CLARIDAD

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La juez Lirio Bernal, del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Carolina desestimó los cargos de agresión y obstrucción a la justicia que pesaban contra el  compañero de CLARIDAD Ricardo Santos Ortiz, tras  su arresto durante una manifestación el pasado 25 de julio frente al aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.

La desestimación se produjo luego de un acuerdo entre la Policía y la representación legal de Santos Ortiz, en la cual el activista se comprometió a no demandar ni radicar ninguna querella contra   los policías por los hechos del 25 de julio. Durante el arresto Santos Ortiz fue agredido por la Policía lo que requirió que fuese trasladado al hospital Hospital Universitario de Carolina para una revisión médica.

El proceder de la Policía que parece más bien preocuparse por no ser objeto de demandas que respetar los derechos de los ciudadanos a la libertad de expresión, es un reconocimiento implícito de que los oficiales se excedieron durante su intervención.

Santos Ortiz, quien es abogado explicó  que la Policía le  sometió una denuncia  de obstrucción a la  a la justicia, lo  que es un delito menos grave y la otra denuncia fue por  agresión a un oficial de la justicia, el cual es delito grave,  pero lo marcaron como menos grave. Esta última clasificación permite que el guardia  atienda la querella in la necesidad de la  intervención de fiscalía. Su inferencia -dijo- es que desde el inicio la Policía  hizo gestiones para ver como se resolvía el caso pero lo aguantaron hasta el final para lograr que el acuerdo se hiciera ante el Tribunal.

Pero la disposición a negociar de la Policía no estuvo exenta de un despliegue de más de 100 efectivos de operaciones especiales  alrededor del tribunal. Todo el estacionamiento del edifico estuvo  lleno de guardias,  vehículos de operaciones especiales alrededor y dentro el  Tribunal también estuvo ocupado por efectivos. Algunos visitantes del Tribunal reconocieron que no habían visto antes un operativo de esa magnitud en dicho Tribunal, ni siquiera  cuando ha habido casos de narcotraficantes. Mientras un nutrido grupo de activistas llevaron a cabo un piquete de solidaridad en las afueras del tribunal liderados por el Movimiento Socialista de Trabajadores (MST) del cual Santos Ortí\iz es portavoz.

“La razón por la que estábamos protestando es porque entendemos que el gobierno de Puerto Rico  tiene que ejercer todas sus facultades para controlar la entrada de personas especialmente los turistas.  Sabemos que si bien es cierto que hay unas limitaciones coloniales y que los aeropuertos están controlados por agencias federales el Gobierno de Puerto Rico  tiene y puede no solo insistir en que se haga esa concesión de que se limite la entrada sino también tomar medidas para desalentar  la llegada de turistas”, reiteró respecto a los motivos de la manifestación que le llevaron  al arresto. Añadió  que por ejemplo el gobierno puede imponer un impuesto hacia esos fines, mantener un rastreo mas efectivo para asegurarse que las personas cumplen con la cuarentena, e incluso fijar un impuesto para cubrir los gastos de la prueba y el seguimiento.

Hannah Stokes-Ramos, MS Carol E. Ramos Gerena, MS Angélica Valdés Valderrama, MS

Ante la falta de acciones y propuestas que atiendan el problema del hambre y desnutrición mundial desde su raíz, organizaciones como La Vía Campesina han propuesto conmemorar cada 16 de octubre como el Día Internacional de Acción por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos y contra las transnacionales. En este escrito, las autoras decidimos aprovechar la fecha del 16 de octubre y el contexto pre-eleccionario para presentar la soberanía alimentaria como un lente para el análisis y el desarrollo del sistema alimentario de Puerto Rico.

Aplicar el lente crítico de la soberanía alimentaria permite entender los eslabones que hay entre las distintas partes del sistema agroalimentario y cómo nos relacionamos a él, desde los insumos y producción, manufactura, distribución, preparación, consumo y residuos de los alimentos. Amplía el enfoque reduccionista de los volúmenes de producción agrícola para incluir los aspectos y dimensiones sociales, culturales, políticos, económicos y ambientales en el análisis. La soberanía alimentaria, definida en la Declaración de Nyéléni, rechaza el enfoque predominante neoliberal del mercado para atender la inseguridad alimentaria, abarcando la justicia y el poder popular en todos los aspectos de los sistemas agroalimentarios y más allá de estos. Esta definición incorpora aspectos fundamentales de quién controla la tierra y los recursos; cuáles son los intereses prioritarios en las políticas y quién tiene el poder de decisión; cómo los sistemas agroalimentarios resistirán el cambio climático y serán ecológicamente viables en el futuro; y cómo TODAS las personas pueden vivir una vida plena con un salario digno, una vivienda segura, y suficientes alimentos nutritivos, inocuos, asequibles y culturalmente apropiados. Sostenemos que ese enfoque sistémico y de justicia es necesario para abordar los complejos problemas interconectados que enfrenta Puerto Rico en la actualidad.

