Por Cándida Cotto /CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

La amenaza de una reforma electoral que pretende entregar el control de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) al Partido Nuevo Progresista (PNP), la falta de unos $20 millones para gastos pre electorales y la inseguridad de si las máquinas de conteo electrónico estarán disponibles para las primarias a celebrarse tan cerca como en marzo y para las elecciones generales de aquí a once meses, es el panorama electoral, al margen del espectro político de las candidaturas.

Tras el veto de la gobernadora Wanda Vázquez Garced al proyecto de reforma electoral (PS 1314), el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, el autor de la medida, ha dicho que se reunirá con la gobernadora para enmendar el proyecto.

Ante estas pretensiones a preguntas de CLARIDAD el senador Juan Dalmau Ramírez, afirmó que el proyecto no es enmendable. “Desde la exposición de motivos hasta la última página ese proyecto lo que busca es mediante la ley imponer el robo del resultado electoral porque coloca a la Comisión en manos del partido de gobierno”.

El senador por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), quien llegó a reunirse con la Gobernadora para exponerle las objeciones tanto de balance democrático como en términos económicos de la medida, indicó que en el momento de la reunión el proyecto no había sufrido muchas de las enmiendas que se le hicieron en el proceso, aunque ya de por si no era enmendable. “Mi planteamiento ante la Gobernadora es que es un proyecto antidemocrático, excluyente y es cambiar las reglas de juego en la entrada número ocho no a mitad de juego, en la octava entrada. Y entonces ella me dijo que ella no creía que este era el momento para alterar las reglas del juego electoral o del proceso electoral”.

Señaló que luego de la reunión la Gobernadora ha hecho expresiones públicas de que no favorece un proyecto que jurídicamente y en la práctica cambie, limite la participación de los actores electorales y este proyecto eso es lo que hace.

Frente a la incertidumbre de que Vázquez Garced pueda cambiar de posición tras la reunión con el Presidente del Senado, el senador independentista comentó que lo que pueda ocurrir de aquí a enero está por verse, pero que ante las insinuaciones de la Gobernadora de que va a aspirar a la gobernación, “me parece a mí que este proyecto de ir firmado por ella seria una manifestación de que se estaría sometiendo al capricho y actitud anti democrática de Tomás Rivera Schatz”.

Mientras el Presidente del Senado insiste en una reforma electoral Dalmau Ramírez confirmó a CLARIDAD que la situación económica de la CEE no se ha llevado ante el Senado. Dijo creer que el presidente de la CEE, ha tenido reuniones privadas con el Presidente del Senado pero fuera de eso no ha habido vistas públicas, ni expresiones públicas, ni asignaciones presupuestarias para la CEE.

Tanto la Gobernadora como el presidente de la CEE licenciado Juan Ernesto Dávila Rivera, en declaraciones públicas, han dicho que la CEE necesita $20 millones para gastos pre electorales. En mayo de este año (en la edición del 16 al 22 de mayo 2019, CLARIDAD dio a conocer que el conteo electrónico para estas próximas elecciones estaba en peligro por el estado inservible de la mayoría de la máquinas por falta de mantenimiento.

Frente a este riesgo Dalmau Ramírez comparó que las propuestas de tecnología que hace el proyecto (se refiere a la reforma electoral) que son de futuro no tienen financiamiento definido y reiteró que realmente esa es la manera en que se quiere encubrir lo dañino del proyecto, mientras lo que sería aplicable de inmediato es básicamente el control de manera absoluta por parte del PNP de todo el proceso electoral.

Del PNP insistir en manejar el tema de la mal llamada Reforma Electoral tendría que ser en la próxima sesión legislativa de enero. “Yo creo que es importante que el País comprenda que lo que se juega aquí es que por la vía legislativa se pretende robar las elecciones en momentos en que ven a su electorado desmoralizado y desmovilizado”.

El candidato a la gobernación por el PIP reconoció que con sus luces y sus sombras en la CEE ha habido un elemento de mutua fiscalización donde los resultados electorales al menos tienen el respeto del País, por lo que el PNP insistir en un proyecto que le garantiza el monopolio, el control de la administración del proceso electoral, es provocar manifestaciones como las del verano, por no decir conflictos sociales y públicos que no son necesarios. Destacó que en el País hay otras prioridades por lo que el empecinamiento en esta reforma electoral la única explicación que tiene es que el PNP se quiere robar las elecciones bajo el manto de una reforma que no es tal.

