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 Actos vandálicos: Intento del gobierno para desacreditar a los manifestantes 

Gases lagrimogemos contra la manifestación . Foto: Alina Luciano/CLARIDAD

Por Cándida Cotto / CLARIDAD 

ccotto@claridadpuertorico.com

Desde que inició el presente cuatrienio del gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP), cada vez que hay una manifestación del pueblo, la fuerza policíaca se lanza contra los manifestantes al final de la actividad con argumentos de que se suspendió el derecho a la protesta por motivos de horarios o porque están sucediendo actos vandálicos.

La reciente marcha en repudio al desempeño del gobierno frente a la emergencia provocada por la actividad sísmica que ha dejado a 20 mil personas desplazadas de sus hogares y cientos de viviendas afectas no fue la excepción. La marcha salió poco después de las seis de la tarde de frente al Capitolio para llegar hasta La Fortaleza y concluyó a las ocho de la noche. Horas más tarde la Policía, bajo la excusa de que las personas estaban cometiendo actos vandálicos –por los que no arrestó a nadie- arremetió con gases lacrimógenos contra los manifestantes que todavía se encontraban frente a La Fortaleza. Horas más tarde, la misma Policía circuló vídeos del supuesto vandalismo. El periodista Kefrén Velázquez y el fotoperiodista Luis Ojeda, ambos del Canal 4, fueron agredidos por supuestos manifestantes.

En comunicado de prensa, la Unión Americana de Libertades Civiles, (ACLU, siglas en inglés) capítulo de Puerto Rico expresó su preocupación de cualquier intento de proyectar a los manifestantes como responsables o cómplices de los actos vandálicos. “La ACLU no está en posición de acreditar si las personas que alegadamente incurrieron en estos actos son o no manifestantes bona fide, ya que los vídeos no permiten tal apreciación. Sin embargo, nos preocupa que se esté planteando que los organizadores de la manifestación comparten la responsabilidad por actos de algunos individuos no identificados, y peor aún, que se consideren cómplices. Cualquier intento de proyectar a manifestantes, quienes son personas de todas las edades y círculos de nuestra sociedad, como responsables o cómplices, es injusto, particularmente cuando están allí para, con toda la razón, exigir respeto y humanidad de parte de los gobernantes”, manifestó el director ejecutivo de ACLU, licenciado William Ramírez.

Ramírez hizo la salvedad de que la ACLU no condona estos actos individuales, y mucho menos cuando es contra la prensa, quienes desempeñan sus labores para informar al pueblo. Recalcó que el pueblo tiene el derecho a manifestarse en contra de los malos manejos y corrupción de su gobierno, información que en muchas ocasiones llega a través de los medios noticiosos. “Tanto el derecho a saber, el derecho a ser informado, como el derecho de la prensa a informar, son derechos fundamentales del pueblo”. Mencionó además de que está esperanzado en que la prensa del país sepa distinguir entre los actos de unos individuos del resto de los manifestantes.

“Nos incumbe a todos y a todas la defensa de nuestro derecho fundamental a protestar, a expresar nuestro disgusto contra los gobernantes mediante las diversas formas a nuestro alcance, así como el derecho a estar informados y el derecho de la prensa a informar. Los ataques contra la prensa son un ataque contra nuestra Constitución. Igualmente atentan contra nuestra Constitución la suspensión arbitraria del derecho del pueblo a manifestarse y el uso indiscriminado de la fuerza por parte de la Policía de Puerto Rico”, concluyó.

Por su parte, la junta de directores de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPR) hizo un llamado público a que se respete el trabajo periodístico en la cobertura noticiosa de las manifestaciones y a que se proteja a los colegas de ataques directos maliciosos y orquestados, tanto físicos como mediante redes sociales.

