Por Eduardo A. Lugo Hernández/Especial para En Rojo
Ya son seis meses desde que comenzó la pandemia del COVID-19. Esta pandemia ha sido uno de los mayores retos socio salubristas y económicos en generaciones. La respuesta de todos los gobiernos ha sido evaluada, no solo por su habilidad de detener la propagación del virus, sino también por sus estrategias para mantener los indicadores económicos. Además, en sociedades democráticas el reto de preservar los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas ha sido ampliamente observado y motivo de protestas por defensores y defensoras de los mismos. Sin embargo, existe un indicador de bienestar humano que ha sido claudicado por muchos gobiernos y son las implicaciones sociales de esta pandemia.
Puerto Rico no ha sido la excepción. Desde los inicios de esta crisis el gobierno fue advertido por organizaciones, profesionales de la salud mental y otros acerca del efecto que sus medidas tendrían en indicadores como la violencia de género, la educación y seguridad de nuestra niñez, las personas sin hogar, las personas en condición de pobreza, la seguridad alimentaria y la salud mental, entre muchos otros indicadores. Dos grupos voluntarios fueron conformados para atender esta situación (Mesa Social y Taskforce Social del Pueblo). Estos grupos, incluyen personas con peritaje en todas estas áreas, líderes comunitarios y líderes de organizaciones sin fines de lucro que hacen este trabajo desde al anonimato todos los días. Estas personas, dispuestos y dispuestas a poner su conocimiento en servicio del país, tuvieron acercamientos con nuestro gobierno y al día de hoy, todavía los esfuerzos de los mismos no han sido integrados a la gestión gubernamental a favor de nuestra gente. Lo indignante de este dato no es que el gobierno ha ignorado las gestiones y preocupaciones de estos colectivos, sino que ni siquiera ha admitido la prevención y atención de lo social como medular en la pandemia, ni articulado estrategias contundentes para atenderlas.
Sin embargo, la ausencia de respuesta del gobierno ante lo social, emocional y psicológico no sorprende. Por más de una década hemos observado como el gobierno se ha ido desprendiendo de la responsabilidad de velar por el bienestar integral de sus ciudadanos y ciudadanas. Esto ha sido más que evidente durante los pasados 3 años en los cuales el gobierno central ha demostrado incompetencia, dejadez, temeridad y corrupción al responder a los efectos nefastos de eventos naturales; eventos naturales que irán en aumento a causa de los efectos del calentamiento global y el cambio climático y que desproporcionalmente afectarán a archipiélagos como el nuestro. Solo hay que resaltar el dato de que a tres años del Huracán María hay hogares sin techo, seguimos encontrando almacenes con suministros, hay familias en el suroeste que no han sido asistidas apropiadamente a pesar de que todavía experimentan sismos que tambalean sus hogares y salud mental y que en las áreas montañosas del país hay comunidades con necesidades de infraestructura para garantizar su seguridad y sustentabilidad que han sido invisibilizadas. Todo esto se da en un trasfondo del incremento en pobreza y desigualdad en nuestra isla.
El gobierno ha claudicado su responsabilidad social.
La misma ha sido puesta en los hombros de Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL) que operan con poco personal y presupuesto. También la Universidad de Puerto Rico, con sus proyectos de investigación e intervención comunitaria han sido eje central de la respuesta a nuestro pueblo. Además, la sociedad civil ha actuado en solidaridad después de los desastres, movilizando una economía millonaria que no ha sido calculada. La gestión ciudadana, aunque necesaria, se gesta en condiciones de precariedad que a su vez afecta la salud física y mental de aquellos que la asumen y que sufren, a menor escala, de las mismas condiciones que aquellos/as que intentan ayudar llevando sus servicios. El grito de “Nos tenemos” resuena con fuerza. El mismo inspira fuerza, solidaridad y empatía. Por otro lado, resalta el sentimiento de abandono que experimenta el país por la brecha entre sus líderes políticos y nuestras comunidades.
El peligro es que más y más asumimos esta negligencia como normalidad. El trabajo en condiciones de precariedad NO puede ser nuestra normalidad. Aunque nuestras acciones solidarias nos llenen de orgullo, estas no pueden ser la base del desarrollo sustentable del país. Los comedores sociales, las recolectas solidarias, las donaciones, resaltan por un lado la solidaridad y empatía y por otro la pobreza, la precariedad, y la profunda desigualdad que experimenta el país. Mientras el gobierno, la Junta de Control Fiscal y el gobierno Federal apuestan al estado neoliberal y a la austeridad, su inacción produce miseria y en algunos casos muerte. Esto NO debe ser normal.
El rumbo del País tiene que girar a visiones y acciones de equidad y sustentabilidad. Esta visión tiene que incluir, por ejemplo, planes concretos que vean la sustentabilidad energética y alimenticia, la educación accesible y de calidad, el empoderamiento comunitario y la salud mental como aspectos medulares del desarrollo social del país. En este proceso el gobierno tiene un rol preponderante, no solo en diseñar y ejecutar planes de prevención y acción efectivos, sino en apoyar a las Organizaciones Sin Fines de Lucro con suficientes recursos financieros para colaborar y asistir a las comunidades. Las agencias de gobierno que tienen como objetivo atender lo social (ej. Departamento de la Familia, ASSMCA), deben asumir este reto con transparencia y acciones asertivas que promuevan la prevención y el bienestar de todos y todas. Las mismas deben colaborar también con las OSFL y las comunidades para fortalecer sus intervenciones. La corrupción debe ser extirpada de todas estas agencias, pero en espacial de las que se supone garanticen el bienestar y desarrollo de nuestra gente.
De cara a las elecciones es importante destacar que los gobiernos que claudican lo social no son solo negligentes sino rayan en lo criminal. Reclamemos a la gobernadora y a los candidatos y a la candidata a la gobernación que asuman su responsabilidad de priorizar el bienestar socioemocional y económico de todos y todas y no solo el de unos pocos. No hacerlo, redundará en el deterioro de la calidad de vida de muchos/as y en la muerte de otros/as.
El autor es profesor en el Departamento de Psicología de la Universidad de Puerto Rico, en Mayagüez