En el peor de los escenarios de que la Legislatura apruebe el proyecto en enero Dalmau Ramírez dijo que habría varias alternativas. La primera sería presionar a la Gobernadora para que vete el proyecto. En el caso de que lo firme la alternativa dijo sería desde la calle hasta los tribunales, las instancias de desobediencia de aquí a las elecciones y el propio día de las elecciones. Si la Gobernadora no lo firma pero la Legislatura decide ir por sobre el veto ahí habría también que ir a la calle, no descartó acudir a los tribunales y la denuncia internacional.

La Comisión Electoral

Por otra parte el comisionado electoral del PIP, licenciado Roberto Iván Aponte Berríos, confirmó a preguntas de CLARIDAD sobre el estado de las máquinas de conteo electrónico que todavía hay máquinas dañadas. Añadió que en una reciente reunión el Presidente de la CEE les explicó a los comisionados que personal de Dominion Voting Systems (DVS), se reunió con personal de la Oficina del Sistema de Información y Sistemas Electrónicos (OSIPE) y confirmó que hay máquinas que no tienen batería y otras que se dañaron por falta de aire acondicionado.

Continuó que las alternativas presentadas por el Presidente fue una que con el poco personal que tiene la Comisión se trabajen las máquinas aquí o la otra alternativa es que DVS se lleve las máquinas y las arregle fuera de Puerto Rico. El Presidente de la CEE no informó cuánto costaría la reparación.

El Comisionado Electoral del PIP puso en duda que con el poco personal que hay en la CEE y que debido a que se está en el proceso de radicación de candidaturas y trabajo electoral que se pueda hacer el trabajo por lo que cree que lo mejor es que la compañía se las lleve, arregle y devuelva. Incluso reveló que no hay garantía de que las máquinas estén disponibles para las primarias, incluyendo las primarias presidenciales que son en el mes de marzo, aun cuando los representantes de los partidos le dijeron a Dávila Rivera, que interesaban su uso para el proceso.

En cuanto al presupuesto Aponte Berríos denunció que no se ve por el momento que haya dinero para tener el personal necesario para el proceso de radicación de candidaturas. En particular trajo a la atención preocupación que por falta de presupuesto la CEE no ha podido acudir como en años anteriores a las escuelas superiores y universidades para la inscripción de nuevos electores. Trajo a la atención el que si se compara los nuevos electores para esta fecha, con nuevos electores en cuatrienios anteriores para esta misma fecha, los números están muy por debajo, “a quien le conviene eso es la administración actual y la excusa es pues que no hay el dinero, no hay personal y no se puede ir a los centros universitarios”, censuró.

A la situación económica de la CEE, Aponte Berríos, también denunció el apoyo del Presidente a la supuesta reforma electoral, ni siquiera discutió el proyecto con los comisionados. Atribuyó que el Presidente de la CEE en los últimos meses “estaba jugando” a que se aprobaría la reforma y así podía salir de empelados e incluso que de inmediato por ejemplo la Junta de Anuncios pasaría a estar bajo el Contralor Electoral. “Todo está orquestado”, expresó Aponte Berríos, en referencia a las pretensiones del PNP con la reforma electoral y la ausencia del conteo electrónico en las próximas elecciones.

Así las cosas hasta el momento no se ha visto que desde la Legislatura y/o la Fortaleza haya movimiento para que aparezca el dinero para poner en funcionamiento las máquinas para el escrutinio electrónico, procedimiento que fue fundamental en las pasadas elecciones para garantizar los votos a candidatos independientes y de nuevas organizaciones políticas.

Por Cándida Cotto / Claridad

ccotto@claridadpuertorico.com

Ha tres años de la imposición de la Ley Promesa y su Junta de Control Fiscal (JCF), a dos años de litigios judiciales y sin que se haya aprobado ningún presupuesto fiscal balanceado, la imposición de medidas de austeridad, son las circunstancias con finaliza este año, frente a una deuda impagable, que viola los derechos humanos. Así lo plantearon diversas voces en el foro, Cómo hablamos de deuda y su impacto en nuestras vidas, auspiciado por la organización Auditoría Ya.

