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Indignación contra Pedro Pierluisi por querer derogar la Ley de Educación Especial 

 

Por la Redacción

Padres,  madres de estudiantes de Educación Especial y los profesionales que les atienden expresaron sentirse tristes e indignados ante la postura del candidato a la gobernación Pedro Pierluisi de defender el proyecto de ley 1945. Ese proyecto pretende derogar la Ley 51 que  reconoce el derecho a una educación pública, gratuita y apropiada para los niños y jóvenes con impedimentos.Pierluisi además acusó a los abogados que defienden a esta población de lucrarse con el pleito de Rosa Lydia Vélez.

Las declaraciones de Pierluisi fueron hechas en el llamado Debate Decisivoque se presentó el jueves 22 de octubre a través de la cadena de televisión Telemeundo al responder a una pregunta del contrincante Juan Dalmau Ramírez sobre cuál era su compromiso con los estudiantes de Educación Especial.

El Comité Timón del Pleito de Clase de Educación Especial, la Alianza de Autismo de Puerto Rico, Ryan y su lucha, Madres Innovadoras, el Movimiento por la Niñez y la Educación Pública, entre otrasorganizaciones, en un comunicado de prensa calificaron de irresponsable la  crítica de Pierluisi a los abogados que “defienden a diario la niñez y juventud de diversidad funcional, atacando unos procesos de litigación, que realmente son causados por el incumplimiento sostenido por más de cuarenta años por el Departamento de Educación y el Gobierno de Puerto Rico. Es el mismo gobierno, que ha gastado millones de dólares, que bien podrían ser utilizados en cumplir los procesos, en pagar bufetes de abogados para defender lo indefensible. Basta ya de ataques viciosos. Es momento de reivindicar los derechos de esta población y respetar las estipulaciones del Pleito de Clase de Educación Especial”.

Las organizaciones aclararon que el proyecto 1945, que deroga la Ley 51 de Educación Especial, ha sido vetado dos veces, tanto por el exgobernador Ricardo Roselló como por la incumbente Wanda Vázquez. Aun así, el propulsor, representante Rafael June Rivera, sigue insistiendo en volverlo a someter y pasarlo por encima del veto a pesar de que no cuenta con el aval de ningún grupo que defiende los derechos de esta población.

“Es lamentable que Pierluisi haya repetido expresiones falsas, propagadas por el represente Rivera, ante la falta de argumentos congruentes para impulsar un proyecto dañino para nuestros niños de educación especial. Innecesario, además, ya que se le proveyó información suficiente, en una misiva enviada por representantes de esta población, la cual no fue respondida ni endosada. En dicha carta, solicitamos que expresara su compromiso con la educación y en contra del Proyecto 1945”.

Las organizaciones además repararon en que el citado proyecto de ley puede abrir las puertas a contratistas inescrupulosos que lo menos que les interesa es el bienestar de la niñez y juventud de Puerto Rico. Esto se asemeja al caso de la aprobación de la ley de armas, que fue denunciado recientemente.

Mas aun trajeron a la luz que en varias ocasiones, han invitado al candidato a Pierluisi a participar en foros relacionados con tema de la educación en Puerto Rico y a reunirse con representantes de la población de educación especial y con la comunidad escolar en general. En todas y cada una de ellas, ha declinado su participación.

“Entendemos que al escuchar nuestros planteamientos, tendrá espacio para reflexionar y trabajar en consenso por las familias de esta población que representamos y defendemos. Tomar una postura sin escuchar antes a los afectados por este proyecto que quieren convertir en ley, es enajenar y dañar a sobre 300,000 familias del país.

“Exhortamos a las familias de estudiantes con diversidad funcional y a la población que entiende la importancia de una educación pública, gratuita y apropiada a estar vigilantes ante estas posturas al momento de emitir su voto en las elecciones generales del 3 de noviembre”, concluyeron.

 

 

Mirada al País: El Movimiento Victoria Ciudadana: para el récord

 

Especial para CLARIDAD

¿Será el Movimiento Victoria Ciudadana un movimiento neoliberal, como han planteado algunas voces? ¿Será un movimiento que plantea que «el status no está en issue», reproduciendo el discurso del Partido Popular en 1940 y años posteriores? En vísperas de las elecciones, quisiera abordar estas críticas, aunque sea para dejar el récord claro entre los lectores de Claridad.

