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Una vez más la Junta de Planificación obstruye la participación ciudadana

 

ccotto@claridadpuertorico

Lo que el Gobierno  ha tratado de hacer y no quiere decir es desmantelar el Plan de Uso de Terrenos (PUT) que se aprobó entre el 2014 a 2015 después de muchos años de trabajo. Aunque no lo dicen, las definiciones de uso de terrenos del nuevo reglamento no guardan relación con las definiciones anteriores del PUT.

Así lo denunció a CLARIDAD Abel Vale,  planificador y presidente de Ciudadanos del Karso, ante la presentación por la Junta de Planificación (JP) del Nuevo Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Usos de Terrenos y Operación de Negocios (NRC).   Ciudadanos del Karso y otras organizaciones ambientales expusieron  a la luz pública que por tercera vez en dos años la Junta de Planificación se dispone a aprobar un reglamento para la expedición de permisos falto de análisis y plagado de errores sustantivos. Por tercera vez también, el sector ambiental manifestó su firme oposición al reglamento, que además ya ha sido declarado nulo en dos ocasiones por el Tribunal Apelativo.

El planificador recordó que en el 2019 Planificación dividió el trabajo del reglamento y los Mapas de Calificación. Cuando se aprobó, este pasó por debajo del radar y nadie se dio cuenta, por lo que hubo que acudir al tribunal.  Cuando la JP sacó entonces  los Mapas de Calificación, las organizaciones profesionales de planificación y organizaciones ambientales  objetaron el documento por no ser uno viable y denunciaron que la JP no dio oportunidad a la participación ciudadana. Ante las críticas, la gobernadora Wanda Vázquez Garced, mediante orden ejecutiva creó un comité para que presentara sus recomendaciones a la JP.

Ahora, por tercera ocasión, la JP exhibe el mismo proceder.  “En medio de la pandemia, a la Junta de Planificación  se le ocurre llamar a dos días de vistas públicas, unas presenciales en cinco lugares en la isla, donde excluye al área oeste completamente”, reveló Vale. Las vistas serían este martes 22 y jueves 24 de septiembre. La Junta apenas  dio 30 días a partir de la fecha de publicación, el 4 de septiembre, para que los interesados presenten sus   observaciones por escrito. “Humanamente, en medio de esta pandemia, es imposible examinar 12 tomos, casi mil páginas. Se le ve la costura de que lo que están tratando es pasarlo en medio de la pandemia”.

Añadió  que el NRC continúa siendo un documento deficiente, que deforma toda la planificación vigente en Puerto Rico y los sustituye por distritos genéricos que no corresponden a un proceso de planificación.

Algunos de los argumentos más importantes en contra del documento que las organizaciones ambientales, comunitarias y profesionales esgrimieron incluyen el hecho de que la JP no contempló las recomendaciones del Comité de Mapa Calificación, a pesar de que la gobernadora dijo haberlas acogido. El Reglamento ignora el calentamiento global y sus consecuencias para Puerto Rico. Además, aumenta densidades y cambio de usos en áreas urbanas y rurales sin presentar estudios de capacidad de la infraestructura y sin análisis de consecuencias e impactos en barrios, áreas naturales, fincas agrícolas. El reglamento cambia los distritos de calificación en reservas o áreas de alto valor agrícola y natural y permite que en reservas agrícolas y áreas calificadas se siembren placas solares.

Las organizaciones insistieron en que separar los Mapas del Reglamento y no llevarlos juntos a vista pública es ilegal y viola Ley Orgánica de la Junta de Planificación.

Vale atribuye los cambios al  monto de los fondos federales y de proyectos propuestos ante el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). Hay que recordar que  la JP ya no es un ente independiente, sino que está adscrita al DDEC.

En tanto, Marissa Reyes Díaz, portavoz de El Puente: Enlace Latino Acción Climática (otra de las organizaciones denunciantes) advirtió que al empujar la aprobación del NRC, como pretende la JP, es una oportunidad perdida para desarrollar un reglamento mediante un proceso participativo, que incorpore mejores prácticas de planificación y manejo, con una metodología documentada y en cumplimiento con los objetivos del Plan de Uso de Terrenos, el nuevo código municipal y sobre todo, la Ley Orgánica de la JP.

Las organizaciones crearon una petición de firmas en la plataforma Change.org para que la ciudadanía apoye el reclamo de que la JP conceda 120 días para examinar el documento.

“Es vital que llevemos un mensaje contundente a la Junta de Planificación demandando que detenga el proceso de aprobación de este Reglamento Conjunto hasta que se completen con estricta rigurosidad los estudios de usos de suelos necesarios para cualquier modificación del reglamento actual y sea posible que todo ciudadano pueda expresarse al respecto en un proceso de vistas públicas inclusivo. No vamos a permitir que intereses particulares generen políticas públicas en detrimento del bienestar del país”, afirmó  Vale.

 

 

 

 

 

Editorial:   Lares desde la distancia

 

 

Esta edición especial de CLARIDAD está dedicada, como todos los años, a la conmemoración del Grito de Lares, la primera revolución libertaria armada del pueblo puertorriqueño ocurrida el 23 de septiembre de 1868 contra el ya decadente imperio español que había gobernado con mano de hierro a Puerto Rico desde finales del Siglo XV. El Grito de Lares marca el momento en nuestra historia en que afloró la consciencia de nuestro pueblo sobre su identidad nacional, una identidad distinta y separada de la del colonizador. Marcó también el origen y reconocimiento de un nuevo país: el puertorriqueño.

La historia parió la patria puertorriqueña aquel 23 de septiembre, hoy hace 152 años. Desde entonces, la conmemoración de la gesta patriótica ha sido ocasión de reflexión y afirmación del derecho de nuestro pueblo a su independencia y soberanía, y de unirnos en la celebración de las raíces étnicas, históricas y sociológicas que nos identifican como un pueblo distinto de todos los demás pueblos del mundo.