De la deuda pública de $72 mil millones, Puerto Rico apenas lo único que tiene la capacidad de pagar como máximo son $14 mil millones, según apuntó el economista Daniel Santamaría, de la organización Espacios Abiertos (EA). Se refirió a las conclusiones del estudio sobre la deuda de Puerto Rico que dirigió el economista Martín Guzmán y el Premio Nobel, Joseph Stiglitz, para EA. Santamaría que también participó en la investigación señaló sobre esta capacidad de pago, es sin contar que en los primeros cinco años el país no pague ni principal ni intereses, hasta que la economía crezca.

Santamaría señaló que esto es un análisis puramente financiero y que en la economía suele pasar que problemas similares tienen soluciones distintas, es decir contrapuestas y en el caso del tema de Puerto Rico -en el momento que se revela la cantidad de la deuda- había a consenso entre economistas liberales y conservadores y académicos que entendían que Puerto Rico necesitaba un amplio recorte de su deuda. “Aquí no habían ningún tipo de visiones distintas al respecto” y acotó que de las políticas públicas que necesita Puerto Rico, es que tiene que ser capaz de reestructurar la deuda para poder incorporarse en la economía del siglo XXI, pero no en los términos que se pretende. En esa dirección reparó que la JCF viene con una visión de cuadrar la caja y esto en ninguna economía ha funcionado, no funcionó en Grecia, ni en España, país de donde él procede. Por el contrario afirmó que un pago de deuda insostenible es un espiral desestabilizante para la economía y que esta receta que la JCF y el gobierno de Puerto Rico, nos quiere imponer es uno que ya ha fracasado en todo el mundo.

“Tampoco tenemos que pagar esos $14 mil millones”, expresó en su turno el licenciado Luis José Torres Asencio, de la Comisión Ciudadana para la Auditoria de la Deuda (CCAD). En primera instancia expuso que el gobierno de Puerto Rico diseñó el aparato de emisiones de bonos al mercado de deuda de manera que le permitiera burlar la disposición constitucional que establece un límite de deuda. Se refirió a que la deuda de los $72 mil millones no es toda del llamado gobierno central o los llamados “bonos de obligación general” (BOG). Sino que en esa cifra están además de la deuda de los BOG, está la deuda de las corporaciones públicas, los sistemas de retiro,  y los municipios. Al presente dijo, los dos planes de reestructuración de deuda que están pendientes ante el Tribunal Federal para discutir en el mes de enero son el de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la del gobierno central, de poco más de $13 mil millones.

Señaló que los acreedores están cobrando deuda del gobierno de Puerto Rico tan antigua como la emisión de bonos de la administración de Rafael Hernández Colon de 1973, la última de marzo de 2014, bajo Alejandro García Padilla y la deuda emitida en 2016.

El proyecto de Auditoría Ya, dijo,  pretende contestar desde cuánto dinero es que se debe; cuánto se ha pagado, cuánto se pretende cobrar en términos del principal e intereses, por qué se debe pagar; en qué se gastó todo ese dinero; si es que se recibió, quiénes tomaron las decisiones que hizo inevitable estas circunstancia; y hasta cómo la relación colonial incidió en la acumulación de la deuda. Además de qué responsabilidades tienen los gobernantes en la isla, el gobierno de Estados Unidos y hasta personas privadas que sirvieron como asesores legales y financieros.

Torres Asencio reveló que de lo que la auditoría ciudadana ha logrado documentar está el que en algunas emisiones de bonos en especial las que se conocen como “bonos de apreciación capital”, en estas transacciones en las cuales el gobierno tomaba prestado, no tenía que hacer un pago de inmediato sino en unos cuantos años, el principal y los intereses se hacían en un solo pago. En muchas de estas transacciones el gobierno llegó a pagar siete veces más en intereses de lo que era el principal. Algunas de estas emisiones de bonos también incluyeron el pago a suscriptores de bonos, (lo que se conoce como underwriter) tanto a bancos locales como extranjeros que se dedicaban a vender los bonos de Puerto Rico comisiones de hasta de $1 mil 600 millones. Algunos de estos bancos son: el Banco Popular de Puerto Rico (BPPR), el Banco Santander, la firma Goldman &Sachs y otras.

