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Preocupada la generación Z por el cambio climático

Por
Luis Alejandro Molina Alanis
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Junto con el cambio climático, una clara mayoría de jóvenes valoran los derechos humanos en general y quieren que sus gobiernos asuman la mayor parte de la responsabilidad de protegerlos.

 

Por la Redacción

En ocasión de conmemorarse este diez de diciembre, Día de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional (AI) dio a conocer un estudio que refleja que para la generación z el cambio climático es el mayor problema vital de nuestra época. Los resultados de la encuesta aplicada a más de diez mil jóvenes fueron divulgados mientras los gobiernos se reúnen en España en la Conferencia sobre el Cambio Climático de la ONU. AI advirtió en comunicado de prensa internacional el que la inacción de quienes dirigen el mundo ante la crisis del cambio climático los está alejando de la juventud.

“Este año, cuando la gente joven se ha movilizado en grandes números por el clima, no sorprende que muchas de las personas encuestadas lo considerasen uno de los problemas más importantes que afronta el mundo”, afirmó Kumi Naidoo, secretario general de Amnistía Internacional.

“Para la juventud, la crisis climática es uno de los retos que definen nuestra época. Esta es una llamada de atención a los y las dirigentes del mundo, que deben tomar medidas mucho más decisivas para abordar la emergencia climática si no quieren correr el riesgo de traicionar aún más a las generaciones más jóvenes”.

La encuesta fue encomendada a la firma Ipsos MORI, la cual auscultó el sentir de más de 10.000 personas de entre 18 y 25 años —integrantes de lo que se conoce como generación Z— de 22 países para el estudio sobre “El futuro de la humanidad”.

Se les preguntó su opinión sobre la situación actual de los derechos humanos en su país y en el mundo, qué problemas consideraban más importantes y quién creen que tiene la responsabilidad de abordar los abusos contra los derechos humanos.

Se pidió a las personas encuestadas que eligieran un máximo de cinco problemas de una lista de 23 problemas importantes que afronta el mundo. En total, el 41% dijo que el cambio climático era uno de los problemas más importantes que afronta el mundo, lo que lo convirtió en el más citado globalmente, seguido del 36% de personas que eligieron la contaminación y el 31% que seleccionaron el terrorismo.

El calentamiento global fue también el más citado de los problemas medioambientales más importantes que afronta el mundo (el 57%), de entre 10 problemas medioambientales, entre ellos la contaminación del mar, la contaminación del aire y la deforestación.

“Al conmemorar el Día de los Derechos Humanos, hemos de reconocer que la crisis climática será probablemente el problema definitorio para las generaciones más jóvenes. El derecho a un medio ambiente sano, que incluye un clima seguro, es primordial para el disfrute de otros muchos derechos. La juventud se ha visto obligada hoy a asumir el liderazgo de la reivindicación de este derecho”, dijo Kumi Naidoo.

Sin embargo, las conclusiones de la encuesta se extienden mucho más allá de la crisis climática, y reflejan las dificultades y preocupaciones cotidianas que afronta la generación Z en sus respectivos países. En el ámbito nacional, la corrupción fue el problema más citado como uno de los problemas más importantes (por el 36%), seguida de la inestabilidad económica (el 26%), la contaminación (el 26%), la desigualdad de ingresos (el 25%), el cambio climático (el 22%) y la violencia contra las mujeres (el 21%).

“Esta generación vive en un mundo de creciente desigualdad, inestabilidad económica y austeridad en el que se ha dejado al margen a un gran número de personas”, prosiguió Kumi Naidoo.

“Ante todo esto, el mensaje de la gente joven es claro. Vivimos dentro de un sistema fracasado. La crisis climática, la contaminación, la corrupción y unas condiciones de vida difíciles son ventanas por las que se asoma una alarmante verdad sobre cómo las personas poderosas aprovechan su poder para obtener unos beneficios egoístas y, a menudo, a corto plazo”. Las conclusiones de la encuesta llegan en un momento en el que hay protestas multitudinarias generalizadas en el mundo, desde Argelia hasta Chile, pasando por Hong Kong, Irán, Líbano y Sudán. Muchos de estos movimientos están encabezados en su gran mayoría por personas jóvenes y estudiantes que denuncian, con ira, la corrupción, la desigualdad y los abusos de poder, y sufren una represión violenta por hacerlo.