En su libro Desde Lares, Carlos Gallisá resume en un párrafo extraordinario la esencia del Grito de Lares y la visión para la nueva nación que animó a los revolucionarios que lo concibieron y ejecutaron:

“Esta insurrección contra el dominio colonial español, que se conoce en nuestra historia como el Grito de Lares, tuvo como su principal dirigente, organizador intelectual y militar a Ramón Emeterio Betances. Desde el exilio en París, y ya más cercana la fecha de la rebelión, desde República Dominicana, Haití, Curazao y San Tomás, Betances transportó armas, diseñó planes militares, ideó la bandera de Lares y en su proclama de 1867, titulada proclama de los Diez Mandamientos de los Hombres Libres, recogió los postulados programáticos de la revolución puertorriqueña. La lista de sus demandas incluía: Abolición de la Esclavitud. Derecho de votar todos los impuestos. Libertad de culto. Libertad de palabra. Libertad de imprenta. Libertad de comercio. Derecho de reunión. Derecho de poseer armas. Inviolabilidad del ciudadano. Derecho de elegir nuestras autoridades…”… “La consigna política de la Revolución Puertorriqueña – Patria-Justicia- Libertad-, define los objetivos que perseguía la rebelión.

Honrar el significado de la gran gesta de Lares y reconocerla como punto de partida de la lucha libertaria que nuestro pueblo ha librado contra dos imperios- España y Estados Unidos- ha unido en consenso a través de las décadas al disperso y fragmentado independentismo puertorriqueño, que en Lares encuentra la respuesta y la razón para su lucha. Lares es el grito primigenio de un país sofocado por siglos de coloniaje que se resiste a entregar su voluntad de libertad.

En este año de 2020, regresamos a Lares desde la distancia. Volvemos hasta allí simbólicamente desde el distanciamiento físico y social que nos ha impuesto una pandemia global, que durante seis meses no  ha dado tregua y, que por primera vez en décadas, impide que el independentismo puertorriqueño se congregue masivamente en Lares, como ha sido tradición, para honrar el legado revolucionario de Betances, Ruiz Belvis, Manuel Rojas, Manolo el Leñero, Mariana Bracetti y los centenares de puertorriqueños y puertorriqueñas que desde diferentes trincheras participaron y apoyaron la gesta definitoria de nuestra nacionalidad.

Hoy volvemos a Lares también desde la distancia histórica que nos permite mirar retrospectivamente el camino recorrido hasta nuestros días y aquilatar el trabajo realizado a través del tiempo por el Movimiento Patriótico Puertorriqueño para adelantar el objetivo de una patria libre. Ha sido  un esfuerzo constante y titánico de miles de hombres y mujeres que por más de siglo y medio no han cejado en su reclamo y han resistido todos los embates de la brutal represión desatada en su contra por los dos imperios que han tratado de acallarlos.

Desde la distancia, volvemos a Lares con el orgullo de formar parte de una historia honrosa de lucha y esperanza hacia un futuro de libertad y dignidad para nuestro pueblo.

 

 

Autoridad de Edificios Públicos vs. Departamento de Educación

 

 Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

En una acción que levanta interrogantes sobre quiénes serán los que se beneficiaran de los millones de dólares asignados para la reparación de las escuelas, tras meses de forcejeo, la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) cedió al Departamento de Educación (DE) las facultades sobre las escuelas que están bajo su titularidad. Hace meses, la AEP y el DE mantenían un choque por a cuál de estas agencias le correspondía reclamarle a las aseguradoras y a FEMA el dinero para la reparación de las escuelas, en particular las afectadas por los terremotos. El Departamento de Educación insistía en que su agencia era quien tenía que hacer las reclamaciones de  todas las escuelas, incluyendo las de la AEP.

Ante la revelación hecha por la Unión de Empleados de Oficina y Profesionales (UEOP) y la Unión Independiente de Empleados de Edificios Públicos (UIEEP) de que la AEP firmó un “memorando de entendimiento y colaboración interagencial”, mediante el cual le cede al DE sus facultades sobre sus escuelas, es evidente que Educación se impuso a la AEP.

Freddie Rodríguez Rohena, presidente de la UEOP, y Luis A. Reyes Rivera, de la UIEEP, dieron a conocer la existencia del memorándum, el cual era mantenido en secreto por ambas agencias. Días antes de la revelación del “memorando de entendimiento y colaboración interagencial”, CLARIDADse comunicó con el DE y su oficial de prensa, para conocer sobre el diferendo entre ambas agencias. El oficial de prensa, Aniel Biggio, informó que el DE le había transferido a AFI (Autoridad para el Financiamiento para la Infraestructura) la cantidad de $40 millones para la reparación de los planteles.

Posteriormente, CLARIDAD se comunicó con AFI. Su oficial de prensa, Frances Rodríguez, informó que un mes atrás hubo una reunión entre ambas agencias, pero que el dinero todavía no había llegado a AFI, ya que era necesario un acuerdo entre las tres entidades: el DE, la AEP y AFI.

En tanto, los presidentes de las uniones de la AEP denunciaron el acuerdo y censuraron el que viola la Ley Habilitadora de la AEP, ya que permite que sea el DE quien paute los procedimientos mediante los cuales se deberán utilizar fondos ya asignados (obligados) por autoridades federales, entre otras, FEMA, para realizar obras de construcción, reparación, restauración y mitigación relacionados con los programas de asistencia pública y mitigación de pérdidas en escuelas que son propiedad de la AEP.

Rodríguez Rohena, afirmó a CLARIDAD que el nombre de AFI no aparece en el documento, pero entienden que el DE lo estaría subcontratando para hacer el trabajo. “Todos sabemos que AFI está detrás de esto”.

