CLARIDAD
El estudio del Instituto de Análisis Económico y Financiero de la Energía (IEEFA, siglas en inglés), sostiene que el contrato de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con LUMA Energy es una privatización en donde LUMA no pone ni un centavo, que redundará en tarifas más altas. Su conclusión final es que se debe de rescindir del contrato.
“El contrato se ha anunciado como un acuerdo de operación, transmisión y distribución, y se organiza como una asociación público-privada. El contrato falla desde el principio, ya que en realidad se trata de una privatización completa de las funciones básicas de AEE. El contrato se firma con una empresa privada que no está́ obligada a poner en riesgo su propio dinero. Esto no es una asociación; es un contrato que garantiza el flujo de dinero a LUMA Energy y deja a la suerte un sistema de electricidad seguro, confiable y asequible para Puerto Rico”, afirma el estudio de IEEFA, de la autoría de su director de finanzas, Tom Sanzillo.
El análisis publicado a mediados de octubre precisa que la estructura del contrato empujará los precios hacia el nivel de 30 centavos/kWh. De hecho, repara en que una de las primeras tareas contractuales de LUMA será solicitar un aumento de los precios de la electricidad.
Destaca, además, que el contrato guarda silencio sobre los cientos de millones de dólares anuales destinados al servicio de la deuda, los costos de combustible, el patrocinio político y la mala contratación que tiene la AEE.
“En cambio, a lo largo de la vida del contrato, se sumarán cientos de millones de dólares en nuevas tarifas para LUMA Energy a los ya pesados costos de consultores y asesores, intereses de combustibles fósiles y tenedores de bonos”, dice el estudio.
Contrario a lo que ha pretendido vender la Autoridad de Alianzas Publico Privadas (Alianza P3), de que el contrato con Luma representa un ahorro para la Autoridad, IEEFA señala que las comisiones de consultoría y supervisión se incrementarán a $274 millones en este año fiscal, más del 22% del presupuesto actual de AEE, sin el gasto de combustible. Esto se traduce en un impacto de tarifa de 1.6 centavos/kWh.
Además, contrasta que tanto LUMA como las otras dos empresas que esta patrocina, Quanta Service y ATCO, valen alrededor de $12,000 millones, mientras se estima que la reconstrucción de la red eléctrica de Puerto Rico cuesta más de $20,000 millones, por lo que las empresas están “mal posicionadas” para intervenir y completar esa tarea.
El contrato tampoco va a permitir que se cumpla con el objetivo de la Ley Energética, de avanzar en el uso de energía renovable, debido a que se permite que LUMA presente cambios al Plan Integrado de Recursos (PIR), el cual ya fue aprobado por la Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR). Tanto la AEE como LUMA han expresado que la generación con gas natural es una prioridad.
IEEFA confirma lo denunciado en repetidas ocasiones por el sindicato de la UTIER de que el contrato exige la eliminación de las protecciones laborales de los dos sindicatos de la AEE. Sobre el particular Sanzillo precisa: “Esta es una decisión gerencial poco sólida. Los nuevos operadores privatizados y los acuerdos laborales alcanzados en otras comunidades en apuros fiscales siguen reconociendo los derechos laborales existentes y se basan en las fortalezas existentes de la fuerza de trabajo. En general, el contrato proporciona disposiciones específicas para ayudar a reducir los costos de mano de obra; pero no menciona las partes más costosas y derrochables de la AEE relativas al combustible, la deuda y el patrocinio político”.
Otro aspecto que se trae a la atención es la falta de acceso a información al público que conlleva la privatización. Sanzillo le llama “menos aporte público”, y repara en que el mismo IEEFA tuvo que demandar en el tribunal a la AEE para tener acceso a información básica sobre sus operaciones, por lo que como entidad privada LUMA restringirá aún más el flujo de información pública.
IEEFA, al igual que otros análisis, cuestiona el que independiente de su funcionamiento, la AEE tenga que pagarle a LUMA $105 millones anuales y darle un incentivo adicional si su desempeño es superior.
Sesgada la aprobación del contrato
El análisis de IEEFA califica de sesgada la aprobación del contrato de Luma y trae a la luz aspectos del proceso por parte de la Autoridad P3 y de la participación del presidente del NEPR, Edison Avilés Deliz, la cual también ha sido denunciada por la UTIER y la Alianza Queremos Sol.
IEEFA postula que el nombramiento de Avilés Deliz a la Junta de la Autoridad P3 fue “discrecional”, ya que la disposición establece la calificación de este nombramiento, como con cualquier funcionario de una entidad gubernamental.
“Como miembro del Comité́ de Alianza, Avilés Deliz presentó una clasificación de las comunicaciones presentadas por LUMA y otros competidores al comité́. Este rango fue incluido en la puntuación de las propuestas y sirvió́ como un elemento crítico en la aprobación del contrato LUMA. Avilés Deliz votó a favor del proyecto como parte del consentimiento unánime del comité́”.
Continúa exponiendo el estudio que entonces el contrato preliminar de LUMA se radicó ante el Negociado, el cual preside Avilés Deliz, para asegurar un certificado legalmente requerido de cumplimiento energético. El 17 de junio de 2020, el Negociado emitió́ una orden final otorgando el certificado. Avilés Deliz firmó la orden permitiendo a la Junta de la Autoridad alcanzar la mayoría requerida por la ley. Dado que un miembro de la Junta, el comisionado Ángel Rivera de la Cruz, discrepó, la propuesta sobre la resolución se aprobó́ y se concedió́ el Certificado de cumplimiento energético. Si Avilés Deliz se hubiera recusado, bajo el Estatuto de gobierno de la Junta, la resolución habría fracasado por falta de votos mayoritarios. En el momento de la votación, la junta de cinco miembros tenía una vacante. Se necesitaban tres votos para una mayoría.
A la luz de este proceder, a juicio de IEEFA, las tres estructuras que se han diseñado para supervisar el contrato de LUMA y proteger el interés público no tienen los antecedentes ni la eficacia para ello. Se refiere a la Autoridad P3, al NEPR y a la Junta de Control Fiscal (JCF), Sobre esta última expresa que es un “monitor fiscal poco fiable”.
“El contrato LUMA es objetable por una combinación de políticas y procedimientos tan amplios, que es poco probable que su ejecución alcance la resiliencia crítica, la asequibilidad, las energías renovables, la fuerza de trabajo y los objetivos presupuestarios”, sentencia IEEFA.
Las denuncias del estudio de IEEFA se suman a las expuestas por otros estudios, como el del catedrático economista, José I. Alameda; el del Centro para una Nueva Economía (CNE) y el del sociólogo, doctor Héctor Cordero.