¿Será el MVC un movimiento neoliberal? Para responder a esta pregunta conviene recordar los aspectos fundamentales de las políticas neoliberales. Entre esos elementos están: la privatización de agencias públicas, que incluye distintas modalidades como venta de empresas públicas, subcontratación, escuelas chárter, contratos de administración (como el contrato de LUMA), sistema de vales o váuchers, entre otros; ataques a los derechos y conquistas laborales, que limitan los derechos de los trabajadores en el empleo y precarizan el empleo (como la ley 4 de 2017, conocida como la «reforma laboral»); políticas contributivas regresivas, como los impuestos al consumo, que caen con más fuerza sobre las personas con bajos ingresos o sin ingresos; ataques a las organizaciones sindicales, con el objetivo de destruirlas o maniatarlas y debilitarlas, cuando no sea posible destruirlas; políticas de reducción del gasto público y de austeridad, a menudo con el objetivo de pagar la deuda pública (como la ley 7 de 2009, la ley 66 de 2014, la reducción del presupuesto y aumentos de matrícula de la UPR, las políticas de austeridad promovidas por la Junta de Control Fiscal desde 2016, por ejemplo).

¿Cómo compara esta política neoliberal con la Agenda Urgente, documento de fundación del MVC y con el Programa de gobierno? Una consulta de ambos documentos, así como otras expresiones públicas del MVC y de sus candidatos y candidatas, permite comprobar que el MVC rechaza la política de privatización, plantea la creación de un seguro de salud universal (para empezar a revertir los efectos de la privatización del sistema salud), se opone al modelo de las escuelas chárter, plantea anular el contrato de LUMA, rechaza y propone revocar la llamada reforma laboral, favorece revisar la legislación laboral (como la ley 45) para ampliar los derechos de los trabajadores y promover la organización sindical de todos los trabajadores y trabajadoras, favorece una reforma contributiva progresiva para que «pague más el que más tiene», plantea la necesidad de auditar la deuda y anular la mayor parte de la misma, propone enfrentar la Junta de Control Fiscal, eliminando el financiamiento de ese organismo por el pueblo de Puerto Rico, favorece aumentar el salario mínimo en Puerto Rico, entre otras medidas. Como puede verse, estas posiciones no solo son distintas a las políticas neoliberales, son lo opuesto. Si algo define al MVC es precisamente su rechazo de las políticas neoliberales.

Algunos señalamientos sobre el supuesto neoliberalismo del MVC se fundamentan en planteamientos de que su candidata a la gobernación en 2016 expresó su disposición a consolidar recintos de la UPR y a privatizar ciertos servicios y que antes de esa fecha la empresa de la que era parte tenía contratos con el Departamento de Educación. Estas son preguntas y dudas legítimas. Estuvieron entre los temas que se discutieron en el proceso de fundación del MVC y de preparación de su documento de fundación, la Agenda Urgente. De mantenerse aquellas posiciones, ciertamente, muchos de nosotros y nosotras no podríamos participar en el movimiento que se estaba formando. ¿Cuál fue el resultado de la discusión? Ya lo hemos indicado, la adopción de posiciones claramente contrarias al neoliberalismo: el MVC está comprometido con la defensa de los once recintos de la UPR, defiende restaurar la fórmula del financiamiento de la UPR, apoya el proyecto de reforma universitaria elaborado por la comunidad universitaria, se opone a la privatización de los servicios esenciales (incluyendo energía eléctrica, que está planteada en el momento actual). La candidata a la gobernación ha criticado y denunciado el tipo de programa por contrato en que participó en el pasado, que, si bien eran legales, no dejaban de tener un efecto negativo sobre el sistema público. Los ataques que hoy recibe de los sectores que controlan la política del país, no se deben a que tenga contratos (cuando los tenía no la atacaban), se deben a que, no solo no los tiene, sino que los denuncia, y a que el MVC plantea eliminarlos. Los documentos, por su puesto, son papeles y muchos candidatos los ignoran. ¿Qué posiciones han defendido los candidatos y candidatas del MVC, incluyendo la candidata a la gobernación, durante la campaña? Precisamente las posiciones que acabamos de resumir. Hace pocos días durante el último debate, por ejemplo, un periodista preguntó a la candidata a la gobernación si favorecería trasladar el proceso de reclutamiento del personal de gobierno a una empresa privada, como forma de combatir la corrupción. La candidata no solo rechazó esta nueva modalidad de privatización, sino que explicó además que no puede olvidarse que el sector privado es parte de la corrupción que se quiere combatir. No está de más recordar que Alexandra Lúgaro no está corriendo sola: está acompañada por un grupo amplio de candidatos y candidatas que son veteranos y veteranas de la lucha contra las políticas neoliberales y patronales. Describir este movimiento como neoliberal no tiene fundamento.

