Por Ángeles R. Rodríguez Negrón

Especial para CLARIDAD

Mi mentora y gurú del fotoperiodismo puertorriqueño, Alina Luciano, me dijo conmovida que no pudo contener las lágrimas mientras veía el estreno del documental CLARIDAD: Hasta la victoria de la idea. “Especialmente, cuando salió Elliott (Castro)”, su gran amigo, compañero y periodista destacado por las coberturas deportivas en CLARIDAD, en la pantalla blanca del teatro de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Hasta la noche del martes, 10 de diciembre, no supe la trayectoria del periódico en el que practiqué por los pasados tres meses.

Al terminar la presentación cinematográfica, las personas presentes se abrazaron en júbilo y halagaron el trabajo del equipo de Filmes Zapatero, la casa productora que se dio a la tarea de investigar las seis décadas del trabajo periodístico de este semanario. Durante este semestre universitario –—de hecho, el último en la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico —, tuve la oportunidad de realizar un corto documental junto a mis compañeros de clase. Me tocó redactar parte del escrito académico, y admito que fue complicado y tedioso. No imagino el afán que pasaron los productores para filmar tan detallada película en 45 minutos.

A muchos periodistas y empleados del periódico que vi en el documental, no los conozco personalmente. No sabía sus nombres ni las historias que escribieron, diseñaron, ilustraron, fotografiaron y reportaron. Relataron historias fuertes ante la cámara del director Kacho López Mari, nieto de uno de los fundadores de CLARIDAD, Juan Mari Bras.

Entre ellas se encontró José Pucho Charrón, quien cubrió la revuelta en la antigua prisión La Princesa. “Yo lo que quiero es ver las condiciones por las cuales ustedes protestan”, recordó el fotoperiodista en entrevista para el documental. Junto a la periodista Dixie Bayó, entró a la penitenciaría solo para retratar a los presos encerrados en calabozos de nueve pies de altura y camas de alambres, sin colchones.

“No es que tú defiendas la delincuencia, pero cuando tú logras hablar con una persona de estas, que está presa y que se te revela tal y cómo es, tú dices, ‘pues, si estos son seres humanos rehabilitables’. Lo que pedían era lo mínimo; era jabón, toalla, comida, lo básico para un ser humano sobrevivir. Y confirmé que sí, que era necesario que CLARIDAD estuviera allí”, expresó Bayó.

Por revelar verdades duras a la sociedad, la vida de los periodistas de CLARIDAD y los empleados de la Imprenta Nacional no ha sido fácil, puesto que han sido víctimas de múltiples ataques violentos. “A este periódico le pegaron fuego varias veces. Nos tirotearon. Persiguieron a nuestra gente. Allanaron el periódico. Todo tipo de golpetazo que pudieron hacerle al periódico, lo hicieron”, señaló Kike Estrada uno de los artistas gráficos del semanario.

No obstante, CLARIDAD también ha disfrutado de realizar aportaciones significativas para la comunidad puertorriqueña. La circulación del ahora inexistente CLARIDAD BILINGÜE para los nuyoricans del Barrio y el Bronx empoderó a aquellos que no hablaban ni leían el español. La sección deportiva profundizaba en la afición por los juegos más allá de las estadísticas. El suplemento cultural “En Rojo” todavía brinda un espacio para que escritores expongan sus trabajos literarios.

CLARIDAD también creó un vínculo directo al periodismo investigativo con su vocación de generar cambios sociales profundos. “Hacían muchas coberturas de temas sociales, de temas de corrupción, de temas ambientales. A veces no se trata de revelar algo nuevo o desconocido por completo, pero de explicar las cosas”, reveló la directora ejecutiva del Centro de Periodismo Investigativo, Carla Minet.

Por otro lado, con una variedad periodística tan amplia, el administrador Domingo Vega, optó por una vía creativa para ayudar con la situación económica del periódico y la imprenta. En 1974, nació el Festival de Apoyo a CLARIDAD en un pastizal de Villa Capri. Desde entonces, la iniciativa anual convoca a artesanos, artistas, músicos y comerciantes para también celebrar la cultura puertorriqueña.

Del mismo modo en que el documental de López Mari conmemoró las vivencias de los entrevistados, también presentó una reflexión importante: ¿Qué le espera en el futuro a CLARIDAD? Luciano comentó que desea ver que el semanario logre competir con otros noticiarios cibernéticos, mientras que la directora actual, Alida Millán Ferrer, recalcó que el objetivo de la organización independentista no se debe perder.