Los líderes sindicales expusieron que la ley habilitadora de la AEP (Ley número 56 del 19 de junio de 1958, según enmendada), dispone que es política del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que sus agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas y demás dependencias gubernamentales promuevan y fomenten la contratación de los servicios de la AEP para diseño, construcción, remodelación, mejoras, operación y mantenimiento de las estructuras que necesitan para ofrecer sus servicios. De acuerdo a la Ley, le corresponde a la AEP atender todo lo relacionado con los planteles escolares.

“Primero que nada, no sabemos por qué el Gobierno de Puerto Rico, y en particular, la AEP, en momentos de crisis han demorado tanto en cumplir sus obligaciones para con el país, en particular, los niños y estudiantes del sistema público. Por qué no atendieron con urgencia esta situación, como son los programas de asistencia pública y mitigación de pérdidas en escuelas propiedad de la AEP. Sin embargo, de forma inusitada, secreta e ilegal, intentan ceder al DE estas facultades propias de la Autoridad, a saber con cuáles intenciones o a cuál amigo del alma o contribuyente político pretenden favorecer con contratos”, expresó Rodríguez Rohena.

Mientras, Luis A. Reyes Rivera también señaló que;  “La intención de la Autoridad y del DE es beneficiar a empresarios que se están haciendo millonarios con los contratos de agencias gubernamentales, mediante la otorgación a estos de los trabajos que ciertamente corresponden a la Autoridad de Edificios Públicos. La Autoridad cuenta con una Junta de Subastas y con personal cualificado para adjudicar trabajos de construcción, remodelación y mejoras, mediante un procedimiento riguroso, evitando, precisamente, que se cometan actos de corrupción mediante dichas adjudicaciones.” Los sindicatos reiteraron además  que ese pseudocontrato viola la Ley habilitadora de Edificios Públicos y es nulo por las siguientes razones:

Cualquier trámite mediante el cual se pretenda ignorar o ceder las facultades o la autoridad gerencial de la AEP, tendría que pasar por el crisol del Tribunal Federal (Titulo III) y, antes de ello, por el de la Junta de Supervisión Fiscal; pero antes de ello, por la AAFAF, que según dispone PROMESA representa al Gobierno y al pueblo de Puerto Rico. Todo ello tendría que ocurrir antes de que se pudiese suscribir el memorando de referencia, asumiendo que ello fuese viable. Las uniones afirman que el memorando es nulo.

El acuerdo no ha sido aprobado de manera válida por la Junta de Directores de la Autoridad. Es nulo en su contenido, ya que mediante el mismo, la AEP cede al DE facultades que son propias de la Autoridad , por consiguiente, son indelegables. Es nulo ya que está fuera del marco legal de la ley Promesa.

Las uniones repararon en que, aunque lo disputan de manera enérgica e inequívoca, la ley Promesa es la que rige el tema de dicho memorando.

Es nulo porque el DE no constituye una persona jurídica y, por consiguiente, no puede suscribir acuerdos con otras agencias de gobierno como si tuviera esa personalidad jurídica. Y es nulo porque la AEP no ha informado de esta discusión y mucho menos del pretendido acuerdo contemplado en el referido memorando a la JSF ni tampoco al Tribunal Especial Titulo III. Ambas entidades tienen que autorizar cualquier determinación al respecto.

Los líderes sindicales insistieron en que el DE no tiene ningún tipo de pericia ni conocimiento alguno con relación a la dinámica de rehabilitación, reconstrucción, construcción, rediseño, etc., de edificios públicos, incluyendo las escuelas que son propiedad de la Autoridad. “Es contrario a toda lógica el que se le delegue por el titular dueño de dichas escuelas, que es la Autoridad de Edificios Públicos, la facultad para contratar, inspeccionar y validar dicha reconstrucción utilizando los fondos federales ya obligados o asignados para tal propósito cuando eso no forma parte de sus competencias. El referido documento que pretende llamarse “acuerdo’’ tiene múltiples fallas y defectos que lo hacen nulo, además de los aquí enumerados, los cuales abordaremos en su momento”, sentenció Rodríguez Rohena.

En otra información, el viernes (18 de septiembre) se dio a conocer por la gobernadora que FEMA autorizó la cantidad de $12, mil millones para Educación. En el comunicado de prensa donde se anunció la asignación, se cita al secretario del DE, Eligio Hernández Pérez, declarando que: “Todos los trabajos serán de carácter permanente en la totalidad de las escuelas”.

 

 

 

La ineficiencia y la corrupción van de la mano

 

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

La lentitud en el uso del dinero asignado para atender las secuelas del huracán Maria ($20.2 millones de CDBG-DR), como también sucede con los asignados para atender la emergencia de la pandemia (Cares Act $2,200 mil millones y otros $25 mil millones de CDBG-CV), la burocracia, la falta de capacidad administrativa, nombramientos indebidos, la falta de transparencia, los escándalos descubiertos al inicio de la pandemia hasta los más recientes fraudes al PUA (Programa de Asistencia de Desempleo Pandémico), la lista de casos de corrupción parece no agotarse.

“Nosotros pecamos en ver la ineficiencia como un problema separado de la corrupción. Las dos se llevan muy bien de la mano son amigos y a veces pienso que hermanos o parejas, porque el sistema corrupto a propósito desarrolla una estructura para permitir espacios precisamente que permitan la corrupción, espacios legales o lagunas que bajo la ley te permiten corromper el sistema o desviarlo para beneficio privado”, apuntó la experta en Política Económica y Gobernanza, Issel Masses Ferrer, en entrevista respecto a la situación de corrupción que parce imperar no solo en el gobierno sino en toda la sociedad en Puerto Rico.

Masses Ferrer, tiene diez años de experiencia como asesora en gestión gubernamental en varios países como Chile, Perú, Uruguay, Egipto y Estados Unidos, ha trabajado con la ONU y otras organizaciones a nivel internacional. Al presente es la directora ejecutiva de una nueva organización no gubernamental (ONG) en Puerto Rico, Sembrando Sentido, cuyo propósito es promover el concepto del gobierno abierto, la rendición de cuenta, transparencia y participación ciudadana en la gestión gubernamental. Como parte de su misión -indicó- Sembrando Sentido se enfoca en los problemas sistémicos de la gestión pública porque es donde mayor riesgo de corrupción hay.