“Amnistía Internacional cree que la gente joven quiere transformaciones sistémicas. Quieren que se lidie con la emergencia climática, con el abuso de poder. Quieren que florezca un futuro totalmente diferente en lugar de las ruinas a las que nos estamos dirigiendo”, dijo Kumi Naidoo.

Llamado a favor de un cambio de sistema basado en los derechos humanos

Junto con el cambio climático, una clara mayoría de jóvenes valoran los derechos humanos en general y quieren que sus gobiernos asuman la mayor parte de la responsabilidad de protegerlos, según las conclusiones de la encuesta sobre el “Futuro de la humanidad”.

La mayoría de las personas encuestadas estaba de acuerdo en que: la protección de los derechos humanos es fundamental para el futuro de los países incluidos en la encuesta (el 73% de acuerdo y el 11% en desacuerdo); los gobiernos deben tomarse el bienestar de su ciudadanía más en serio que el crecimiento económico (el 63% de acuerdo y el 13% en desacuerdo); y los derechos humanos deben ser protegidos, incluso si eso tiene repercusiones negativas en la economía (el 60% de acuerdo y el 15% en desacuerdo).

Las conclusiones revelaron también la firme creencia de muchas personas jóvenes de todos los países encuestados en que los gobiernos deben asumir la máxima responsabilidad de garantizar que se cumplen los derechos humanos, pues el 73% de todas las personas encuestadas seleccionó a los gobiernos frente a las personas (el 15%), las empresas (el 6%) y las organizaciones benéficas (el 4%).  Junto con los resultados que muestran que la mayoría de la gente joven cree que votar en las elecciones es un método efectivo para iniciar el cambio en materia de derechos humanos, más que hacer huelga o asistir a una protesta, los resultados no fueron todos malos para los y las dirigentes que están “dispuestos a escuchar”.

“Si los y las dirigentes del mundo están dispuestos a escuchar con atención, se darán cuenta de que la generación Z no está pidiendo pequeños ajustes. La gente joven busca cambios fundamentales en la forma en que funciona el mundo. Si la dirigencia no se toma esto en serio, podrían traicionar a toda una generación”, concluyó Kumi Naidoo.

“Si los sucesos de 2019 nos enseñan algo, es que las generaciones más jóvenes merecen un lugar en la mesa en lo que se refiere a las decisiones que las afectan. Si las voces de quienes están en primera no son parte del debate sobre cómo abordamos los desafíos que afronta la humanidad, las crisis que estamos presenciando en el mundo sólo empeorarán.

“Ante todo, los gobiernos deben empezar la nueva década con medidas significativas para abordar la emergencia climática, reducir la desigualdad e implementar reformas auténticas que acaben con los abusos de poder. Necesitamos cambios sistémicos, basados en los derechos humanos, para los sistemas económicos y políticos que nos han traído hasta el borde del desastre”.

 

 

Venezuela Hacia una Universidad Internacional de Comunicación

Por
Luis Alejandro Molina Alanis
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Por Perla Franco / Especial para CLARIDAD