Se ha dicho, por otro lado, que el MVC plantea que «el status no está en issue» o que el MVC no tiene posición ante el status. Esto es igualmente inexacto. Desde su nacimiento, el MVC ha planteado: que Puerto Rico se encuentra en una situación de subordinación colonial; que es necesario superar esa situación colonial; que para eso el pueblo de Puerto Rico debe tomar acción y tomar las iniciativas que sean necesarias; que la manera de hacerlo es convocar una asamblea constitucional de status. Y señala que esto pueden hacerlo tanto independentistas como estadistas y defensores de la libre asociación. Si algo caracteriza al MVC es precisamente el planteamiento de que el status sí está en issue, de que resolverlo es una tarea urgente.

El MVC ciertamente no es un movimiento independentista ni socialista. Yo soy, como se sabe, independentista y socialista. ¿Por qué apoyo y soy candidato del MVC? Me parece que el MVC permite agrupar a un amplio sector de nuestro pueblo que está rompiendo en el PNP y el PPD, que permite agruparlo bajo posiciones contrarias al neoliberalismo y favorables al pueblo trabajador y al ambiente, posiciones de desafío a la Junta de Control Fiscal, un movimiento que, sin que escondamos ni renunciemos a nuestras ideas, nos permite trabajar con ese pueblo que aún no las comparte plenamente. El MVC no es sustituto de otras formas de lucha. Por eso, la organización sindical, de las mujeres, estudiantil, etc., sigue siendo tarea prioritaria y promoverla sería prioridad de un gobierno y de los funcionarios electos del MVC. Nuestra consigna sigue siendo «en la urna y en la calle». El 3 de noviembre le toca a las urnas.

 

 

Mirada al País: La Tribulación de la Confianza en Tiempos de Pandemia y de Política

 

Han pasado poco más de siete meses desde el inicio de las situaciones adversas a la que nos ha sometido la incidencia del SARS-CoV-2, virus responsable de la pandemia del COVID-19. El impacto de esta nueva enfermedad infecciosa ha puesto en profunda precariedad la operación y funcionamiento de los sistemas políticos, económicos y gubernamentales de todas las naciones del Planeta. En el caso de Puerto Rico, esta situación se hace más difícil de sobrellevar dado el contexto en el que se expresa esta grave enfermedad. El COVID-19 coincide con momentos tremendamente desafortunados en que nos han sumido los huracanes Irma y María en el 2017, la crisis gubernamental y política asociado a la necesaria salida forzada del gobernador Ricardo Rosselló en el 2019, la turbulencia política y social para elegir su sucesor, y finalmente la sorpresiva y pavorosa actividad sísmica a finales de diciembre de 2019 y de enero de 2020. Para matizar ese conjunto de atribulaciones, gran parte del País experimentó, a principios de este año, una sequía hidrológica que requirió el racionamiento de la oferta de agua potable a una parte considerable de la población. Superada la sequía recibimos la amenaza y el embate de, al menos, dos ciclones tropicales que, como poco, produjeron consternación y ansiedad a toda la población puertorriqueña. Dentro de este contexto de calamidades se desarrolla el proceso electoral que se ha caracterizado por caóticas actuaciones de la Comisión Estatal de Elecciones y de funcionarios responsables de dicho proceso. Con este panorama nos encontramos en el proceso de discusión política para elegir a los funcionarios que aspiran a administrar y gestionar la responsabilidad gubernamental de la atribulada colonia.

