demócratas y Republicanos, les cumplan la promesa que les hicieron al aprobar la Ley PROMESA.