“Los periodistas hemos contado con el respeto y agradecimiento de la gran mayoría del pueblo puertorriqueño a través de nuestra historia, gracias al trabajo comprometido y ético de miles de colegas en la búsqueda de la verdad. Puerto Rico ha conocido de innumerables injusticias por nuestro trabajo y ha comprendido los contextos y circunstancias de su realidad por nuestras investigaciones, muchas veces logradas contra adversidades internas y externas, amenazas, y por puro compromiso con el país”, suscribió la ASPPRO.

El gremio, de carácter voluntario, trajo a la atención que los reporteros y reporteras son como cualquier trabajador, deseosos de hacer bien su trabajo y que la gran mayoría no controla las líneas editoriales ni los estilos o decisiones gerenciales de los medios. 

“Los periodistas tampoco nos dedicamos al negocio del entretenimiento. Lo que nos mueve, por encima de todo, es la búsqueda de la verdad y servirle a nuestro pueblo. Debemos recordar que en la historia de Puerto Rico y sus movimientos sociales siempre aparecen elementos con agendas nocivas para desvirtuarlos y manipular la opinión pública. Nosotros también somos objeto de un operativo orquestado a través de las redes sociales. No queremos que esto se repita en la calle”. 

LA ASPPRO dijo esperar que las organizaciones y manifestantes de las protestas masivas “ejerzan su buen criterio, con algunos elementos aislados y minoritarios, para que defiendan su derecho a estar bien informados. Protegiendo a periodistas se protege su derecho a saber”. 

 Deficiente la certificación de planteles del Departamento de Educación

Por Giancarlo Vázquez / CLARIDAD 

gvazquez@claridadpuertorico.com 

Los informes de las escuelas que fueron inspeccionadas a partir del evento sísmico del 7 de enero no están disponibles. Tras los procesos de evaluación, el Departamento de Educación (DE) entregó las certificaciones de los planteles aptos para el inicio de clases; pero eso no es suficiente. 

Estos informes deben incluir la inspección y las recomendaciones una vez se conoce el estado de las estructuras. Al no tener este documento, niños, maestros y personal del DE en general comenzaron las clases esta semana sin saber a qué se iban a enfrentar. 

“Enviar a nuestros hijos a escuelas inseguras es enviarlos a morir”, reclamó la presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), Mercedes Martínez Padilla.

La semana pasada, el Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (FADEP) solicitó en conferencia de prensa una lista de las escuelas abiertas que reflejan tener la deficiencia conocida como “columna corta” y cuáles de esas fueron reparadas a partir del año 2000. También, una lista de las escuelas que se consideran sismoresistentes (incluidas las que fueron cerradas), los hallazgos de las recientes inspecciones y las realizadas posterior al huracán María. Igualmente reclaman que se haga público el plan de mitigación y corrección para las deficiencias que se identifiquen en los planteles escolares y estructuras del DE. 

Migdalia Santiago, maestra de educación especial y presidenta de EDUCAMOS, destacó la preocupación, tanto suya como de sus compañeros, en cuanto a la falta de preparación para atender una situación de emergencia. Particularmente, esas que son imprevistas, como los terremotos, y en las que hay que actuar rápido. 

“En la sala de clase tenemos estudiantes que no necesariamente responden a instrucciones, que no entienden lo que está sucediendo; pero sienten miedo y se asustan y eso los pone en una posición más vulnerable”, expuso.

Martínez Padilla mencionó que la preparación es parte del proceso de evaluación que debe hacerse al inicio del semestre. El FADEP recomendó al secretario de educación, Eligio Hernández, que se les dé un taller de primeros auxilios y otro de manejo de desastre a los y las maestros (as) durante esta primera semana de clases. 

Según la presidenta de la FMPR, la casa abierta que se realizó en las escuelas el viernes pasado consistía en que el papá fuera a la escuela, visitara los salones, viera el estado de la infraestructura y recibiera una copia de la certificación que dice que la escuela está lista para comenzar, no el informe. Sugirió, en cambio, una asamblea en la que todos los padres y madres, la administración, la facultad, estuviesen presentes. 