Como en otras instancias de la vida, la selección de funcionarios electos en una sociedad que aspira a ser democrática está fundamentada en un principio básico de la confianza, en las cualidades morales y éticas de los aspirantes, así como también de los procesos institucionales electorales. Sospecho que, como yo, miles de compatriotas ven esta confianza en gran precariedad. Es decir, con la percepción de que existe una gran carencia y falta de estabilidad y seguridad entre las propuestas que se articulan para llevar a cabo la gestión pública vis a vis la capacidad real de actuación honesta de los múltiples candidatos y de los partidos políticos (en particular los denominados “mayoritarios”). Muchos aspirantes carecen de cualificaciones básicas para una gestión eficiente. Es posible que haga una proyección exagerada de la incertidumbre e inseguridad que las presentes circunstancias me producen, pero percibo una falta de garantías entre muchos candidatos y sus estructuras políticas para que puedan operar en las condiciones materiales y emocionales de la existencia prevalente en esta coyuntura histórica.

La confianza como concepto y como principio está inherentemente sumida en muchas de las decisiones fundamentales y vitales que, como individuos y sociedad, cotidianamente asumimos. Esta condición aplica a asuntos tan comunes como adquirir los productos o bienes que consumimos, o como las decisiones para seleccionar un profesional de la salud que nos ofrezca servicios, o de artefactos eléctricos y mecánicos que facilitan los procesos de vida (vehículos de motor, electrodomésticos, computadoras). Así mismo, resulta crítico la confianzaque se asume cuando se participa en procesos de selección de los dirigentes políticos que administran la función pública. La definición del diccionario de la Real Academia Española establece la confianza como “la esperanza firme que se tiene de alguien o de algo”; es la esperanza que se tiene en que una persona u objeto funcione de una manera esperada, que produzca un resultado deseado, que actúe como la persona desea. En el contexto político supone un elemento de seguridad para llevar a cabo con éxito acciones difíciles en circunstancias comprometidas. En el idioma inglés el concepto “trust” tiene la siguiente definición que citamos textualmente:” firmbelief in the reliability, truth, ability, or strength of someone or something you have confidence and feel safe physically and emotionally”. Pero la confianza tiene como agente disociador, como disolvente, la corrupción, tanto la legal como la moral, de individuos y de organizaciones. Según avanzan los tiempos y se profundizan las crisis sociales, el vicio de la corrupción en la gestión pública y privada se hace más prevalente. Esa actividad de tomar beneficio personal o particular defraudando los bienes públicos, sea por apropiación ilegal, por ineficiencia o por desidia, parece ser “el pan nuestro de cada día” en nuestra realidad colonial.

A propósito de la confianza o la falta de esta, me produjo mucha preocupación la lectura reciente de un artículo que trataba sobre el tema de carcinógenos en medicamentos genéricos para el control de la presión sanguínea. El artículo, publicado por Bloomberg Businessweek con el título de “Carcinogens Have Infiltrated The Generic Drug Supply in the US” reseña que la Agencia Federal de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) en un estudio sobre control de calidad, encontró impurezas de un agente químico tóxico en medicamentos que se utilizan ampliamente para el control de la presión. Estas impurezas se han detectado en productos genéricos, producidos en China y en India, que incluyen el llamado Valsartan, el Irbersartany Losartan.Estos compuestos se identifican comoAngiotensin Receptor Blocker (ARB). Un 80% de los ingredientes farmacéuticos activos de todos los medicamentos se producen en estos dos países asiáticos. El artículo de referencia señala que la FDA es, ordinariamente, muy riguroso en los procesos de aprobación de nuevos medicamentos. Pero este rigor no se aplica a los medicamentos genéricos; se señala que el 90% de todos los medicamentos que consumen los norteamericanos (y, por rebote, nosotros por nuestra condición colonial) son genéricos. Los genéricos son más baratos, están supuestos a funcionar de la misma manera que los originales, pero se le aplica muy poco escrutinio desde su producción inicial hasta el consumo por los ciudadanos. La FDA coteja menos del 1% de las drogas genéricas para investigar la presencia de partículas tóxicas; asume que tanto las empresas extranjeras como las nacionales operan con sus propios criterios éticos dentro de su responsabilidad corporativa. Es decir, operan bajo la premisa de la confianza. Como ocurre en mi caso, miles de boricuas consumimos estos medicamentos para el control de la presión sanguínea y otras condiciones de salud bajo la confianza que sean efectivos y no contengan impurezas que puedan producir cáncer en nuestro organismo. El mercado y el gobierno entienden que tenemos que confiar nuestra salud ciegamente en la farmacéutica y en la FDA.