Con la asistencia de 151 periodistas y más de mil comunicadores en representación de 38 países, se celebró en Caracas, Venezuela, del 2 al 4 de diciembre el 1.er Congreso Internacional de Comunicación, bajo el lema “¡Ahora hablan los pueblos!”.
La convocatoria la hizo el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en pleno reclamo de la necesidad de romper la desinformación que, insisten, se maneja con el tema de Venezuela. Ofrecieron como evidencia las declaraciones oficiales del Gobierno estadounidense, tanto en palabras de su presidente, Donald Trump, como de su asesor de seguridad, John Bolton, además de todas las medidas de coerción contra Venezuela. Pero también, con el ejemplo del bloqueo de EE. UU. y sus aliados impuesto a la República Bolivariana de Venezuela como forma de intentar quebrarle el espinazo a un país en plena construcción de una revolución para la edificación de lo que su comandante Hugo Chávez llamó El Socialismo del Siglo XXI.
Este 1.er Congreso agrupó a quienes en su quehacer diario reconocen que el control hegemónico mediático internacional, controlado por cinco grandes emporios, intenta invisibilizar las luchas de los pueblos que no son cónsonos con las políticas neoliberales y el capitalismo feroz que lleva al mundo hacia mayor desigualdad, pobreza y desinformación, en amplia violación a la soberanía de los pueblos.
Con ocho ejes temáticos y mesas de trabajo que aportaron desde cada perspectiva la visión de una Latinoamérica convulsa, de la que muy poco trasciende en los medios de comunicación, que no sea la visión de las agencias hegemónicas, los periodistas y comunicadores asistentes reclamaron balance en la información. Para ello, las coincidencias apuntan a que el camino debe ser la generación de información desde redes de esas comunidades en lucha para que se escuchen sus voces, reclamos, exigencias, padecimientos, se conozca de la violación de las soberanías de sus pueblos y de las injusticias que enfrentan cuando deciden defenderse de injerencias extranjeras.
El Congreso contó con importantes referentes como Iñaki Gil de San Vicente, del país Vasco; el periodista Ignacio Ramonet, de España; el filósofo en comunicación, Fernando Buen Abad, de México; y el sociólogo, catedrático y escritor, Atilio Borón, de Argentina, entre otros intelectuales que se integraron a los paneles de las mesas de trabajo que abordaron temas como comunicación, contrahegemonía y descolonización, operaciones psicológicas y cultura del vínculo, comunicación liberadora ante la crisis estructural del capital, universidad internacional de la comunicación/ fábrica de contenidos, comunicación y redes digitales en América Latina y el Caribe: desafíos y laberintos, ética de comunicación en Venezuela y nuestra América, medios de comunicación en tiempos de guerra, red de comunicación/ nosotros somos la red. También contó con representantes de movimientos sociales de distintos países que ejercen como comunicadores.
Hubo además paneles como el del Periodismo, cobertura de conflictos con visión de clase: la mirada de los pueblos. Esto, visto desde la cobertura de periodistas en los recientes conflictos en América Latina, especialmente en Venezuela, Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, Haití.
Destacó en este encuentro la presencia de la comunicadora indígena quechua Sandra Cossio, quien durante la apertura del evento reclamó una cobertura justa de lo que ha sucedido durante y posterior al golpe de estado contra el presidente del Gobierno plurinacional de Bolivia, Evo Morales. Llamó a la atención sobre la violación de derechos humanos contra sus hermanos y hermanas indígenas asediados, violados y asesinados, quienes constituyen el 64 por ciento de la población de ese país. Acusó directamente a Jeanine Ánez de usurpar el poder y la presidencia de Bolivia sin el aval del parlamento, como requiere la Constitución. Denunció la quema de la Wiphala, histórica bandera de los pueblos originarios adoptada como bandera oficial de Bolivia, la cual fue sacada de su sitial y quemada. Igualmente denunció cómo a las indígenas se les han cortado sus trenzas, lo que equivale para ellas una violación.
 En un escenario de conflictos en América Latina, este 1.er Congreso Internacional de Comunicación aprobó una Declaración Final que incluye la creación de una Universidad Internacional de Comunicación con sede en Caracas, Venezuela. Al respecto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro firmó un decreto autorizando el inicio de la creación de esa universidad para el primer trimestre del año 2020. Igual se aprobó como parte de la Declaración Final la realización del Congreso Internacional de Comunicación, cada dos años, con sedes rotativas a petición de cada país, la articulación de una red Internacional de comunicación, una multiplataforma internacional que genere y divulgue contenidos alternos a los medios hegemónicos y una radio de cobertura internacional, además de otras tareas paralelas. Los delegados a este 1.er Congreso Internacional de Comunicación constituimos el inicio de este esfuerzo encaminado a la construcción de contenidos alternos informativos que reflejen la realidad de los pueblos en lucha.