“Se lee el informe, se discuten los hallazgos y las recomendaciones; se da a conocer el comité de seguridad del plantel y quiénes lo componen; dónde buscamos a nuestros hijos, cuál es la ruta de desalojo”, explicó. 

“Toda esa información que no van a tener disponible para la casa abierta es necesaria para que padres y madres tengan un respiro y la seguridad de que sus hijos van a estar en un lugar bien cuidados y atendidos y que el personal que está ahí está capacitado para trabajar con una emergencia”, añadió Martínez Padilla.

En comparación con los estudiantes de corriente regular esta complicación se multiplica exponencialmente para el estudiante de educación especial, considerando el hecho de que normalmente están ubicados en el primer piso por la cuestión de accesibilidad y transportación. 

“Los pisos más vulnerables…”, recordó Santiago haciendo referencia a la escuela que colapsó en Guánica. A eso se añade que el estudiante de educación especial no siempre está con su maestro, que es el especialista. A veces los sacan de la sala de clases para tomar terapias o atender otras materias. 

“Queremos que empiecen las clases, pero necesitamos seguridad y unas herramientas para preparar a mis estudiantes porque yo no sé si en la casa hay una plan para el manejo de esas situaciones y resulta que me toca a mí ayudarlo a hacer un plan que debería haberse gestado en la casa”, señaló Santiago.

Añadió que, en última instancia, si el inicio de clases se atrasa 3 o 4 días por salvarle la vida a los 300 mil estudiantes que tiene el país, bien merece el esfuerzo; ni los sindicatos ni el magisterio en general van a molestarse por atrasar el semestre un par de días para poder prepararse.

En contraste con el huracán María, para esta ocasión el problema mayor está en la región educativa de Ponce y una parte de la región educativa de Mayagüez. El resto de las regiones educativas no sufrieron enormes daños en términos de infraestructura. 

“Aunque había la posibilidad, tú no esperabas otro huracán después de María. En el caso de los temblores, tú no sabes cuándo va a volver a temblar. Se ha mantenido temblando y esa situación nos pone en una condición bien frágil. Hoy la situación es más insegura. Siempre habíamos hecho la denuncia de lo mal que estaban las escuelas, pero hoy tenemos la evidencia”, sostuvo Santiago.

Por otra parte, Martínez mencionó que luego del huracán diferentes organizaciones se dieron a la tarea de traducir gran cantidad de los informes que realizaron los ingenieros estructurales del cuerpo de ingenieros en 2017. “De las 224 escuelas que empiezan (maestros y maestras empezaron el jueves 23), ya hay 64 en que se han traducido los informes. Muchas de ellas con código rojo (inhabitable), señalaban que tenían que ser evaluadas estructuralmente. Si se corrigieron, si se atendieron esos hallazgos, a nosotros no se nos ha dicho. Estamos exigiendo esa información porque los padres van a mandar sus hijo a esas escuelas que ya desde entonces presentaban unas fallas”, dijo Martínez. 

Concluyó que ante el inicio de clases son muchas las preocupaciones: la falta de transparencia, responsabilidad, seriedad, la ansiedad de no saber cómo trabajar un trauma, no saber cuáles son los comités de seguridad. Sobre la población de diversidad funcional desconocen cuál es el protocolo a seguir, por ejemplo, con los niños encamados, en silla de ruedas, con autismo, síndrome down, no videntes. 

“Todavía no tenemos la más remota idea de qué va a pasar con el resto de las escuelas que al día de hoy no se sabe si van a abrir y cómo van abrir o si van a cerrar algunos salones porque esas salieron parcialmente aptas”, expresó por su parte Santiago.

Más allá de la solidaridad

Por Cándida Cotto / Claridad

ccotto@claridadpuertorico.com

Más allá del trabajo de solidaridad que realizan las asambleas ciudadanas para con los hermanos y hermanas puertorriqueños afectados por los temblores, el activismo de los miembros de las Asambleas Ciudadanas refleja una nueva fuerza social con miras a una nueva forma de hacer política.