Regresando al tema de la confianza en los actores del proceso político, vino a mi atención un artículo interesante bajo el título RAMONA ON CORONA and …. The Truant In Chief. Este título se refiere a una serie de humor escrito por Pam Goldman y alude al comportamiento del presidente Trump mientras estuvo hospitalizado, infectado con el virus del COVID. Goldman hace una parodia del comportamiento de Trump cuando decide abandonar el hospital temporalmente para saludar a unos simpatizantes que se congregaban a las afueras de la instalación médica. El concepto truanten inglés se utiliza para identificar a un estudiante que abandona o se ausenta temporalmente de la escuela sin permiso o a una persona que evade el desempeño de sus obligaciones. La prensa norteamericana criticó la irresponsabilidad de Trump de exponer a contagio al personal de seguridad del servicio secreto y a otros funcionarios públicos por un capricho estrictamente político partidista. El título del escrito hace inferencia a la función que tiene Trump como presidente de “Comandante-en-Jefe” de las Fuerzas Armadas de los EE.UU.. Al comportarse como un “truant” el presidente socava la confianza del pueblo de los EE.UU. y de la humanidad pensante en una figura pública de tan compleja y seria responsabilidad. Recomiendo la lectura de este escrito de Goldman porque la palabra “truant” fonéticamente se parece al vocablo español truhanque según el diccionario de la Lengua Española es “dicho de una persona: sinvergüenza, que vive de engaños y estafas”. El concepto sinvergüenza, dice el diccionario, es una persona “que comete actos ilegales en provecho propio o que incurre en inmoralidades”. No es muy difícil, para la mayoría de los seres pensantes, entender que Trump se comporta como un truhan. Si examinamos algunas de sus expresiones públicas encontraremos su proyección de inmoralidad y de insensatez que la califican como un truhan, como en las siguientes: 1)”We are going to quickly end this pandemic”(expresión del 24 de octubre del 2020 , un día después que se registraran más de 82,000 casos positivos de COVID-19 en EE.UU., lo que constituyó un récord desde que comenzó la pandemia; 2) “I am the least racist person you’ve ever interview”; 3) “No one has more respect for women that I do”; 4) “I will phenomenal to the women. I mean, I want to help women”: 5) “If Hillary Clinton can’t satisfy her husband, what makes her think she can satisfy America”.

El bajo “standing” moral que posee y proyecta Trump, debiera ser un factor que ponderar por los electores estadounidenses que consideren su reelección. Este es un individuo que no merece confianza, ni de sus nacionales ni de la comunidad internacional. Asi mismo, esas cualificaciones tan descalificadoras desde el punto de vista moral y ético debieran generar desconfianza en los funcionarios y en personas que en Puerto Rico le ofrecen apoyo y solidaridad. Me resulta incomprensible que la gobernadora Vázquez, persona que dirigió la Oficina de Asuntos de la Mujer, está involucrada activamente en el proceso de reelección de ese truhan, o de ese “Truant-in-Chief”. Aunque, ahora, con menos actividad o proyección pública, también se encuentra apoyando la reelección del Trump la actual Comisionada Residente en Washington. Así mismo, resulta cuestionable el apoyo que hace la senadora Nayda Venegas Brown a este truhan presidente, siendo ella mujer, negra y puertorriqueña.

Nos parece imprescindible que todo compatriota que interese participar en el proceso electoral de Puerto Rico debe juzgar desde el crisol del concepto de confianza a los miles de candidatos que compiten en puestos electivos. En este momento histórico Puerto Rico debe estar dirigido, y la función pública gestionada, con personas con altas cualidades morales y éticas. Nos parece que no hay precedentes históricos que comparen con las dimensiones de los axiomas de la presente crisis existencial del país. Estamos ante un cuadro de descalabros multidimensionales en los ámbitos social, económico y moral. No hay espacio para individuos formados y curtidos en la corrupción gubernamental. No hay espacio para los truhanes. Se le atribuye al escritor y poeta francés Leon Bloy (1846-1917) la siguiente expresión: “Los imbéciles son escurridizos e impermeables como una clara de huevo”. Las circunstancias exigen que aquellos que participen del proceso electoral sean cautelosos y no elijan “imbéciles”, “truhanes” o “sinvergüenzas” a dirigir los procesos gubernamentales, ni en EE.UU. ni en Puerto Rico.