Desde la primera colonización de Borikén, la tierra y el recurso humano del archipiélago fueron explotados para la producción de grandes monocultivos de caña de azúcar, café y tabaco. Estos cultivos beneficiaron a un grupo pequeño, generalmente latifundistas e inversionistas extranjeros, mientras que las personas trabajadoras de las fincas eran esclavizadas o pagadas a sueldos indignos. La Ley de Reforma Agraria de 1941 hizo poco para redistribuir la tierra de forma verdaderamente equitativa, creando en su lugar una nueva clase de trabajadores de bajos salarios que abandonaron la agricultura en busca de los puestos de trabajo de manufactura creados a través de la Operación Manos a la Obra. Estos trabajadores se vieron en la necesidad de ser más dependientes de los alimentos importados facilitado por la introducción de los cupones de alimentos en el país, mientras que la agricultura se volvió dependiente de los productos químicos y otras tecnologías de la Revolución Verde para reemplazar a los trabajadores. Desde entonces, la inseguridad alimentaria y las enfermedades crónicas se han disparado en el país, el control de los sistemas agroalimentarios se ha concentrado en menos manos y el desarrollo inmobiliario ha ido reclamando más tierras de cultivo, sin producir medios de vida dignos para los puertorriqueños.

¿Quiénes cuentan actualmente con la mayor proporción de tierras agrícolas en uso? Compañías extranjeras que desarrollan tecnología de semillas, y exportadores comerciales privados que en realidad controlan más de 500 acres cada uno. Estas compañías están utilizando las tierras más fértiles y aprovechando los incentivos para los agricultores bonafides, aunque no producen comida. Mientras tanto, el acceso a la tierra sigue siendo una de las mayores barreras de acceso para los nuevos agricultores. En el manejo del agua, tan crucial para el sistema agroalimentario, la industria farmacéutica ha adoptado un modelo de desarrollo extractivo que utiliza el agua de los acuíferos para sus procesos de manufactura, pero contamina el agua y el suelo con desperdicios tóxicos. Por miedo a que arranquen vuelo, hay mínima fiscalización de parte del Estado. Adicional a eso, el cambio climático amenaza con perturbar todo el sistema y provocar futuros desastres, desplazando potencialmente a más puertorriqueños y creando más oportunidades para que los inversores extranjeros se aprovechen de la crisis.

Ahora que estamos en el proceso de elegir el liderato del país por los próximos años, vale la pena considerar la enorme influencia que las políticas públicas y las prioridades gubernamentales han tenido en la estructura de nuestro sistema agroalimentario y la economía en general. Dentro de las diferentes ramas y agencias, el gobierno toma decisiones sobre cómo se organiza el uso de la tierra, qué incentivos fiscales existen, a quiénes se le ofrecen, qué políticas se aplican, qué industrias y modos de producción apoyan con capital financiero y humano, cuáles descuidan, qué programas se enseñan en las escuelas, qué investigación y producción de conocimientos apoya, quién tiene acceso a los recursos públicos como el agua y las tierras de uso público, y cómo apoyará la resistencia climática en cada sector. Ahora, más que nunca, no podemos permitirnos dejar que ninguna de estas importantes decisiones queden sin examinar o se tomen sin el consentimiento del pueblo.

En conmemoración del Día Internacional de Acción por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos y contra las transnacionales, reconocemos las aportaciones de la declaración de Nyéléni para lograr un cambio de paradigma político-económico que nos ayudarán a enfrentar los desafíos y amenazas que ponen en juego la vida y salud de nuestras comunidades y ecosistemas. Con la llegada de las elecciones, tenemos la oportunidad de cuestionar a los y las candidatas por su compromiso con la soberanía alimentaria y evaluar sus plataformas. De la misma forma, preguntarnos, ¿cómo podemos, a través de nuestros esfuerzos colectivos y nuestra imaginación, crear una sociedad y unos ecosistemas robustos que sean justos y sostenibles? Las autoras consideramos que la soberanía alimentaria es parte integral de esta imaginación – no como un proyecto con dimensiones establecidas, sino como parte de un proceso colectivo para redistribuir el poder en manos del pueblo para tomar decisiones importantes sobre nuestra tierra, recursos, medios de vida, hogares, cuerpos, patrimonio cultural, producción de conocimientos, servicios públicos y relaciones con otros lugares. Como proceso, podemos comprometernos desde ahora en la realización de la soberanía alimentaria en Puerto Rico.

Stoke Ramos y Ramos Gerena son estudiantes doctorales en SUNY-Buffalo. Valdés Valderrama es estudiante doctoral en Tufts Uiversity.

Imagen: L’Ortolano. Arcimboldo.