CLARIDAD conversó con miembros de las asambleas de Pueblo de Santurce, San Juan – Placita Roosevelt, Ponce y con la socióloga Liliana Cotto sobre el avance social que representa para la sociedad puertorriqueña este tipo de iniciativa.

En la actualidad hay cerca de 40 de esta iniciativa repartidas en toda la isla. “Estamos abogando por que en el 2020 todos los 78 municipios tengan su Asamblea de Pueblo. Este movimiento fue a partir del verano de 2019. De manera orgánica no hemos dejado de reunirnos. Se mantiene en contacto”, describió la licenciada Leslie Martínez de la AP Santurce. Cada asamblea está dividida en diversos comités como anticorrupción, vivienda, ambiente, constitucional, educación, cuido de niños, la deuda y la auditoría y la participación ciudadana. “Cada comité tiene sus líderes y su chat que se comunican entre sí y cuando nos reunimos en asamblea de pueblo se toca un tema general y se dividen en comité”, añadió.

Heide Rosado de la AP San Juan considera que las Asambleas de Pueblo van a tener un rol bien importante en las elecciones del 2020. “Los debates se van a ser desde las asambleas. Sabemos que los medios manipulan los debates, así que todos los sitios tendrán la oportunidad de hacer sus debates, ya sea por partido, por candidatos independientes y va a ser el pueblo quien decida cómo va a ser la campaña de este año. No es lo que los políticos le van a ofrecer al pueblo, es lo que el pueblo exige a estas personas que se están postulando para entrar a la gobernación de este país. Este año la campaña cambia, este año es el pueblo quien hace la campaña eleccionaria”, afirmó.

En tanto, Josúe Nadal, de la Asamblea de Ponce, dijo que han tomado la postura de no discutir asuntos electorales porque no piensan que ese sea el lugar para participar: “Estamos ahí para buscar cuestiones más allá de eso”. En algunas asambleas, según dijeron, han tenido acercamientos de políticos que pretenden usarlas como plataforma y se les ha rechazado.

El activismo de los miembros de las asambleas —la mayoría jóvenes— incluye la participación en todas las recientes manifestaciones que se han producido desde el verano e incluso ante la presente crisis han hecho un llamado para que todos los días a las 8:00 de la noche se haga una manifestación de cacerolazos.

CLARIDAD preguntó a la doctora Liliana Cotto cómo evaluaba el surgimiento de estas asambleas ciudadanas a partir del verano 19 y lo que ello representa. Esta expuso que el pueblo de Puerto Rico, en comparación con otros pueblos latinoamericanos, ha tenido un proceso un poco diferente de lo que, por ejemplo, pasó en Chile.

“Yo sí creo que hay un proceso de crecimiento, sí creo que el tema de la explosión, que lo vivimos en el verano y lo estamos viviendo ahora, es la explosión del ya no puedo más. Ya hasta se está discutiendo en la sociología de movimiento social que aquí hay un proceso de explosión”. Observó que en ese proceso de explosión hay un elemento adicional, que es una voluntad de organización y la coordinación para evitar la ineficiencia.

Cotto postula que luego del verano del 19, una de las cosas inmediatas que debe hacerse es continuar con la denuncia: “Yo creo que aquí tenemos la oportunidad de continuar con la denuncia, no quitar el zapato de la cara”.

También plantea que hay que iniciar formas diferentes de organización a partir de los nuevos eventos, de lo que las Asambleas de Pueblo son un ejemplo: “Yo decidí dar un apoyo a esas asambleas que tienen un liderato joven, milenios muchos de ellos, sin abandonar otras posibilidades de enfrentar esta situación. Hay elementos electorales, organizaciones políticas como Vamos, como Se Acabaron las Promesas, que existen y que han ido redefiniendo sus acciones a partir de unos nuevos escenarios”.