En esa dirección señaló que la burocracia, la falta de claridad en los controles, la falta de personal capacitado para entender qué debe y cómo deben llevarse a cabo los procesos, todo ello lo que propicia es atrasos en la gestión pública y la corrupción. “Y luego tienes el tío que conoce muy bien ese contexto de ineficiencia y ambigüedad sobre todo en contextos de emergencia.”. Toda esta dinámica quedó en evidencia en las vistas públicas de la Cámara de Representantes sobre la compra por la empresa Apex General Contractors (AGC) de pruebas para el coronavirus (Covid-19), al inicio de la pandemia.

Trajo a la atención además que el país lleva ya un par de años -desde el huracán Maria- entre emergencia y emergencia y en periodos de emergencia el gobierno usualmente relaja los controles de los contratos, los requisitos de transparencia y de fiscalización con el argumento de que estos retrasan los procesos, lo que a su vez crea problemas nuevos para que el gobierno pueda ponerse al día fiscalizando y poder obtener la evidencia conveniente, por lo que al atrasar los procesos de fiscalización también se están perjudicando.

“En fin nosotros vemos un patrón que ya lleva años que no se ha corregido, que no se intenta corregir aún en el presente y que en los periodos de emergencia obviamente al tener pocos controles de tener muchísima ambigüedad sobre controles porque tienes órdenes ejecutivas por un lado, cartas circulares, memos de diferentes agencias dictando diferentes reglamentos, tienes algunas leyes nuevas, algunas vigentes cuando vienes a ver el espacio para hacer y deshacer es infinito”.

En ese contexto alertó que es poco lo que se puede argumentar si se está contra la ley porque -por ejemplo- cuando un memo de la Administración de Servicios Generales (ASG) lo que dice es que solo se necesita una cotización en un periodo de emergencia, cómo luego se puede argumentar que eso es ilegal, eso fue lo que sucedió con Apex recordó. “El problema es que ese no debería ser el caso punto”.

Continuó que a nivel internacional los criterios de transparencia disponen que a los 100 días de un evento se acaba el periodo de emergencia y se supone que ya un gobierno debería saber con lo que está trabajando y con lo que tiene que trabajar. Se supone que pueda transaccional de una respuesta reactiva a una activa en donde ya puede predecir lo que necesita y puede darse mas tiempo para hacer cosas mas lógicas, mas competitivas, mas abiertas.

“Nosotros no estamos viendo eso lo que estamos viendo es que en todo caso hay unos desembolsos a diferentes partidas a los hospitales por ejemplo entre otras que realmente desconocemos los criterios y el desempeño de esos fondos que es problemático pero adicional a eso no estamos viendo licitaciones nuevas que tengan que ver con la emergencia”, denunció.

Masses Ferrer censuró que recientemente la principal oficial de compras, Karla Mercado anunció que iban a publicar la información de las compras de emergencia pero cuando se va a la página de la OGC lo que hay es una tabla extremadamente básica. No hay los datos para evaluar qué ha sido lo mas reciente, cuál ha sido el resultado, dónde están los contratos, dónde está la orden de compra, cuál ha sido el proceso de licitación que hizo la ASG. Resaltó sobre la ausencia de esta información que la ASG conoce muy bien como publicar esa documentación ya que la tiene en la página que la agencia hace en tiempos regulares.

“Entonces estamos vendiendo una idea de transparencia que creo que está muy por debajo de lo que usualmente le llamamos transparencia a medias”. Esta falta de información observó no solo obstaculiza el poder fiscalizar por parte de la sociedad civil, sino por parte del mismo gobierno como el de la misma Oficina del Contralor Gubernamental (OCG). Levantó que si las agencias no comparten la información las oficinas fiscalizadoras tampoco pueden hacer su trabajo lo que genera a su vez un sin número de problemas para poder en realidad determinar dónde es qué está el problema. En ese sentido reiteró su señalamiento de que no se puede ver la ineficiencia como un problema separado de la corrupción.

De igual manera destacó creer que para algunos a veces es difícil de entender que cuando se comienza a corromper un sistema, una entidad de poder público para beneficio propio, cuando se hace eso la persona va a procurar el que las personas a su alrededor no tengan la capacidad o miren hacia otro lado, se queden callados y le permitan beneficiarse, lo que está haciendo a su vez es poco a poco deteriorando el sistema y fomentando un ambiente mas corrupto y mas ineficiente.

¿Cuándo se llega a esos niveles, cuánto esfuerzo se necesita para devolver la una integridad, si eso es posible?

“Mi perspectiva es un poco mas optimista en ese sentido yo he tenido la oportunidad de trabajar con instituciones internacionales como la OEA y el Banco Interamericano por mucho tiempo hemos visto escenarios de países con estructuras frágiles y débiles que han logrado mejorar y fortalecerse”.

Para lograr ese cambio el rol de la sociedad civil es super importante. “Yo creo que ahí todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos de una democracia donde tenemos que participar y cuestionar constantemente, exigir transparencia, exigir cambios cuando vemos que las cosas no se están haciendo bien. Creo que en los últimos años hemos visto una reactivación de la sociedad civil en este sentido mucho mas curioso, mucho mas activo, expresivo eso es bien importante que alcen la voz, que se cuestione se analice, porque cuando la sociedad civil toma un rol activo en la gestión gubernamental realmente el gobierno empieza a a perder discreción y discreción es equivalente a poder y poder es equivalente a impunidad”.

Todavía expresó, “Es bien importante que el gobierno sepa que tenemos derecho a ser partícipes de la gestión pública de colaborar en una mejor gestión pública y que ellos no pueden hacer y deshacer a su antojo que ellos están ahí para manejar la gestión pública, la gestión del pueblo con los fondos del pueblo. Si esperamos que eso cambie por obra y gracia del espíritu santo pues no vamos a ver resultados definitivamente nosotros todos tenemos que hacernos responsables en nuestros diferentes espacios si queremos un mejor gobierno tenemos que comenzar a exigir algo diferente”.

