Por Manuel de J. González/CLARIDAD
Antes de una elección general siempre se desarrollan campañas publicitarias para que la gente vaya a votar. Este año aún no se escucha la que debiera hacer la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), pero a juzgar por lo que ve las redes sociales y en los medios de prensa, puede que no haga falta. Los llamados a inscribirse y a salir a votar se escuchan por doquier de parte de personas privadas y figuras públicas, presentando el voto como el medio para nuestra salvación. Si votamos podríamos acabar de una vez con el bipartidismo, la corrupción y otro montón de males sociales. “Hay que sacarla para poder sacarlos”, se dice, con referencia a la tarjeta que nos permitiría participar.
No creo que el voto sirva para tanto, sobre todo en el país que nos ha tocado vivir. Pero no hay duda que en determinadas ocasiones puede ser importante y, repasando lo que últimamente hemos sufrido, parece que estamos ante una de esas.
Los puertorriqueños llevamos siglos votando. Las primeras votaciones en el último siglo del régimen colonial español fueron esporádicas y muy limitadas. Sólo un puñado participaba. Tras la ocupación estadounidense de 1898 comenzamos a votar con mayor amplitud a partir de la imposición del Acta Foraker en 1900. Desde entonces nunca se ha cesado.
En ninguna de esa larga lista de ejercicios electorales el pueblo puertorriqueño ha votado por quienes efectivamente nos gobiernan. Hasta 1948 las votaciones sólo servían para seleccionar legisladores. El gobernador lo nombraba el presidente de Estados Unidos y, aunque contábamos con una legislatura electa por voto popular, el Congreso estadounidense aprobaba legislación a su antojo. En el año antes mencionado se autorizó el votó por el gobernador, pero el poder para legislar sin limitaciones siguió estando allá. La Constitución de 1952 no cambió en lo absoluto ese hecho fundamental. El gobernador y la legislatura que salgan de las elecciones de 2020 tendrán que rendirle cuentas a la Junta de Control Fiscal que impuso el Congreso, y todos seguiremos condicionados por lo que otros decidan a miles de millas de distancia.
¿Y si no votamos para elegir a los que realmente mandan, vale la pena votar? El recuento anterior nos demuestra que el valor de nuestro voto siempre será relativo y dependerá de las circunstancias de cada momento aumentar o reducir esa valoración. En 1964 el Movimiento Pro Independencia (MPI) llamó a una “huelga electoral”. No fue un simple retraimiento, sino una campaña activa de rechazo a las elecciones de ese año, cuando la hegemonía del PPD, erigido casi en partido único, convertía el voto en un ritual inútil. Se quería, además, utilizar el ambiente electoral para lanzar un aldabonazo de conciencia al independentismo, que en las elecciones anteriores había caído en la marginación. De aquella campaña el MPI salió con más fuerza y más militancia. Una década después la misma organización que llamó al boicot, trasformada en Partido Socialista Puertorriqueño (PSP), se inscribió como partido electoral y participó en las elecciones de 1976 porque entonces entendió que esa participación beneficiaba la lucha que desarrollaba.
Además de ver las elecciones como un escenario que, dependiendo como se participa, puede ayudar a adelantar objetivos a más largo plazo (que en el caso del MPI-PSP era la independencia de Puerto Rico) es innegable que los funcionarios que allí se eligen cada cuatro años afectan la vida de todos los puertorriqueños. Su poder es limitado, pero suficiente para hacernos la vida un poco halagadora o más miserable.
El cuatrienio que está por terminar evidencia que las ramas del gobierno puertorriqueño, con todo lo que tienen de colonial, ejecuta funciones importantes y, por tanto, nos debe preocupar quiénes estarán al mando. Luego del azote del huracán María, de los terremotos que afectaron el sureste y la pandemia en la que aún estamos inmersos, la importancia de contar con funcionarios gubernamentales honestos y medianamente eficientes está a la vista de todos. La terrible penuria que todos sufrimos tras el huracán estuvo alimentada por la incompetencia y la corrupción pública. También de éstas nace la improvisación frente a la pandemia, la limitada disponibilidad de pruebas y el tratamiento criminal a los desempleados.
Además del gobierno central, también se ha demostrado la importancia de contar con legisladores capaces y honestos. Juan Dalmau y Denis Márquez – dos de los mejores legisladores que he visto en muchos años – demostraron en este cuatrienio que a veces se puede hacer bastante, aunque se luche desde la soledad.
En suma, nunca se puede perder de vista que el voto que vamos a emitir el próximo 3 de noviembre no nos sirve para elegir a quienes realmente nos gobiernan, pero aún con esa enorme limitación, podemos utilizarlo para intentar aliviar nuestras penurias. En esa elección, además, en otro ejemplo de abuso de poder, el PNP nos convoca a votar Sí o No a la anexión. Sabemos que es otro plebiscito inconsecuente, impuesto a la trágala para tratar de llevar sus fieles a las urnas, pero si de todos modos vamos a ir a una caseta de votación aprovecharemos para decir que NO.