Reconoció que en estas nuevas organizaciones hay una dimensión que es innovadora, que es de pueblo. Contrastó que por lo general las agencias asistencialistas gubernamentales se quedan en el servicio; no solo en el servicio, sino en el servicio que reduce la capacidad de acción de las personas, porque en cierta medida los hace incompetentes. Las asambleas ciudadanas trabajan en términos de cómo actuar para el futuro, “porque así es que podemos garantizar que la protesta siga con propuestas que eventualmente pueden convertirse en lo que yo llamo propuestas insurgentes porque plantean el cambio de la organización del sistema”.

En ese sentido, dijo considerar que el país debe ir en un proceso, que es de validar, no descartar, con relación a este tipo de iniciativas. Llamó la atención a que había que reconocer que en Puerto Rico hay una “tradición” de apagar los entusiasmos, ya sea a través de la represión o a través de buscar el asistencialismo. 

“Hemos visto que en algunas ocasiones la gente está muy entusiasmada y de momento llega el gobierno con un ejército de un montón de cosas y se apaga. O como sucedió, que sacamos a Ricky. El problema era constitucional o un problema del partido de gobierno. Entonces, los que fuimos protagonistas de esa lucha estábamos viendo televisión a ver qué iba a pasar. Y yo creo que ese tipo de organización de las asambleas y la remirada a las organizaciones que ya existen representan ese crecimiento, que es otra manera de hacer política”, resumió.

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Más información en las páginas 26-27.

Maria Antonieta en San Juan

Por Manuel de J. González /CLARIDAD

Hay muchas historias sobre María Antonieta – la princesa austriaca convertida en reina consorte de Francia – que no son ciertas, como sucede con todos los personajes históricos convertidos en leyendas. Se le adjudican frases que tal vez nunca pronunció y actos que no realizó, pero sí sabemos con certeza que, con razón o sin ella, pasó a la historia como símbolo de la aguda insensibilidad de la monarquía y la nobleza francesa frente a los dolores del pueblo. También de su decadencia. Tras más de dos siglos de su muerte sigue personificando la frivolidad y también la maldad de todo régimen monárquico. 

La imagen de aquella María Antonieta frívola –que según la leyenda se extrañaba cuando los pobres parisinos marchaban reclamando pan– apareció en mi mente cuando escuché a la gobernadora Wanda Vázquez decirle a un periodista estadounidense que los miles de boricuas que malviven en refugios tras el terremoto estaban “contentos”. “Tienen sus alimentos, sus medicamentos, su atención médica, se sienten contentos donde están, los tratan con cariño, están cerca de sus familiares”, añadió Vázquez. 

A diferencia de María Antonieta, que vivía aislada en los lujos del palacio de Versalles sin aventurarse a pisar las calles parisinas, en la misma entrevista Vázquez dice que viaja al sur “casi todas las semanas” y, de hecho, cada vez que va se retrata con algún refugiado o la vemos sobando una columna agrietada por el terremoto. Sólo alguien totalmente enajenado de la realidad, como María Antonieta, es capaz de percibir contentura en quien tiene por hogar una abarrotada caseta de campaña. 

Mientras la gobernadora hablaba de lo bien que la pasan las víctimas del temblor, abogadas de la organización Ayuda Legal Puerto Rico, una entidad sin fines de lucro que de verdad se involucra con los perjudicados, visitaban a los refugiados de Yauco quienes, como casi todos los de la región, estaban en ese momento enfrentando las consecuencias de una inundación tras las lluvias de la noche anterior. Luego de la visita, esta fue la descripción que ofreció la licenciada Ariadna Godreau: “El espacio del refugio estaba lleno de fango, a los catres de los niños les subían hormigas bravas y las personas encamadas estaban bajo condiciones no dignas… Los del Departamento de Familia alegaban que el espacio exterior era peligroso y no así el espacio donde están las niñas y niños en condiciones precarias.”