El impacto de la corrupción a nivel internacional

A nivel internacional describió que en el escenario de la pandemia se han estado viendo serios problemas de gobernanza. Aunque comentó que hay muchos países que si tienen mejores controles que Puerto Rico, mejores formas de transparencias y eso les ha facilitado el poder cerrar algunos de esos espacios que permiten la corrupción, reparó en que el contexto actual es bien complejo y ha traído luz a procesos de gobernanza que en tiempos normales no son tan obvios porque no impactan tanto a todos los ciudadanos irrespectivo de su clase económica.

En el caso de Puerto Rico dijo que en definitiva la reputación de que seamos un país o se tenga un gobierno corrupto es perjudicial. “A nivel internacional si tu sabes que un país no tiene los controles necesarios, que te va a dejar ir por la libre que con dar un buen soborno bajo la mesa vas a lograr lo que quieres pues por supuesto vas a fomentar y atraer delincuentes de cuello blanco, delincuentes de organizaciones criminales hasta temas de narcotráfico en definitiva estas atrayendo el delito”.

Igual señaló que en nuestro caso la corrupción también perjudica la asignación de fondos a nivel del gobierno federal de Estados Unidos, nos guste o no y aun cuando advirtió que allá también hay corrupción a nivel federal y estatal, aludió a que eso no es justificación para hacer lo mismo.

Por último trajo el dato de que según un reciente informe de la Oficina del Inspector general (OIG) de Puerto Rico en el año fiscal del 2019 el gobierno otorgó $1 billón de dólares en contratos de servicios profesionales. El informe también reveló que 31entidades gubernamentales no tenían sus reglamentos actualizados según sus nuevas leyes.

 

 

 

 

 

Lares: monólogo de un historiador

 

Por Mario R. Cancel Sepúlveda/Especial para En Rojo

¿Cómo interesar a la gente del presente en un evento ocurrido hace 152 años? El problema es complejo porque se trata de un hecho emborronado al paso los años. Un proceso que fue sujeto a una campaña oficial de desprestigio desde el momento de su ocurrencia, y a un ejercicio de omisión por parte de quienes, desde posturas ideológicas distintas a las que se adscribía el acaecimiento, reflexionaron sobre aquel en su siglo a veces celebrándolo y otras deformándolo y caricaturizándolo.

¿Cómo aproximar a la gente del presente a la Insurrección de Lares de 1868 más allá de la mirada de conmiseración por la derrota o la de admiración por el heroísmo del riesgo que se tomaron sus figuras? ¿Cómo evitar  que se registre y codifique a sus actores como si se tratara de un martirologio? Y claro está, ¿cómo concitar a quienes apropian la experiencia desde una perspectiva despreciativa o despectiva a que ajusten la mirada? ¿Vale la pena en verdad invertir en ese esfuerzo?

El problema es complicado, ya lo asumí. Incluso el historiador profesional necesita tomar distancia del objeto que observa para volver con una imagen fresca del fragmento de pasado que le seduce. Distanciarse requiere jugar un poco a la extrañeza y estar dispuesto a dejarse asombrar otra vez por asuntos que se presumían conocidos con precisión desde hacía tiempo. Lo cierto es, lo digo por experiencia, que los contextos conocidos y las fuentes respecto a un acontecimiento como la Insurrección de Lares, comunican cosas diferentes a quienes las confrontan en la medida en que cada observador explora, desde su temporalidad y su cultura, cosas distintas en aquellas. Incluso si su búsqueda coincidiera con la de los demás nunca hallaría lo mismo:  los imperativos individuales, lo que le distingue de los demás, marcarían de modo inevitable sus hallazgos.

 

Historia de una historia

Mi relación con la investigación en torno a la Insurrección de Lares comenzó en la década de 1980. Fue un contacto indirecto extravagante. Germán Delgado Pasapera preparaba entonces su tesis doctoral en torno al separatismo puertorriqueño publicada bajo el título Puerto Rico sus luchas emancipadorasen 1984. Por medio de un ejercicio que ahora yo practico, Germán me comentaba al azar los avances de sus lecturas ya fuese en los pasillos, la oficina o en el salón de clases cuando le hacía alguna pregunta en torno al tema que llamaba su atención. Era una forma de organizar las ideas que bullían como resultado de sus lecturas. Loida Figueroa Mercado, ya jubilada, se ocupaba entonces con intensidad del asunto de la relación de Cuba y Puerto Rico durante la última parte del siglo 19 previo al 1898. Las figuras de Ramón E. Betances y Eugenio María de Hostos le apasionaban. Siempre que podía cada vez que se topaba con un documento, elaboraba un manuscrito o publicaba algo se cuidaba de dejarme una copia, una petición formal de lectura y una promesa de discusión. Mi relación con el tema de Lares tuvo, en ese sentido, un trasfondo emotivo y personal.

Al cabo de los años he podido “descubrir” (como historiador trato con sumo cuidado ese concepto) las fuentes en las que se apoyaban muchas de las acotaciones orales de aquellos colegas y maestros. Mis propias lecturas en torno a las cuestiones investigadas me condujeron por rutas parecidas a las suyas. En ciertos momentos durante mis lecturas, alguna inflexión retórica presente en un documento oficial o una fuente poco conocida me decía que de aquellas palabras manuscritas desgastadas, mecanografiadas y ajadas o impresas, provenían algunas de las glosas de Germán o de Loida. Aquellas reminiscencias e intuiciones me permitieron conocer mejor los procesos de pensamiento de ambos y, a la vez, reconocer la respetuosa distancia que había desarrollado frente a los maestros sin desdecir de ellos.