Impunidad golpista en Bolivia: matar a un indígena cuesta 7.184 dólares

Por
Luis Alejandro Molina Alanis
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Por Alejandro Saravia

Un nuevo decreto dictado en La Paz este jueves 5 de diciembre por el régimen golpista encabezado por Jeanine Añez estableció “un pago global y único de 50.000 pesos bolivianos a favor de los familiares de cada uno de los fallecidos”. De acuerdo con el periódico La Razón de La Paz, este monto equivale a unos 7.184 dólares estadounidenses.

Muchos de los fallecidos, en su mayoría indígenas, fueron asesinados en las masacres de Sacaba y Senkata, ocurridas el 15 y el 19 de noviembre, cuando fuerzas militares y policiales abrieron fuego contra las movilizaciones sociales que se oponían al golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales.

 Según un informe del Ministerio Público, se registraron 29 muertos y 33 heridos en los actos de violencia y amedrentamiento tras las elecciones del 20 de octubre, alentados por Carlos Mesa, candidato a la presidencia de Comunidad Ciudadana, y Fernando Camacho, el expresidente del Comité cívico de Santa Cruz, entre otros responsables.

 En sus cinco artículos, el Decreto Supremo 4100, firmado por la autonombrada presidenta Jeanine Añez junto su ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, guarda silencio absoluto sobre los responsables de esas muertes, otorgando una impunidad de facto a quienes ordenaron y ejecutaron esas operaciones de represión. Con tal omisión, ese decreto niega el derecho a la justicia a los familiares de los fallecidos.

Según La Razón, el líder vecinal Freddy Rojas, representante del Distrito 8, explicó que se solicitó al gobierno de Añez una renta vitalicia “que debería beneficiar a familiares de los hermanos fallecidos… lo justo sería una renta vitalicia para las viudas, los hijos que han quedado huérfanos.”

 Pese a que existen pruebas gráficas de que el ejército abrió fuego contra la población, el Gobierno de facto, a través de su ministro de Defensa, Fernando López, mantiene que “del ejército no salió un solo proyectil” y que “ninguno de los decesos fue por arma reglamentaria de las Fuerzas Armadas o la Policía, sino que corresponden a grupos subversivos y de choque”.

 Este nuevo decreto de la autonombrada presidenta Añez es una prueba más del cariz violento, racista y cruel que caracteriza a quienes ocupan funciones de gobierno tras el golpe de Estado del 10 de noviembre en Bolivia. No solamente porque demuestra una vez más el uso de la impunidad como método de gobierno -como el decreto 4078, posteriormente anulado por la presión nacional e internacional, que eximía de responsabilidad penal a los miembros del ejército en el uso de la fuerza militar-, sino que le pone un precio “global y único de 50.000 pesos bolivianos” a la vida de un indígena boliviano.

 Esta crueldad e insensibilidad de la derecha golpista boliviana queda en evidencia cuando se compara el Decreto Supremo 4100 con el 4082, firmado el 15 de noviembre por Jeanine Añez y sus ministros en pleno, que le otorga a las Fuerzas Armadas un total de 34.796.098 millones de bolivianos para la compra de “equipamiento” militar.

De este modo, el Gobierno de facto de Añez pagará alrededor de 210.000 dólares a las familias de los 29 fallecidos, y por otro lado otorga más de cinco millones de dólares a unas fuerzas armadas que tienen su parte de responsabilidad tanto en la ejecución del golpe de Estado como en las masacres de Sacaba y Senkata. Al no establecer responsables, el gobierno de facto otorga impunidad a quienes dieron las órdenes de abrir fuego y a quienes apretaron el gatillo de los fusiles.