Además contrario a la impresión que ha pretendido dar la JCF y el gobierno de que la mayor parte de la deuda de los BOG está en manos de bonistas puertorriqueños en el 2018, después del huracán María, el 25% de la deuda de los BOG estaba en manos de los llamados fondos de inversión, los “fondos buitres”, y ya este año (2019) son dueños de cerca de la mitad. Los fondos buitres que compraron los bonos a cinco centavos muy por debajo del valor original pretenden cobrar la totalidad del bono.

Otro ángulo que ha examinado la auditoría y ha logrado descubrir es en qué se gastó el dinero. Hasta el momento indicó Torres Asencio se ha logrado descubrir que al País se le pretende cobrar deuda que se utilizó para proyectos que nunca se construyeron. Ese es el caso de la emisión de bonos de la AEE por $400 millones que se invirtieron en el proyecto del gasoducto del sur y el gasoducto del norte. Ambos proyectos que fueron derrotados por el pueblo por su inviabilidad ambiental. También la deuda que se emitió bajo la administración de Luis Fortuño en el 2009 para financiar los despidos bajo la Ley 7, “ahora se pretende cobrar al pueblo de Puerto Rico incluyendo a los empelados despedidos”. Desde el 2006 -denunció- un número significativo de las emisiones de bonos del gobierno central y COFINA se han utilizado para pagar o cancelar bonos viejos, re financiar o cuadrar el presupuesto. Esta práctica dijo se viene haciendo desde el 1974, cuando el Secretario de Justicia de aquel momento lo autorizó.

Torres Asencio puntualizó que esta práctica no es legal y reiteró que al menos la mitad de la deuda del gobierno ha sido emitida de manera ilegal en contra de las disposiciones de la constitución del Estado Libre Asociado (ELA), por lo tanto es nula. Según la Constitución, Puerto Rico no puede pagar deuda emitida por más de 30 años, tomar prestado para cuadrar el presupuesto, ni sobre el límite del 15% de sus ingresos. En esa dirección denunció que la creación de COFINA en el 2006 fue una estrategia para emitir deuda extra constitucional y que en lugar de saldar la deuda existente el gobierno lo que hizo fue que la triplicó. Esto pese a que los propios asesores legales del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) le dijo al gobierno que el esquema de COFINA era ilegal, según un memorándum interno del banco.

En tanto respecto al acuerdo de reestructuración de la deuda de COFINA atribuyó que sentó un mal marco de negociación que ha tenido como consecuencia el que los acreedores de los BOG no están contentos con el acuerdo de la JCF y están presionando pidiendo más dinero.

El abogado de la CCAD llamó la atención a que tanto el gobierno de Puerto Rico, como el gobierno de Estados Unidos no quieren hacer una auditoría forense por los conflictos de intereses que esta representa. En el caso de Puerto Rico hay conflictos de intereses en ambos partidos y hay miembros de la JCF que participaron en las emisiones de bonos de COFINA. En el caso del gobierno de EE UU dijo que la Oficina del Inspector General (GAO, siglas en inglés) tampoco quiere la auditoría porque este gobierno también es responsable de autorizar las emisiones que estaban exentas de contribuciones federales.

Más aun la visión ideológica de los miembros de la JCF, “lo que quieren es renegociar la deuda para que Puerto Rico siga pagando y participando de ese mercado de emisión de deuda y una auditoría forense demostraría que las políticas de austeridad son por completo innecesarias, y se evita poner responsabilidad a funcionarios públicos”.

Por Cándida Cotto / Claridad

ccotto@claridadpuertorico.com

La demora por parte de la Asamblea Legislativa en liberar el Proyecto del Senado 1221 y enviarlo a la gobernadora para su firma; la nominación en enero de una persona a la secretaría del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) que tenga la confianza de las organizaciones y entidades comprometidas con la justicia social y ambiental; la atención a la situación de contaminación en las comunidades de Guayama y qué pasará con los cambios a los Mapas de Calificación son algunas de las controversias ambientales pendientes a pocos días de finalizar este año 2019.