La presidenta de la Junta de Directores, Carmen Ortiz Abreu, cerró el largometraje: “CLARIDAD es la mejor respuesta a los que dicen que la lucha por la independencia de Puerto Rico está muerta, y mientras CLARIDAD permanezca, no está muerta la lucha por la independencia de Puerto Rico”.

Los aplausos irrumpieron la sala del teatro por aproximadamente dos minutos. Luego del evento, Irene Alberti Cardona, de Filmes Zapatero, agradeció al público por su asistencia y les despidió. Millán pidió que tanto el Comité Ejecutivo como el colectivo de CLARIDAD se reunieran en la plazoleta de la Facultad de Derecho para tirarnos una foto. Por mi corto periodo de trabajo, no pensé que me invitarían a formar parte del grupo, pero los periodistas veteranos insistieron en que me integrara. Así hice.

Quizás en diez años vuelva a mirar esa foto y me reiré de lo joven e ingenua que soy ahora en el presente: una recién graduada que no sabía exactamente lo que hacía en un periódico con tantos años de trayectoria y de lucha. Mas estoy complacida de estar rodeada de personas con tantas historias que contarme. Algún día contaré las mías a alguna joven periodista que me recuerde a mí a esta tierna edad. Como bien formuló la escritora Mari Mari Narváez: “Las luchas más exitosas son las que uno se sienta más feliz de llevar”. La lucha por el buen periodismo será una que llevaré felizmente. Esa es la victoria de mi idea, esa es mi CLARIDAD.

Por Giancarlo Vázquez López / CLARIDAD

gvazquez@claridadpuertorico.com

El representante Denis Márquez ofreció hace unos días, en El Acervo, un conversatorio sobre carpeteo electrónico en Puerto Rico. Todavía recuerda el frío sintió en la nuca el día que recibió su carpeta. Fue la primera vez que compartió en público su experiencia.

Antes de comenzar a hablar sobre carpeteo electrónico Márquez hizo un apresurado recuento sobre la historia del carpeteo en la isla. Luego prosiguió con el tema central.

El representante, más o menos, marcó en abril de 2017 el punto de partida para comenzar a hablar sobre Carpeteo Electrónico en Puerto Rico. Fue entonces cuando la “superintendenta” de la policía, la coronela “Whatever (Michelle) Hernández”, dijo a la prensa que estaba monitoreando las redes sociales. Como quien busca monear y torear al mismo tiempo. La faena consistía en identificar conductas delictivas durante la actividad que se llevaría a cabo el día de los trabajadores. Según Hernández, de esa forma podrían arrestar a la gente o referirla, por ejemplo, al FBI.

Márquez denunció esto públicamente como un esquema de persecución política alegando que se trataba de un monitoreo selectivo por cuestiones ideológicas. Radicó una querella en la Comisión de Derechos Civiles junto con el senador Juan Dalmau. La acogen. Se creó un foro para abrir la investigación.

Tras su participación en el 1 de mayo de 2017, el representante enmendó la querella. La policía no solo estaba investigando las redes sociales, también estaba fichando a la gente en la actividad a través de fotos y videos. Todo por el acto de ejercer sus derechos humanos, constitucionales y civiles. Por cuestionar y protestar.

Como parte de ese proceso Dalmau le planteó a la comisión que la persecución política era una violación a los derechos humanos en el ámbito del derecho internacional, para darle un carácter más amplio al asunto.

La Comisión de Derechos Civiles es una entidad del gobierno creada en 1959. Actualmente le han cortado dos veces su presupuesto. Sin ánimo de protagonismos y titularidad Márquez se mostró convencido de que el recorte tiene que ver con los planteamientos hechos y todo trabajo el trabajo de investigación realizado por la Comisión. Enmendaron una ley para que el presupuesto del ente referido sea manipulado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), a diferencia de otras comisiones.

El informe emitido por la Comisión tras la investigación se confirmaron las denuncias hechas en la querella. Entre otras cosas concluyeron que lo que hizo la superintendente de la policía el 25 de abril no era otra cosa una estrategia para disuadir a la gente que participaba en el 1 de mayo. Monitorearon las redes sociales y refirieron gente al FBI previo al 1 de mayo.

Destacó que entre otros temas le pidieron a la comisión: investigar si se habían levantado expedientes a personas o entidades; que si se conserva información recopilada ¿cómo se utiliza?; ¿Qué criterios utilizaron?; ¿Qué redes sociales están monitoreando?; ¿Cómo tuvo acceso el Estado a cuentas monitoreadas?; ¿Qué relación hubo entre la agencia de gobierno, si le dio orden judicial, si se había centrado en investigaciones criminales?