 Estos hechos muestran que la restauración neoliberal, que utiliza por ahora a Jeanine Añez, sabe que, aún después de unas nuevas elecciones, solamente podrá mantenerse en el poder utilizando la impunidad, la represión, la mentira y el saqueo del Estado.

 Se puede prever que el actual “gobierno interino” otorgará amnistía a separatistas, corruptos y autores de masacres como Branko Marinkovic, Mario Cossío, Manfred Reyes Villa, Carlos Sánchez Berzaín, Leopoldo Fernández y otros, mediante el establecimiento de un “Comité interinstitucional de defensa a las víctimas de injusticia por motivos políticos e ideológicos de los últimos 14 años”, anunciado ya este 5 de diciembre.

 Este “gobierno de transición” también está copando puestos de representación y dirección con políticos neoliberales como Jorge Quiroga y con secuaces del golpe como la ministra de Comunicaciones, Roxana Lizárraga, o la derechista Karen Longaric, quien funge de canciller y que llama a la asonada golpista y al uso del ejército para cometer masacres como “la fuerza moral del pueblo boliviano”.

 Los operadores del golpe de Estado, que utilizan a Jeanine Añez como una figura de conveniencia, buscarán callar las voces críticas usando plomo, plata o la manipulación de la justicia. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, utiliza el lenguaje de las dictaduras de Banzer y García Meza al referirse a la oposición como “sediciosos y terroristas”. Con esta justificación ha lanzado una campaña de persecución y amedrentamiento contra dirigentes de movimientos sociales, contra periodistas y contra la militancia del MAS. El objetivo es impedir a toda costa que este partido político pueda organizarse adecuadamente para lidiar en las próximas elecciones.

 Tras el 10 de noviembre, ha regresado al Palacio de gobierno de Bolivia un racismo secular que le pone precio a la vida de un indígena. A un quechua, a un aymara al que el golpismo neoliberal mata porque se atreve a defender su voto, se atreve a defender un país que es suyo y no de los que buscan vender Bolivia a los intereses de Estados Unidos, a sus compañías transnacionales y sus cipayos locales.

Reproducido de www.alainet.org

Una prohibición sin sentido

Por
Luis Alejandro Molina Alanis
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Por Rafael Durand Aldea

Especial para CLARIDAD

Trasfondo Histórico

Las peleas de gallos llegan a Puerto Rico con los españoles. Ya a mediados del Siglo 16 existe como una actividad cotidiana practicada por diversos niveles sociales, mayormente las clases más pobres. Esta actividad surge concurrente con la domesticación de lo que hoy conocemos como las aves de corral (gallinas, pavos, guineas y otros) en el sureste de Asia hace aproximadamente 5 mil años. El gallo de pelea desciende del Gallus Gallus Bankiva que aún existe en los bosques de Laos, Cambodia y Vietnam. El gallo de pelea moderno retiene la principal característica de su antecesor; su agresividad y belicosidad hacia los demás machos de su especie.

La llegada del dominio norteamericano trajo consigo la prohibición de las peleas de gallos. La prohibición probó ser totalmente inefectiva ya que se continuo la practica en abierto desafío a la autoridad del gobierno de los EU. Esta prohibición duro hasta el 1934 cuando Rafael Martínez Nadal logra su legalización con La Ley de Gallos de Puerto Rico. Con la ley de 1934 vino la reglamentación de la actividad estableciendo donde, cuando y bajo qué circunstancias se permitiría esta actividad.

Hoy tenemos 70 galleras con licencia de operación, se escenifican cerca de 200 mil peleas de gallos al año, existen cerca de 400 centros agrícolas que sirven a la industria y se estima que se generan cerca de 27 mil empleos.

¿Qué sucedió en el 2018?