 

Revisitar los antecedentes

Aclarar los antecedentes remotos de la conjura, es decir, dónde comenzó la urdimbre que culminó en la Insurrección de Lares, siempre ha sido una interesante trampa teórica. La pasión por los “orígenes” tiene un fuerte sustrato religioso consustancial a las interpretaciones metafísicas del pasado que hace tiempo dejó de llamar mi atención. Cuando investigué a Segundo Ruiz Belvis a principios de la década del 1980 insistí en trazar el preludio de la rebelión de 1868 en las años 1856 y 1857. Mi intención era trabar la insurrección con la experiencia contestataria del abolicionismo clandestino, la Sociedad Abolicionista Secreta y la ciudad de Mayagüez. Con posterioridad mis lecturas de José Pérez Moris y de la correspondencia del espía español Francisco de la Madrid, ubicaban el punto de partida más lejano en 1864, momento en el cual la dominicanidad del proyecto rebelde era un rasgo dominante y la cubanidad no había madurado entre los conspiradores puertorriqueños. Pérez Moris había llamado la atención sobre los hechos de 1864 en Mayagüez y no negaba la vinculación de Lares con el abolicionismo clandestino. Pero para mi gusto, los historiadores poseemos subjetividades, no le había adjudicado la relevancia que yo le confería en mi investigación sino con el fin de encontrar argumentos para estigmatizar su liderato más visible.

Los antecedentes inmediatos, acorde con el espía citado, había que ubicarlos entre octubre y diciembre de 1867. El espía asumía una conexión entre los rebeldes de Cuba y Puerto Rico. La Madrid afirmaba que “en día 4-14 o 24 de un mes que se determinaría anticipadamente pero siempre dejando uno de intermedio” se pronunciarían en algunos pueblos de Puerto Rico y, de tener éxito, entonces lo harían algunos pueblos de Cuba. Los hechos pudieron haber detonado en octubre o diciembre de 1867 entre los días 4 y 14 o 24 de uno de esos meses. El Juez que vio la causa tras los hechos, Nicasio Navascués y Aisa, afirmó el 29 de septiembre de 1868, seis días después de la sedición, que la conjura se urdía “desde hace más de un año …en la casa de D. Matías Brugman y Juancito Terreforte”, es decir desde el verano de 1867, en Mayagüez y Lares.  Los elementos en común de las tres aserciones respecto al inicio -el 1856-1857, el 1864 y el 1867- son claros: un liderato y unas localidades precisar y unas relaciones interantillanas en proceso de formación que atemorizaban a España.

El asunto de quiénes eran los separatistas es un segundo problema teórico. La tendencia del discurso militante y del historiográfico formal ha sido a homogeneizar aquel sector ideológico suprimiendo su heterogeneidad ideológica. De ese punto me he ocupado en otras ocasiones. El separatismo era un amplio y diverso frente cuyos ideólogos emanaban de las clases altas y profesionales en el cual convivían separatistas independentistas federacionistas o confederacionistas; y separatistas anexionistas. Unos y otros diferían respecto a la meta final del proyecto de separación. De otra parte, los separatistas militaristas y los civilistas no estaban de acuerdo respecto a la táctica más apropiada para alcanzar la meta propuesta y manifestaban concepciones diferentes respecto al papel de la gente o el pueblo en el proceso. Entre el elitismo neto y el populismo romántico las gradaciones podían ser muchas. Eso sí, todos los sectores ideológicos estaban contestes en varias cosas.

  • Primero, reconocían la utilidad del apoyo internacional de los adversarios de España para la causa separatista. La vida itinerante de Betances, Segundo Ruiz Belvis y tantos otros así lo corrobora
  • Segundo, sabían que era necesario hacer propaganda en el país que pretendían sublevar, tarea que obligaba a retar la censura y las redes de espionaje del gobierno español lo mismo las de pago que las voluntarias: el choteo y el espionaje profesional compartían espacios y se caracterizaban por su gran eficacia.
  • Tercero, estaban de acuerdo en la conveniencia de organizar a los puertorriqueños para la lucha propuesta por medio de grupos o sociedades secretas a sabiendas de los peligros que ello conllevaba, aspecto en el cual la tradición masónica podía ser fundamental
  • Cuarto, coincidían en que la violencia era ineludible. No habría victoria sin lucha armada ya fuese por medio de un golpe militar o una insurrección popular apoyada por una invasión desde el extranjero. Todos sabían que la separación de España no sería resultado de una negociación pacífica: la Monarquía no la otorgaría sin resistencia.

Las primeras tres convenciones las dictaba la racionalidad. La cuestión de la violencia y la lucha armada parecía carecer de los ribetes románticos que luego se desarrollaron alrededor de aquella experiencia. La excepción a aquella actitud eran los caídos en combate, figuras propensas a ser tratadas como “mártires”, es decir “testigos” de las causas de su tiempo. Una vez el caído era convertido en mártir, se podía tejer alrededor suyo una hagiografía compleja. La lucha armada en la década de 1860 era interpretada como una necesidad. El carácter inevitable de la violencia y la y la retórica romántica en torno a ese medio se convirtieron en componentes del imaginario separatista desde fines del siglo 19 sin que el asunto haya sido planteado como un problema interpretativo. Años después, en una carta a Lola Rodríguez fechada el 14 de agosto de 1889 Betances, decía tras lamentar la muerte de Alejandro Tapia y Rivera y citando a Helmut von Moltke que “la guerra ennoblece al hombre”.