También mientras la gobernadora decía que los refugiados “sienten que los tratan con cariño” la reportera Tatiana Ortiz de Telemundo entrevistaba a refugiados en Ponce, cuyo campamente en un estadio de béisbol también se hundía en el fango. “Esto de verdad es horrible, porque hemos sufrido mucho. Nos están tratando como si fuéramos objeto para ganar votos en la política”, decía una niña de 13 años identificada como Joelys. 

Además de las evidentes similitudes, entre la María Antonieta austriaco -francesa y la gobernadora isleña hay una diferencia importante. La primera, aislada en su frivolidad palaciega, no veía el estado calamitoso de los arrabales de París y por eso le sorprendía que sus moradores marcharan por las calles reclamando pan. La boricua, sin embargo, tiene ante sus ojos lo que se vive en el sur de Puerto Rico desde que en la madrugada del 7 de enero la tierra se sacudió. Lo mismo que vieron las abogadas de Ayuda Legal PR y lo que reportan periodistas como Tatiana Ortiz, lo ha visto Wanda Vázquez, pero esta opta por intentar falsear la realidad. La suya, por tanto, es una insensibilidad perversa, producto de un afán desesperado por intentar salvar una carrera política que se ha tornado natimuerta. 

Ese afán desesperado por salvar su candidatura a la gobernación la lleva a niveles de torpeza que asombran. Aprovechando la debacle del terremoto quiso purgar su gobierno de aquellos que no le profesaban fidelidad y no estaban dispuestos a utilizar sus cargos para apuntalar su campaña de cara a las primarias dentro del PNP. Para intentar justificar la purga recurrió a una cadena de mentiras que poco a poco se han ido develando porque cuando los embustes se concatenan siempre terminan enredando al mentiroso. Ya sabemos, porque hay documentos que lo confirman, que el despido de Glorimar Andújar, secretaria de Familia, estuvo directamente relacionado con los esfuerzos de Vázquez para utilizar las ayudas urgentes que necesitan los refugiados para intentar beneficiar a los políticos que la apoyan. 

Gracias a la María Antonieta boricua nuestro país vive ahora un episodio muy similar al del pasado verano y el gobierno, operando dentro de la pequeñez que permite el colonialismo, vuelve a provocar vergüenza dentro y fuera de Puerto Rico. Como figura política Wanda Vázquez ya es cadáver, pero en los meses que le quedan puede hacer mucho daño. Obviamente estamos ante una persona con pocas luces que no tiene reparo en utilizar cualquier resquicio de poder en aventuras de venganza. 

Como ocurrió después del huracán María y como volvió a quedar demostrado en los primeros días luego del terremoto, Puerto Rico depende de sí mismo. No hay ni habrá una respuesta organizada – coherente y efectiva – capaz de enfrentar con solvencia los efectos de los sismos de parte de los dos gobiernos (el real y el aparente) que tenemos. Sólo la movilización del pueblo, tanto para organizar la ayuda como para denunciar la desidia, puede aliviar las condiciones deplorables que siguen enfrentando las personas a las que el terremoto les transformó la vida. 

La María Antonieta original, como sabemos, terminó guillotinada en 1793. La de aquí no llegará a tanto. Tampoco creo que renuncie al cargo que le cayó en la falda, como quisiera la mayoría del pueblo. Seguirá siendo gobernadora hasta diciembre degustando los lujos de su pequeño palacio, mientras el país sigue temblando. 

Editorial: Por un plan energético que beneficie a Puerto Rico

Mientras el pueblo de Puerto Rico está en vilo por la actividad sísmica que sigue sacudiendo la región suroeste desde finales del pasado mes de diciembre, y se desborda la solidaridad ciudadana con nuestros compatriotas en el epicentro de los temblores, a nuestras espaldas en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) se chanchulla para satisfacer intereses ajenos con los activos que le quedan a nuestro país. Veamos cómo se manipula tras bastidores en la AEE para que el propuesto Plan Integrado de Recursos (PIR), que se supone que desemboque en la modernización de nuestro sistema eléctrico, favorezca a la industria del gas natural, en contravención de la política pública energética de Puerto Rico que establece la transformación de la AEE hacia el uso predominante de fuentes renovables.  