 

 

 

La historia de Pellín y Pillín

 

CLARIDAD

“Pellín y Pillín son dos niños de tu edad, / a uno le gusta el trabajo y al otro lo mismo le da.” Así decía un anuncio televisivo que trataba de prevenir a los niños y niñas contra la criminalidad. Pellín trabajaba mientras Pillín robaba y, como moraleja educativa, en el anuncio el último terminaba en la cárcel. Ese resultado, donde el malo va a prisión y el bueno recibe elogios, en la realidad casi no siempre es verdad, pero el mensaje parecía bien intencionado.

Recordé a Pellín y Pillín mientras miraba la lista de salarios o compensaciones que se paga en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Conocimos el listado debido a que los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes la entregaron a la prensa, tras producirse una orden del Tribunal de Primera Instancia de San Juan gestionada por Eva Prados, candidata a la Legislatura del Movimiento Victoria Ciudadana.

Los dos listados han creado muchas noticias porque son como una síntesis de la desvergüenza en que se ha convertido la Legislatura. Aquí me refiero a algunos de los extremos que allí aparecen que, como Pellín y Pillín, personifican la honestidad y la maldad.

Una de las personas listada como funcionario del Senado es Carlos Frontera, quien trabaja en la oficina del senador independentista Juan Dalmau devengando $1,800 al mes. En lo publicado no se detallan las funciones de Frontera, pero las supongo porque lo conozco desde los primeros años universitarios, cuando estudiaba el bachillerato en economía en la Facultad de Ciencias Sociales de la UPR. Allí mismo terminó más tarde el grado de maestría, también en economía.

Ya trabajando como economista, Frontera siguió estudiando y, con mucho esfuerzo, terminó la carrera de derecho, revalidando poco después. Supongo que en la oficina de Dalmau aporta sus conocimientos en sus dos áreas de experiencia académica y profesional, economía y derecho, ambas muy importantes en el proceso legislativo.

Ninguna de las informaciones de prensa que se refieren al listado de empleados de Cámara y Senado menciona el caso de Frontera, aunque tal vez sea noticia que un abogado revalidado que, además, posee una maestría en economía, devengue $1800 al mes. Lo que pasa es que en los dos listados aparecen otros casos que llaman más la atención porque dramatizan, no el trabajo honesto de los muchos, sino el pillaje de los pocos.

En el listado del propio Senado donde labora Frontera vemos a un individuo desempeñándose como “supervisor del salón café” y recibiendo $5,000 cada mes como salario. El caso de ese agraciado se destacó mucho en los medios por la particular función que tiene asignada junto al descomunal salario, pero no es el más bochornoso. Lo que desborda la desvergüenza son las compensaciones – casi todas desproporcionadas – que reciben las esposas, esposos o parientes de algún funcionario o exfuncionario, o las asignadas a políticos derrotados que, tras el desenlace, se arrimaron a la Legislatura. Por ejemplo, allí vimos a Irma Garriga, esposa de Jorge Santini, exalcalde de San Juan, embolsillándose más de $6 mil mensuales como “asesora”. Del propio Santini se sabe que, tras su derrota, montó un bufete que ya acumula más de $2 millones en contratos con el gobierno, pero parece que esa jauja no le da y su amigo Thomas Rivera Schatz corrió a reclutar a su esposa.

Pero todos esos casos que, gracias a la licenciada Eva Prados, conocimos de la nómina del Senado, palidecen a lo que días después se descubrieron en el listado de la Cámara de Representantes. Allí también están las esposas, esposos, parientes y políticos derrotados, y hay algunos que hacen estallar la curva de la indignación. El más comentado de éstos es el de la “pastora” de la iglesia a donde el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, va a rezar con regularidad, la que recibe $10 mil mensuales del dinero público. Primero los cobraba con el título de “asesora” y luego la designaron a cargo de la “fe comunitaria”.

Sin embargo, el caso de la pastora, una tal Wilmarie Leduc, no es el más dramático. Esa categoría máxima hay que reservarla para José “Nuno” López, quien también figura como “asesor”, pero tumbándose $150 mil anuales. Si alguien se parece al “Pillín” mencionado al inicio de este artículo es precisamente Nuno López, porque se formó, no en la UPR, sino en una de las mejores escuelas del pillaje público, la que regenteó Edison Misla Aldarondo. Su carrera en el “servicio público” comenzó como ayudante de ese expresidente de la Cámara a quien le sirvió, entre otras cosas, buscando y cobrando los cheques que Misla recibía de sus fraudes y extorsiones. Ese historial, que se conoció en el juicio donde Misla fue condenado, no le impidió, tal vez le ayudó, a ser electo y reelecto como representante por el PNP. Fue finalmente derrotado en la primaria previa a las elecciones de 2016, pero ese fracaso no fue tal porque la buena estrella lo persigue. Tras dejar de cobrar como legislador, duplicó el tumbe como “asesor” de su amigo Johnny Méndez.