Desde mi punto de vista los separatistas manejaban tácticas militares propias de una guerra convencional. La guerra popular que enaltecía o ensalzaba el papel del pueblo o la gente en el proceso revolucionario era secundaria. Los separatistas en general confiaban en que el pueblo apoyaría la causa en cuanto iniciara la rebelión como si se tratara de una reacción automática cuya seguridad se sostenía sobre la convicción de que ellos, las elites y el liderato iluminado, traducían de manera trasparente y prístina la voluntad del pueblo. El peso de la responsabilidad de la revolución recaía en la minoría iluminada o ilustrada

 

Problemas del separatismo

Las condiciones de cualquier conjura de aquella índole eran difíciles. El Estado no se cruzó de brazos ante los separatistas que veía por todas partes desde 1808. Como ya se ha sugerido, los gastos en seguridad y “alta política” o espionaje fueron consistentes y elevados. Los resultados de la inversión fueron excelentes: todas las conspiraciones, reales o ficticias, hasta 1868 fueron descubiertas y desmanteladas. La conjura que condujo a Lares fue monitoreada y obstaculizada desde 1867 y se asumía como algo probable desde 1964. El espía La Madrid actuaba cerca de Betances y gozaba de su confianza hasta el punto de que este le encargaba misiones concretas que aquel cumplía mientras mantenía informadas a las autoridades. En una carta de 12 de enero de 1868,  La Madrid informó que tenía “el encargo del Dr. Betances de avisarle a mi llegada a Sto. Domingo para convenir el día en que he de ir con (Juan Manuel) Macías y para otras cosas”. El confidente estaba en el círculo más cercano a Betances y tenía acceso a los secretos del movimiento. De hecho, aunque por aquella fecha se encontraba en medio de una disputa laboral con su patrono, el Estado, por atrasos en sus pagos nunca cesó de remitir pliegos detallados de sus labores.

La eficiencia del espionaje hispano en el Caribe se ratificó cuando la insurrección tuvo que ser adelantada del 29 de septiembre al 23 una vez descubierta casualmente. Lo mismo ocurrió con la mayoría de las conjuras separatistas hasta 1898 cuando ya las circunstancias del 1868 habían quedado atrás. Todo sugiere que, sobre la base de aquella experiencia, los conspiradores o la gente dispuesta a tomarse un riesgo se redujeron condición que facilitó su control. La vigilancia contante, como la de un ojo que todo lo ve, limitaba la difusión de sus ideas y el reclutamiento de militantes.

La diversidad, el carácter y el compromiso de los reclutas tampoco era homogéneo. Algunas de las consideraciones para que el pronunciamiento no se diese durante los últimos meses de 1867 no eran precisamente políticas. En una nota de abril de 1868 el espía La Madrid elaboró un interesante juicio sobre los conspiradores que valdría la pena investigar detenidamente. Alegaba que la manifestación programada para alguno de los días entre el 4 y el 14 de diciembre de 1867 no había podido ejecutarse como resultado del embate del huracán San Narciso del 19 de octubre y el terremoto del día de San Odón de Cluny el 18 de noviembre. De acuerdo con el espía las negociaciones de Ruiz Belvis en Chile, dirigidas conseguir apoyo militar del gobierno de aquel país, debían ser reforzadas con un acto rebelde a consumarse en Mayagüez donde, desde mi punto de vista, había comenzado el ciclo conspirativo entre 1856 y 1857. El acto armado nunca se ejecutó. Ruiz Belvis murió el 3 de noviembre en Valparaíso y la combinación de eventos dio al traste con los planes. La cronología no encaja como quisiera el historiador -el levantamiento de Mayagüez debió ser en noviembre cuando Ruiz Belvis negociaba en Valparaíso- pero las notas del espía son sugerentes.

Para La Madrid después de la muerte de Ruiz Belvis, del huracán y el terremoto, “los ánimos, poco esforzados” de los conspiradores se “apocaron más y más al extremo” de que algunos militantes confiables de Mayagüez, Eugenio Cuevas en particular, escribió a Betances “preguntando si no sería un aviso de la Providencia” como el de Caracas, Venezuela del 26 de marzo de 1812. Aquel signo de tradicionalismo de un conspirador de Mayagüez me parece valioso para entender la pluralidad ideológica de los rebeldes.

El asunto es más perturbador. En su correspondencia Betances hizo algunas alusiones a los efectos del terremoto aludido en un tono entre familiar, impresionista, descuidados y, en ocasiones, jocoso. Las réplicas del terremoto del 18 de noviembre de 1867 se extendieron hasta el 17 de marzo de 1868 cuando ocurrió la más grande.  Por esa fecha Betances se encontraba con su compañera Simplicia Jiménez en Santo Tomás y, tras los hechos, viajó a Santo Domingo. En una carta a Pedro Lovera fechada en Santo Domingo el 18 de abril de 1868 le dijo al corresponsal que “el techo de nuestro aposento estuvo a punto de caer sobre nosotros. No habíamos dado Simplicia y yo cuatro pasos fuera de él cuando se desplomó.” Betances tenía una mentalidad distinta de la del militante de Mayagüez quien presumía una señal de oposición divina en los remezones. Sobre su salvación decía: “No hubo ningún milagro en todo eso” y continaba.  “Salimos huyendo sin zapatos ella y yo y hasta en enaguas ella y yo en mangas de camisa”.

El maremoto le dio la impresión de un “mar subiendo como una montaña más blanca que las nieves del Chimborazo, bramando como un millón de leones y presentándose sobre la isla a tragársela; pero trayendo en sus crines de espuma el arcoíris de Bolívar”. Su poética alucinante politizó de inmediato la desgracia: “todavía tiembla la isla y se estremece Puerto Rico de ver a sus hijos insensibles a la servidumbre”. La señal, si alguna, del terremoto y el maremoto no era para detener la revolución sino para animarla. Tenía razón La Madrid al afirmar que “solo el Dr. Betances, enérgico e infatigable cada día más lleno de odio pensó en la revolución y continuó consagrándose a ella pero solo porque los otros no se ocupaban más que del peligro que creían ver en los continuado temblores de tierra”.

Hay algo más detrás de esos personajes o fuerzas no políticos en la conjura.  Durante el huracán de San Narciso del 19 de octubre de 1867 Betances perdió parte de sus pertenencias incluyendo un maletín de mano el cual no se describe con precisión. El neceser o estuche contenía “documentos de la revolución”. Betances confiaba en recuperar el objeto entre los escombros pero nunca dio con el mismo por lo que se presumía y así lo sugería el espía, aquel había caído en manos del gobierno. La Madrid insistió en que Betances estaba dispuesto a tomarse cualquier riesgo a pesar de las circunstancias.