En una extraordinaria columna de prensa, publicada este pasado domingo, bajo el título Agenda llena en la Autoridad de Energía Eléctrica, el Director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía, Sergio Marxuach, nos alerta sobre el chanchullo que se cocina a nuestras espaldas en la AEE mediante el proceso de contratación del PIR, para conformarlo al resultado deseado por los grandes intereses extranjeros asociados a la industria del gas natural. El artículo de Marxuach es bien detallado. No escatima datos en su denuncia de que la AEE parece manipular el proceso del PIR para determinar de antemano su resultado preferido. Según Marxuach, “el PIR es un plan a largo plazo- usualmente a 20 años- que esboza los elementos necesarios- inversión de capital, tecnología de generación, entre otros- para implementar la política pública energética de una jurisdicción”. 

Esto es complicado y peligroso porque un PIR defectuoso y amañado puede frustrar por muchos años el desarrollo de un futuro energético sostenible para Puerto Rico. El referido artículo examina las deficiencias en el borrador del PIR presentado por la AEE, las cuales comienzan con el proceso relativo a la confección de los distintos escenarios o posibles vías para la modernización o transformación de nuestro sistema eléctrico. Para el desarrollo del PIR se contrató a una firma consultora- la compañía Siemens- que ya presentó una primera recomendación. Pero, la AEE favorece un segundo escenario confeccionado internamente por ellos, una propuesta de costo mayor y que incluye una mayor generación con gas natural y menor por fuentes renovables. Marxuach señala que existe un tercer escenario, más favorable a la generación por renovables, que ni siquiera ha sido considerado por la AEE ni en la propuesta de Siemens. Marxuach afirma que el escenario propuesto por AEE “es más caro y demuestra un claro sesgo a favor de los traficantes de gas natural, en violación de la política pública energética de Puerto Rico”. 

El llamado de Marxuach es a que se examine de cerca el proceso de confección y aprobación del PIR, el cual debe pasar por el cedazo del Negociado de Energía de Puerto Rico. Este es un asunto crucial, que debe generar un gran interés en los medios de prensa y la población, no solo porque es un alerta a los chanchullos que se cocinan a nuestras espaldas, y un llamado a una mayor transparencia pública, sino porque se trata del futuro de la AEE y por consiguiente, del futuro de Puerto Rico. 

Asegurar que se respete la política pública energética de transformar la dirección de nuestro sistema eléctrico hacia la supremacía de las fuentes renovables es una decisión trascendental que está atada a las posibilidades de un desarrollo futuro sostenible para Puerto Rico. De salirse con la suya los mercaderes del gas natural y dominar con su producto importado la producción energética en Puerto Rico- en un plan a veinte, treinta o cincuenta años- nuestro país no podría lograr el objetivo de romper con la dependencia nefasta de combustibles fósiles importados que nos ha traído hasta aquí, ni quebrar las conexiones corruptas entre los funcionarios gubernamentales y de la AEE, y los “carteles” del petróleo y del gas natural. 

 La independencia energética a través del uso de fuentes renovables- como el sol que nos sobra- no solo es producir energía más limpia y sostenible, sino que es la única alternativa para que Puerto Rico pueda desarrollar por sí mismo sus recursos y ventajas competitivas, sin que un mercader extranjero quiera imponernos su agenda o chantajearnos. Sería también un gran paso que contribuya a que nuestro pueblo confíe en su propia fuerza para labrarse una vida mejor. El llamado contenido en la columna del destacado economista del Centro para una Nueva Economía es una clarinada para que nuestro País no permita que se tomen a sus espaldas decisiones trascendentales para nuestro futuro como pueblo.