Por Cándida Cotto / Claridad

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Habrá que estar atentos a hasta cuándo la Legislatura y la gobernadora Wanda Vázquez Garced harán frente a la presión de la Junta de Control Fiscal (JCF) para que apruebe legislación que avale el acuerdo de reestructuración de la deuda (RSA, en inglés) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Aunque la JCF ya hizo su presentación ante la jueza Laura Taylor Swain, el RSA reconoce como un requisito que la Legislatura apruebe legislación que avale el acuerdo, para que a su vez la jueza apruebe el RSA. La Junta parece querer ganar tiempo para presionar al Gobierno con una segunda petición de posposición de vista. En enero, la JCF le solicitó a la jueza aplazar la vista, que se suponía fuese el 14 de enero, para el 30 de marzo y ahora volvió a solicitar una posposición para el 3 y el 4 de junio.

El licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez indicó a este semanario que en relación con la postura de la JCF, hay diversas opiniones, ya que la norma que la ley PROMESA establece es que hacen falta todas las leyes habilitadoras para la elaboración de planes de ajuste de deuda. Hizo la comparación con el caso de COFINA (Corporación del Fondo de Interés Apremiante), en que la vista de la aceptación del acuerdo —que es lo mismo de la AEE— se dio junto con el plan de ajuste de deuda. “Aquí se va a ver primero el asunto del acuerdo con los bonistas”. Señaló que es obvio que para que el acuerdo se pueda poner en vigor, la ley habilitadora es importante, porque es uno de los elementos que la jueza tiene que tomar en cuenta en torno a la “razonabilidad” y que no sea contrario a la ley.

El término genérico de “razonabilidad” está expreso en la ley Promesa, por lo que Emmanuelli Jiménez reconoció que para la jueza Taylor Swain pueda aprobar el acuerdo, hay que presentarle la ley. “A tono con eso, la Legislatura es la que decide si el acuerdo va a tener la aprobación de la jueza o no”. 

Frente a la posibilidad de que llegue el momento de la vista y todavía no haya legislación, el experto en la Ley Promesa y representante de la UTIER —unión que ha impugnado tanto la ley Promesa como el RSA— indicó que sería la jueza quien tendría que resolver ese punto. Hasta el presente los bonistas son los únicos que han planteado que la legislación no hace falta. Pero a juicio del licenciado Emmanuelli Jiménez, la jueza no puede aprobar un acuerdo “razonable” sin que haya una ley.

CLARIDAD le preguntó al licenciado que cómo la jueza Taylor Swain puede llegar a determinar que el RSA tiene “razonabilidad”, si apenas solo ha aceptado los argumentos de la JCF en favor de su negociación. En particular, se ha denunciado que la JCF se opuso a que se presentara un informe preparado por el London Economics International (LEI) que cuestiona la viabilidad del RSA y que fue presentado por el Comité de Acreedores no Asegurados (CANA). Otros que también han presentado informes que cuestionan el RSA son la UTIER, preparado por el economista José Alameda; Tom Sanzillo, director del Instituto de Análisis Económico y Financiero de la Energía (IEEFA); el Instituto de Competitividad, del economista Ramón Cao; el Sistema de Retiro de la AEE y el sociólogo Héctor Cordero. 

El licenciado Emmanuelli Jiménez reveló que la JCF no ha refutado jamás ninguno de estos informes y custionó cómo se va a resolver un asunto tan importante con “una venda en los ojos”. Afirmó que la verdad es que la jueza Taylor Swain ha llevado los casos “bien rápidito”, por lo que no cree que se tome mucho tiempo luego de los dos días de vista en junio. En el caso de COFINA, recordó, se tomó apenas dos semanas aprobar el acuerdo. 

Recalcó que el problema que tiene la jueza en estos momentos es que al haber excluido toda la información relacionada al impacto del acuerdo, tratándose de una corporación pública, eso es un error, por lo que adelantó que las partes opositoras RSA van a apelar al Primer Circuito, cuando la jueza apruebe un acuerdo sin medir las consecuencias. “Esto no es un acuerdo entre partes privadas. Esto es un acuerdo que tiene un impacto público bien grande y al ella haber excluido y no mirar el impacto público, si lo aprueba a ciegas, yo creo que el Circuito podría revocar su decisión. El Circuito ha sido bien militante revocando a la juez. No sería la primera vez, ya la ha revocado en siete ocasiones”.