¿Cuál es la profesión de Nuno López? No se conoce ninguna,  pero aparece recibiendo $12,500.00 cada mes en funciones de “asesor”. Esa suma es casi siete veces más alta que la percibida por Carlos Frontera quien con mucha experiencia ganada como abogado y economista, labora como asesor, pero en la oficina de Juan Dalmau.

Como pueden apreciar, esta es la historia de Pellín y Pillín de la que hablaba al principio. Ya ven por qué la moraleja de aquel anuncio, donde Pillín terminaba desgraciado, era falsa. Seguramente terminó como asesor de Johnny Méndez, tumbándose $12,500 cada mes, mientras Pellín – con dos títulos académicos y acumulando toda la honestidad – recibe $1800. Además, el Pellín de nuestro cuento, Frontera, efectivamente se gana su salario trabajando duro, mientras Pillín se los tumba.

Los sueldos en la Legislatura

CLARIDAD

Los salarios que paga la Legislatura del Partido Nuevo Progresistas (PNP) a sus carreristas políticos, desde pastoras, esposas, amantes, sobrinos, asesores, expertos en hacer café, choferes, secretarias, amigos todos, es corrupción.

La divulgación de los sueldos de los empleados en el Senado y, posteriormente en la Cámara, ha dejado al descubierto cifras injustificables a la luz de las tareas y las cualificaciones requeridas. Puestos de cuestionable validez y necesidad,  hasta disparidad por género, fue el resultado arrojado por un pleito radicado por la  licenciada Eva Prados Rodríguez, candidata a representante por el Precinto 3 de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

La economista Martha Quiñones Domínguez, a preguntas de CLARIDADsobre su apreciación de lo revelado, no dudó en denunciar  que los  gastos en todos esos puestos no son necesarios, sino promesas políticas por el auspicio de campañas. “Eso los hace ser corrupción, pues son favores políticos. Por eso, son ellos los que definen sus necesidades, descripción de las tareas y los sueldos, sin consulta con Recursos Humanos”.  

La situación revelada, expuso la economista, provoca una vez más el debate de lo que deben ser  gastos necesarios y con objetivos sociales, los cuales deben ser prioridad, versus los gastos políticos que se dan en asesores y en puestos, que no tienen objetivos sociales.

A la luz de lo revelado de cómo se reparte el presupuesto en la Legislatura, entre inversión social e inversionismo político, sentenció que las prioridades están invertidas.

Se supone que los gastos de objetivos sociales se definan en el proceso de planificación del presupuesto. Ahí se identifican las necesidades sociales apremiantes que se presume se les asigna dinero por tener mucho valor social y proveer beneficios para toda la sociedad. Luego, se asignan los objetivos económicos y sus gastos y se define los beneficios que van a proveer.Por último están los gastos políticos, de los cuales se pueden prescindir por no ser necesarios y por su poco valor social. “En Puerto Rico, estas prioridades están invertidas. Y como no se discute con la sociedad el presupuesto y la planificación social y económica del país, los gastos políticos son altos y los sociales bajitos”.

Quiñones Domínguez no dejó pasar por alto que locurioso es que se suponía que la Junta de Control Fiscal (JCF) iba a resolver esos gastos innecesarios y a eliminarlos. Sin embargo, no lo ha hecho y la propia Junta se ha convertido en parte del problema. En su lugar, se ha dedicado a  disminuir gastos sociales, como educación, salud y otros, que tendrían mucho beneficio social. En cambio, los gastos políticos no los ha  tocado.

 Un sistema jerárquico

En entrevista por separado, el exrepresentante por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) Víctor García San Inocencio describió el marco en que  maniobra  la Legislatura, permitiéndose en la práctica mantener “un sistema jerárquico feudal”.