La naturaleza tropical, la sismicidad, el azar y la voluntad cambiante de los militantes estaban bajo examen entre octubre de 1867 y abril de 1868. Debo recordar un asunto más en cuanto a esto. En su mensaje oficial al pueblo tras la Insurrección de Lares, fechado el 8 de octubre de l868, el Gobernador Julián Juan Pavía y Lacy corroboraba y manipulaba el entre juego de aquellos componentes extra políticos en el acto rebelde. Pavía, como era de esperarse, se proyectaba como un funcionario colonial comprometido con “aliviar las calamidades que, efectos naturales habían acumulado sobre esta parte de la monarquía. Bien lo habéis visto: día y noche me dediqué a remediar vuestros males…” Al huracán y el terremoto añadía otro: la “sequía que en los últimos meses se ha experimentado”. La retórica paternalista del poder siempre ha sido la misma en los últimos 152 años de coloniaje.

El gobernador afirmaba que los rebeldes habían intentado “aprovechar esta situación especial y transitoria” para, aliados a algunos venezolanos y dominicanos, y “arrastrando” a unos cuantos jornaleros, “la mayor parte por el terror”,  conducir el país a la revolución. La Insurrección de Lares había sido un acto irracional y de desesperación articulado por personas dispuestas a manipular a la comunidad en aquel momento de crisis. En la instrucción de la causa fechada el 29 de septiembre de 1868 en Ponce, el Juez Navascués y Aisa había llamado la atención sobre el hecho de que la rebelión era “democrática socialista, habiéndose proclamado la República, la Independencia de la Isla, la Libertad y la destrucción del elemento peninsular”.  La retórica acusatoria del poder tampoco ha cambiado mucho en los últimos 152 años.

Lo cierto era que todos aquellos problemas “naturales” tenían un costo económico extraordinario para el Estado y un efecto emocional significativo para la gente: a algunos los animaba a comprometerse con la causa pero a otros los desanimaba e inhibía. Así re humanizada y re problematizada la Insurrección de Lares de 1868 adopta una tonalidad distinta que me informa de que, quienes persistieron en el proyecto fueron personas valiosas y atrevidas. De eso no cabe la menor duda.

La muerte de Ruiz Belvis en Valparaíso, un hecho no natural, había sido traído a la mesa por La Madrid. Este monólogo terminará con estos apuntes. Desde de mi punto de vista, Ruiz Belvis fue parte de Lares aunque hubiese fallecido 11 meses antes de su ejecución. Pérez Moris decía que un piquete con su imagen había sido utilizado en Mayagüez en los días posteriores a la revuelta como parte de un acto de protesta. En mi investigación sobre esta figura sostuve que había fallecido de estreches en la uretra de acuerdo con un certificado médico autorizado por el Dr. E. C. Menckel emitido mucho después de su muerte, el 31 de mayo de 1868. La aclaración se hizo como requisito de un pleito civil de división de herencia que se llevaba a cabo en Puerto Rico.

De acuerdo con el espía La Madrid, aquel deceso había sido uno de los “golpes terribles que han sufrido los revolucionarios”. La salida de Ruiz Belvis hacia Chile obligó a Betances a “ponerse al frente de los negocios”. Igual que Pérez Moris, La Madrid insinuaba que el jefe de los rebeldes era Ruiz Belvis por lo que su desaparición habría de producir una crisis organizativa que tampoco se ha investigado con propiedad. La consideración de quién ocuparía su lugar era otro asunto espinoso.  Su hermano, Antonio Ruiz Quiñones no satisfacía a todos. Ruiz Quiñones era “irritable” en extremo, poco mesurado y la muerte de su hermano lo había convertido en “uno de esos enemigos que es necesario dominar a cualquier costa, y que seguramente se venderá por su genio díscolo y altivo”. El talante moral que le imponía La Madrid a Ruiz Quiñones recuerda la opinión de Pérez Moris sobre Ruiz Belvis: “un hombre temido por sus mismos amigos” pero que, a diferencia de su hermano muerto pero que no estaba “enterado de ninguna situación”, es decir, no participaba de las grandes decisiones del liderato del proyecto porque no era parte de este. Todo parece indicar que el único que podía atenuar el apasionamiento y la violencia de Ruiz Quiñones era Betances.

En una carta a José Francisco Basora a Nueva York desde Santo Domingo, fechada el 14 de enero de 1868, Betances reconocía todos los defectos de que adolecía Ruiz Belvis pero no vacilaba en afirmar que era “incontestablemente el mejor”. Y en otra a Ruiz Quiñones en Hormigueros del 21 de abril de 1868, todavía no se había expedido el certificado del Dr. Menckel, protestaba porque no se conseguía el dinero para financiar una investigación sobre el episodio trágico de Valparaíso.

La recomendación de La Madrid era la misma de Betances. El Estado, en nombre de sus seguridad, debía comisionar una “persona de confianza y sagacidad que se presente en Valparaíso como pariente de Dn. Segundo Ruiz” para que recogiera los documentos ligados a su gestión. El interés provenía del hecho de que la versión dominante entre los conspiradores y espionaje, la cual, también circuló en Puerto Rico, era que Ruiz Belvis había sido “envenenado para robarle porque así lo hace creer la carta en que un posadero de Valparaíso anuncia su fallecimiento”.

Y eso pienso estas tardes de encierro sobre Lares a apenas unos días de otra conmemoración. Saber la Insurrección de Lares de 1868 sigue siendo un proyecto en construcción. Saberla una y otra vez desde cada presente es parte de la aventura. En ello radica su riqueza.

El autor es historiador

En Hormigueros, 15 a 19 de septiembre de 2020.