Agregó que dentro de ese contexto está el asunto de las prioridades que tienen ciertos grupos en la AEE a la hora de cobrar. Se supone que la prioridad en la AEE sean los gastos operacionales y luego el pago al sistema de retiro. El RSA negociado por la JCF viola esas prioridades.

Así las cosas, no descartó que el caso de quiebra de la AEE tome todavía este año, pues aun si la jueza resolviera en el mes de julio, tras eso vendrán las apelaciones. Reveló que la misma JCF ha reconocido que mientras más se atrasen los planes del pago de la deuda más se atrasara la privatización de la AEE. En ese sentido, reiteró las críticas al RSA del informe del LEI que advierte que con el RSA la AEE puede volver a caer en un impago.

Emmanuelli entiende que los legisladores no tienen un conocimiento de todos los pormenores del RSA, pero por lo menos ya saben que va a representar un aumento significativo en la tarifa: “Eso es lo que les ha hecho plantearse que no lo van a aprobar”. No obstante, trajo a la atención que la Legislatura aprobó el acuerdo de COFINA aun cuando había suficiente información científica que confirmaba que el acuerdo era y es un mal acuerdo.

“A mí me preocupa que este año electoral, después de las primarias de julio, los que hayan perdido no tendrán compromiso con el pueblo. Cuando vengan las elecciones los que pierdan tampoco tendrán compromiso”, expresó. Reclamó que hay que continuar la presión y divulgar “cómo el acuerdo va a partir por el medio a Puerto Rico”.

En espera de la 

decisión del Tribunal Supremo

Todavía está pendiente la decisión del Tribunal Supremo de EE. UU. sobre la vista de constitucionalidad de la Ley Promesa, que se celebró el 15 de octubre de 2019. El licenciado Emmanuelli Jiménez expresó no tener idea de cuándo va a salir la decisión, pero considera que mientras más tiempo pasa, según dicen los expertos, la decisión puede ser favorable a la UTIER. La tardanza indica, al menos, que la decisión no se les está haciendo fácil. Ese tribunal ya ha resuelto casos que se argumentaron en el mes de octubre.

Por Manuel de J. González /CLARIDAD

Me imagino que algunos lectores de este espacio estarán esperando comentarios de la última insensibilidad de Wanda Vázquez, la del anuncio pagado por no se sabe quien repartiendo abrazos entre las víctimas de los terremotos. Pero primero hay que hablar de cosas realmente importantes, de mujeres que de verdad tienen a Puerto Rico primero en su lista de prioridades y no necesitan forzar sonrisas para buscar simpatías. 

Hay que hablar de Adriana Díaz, la atleta gigante que no llega a cinco pies de estatura. Ante un público delirante (¿en cuál otro lugar del mundo el tenis de mesa llena un estadio?) la utuadeña derrotó a dos estadounidenses para conquistar el título panamericano. El apellido de las derrotadas apunta al Oriente, porque muchos países acuden a inmigrantes chinos para que los representen en este deporte inventado por ellos. Puerto Rico no necesita recurrir a esos inventos porque cuenta con una familia humilde que se hizo sola, a fuerza de puro sacrificio y amor patrio. 

Mientras el País anda dando tumbos – más por la incompetencia y la codicia de sus representantes públicos que por los desastres – la familia Díaz de Utuado carga la bandera y nos llena de gloria. Adriana, para mayor aplauso, tampoco tiene problemas asumiendo posturas valientes, como cuando hizo un llamado público el año pasado exigiendo la renuncia de Ricardo Rosselló. Lo que muchos líderes olímpicos no se atrevieron hacer (todo lo contrario, presionaron a los atletas que fueron a los Panamericanos de Lima para evitar expresiones) lo hizo la utuadeña de 19 años. 