Describió que en el Capitolio opera la regla de que los presidentes de los cuerpos “mandan, dictan y determinan todo”, porque se reservan reglamentariamente una discreción absoluta para autorizar contratos y asignar sueldos sin que exista un plan de clasificación y retribución.

El experto en Administración Pública, quien fue por ocho años representante, añadió que esta “regla” o discreción  permite, primero, que se violente el principio de igual paga por igual trabajo, principio que es de rango constitucional. Segundo, propicia “enormes arbitrariedades, favoritismos y caprichos. Tercero, favorece el reclutamiento de personas no capacitadas”.

Los presidentes de los cuerpos son los que eligen a  los presidentes de las comisiones, quienes a su vez son los  que reclutan y administran de forma indiscriminada su presupuesto debido a la ancha discreción que se les delega. Pero al final del camino, la responsabilidad es de los presidentes, que son quienes refrendan esos actos y lo que hagan los presidentes de comisión y legisladores.

García San Inocencio describió este sistema como uno “jerárquico feudal donde los presidentes de los cuerpos ganan las presidencias de los cuerpos en sus caucus a base de billetazos públicos repartiendo presupuestos, presupuestos que hasta el día de hoy son secretos”.

En efecto, aunque ambos cuerpos han dado a conocer parte de sus nóminas, no han divulgado el presupuesto. El exlegislador lo atribuyó a que a los presidentes de los cuerpos no les conviene revelar sus presupuestos para que no se conozca el tratamiento discriminatorio que ejercen incluso entre  miembros de su misma delegación.

Las consecuencias de estas prácticas las son  terribles. En primer lugar, se crea un clima de desmoralización porque tanto empleados como contratistas, pero en particular los empleados, saben cómo algunos están mal compensados y otros sobrecompensados. Eso desmoraliza el ambiente de trabajo y productividad.

En segundo lugar, esa práctica se presta a un control férreo en donde el empleado puede ser sometido a abusos y si protesta le bajan el sueldo, si no es que lo botan. Por lo tanto, es un sistema que se construye a base del silencio, del miedo a la represalia y de un sistema pavlosianode lealtad a base de compensación.

García San Inocencio también denunció la práctica de los legisladores de contratar a miembros de su unidad familiar en la misma Legislatura, de colocarlos en empleos públicos o en contratos y hasta el intercambio de puestos para sus amantes entre los legisladores.

“Son la enciclopedia mundial de las malas prácticas. Esta ineficiencia administrativa se desata cuando no hay controles, no hay mecanismos de clasificación y retribución y cuando se les confiere tanta discreción tentadora a funcionarios electos”, denunció.

Afirmó que existen modelos mejores que el que tiene la Legislatura, en donde se cumple con el sistema de mérito. “Aquí la primera gran violación  a todo es el principio de mérito.

Hay modelos donde las condiciones de trabajo están bien definidas y donde la retribución no depende del capricho de un presidente de un cuerpo o de delegarle el ejercicio del capricho al legislador presidente de una comisión.

García San Inocencio apuntó que parte del problema es que la inmensa mayoría de los empleados en la Asamblea Legislativa son de confianza. Las comisiones  legislativas deberían tener empleados permanentes. Aunque dijo entender que un partido de mayoría pueda querer escoger a un director de comisión, por cuestión de que esté a cargo de vigilar y adelantar los proyectos de administración de la política pública, no todos tienen que ser puestos políticos.

Dicha práctica, describió, parece emanar de la alternancia y competencia por el poder; de una visión de servicio al partido, de fijarse a las estructuras gubernamentales para usufructuarlas.

El exlegislador destacó que por la Constitución, la Legislatura tiene su propio régimen y sistema de fiscalización. Desde el 2014 se supone que se hubiese establecido ——regla que aplica a todo el gobierno— un sistema de clasificación y retribución. Eso significa que los reglamentos por los que se rige cada cuerpo legislativo (por ser ramas separadas una de la otra) por derivarse de la Constitución, son reglamentos que tienen fuerza de ley. Cualquier nueva administración de Cámara o Senado puede  enmendar sus reglamentos y sus prácticas para que haya controles y se promueva la transparencia y la apertura sin depender de que el Ejecutivo lo firme.

García San Inocencio reconoció que, aun así, esto presenta la dificultad de que cuando una nueva Legislatura lo quiera cambiar podrá hacerlo. Sin embargo, confía en que la vigilancia  del público lo impida.