Luego de que la Legislatura aprobara en noviembre el PS 1221, que prohíbe la disposición y el depósito de cenizas en la isla, incluyendo la mezcla hidratada de estos residuos producida por la carbonera AES, y que obligaría a la empresa a exportar permanentemente sus desperdicios, pasadas dos semanas y media, el proyecto no había sido enviado a la gobernadora para su firma.

“El Senado y la Cámara aprobaron el proyecto 1221, con solo un voto en contra, desde hace más de dos semanas. Sin embargo, el proyecto no ha sido sometido a Fortaleza para la firma de la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, quien ya se comprometió a firmarlo. ¿Qué es lo que pasa en el Capitolio? ¿Cuál es el estatus del proyecto? ¿Dónde está el tranque, si alguno? El pueblo espera respuesta, acción y que cumplan su palabra.”, declaró Yanina Moreno Febres, portavoz del Campamento contra Cenizas en Peñuelas.

Ante la demora, José Manuel Díaz Pérez, líder de Peñuelas, sostuvo que, si la Asamblea Legislativa sigue dilatando más el proceso, la comunidad se movilizará hasta el Capitolio. “No entendemos por qué han tardado tanto en enviar el proyecto a Fortaleza. Pero si continúan dilatando el proceso, vamos a llevarle una trulla al Capitolio o a cualquier lugar donde sea necesario”.

Sin dirección el DRNA

Mientras, luego de la renuncia en octubre, de la secretaria del DRNA, licenciada Tania Vázquez Rivera, en medio de denuncias de corrupción, la gobernadora Vázquez Garced todavía no ha hecho ningún nombramiento para dirigir la agencia.

Juan Camacho, portavoz de Toabajeños en Defensa del Ambiente (TDA), afirmó a CLARIDAD que tras la salida de Vázquez Rivera “no ha habido ningún cambio fundamental en el DRN, y menos sin tener una cabeza que lo dirija”.

El portavoz de la organización comunitaria que ante la inacción del DRNA declaró a finales de octubre una moratoria en la construcción de estructuras y proyectos en la zona marítimo terrestre y espacios aledaños a su costa, trajo a la atención que una semana después de la renuncia de la secretaria, la gobernadora planteó que iba hacer la designación en enero del 2020 para que coincidiera con la sesión ordinaria, la última del cuatrienio.

“Estamos esperando a enero, a que se someta un candidato y, como hemos señalado en otras ocasiones, no tenemos personas en particular para recomendar a la posición, sino que hemos planteado unos requisitos fundamentales que le aplican a cualquier funcionario de agencia”. Se refiere a la declaración pública lanzada en noviembre por cerca de 30 organizaciones ambientales-comunitarias y casi cien firmas de activistas ambientales, planificadores, abogados, entre otros, exigiéndole que cumpla con su compromiso de sanear la gobernación y que nombre a la secretaría del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a una persona que tenga la confianza de las organizaciones y entidades comprometidas con la justicia social y ambiental.

Entre los atributos que exigen debe tener la persona que ocupe el cargo están: estudios graduados o trayectoria en las ciencias o en estudios ambientales, geografía, planificación ambiental o política ambiental; ser reconocida por las organizaciones ambientales del país o tener una trayectoria consistente con la defensa del medio ambiente y haber demostrado una trayectoria de compromiso con la participación ciudadana y de las comunidades que se ven afectadas directamente por las políticas públicas a su cargo.

Además de la necesidad del nombramiento del funcionario descrito, Camacho reiteró el señalamiento de que la sombrilla del DRNA no tiene mucho futuro. “Las sombrillas no han funcionado y este es un ejemplo. Cada una de estas agencias tiene una misión diferente”. Bajo el DRNA se encuentran la Junta de Calidad Ambiental (JCA) y la Administración de Desperdicios Sólidos (ADS).