“La Comisión concluyó que la Policía de Puerto Rico monitoreaba las redes sociales de los manifestantes antes de la marcha del primero de mayo. Ese era el enfoque. Se estaban tomando videos y fotografías y archivando expresiones realizadas en las redes sociales a personas y organizaciones que anticipan participar de protestas legítimas en contra de lo políticos y en contra de las políticas económicas y laborales de la nueva administración (2017)”, citó Márquez sosteniendo el informe entre sus manos.

El informe concluyó que la practica del monitoreo por parte de los agentes del orden público en las redes sociales fue ilegal e inconstitucional. También que las practicas de recopilación de información privada y digital durante el ejercicio de funciones investigativas también lo fue.

En el artículo sobre la Evaluación de actividades de protestas públicas la Comisión analizó el concepto de anonimato. Márquez explicó que hay un concepto que dice que si tu estas en una actividad pública se acabó tu elemento de privacidad. Sin embargo, en el análisis de la comisión dice que X persona puedes estar en una actividad pública, pero hay un sentido de anonimato. Estas en la calle pero tu no quieres que se te esté identificando.

Según el informe durante el periodo bajo investigación la Policía de Puerto Rico exhibió una carencia de controles y estructuras institucionales apropiadas para evitar el abuso discriminatorio de las prácticas de vigilancia en el contexto de las protestas publicas el 1 de mayo. Ya fuera a través del internet u otros mecanismos.

“El hecho de que se haya realizado monitoreo en las redes sociales sin que haya dejado rastro alguno esa actividad, ni registro que facilite la verificación de la legalidad de dicho monitoreo presenta un defecto crítico en la forma que la policía de puerto rico asumió su gestión”, citó.

La policía argumentaba ante la Comisión que ellos monitoreaban las redes sociales a base de confidencia. Pero nunca pudieron documentar ni probar resistencia a la confidencia.

También cuestionaron la legitimidad de las expresiones hechas por la superintendente por carecer de evidencia que permitiera darle credibilidad o validez a la conducta de Hernández.

A raíz de las conclusiones de la Comisión se radicaron varios proyectos de ley: uno para establecer la prohibición de que se entre a las redes sociales de las personas por parte del gobierno de puerto rico a menos que exista una orden con elementos específicos; dos, el proyecto que es una carta de derecho en el ámbito digital, los derechos que tenemos las personas en el uso de las redes sociales frente al estado

En esos días posterior al primero de mayo, estudiantes de la UPR en Río Piedras hicieron una manifestación en la presidencia de la UPR. Un grupo de ellos fue arrestado. Le vaciaron descaradamente el código penal. Como parte de ese proceso Márquez se reunió con los abogados de defensa quienes le informaron sobre una orden de allanamiento solicitada el 5 de mayo de 2017 por la División de Crímenes Cibernéticos del Departamento de Justicia a tres entidades universitarias: Diálogo, Pulso Estudiantil y el Centro de Comunicación Estudiantil. Una orden para obtener toda la información almacenada por esas tres organizaciones.

Una vez terminó la conferencia Márquez mencionó en un aparte con CLARIDAD la importancia de conocer este asunto para de esa manera poder cuestionar, denunciar y accionar sobre el mismo; mantener la acción política de demostrarle al Estado que se está trabajando en contra de sus acciones y en contra de todas esas actividades abusivas. Destacó que es importante que la gente conozca como el gobierno continúa con su visión de la criminalización del independentismo.

“A pesar de ser un tema de interés publico es parte de mi vida y de mi formación. Yo creo que tengo la responsabilidad de mantener la denuncia”.

El Acervo es un proyecto de formación cultural y política para el desarrollo de organizadores y organizadoras en defensa de la cultura y la independencia de Puerto Rico. En otras palabra funge como un centro de apoyo a movimientos sociales y activistas.

“Lo que hacemos es en constitución de la República de Puerto Rico”, manifestó el líder sindical Scott Barbés, uno de los gestores del proyecto.

Por Cándida Cotto /CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

A menos de un mes de que se lleve a cabo, este 14 de enero de 2020, una vista en el Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico ante la juez Laura Taylor Swain sobre el Acuerdo de Reestructuración de Deuda (RSA, siglas en inglés) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), no hay visos de que la Legislatura de Puerto Rico trabaje en la legislación para su aprobación.