El mismo día que Adriana derrotaba jóvenes orientales una tras otras en Guaynabo, nuestro equipo nacional femenino de baloncesto aseguraba su pase a las Olimpiadas en una fría cancha de Francia. Otra vez sobresale el trabajo efectivo a pesar de los pocos recursos porque si el deporte nunca ha recibido el apoyo público necesario, en los últimos años ha recibido menos. Junto a la actividad cultural, el deporte está al final de la fila debiendo mendigar apoyos para mantenerse a flote. 

Tras poner en primer lugar lo positivo, obligados por el oficio tenemos que hablar de lo negativo. En primer lugar, de la inefable Wanda Vázquez y del video que publicó exclusivamente en las redes sociales aprovechando sus visitas a los campamentos de refugiados y abusando de la imagen de muchas de las víctimas. El anuncio provocó indignación instantánea, a tal grado que los medios tradicionales, como la televisión y la prensa diaria, tuvieron que reseñarla. 

El único comentario adicional que merece este asunto es el alto nivel de torpeza política que refleja. En un mundo donde los desarrollos tecnológicos facilitan el uso efectivo de las imágenes destacando la sutileza y el buen gusto, el vídeo de Vázquez destaca por lo burdo. Tal vez por eso provocó tanto disgusto, como cuando en un tribunal se quiere utilizar la imagen macabra de una víctima para impresionar a un jurado. Igual que en aquellos casos, la manipulación descarnada del dolor que causó el terremoto saltó a la vista y de ahí la indignación. 

Las secuelas de este mamarracho no serán sólo de imagen pública. Quedan en el aire los cuestionamientos sobre si se pagó con dinero público porque hasta ahora no está operando ningún comité de la candidata Vázquez, al menos en cuanto a los informes de recaudación de fondos de campaña se refiere. La ley vigente requiere que los anuncios de una campaña eleccionaria se paguen por adelantado y hasta ahora no existe informe alguno al Contralor Electoral sobre los recaudos de la candidata. Si no fue dinero del tesoro público y aparece ahora como un “regalo” de un seguidor, esa aportación también requiere de un informe que hasta ahora no existe.

Si se utilizó dinero del gobierno, por tratarse de un año electoral la publicación de cualquier anuncio debe contar con la autorización previa de la Comisión Estatal de Elecciones. El pasado lunes 10 de febrero el presidente de esa entidad aclaró que en sus récords no aparece ninguna solicitud de autorización para la confección y divulgación del vídeo de Vázquez. Como vemos, la torpeza no sólo surge de las imágenes divulgadas sino de todo el proceso. De esta yagua saldrán otras cucarachas en los próximos días. 

Antes de concluir hay que dedicar unos párrafos a las actuaciones de otra persona que contrasta con las de nuestras atletas. De entre los nombrados por Vázquez a su gabinete destaca la Secretaria de Justicia, Dennise Longo. De entrada, debemos aclarar que, contrario al manto de persona ajena a la política que quiere proyectar, estamos ante una militante curtida del PNP. Comenzó trabajando en la administración del primer Rosselló, luego en la de Luis Fortuño y de allí pasó a otro reducto del mismo partido: la fiscalía federal. 

Por el cargo de Secretario de Justicia han pasado muchas personas que han contribuido a la imagen de “sastrería jurídica” que popularmente se le asigna al cargo, por confeccionar “trajes” legales ajustados a la necesidad política del partido en el poder. La actual secretaria, sin embargo, está superando a todos los demás con acciones tan burdas como las de la gobernadora que la nombró. Sus últimas acciones cerrando la investigación en torno al chat que motivó la renuncia de Rosselló (tras facilitar que escondieran evidencia) y deteniendo investigaciones, la colocan en los primeros lugares en la lista de sastres. Pero donde botó la bola es en la investigación sobre los almacenes con suministros. Luego de que la gobernadora anunciara una investigación en 48 horas y la refiriera a Justicia, Longo corrió a protegerla anunciando que su gestión tomará “años”. Las sabandijas escondidas nunca verán la luz del sol.