Camacho reparó en que se supone que el DRNA ponga en función los artículos de la Constitución para salvaguardar el ambiente y los recursos naturales, mientras que la JCA tiene una misión importante en términos de velar por las aguas del país, y por si eso no fuera poco, la ADS tampoco no ha cumplido nunca su función de ley de estar reciclando ya entre un 20 a un 30 por ciento de la basura. Aún no ha pasado del 5%.

Por su parte, Myna Conty, de la Coalición Contra el Incinerador (CCI), también afirmó que tras la salida de la secretaria el “Departamento no se ha sentido”. Más allá de las atribuciones de la persona que ocupe el puesto se trata de la falta de importancia que tanto el actual gobierno como los que han estado antes le dan a las situaciones ambientales. “Es triste y preocupante. Después de María estos asuntos que nos dieron en la cara, que son importantes y hay que atenderlos, tienen que ser prioridad, igual que la cuestión económica. Los asuntos ambientales son parte de los asuntos económicos del país porque todo lo que los fenómenos atmosféricos destroce, cuando hay lluvias, inundaciones, afecta la economía. Me parece que no hacen esa relación, que es sumamente importante y que no puede ir separada. Tienen que ir juntos. Es lamentable que uno no vea, ni oiga que el país les preocupe”, manifestó.

Camacho destacó que más allá de la lucha contra el depósito de cenizas, la erosión costera es una de las situaciones ambientales más urgentes que hay que atender. “Hay 24 municipios costeros y uno más que otro está sufriendo el problema de la erosión, unido a los problemas que ha traído el huracán María. Con los efectos del cambio climático los problemas se triplican. Nosotros, en una costa como la de Toa Baja, desde los 70 hemos tenido problemas de erosión, lo que implica que unos más que menos tienen ese problema”. El ambientalista insiste en que el Gobierno tiene que tener una visión general global sobre el problema debido a que ante la incapacidad del DRNA, ya sea por incompetencia o falta de personal, la gente va a continuar con alternativas que se han probado que no sirven, que lo que hacen es mantener y agravar el problema.

El lado oeste

“Las heridas provocadas por Tania son tan profundas que es muy poco tiempo para comentar”, expresó el portavoz de !Salva Rincón! respecto a las consecuencias de las decisiones tomadas por la exsecretaria del DRNA. La organización comunitaria se opone a la construcción de un megahotel, el Rincón Blue Water LLC (RWB), en el sector La Marina del barrio Ensenada.

Una de esas heridas infligidas por la exsecretaria fue su firma aceptando una evaluación ambiental (EA) para el proyecto, en lugar de exigir una declaración de impacto ambiental (DIA), que es un documento más riguroso. “Ese es un proyecto que cambia el pueblo y nosotros pensamos que el pueblo debe opinar”, expresó en referencia a que uno de los requisitos de una DIA es la consulta a la comunidad, por lo que reclaman que se cumpla con esa declaración de impacto ambiental.

Destacó que, por el contrario, el Instituto de Cultura Puertorriqueña se puso los pantalones largos y ha declarado que tiene que haber un estudio arqueológico fase 2. La petición se dio luego que se comparara el estudio de RWB con otro estudio del sector que sugiere que puede haber yacimientos arqueológicos significativos en ese litoral.

El triunfo de la perseverancia

La resistencia y perseverancia de los grupos comunitarios-ambientalistas han alcanzado victorias este año. Como una prueba de tenacidad, el Campamento Playas Pal Pueblo, tras casi 15 años, el pasado mes de mayo logró detener la privatización de cinco cuerdas de terreno del balneario de Isla verde, Carolina.

Tan reciente como el 15 de noviembre, el Tribunal Supremo de Puerto Rico revocó la determinación de la Junta de Planificación y la orden ejecutiva del entonces gobernador Ricardo Rosselló que eliminaba la designación de siete reservas naturales. El recurso legal fue presentado por Toabajeños en Defensa del Ambiente (TDA), junto al Sierra Club Puerto Rico y el Comité Socio Cultural Comunitario Arizona, San Felipe de Arroyo

Mientras, estos mismos grupos esperan por que en cualquier momento el Tribunal Apelativo emita una decisión sobre si el proceso que llevó a cabo la Junta de Planificación para los cambios a los Mapas de Calificación fue el correcto. El tribunal acogió el recurso de manera expedita.