El 20 de diciembre de 2018 el Comité de Conferencia del Congreso de Estados Unidos que armonizaba las versiones del proyecto de Ley denominado, “Agriculture Improvement Act of 2018”, insertó como sección 12616 una prohibición de las peleas de gallos en los territorios, incluyendo a Puerto Rico. La sección 12616 le mandata a los territorios bajo el control de EU de cumplir con las disposiciones de la ley denominada “Animal Welfare Act” de 1966 que prohíbe las peleas de animales. Puerto Rico y los demás territorios habían estado exentos de los términos de esta ley desde su inicio. Esto lo impone el Congreso sin consultar o procurar el consentimiento de los puertorriqueños.

Reconociendo que  esta no es la primera vez que el gobierno de los Estados Unidos le impone condiciones o limitaciones al quehacer de nuestro pueblo (fundamentado en los poderes plenarios del Congreso los cuales ejerce sin límites sobre sus colonias) en esta ocasión particular pretenden pisotear un derecho cultural cuyas raíces en nuestra sociedad surgen desde mediados del siglo 16. Esta ley cobra vigencia el 20 de diciembre de 2019 e impactará cerca de 27 mil empleos directos e indirectos, arruinará cientos de agro centros a través de la Isla, cerrará 70 negocios de galleras y pretende convertir en criminales de un día para otro a cerca de cien mil puertorriqueños.

Si sumamos a esto la ausencia de poderes de nuestros funcionarios públicos el resultado era predecible. ¿Cuáles fueron las gestiones específicas de nuestros políticos para lograr descarrilar la implantación de esta medida?   El exgobernador Ricardo Roselló no se dio por enterado y hasta se mofo en el “Chat” de la gente relacionada al deporte de los gallos. De los políticos y candidatos conectados con congresistas poderosos tenemos que resaltar a Eduardo Bahtia y Pedro Pierluisi quienes ignoraron el problema y no hicieron absolutamente nada por los aficionados a los gallos. Ya los electores tendrán en las primarias un mecanismo democrático para dejarles saber nuestra indignación.

¿Qué problema viene a resolver esta legislación?

¿La eliminación del deporte de los gallos resuelve alguno de nuestros problemas apremiantes? ¿Con esta legislación estamos atendiendo el enorme problema del tráfico ilegal de drogas y sus daños colaterales, los asesinatos por asecho, la violencia de género, el creciente número de deambulantes, las personas sin techo ni servicios a causa del Huracán María, la falta de empleos bien remunerados, el posible colapso del sistema de salud, la pobre calidad de la educación pública y su impacto sobre nuestro futuro, el maltrato de menores, la quiebra del gobierno, la imposición antidemocrática de una Junta de Control Fiscal, la corrupción rampante en el gobierno y otros problemas puntuales de nuestra sociedad? ¿Alguno de estos problemas se resuelven con suprimir la practica legal de las peleas de gallos en Puerto Rico? Ciertamente no. Esta ley no plantea solución alguna dirigida a resolver nuestros problemas como País. Indudablemente sirve para incrementar nuestros problemas aumentando el desempleo, cerrando negocios, provocando emigración y creando un nuevo crimen (participar en una pelea de gallos) tipificando potencialmente a 100 mil puertorriqueños como criminales.

¿Quiénes son los

beneficiados por esta?

Los únicos beneficiados por esta legislación son las organizaciones y entidades animalistas de Estados Unidos que, utilizando sus enormes recursos influenciando las campañas políticas de congresistas demócratas y republicanos en las cuales literalmente compran, vía sus cabilderos, la voluntad de estos políticos. Es fácil para un congresista dejarse llevar por los planteamientos simplistas y aparentemente bien intencionados de los grupos pro-animales. Las aportaciones políticas no les permiten ver que los animalistas promueven una visión extremista que busca eliminar el consumo de toda carne animal. Pretenden eliminar el poseer mascotas, tener animales enjaulados, criar animales para la venta o la utilización de animales en investigaciones científicas. Su principal teoría es que todos los animales deben vivir libres de toda intervención humana.

¿Cuáles son los principales planteamientos que utilizan las organizaciones animalistas para oponerse a la práctica de las peleas de gallos?