Se supone que la Legislatura haya aprobado el acuerdo negociado por la Junta de Control Fiscal (JCF) antes de que este se presente ante la jueza que atiende el caso de quiebra del Gobierno de Puerto Rico, bajo el Capítulo III de la Ley Promesa. Por el contrario, hasta el momento, aun cuando expertos en el tema de la energía, economistas y sociólogos han advertido de que el RSA tendrá un impacto en las familias más pobres, que tendrán que destinar el 40% de sus ingresos anuales para el pago de la luz, y atará a todos los consumidores a un aumento por los próximos 40 años, la Legislatura parece no darse por enterada.

Frente a esta situación, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) hizo un llamado a un asalto navideño, el 14 de enero a partir de las siete de la mañana frente al Tribunal Federal, para protestar en contra del acuerdo: el Asalto Combativo.

En conferencia de prensa, el liderato del PIP, su vicepresidenta, María de Lourdes Santiago, el representante Denis Márquez Lebrón, el candidato a la alcaldía por San Juan Adrián González y los candidatos por acumulación a la Legislatura Adriana Gutiérrez y Andrés González Berdecía, exhortaron tanto a la militancia independentista, así como a todos los puertorriqueños a denunciar el acuerdo.

Márquez Lebrón confirmó a preguntas de CLARIDAD que la última sesión legislativa terminó en noviembre 18 y en todo ese proceso no se discutió ni se habló del proyecto. Indicó que el proyecto es uno de los que llaman de administración, por lo cual se supone que llegue de Fortaleza. Aunque no haya sesión, si en efecto La Fortaleza radicó algún proyecto, no será hasta el primer día de sesión, que se supone sea entre el 12 al 13 de enero, que se le dé la primera lectura. Eso no significa que la medida vaya a vistas públicas o se pueda ver ese día, “pero al día de hoy no se conoce que se haya radicado ningún proyecto de ley por ningún legislador ni por lo administrativo”, afirmó.

Agregó que la necesidad de aprobación por la Legislatura para que luego la juez lo pueda ver es uno de los puntos que han señalado algunos abogados de la JCF que estaría retrasando el acuerdo. Márquez Lebrón y el resto del liderato del PIP no dudaron en predecir que puede que los legisladores de mayoría aprueben el proyecto de un día para otro sin leerlo.

“Este acuerdo, como han anticipado varios economistas, al igual que ocurre con el acuerdo de COFINA, se ha tramitado en unos términos tan onerosos que presenta la posibilidad de que se incurra en un nuevo impago y, además, tratándose de la energía eléctrica, representaría aumentos al consumo de tal grado que podría llegar a ser insostenible para las familias más pobres en Puerto Rico y un peso muy difícil de llevar para los pequeños negocios, como todas las medidas que se han impuesto desde el comienzo de la crisis económica hace más de una década”, denunció la licenciada Santiago, candidata al Senado por acumulación.

El representante Márquez Lebrón agregó que el acuerdo de restructuración de los bonos de COFINA ha hipotecado al país por los próximos 30 años, el que estaremos pagando todos los puertorriqueños porque al fin y al cabo el pago va a depender de los ingresos del fondo de Puerto Rico, que se nutre básicamente delas contribuciones del país. Igual recordó y denunció que quien representa al Gobierno de Puerto Rico y ha promovido todos estos acuerdos es la JCF, la misma que ha destruido el presupuesto de la UPR, ha promovido la reforma laboral para quitarle derechos a la clase trabajadora e insiste en eliminar parte de las pensiones a miles de trabajadores. Por ello, la actividad de Asalto Combativo es también una denuncia en contra de la JCF y, a su vez, es un emplazamiento al Gobierno y a la Legislatura. Expresó que por su parte, en el momento en que se radique el proyecto de ley, si es que llega, y se inicie el proceso en la Legislatura, estará combatiendo el proyecto.

El candidato a la alcaldía de San Juan, en alusión al movimiento de protestas durante el verano, exhortó al pueblo a salir a la calle e inundar la avenida Chardón, “porque ya no es teoría, ya no es especulación. El país ha demostrado que cuando se indigna, cuando quiere llevar un reclamo, lo lleva a cabo y funciona. En el verano lo demostramos”.

En tono similar se expresaron los jóvenes Adriana Gutiérrez y González Berdecía: “Exhortamos a que el próximo 14 de enero el país esté presente en el tribunal desde las siete de la mañana. Como acaba de decir el compañero, la acción es importante. Estemos presente el 14 de enero y sigamos combatiendo esta y todas las otras medidas que siga imponiendo la JCF, medidas de austeridad que están afectando el presente y seguirán afectando el futuro”.tesoros de Puerto Rico”, expresó.