A continuación presentamos los mismos y precisamos cuán desacertados y erróneos son:

Los grupos animalistas señalan que las peleas de gallos son una actividad cruel donde se obliga a pelear a estos animales para el disfrute de los espectadores.

Las peleas de gallos no son una actividad cruel porque los gallos pelean voluntariamente por instinto y naturaleza. Esto significa que consienten pelear por su propia voluntad. El termino cruel o crueldad se define como, “falta de compasión hacia el sufrimiento de otro, el que se deleita con el sufrimiento de otros”. Ciertamente esta definición reconoce la interacción entre víctima y victimario donde las acciones de este último constituyen el acto de crueldad. Tampoco se configura la crueldad porque la reacción de los espectadores es igual a la de cualquier otro espectador participando en eventos deportivos competitivos. Ejemplo de una actividad cruel es la cacería donde el cazador asecha y persigue a un animal sin el animal consentir a ser matado. La cacería con armas de fuego, arco y flecha o utilizando un ave (cetrería o “falconry”) u otro animal es totalmente legal en Estados Unidos, sin embargo, constituye una actividad cruel cuyo beneficio es el deleite y satisfacción del cazador. La víctima, o sea el animal objeto de la cacería, es un participante involuntario que huye aterrorizado de su victimario con pocas oportunidades de sobrevivir. El cazador persigue y asecha a su víctima con el propósito de matarla para su entretenimiento y placer personal.  Las industrias dedicadas a la crianza y procesamiento de cerdos, pollos, pavos y reses para el consumo humano utilizan métodos para matar estos animales que son crueles porque ninguno de estos animales consintió a morir para convertirse en un comestible.  Sin duda utilizar el término crueldad está salpicado de hipocresía.

La relación entre los seres humanos y los animales está llena de contradicciones donde es aceptable en nuestra sociedad amar a las mascotas, odiar y temer a las serpientes y matar y comernos  pollos, cerdos y reses. El ataque a la práctica de las peleas de gallos ocurre porque este deporte no cuenta con un cabildeo agresivo (inversión política) en el Congreso de Estados Unidos como lo tienen los cazadores con el NRA , los deportes competitivos profesionales (football, boxeo, carreras de caballos, rodeos, pesca y otros) y las empresas criadoras y procesadoras de carne de pollo, res, pavo o cerdo . Estas últimas amparadas en la legislación que establece los derechos propietarios incluyendo la posesión de animales para el uso y disfrute de los humanos.

El Profesor Hal Herzog , uno de los más respetados antrozoólogos  del mundo, señala  la compleja relación que los seres humanos tenemos con los animales y cuanto influyen nuestros constructos culturales y prejuicios en la forma y manera que nos relacionamos con los diversos tipos de animales. ¿Por qué se nos hace fácil comernos el pollo, el cerdo y la carne de res sin cuestionar la manera cruel en que fueron tratados y matados para nuestro placer y satisfacción y a la vez tan difícil entender que los asiáticos coman carne proveniente de un perro o caballo o en la India se idolatre una res y a nadie se le ocurra matarla para comérsela? ¿Por qué el miedo irracional a las arañas y a las serpientes o el disgusto y desagrado por los ratones que nos lleva a envenenarlos? Hay que reconocer que existen enormes inconsistencias en cómo nos relacionamos con los animales, algunas de las cuales son incompatibles entre sí y plantean una seria confusión ética. El proponer que una actividad particular constituye crueldad contra animales y luego comer pollo, cerdo, pavo o carne de res representa una enorme contradicción, un dilema ético y sin duda una actitud hipócrita.

El reglamento que regula las peleas de gallos en Puerto Rico establece que un gallo que no demuestra deseos de pelear o durante la pelea abandona la misma el Juez de Valla no obliga a dicho gallo a pelear o a continuar peleando declarando nula o finalizada la pelea dependiendo en el momento que ocurra. El disfrute de los espectadores en una pelea de gallos es el mismo que siente cualquier persona que presencia cualquier otro evento competitivo. ¿Podemos concluir que las personas que observan una pelea de boxeo entre seres humanos se “deleitan” en el sufrimiento de los boxeadores? ¿Cuándo los espectadores de un juego de football gritan emocionados al ver que derriban a uno de los jugadores, lo hacen deleitándose en el dolor o trauma que puede haberle causado el encontronazo? El tratar de diferenciar la reacción humana frente a un evento competitivo como el boxeo, el football, el baloncesto, la lucha o cualquiera otro deporte de contacto y las peleas de gallos es selectivo e inconsistente. En todos los deportes de contacto donde participan seres humanos ocurren contusiones, lesiones, daños permanentes y en ocasiones la muerte. ¿Por qué no se han prohibido estos eventos deportivos de contacto donde existe riesgo de daño físico a los participantes? Evidentemente estos eventos deportivos generan enormes ganancias económicas y tienen por consiguiente la capacidad de influenciar a legisladores y funcionarios públicos para frustrar cualquier intento de ilegalizarlos. La práctica de las peleas de gallos históricamente ha estado huérfana de una organización económicamente solvente para afrontar a sus detractores. Los enemigos del deporte de los gallos, cuan inconsistentes, contradictorios, equivocados y desinformados tienen los recursos económicos casi ilimitados para influenciar a legisladores y funcionarios públicos.

Los grupos defensores de los animales aseguran que los gallos para que peleen son endrogados alterando su agresividad con el fin de generar ganancias económicas.

Este planteamiento es totalmente falso.  Los gallos son alimentados y ejercitados como a cualquier atleta de alto rendimiento. Se les proveen vitaminas, minerales, proteínas y una dieta balanceada para mantenerlos saludables y en condición física óptima. El uso de cualquier droga es contraproducente para que estos  compitan exitosamente. La agresividad del gallo fino de pelea proviene de su composición genética y no de estimulantes externos. Señalo el Dr. Donald Hollis (1994) que los criadores de gallos de pelea solo han logrado mantener la naturaleza agresiva y valiente que demuestra el gallo de la jungla. El Dr. Hollins, además de ser un experto en el tema de la crianza de los gallos de pelea, fue profesor de la Escuela de Medicina de John Hopkins y fundador del John Hopkins Biological NMR Laboratory en 1964. Como asesor del National Cancer Institute (1974-1978) fue instrumental en asegurar el financiamiento necesario para el desarrollo del MRI.

El tema de las drogas lo traen a la discusión los grupos animalistas con la intención dañina y malsana de vincular a los que participan en este deporte con el trasiego ilegal de drogas. Siendo las peleas de gallos una actividad totalmente legal en Puerto Rico desde 1934, hoy avalada por la Ley de Gallos del Nuevo Milenio (Ley Núm. 98 de 2007) participan personas de toda nuestra sociedad; pobres, ricos, profesionales, retirados, agricultores y otros.

Las ganancias o pérdidas que pueda generarle al que apuesta en las peleas de gallos es exactamente igual al que juega en un casino, en las carreas de caballo, en la lotería tradicional o electrónica o cualquier otro medio legal de apuestas. ¿Por qué se señalan las apuestas (con el fin de generar ganancias) como un defecto pernicioso y maligno del deporte de las peleas de gallos? Esta falsedad está dirigida a influenciar a personas desconocedoras y crédulas con posturas ultraconservadoras que pretenden ilegalizar todo tipo de apuestas en Puerto Rico. Sin embargo, recientemente se aprobó en Puerto Rico legislación para propiciar las apuestas electrónicas donde la persona podrá apostar legalmente en toda una gama de deportes en y fuera de Puerto Rico.

Los animalistas constantemente repiten que la violencia en las peleas de gallos promueve la violencia en nuestra sociedad.

Convenientemente ignoran los animalistas que los principales exponentes de la violencia gráfica son la televisión comercial, las películas en el cine y cable tv, los juegos electrónicos y otros medios que le presentan a nuestra población (particularmente a los menores de edad) la más horrenda crueldad y violencia contra niños, envejecientes, mujeres y personas indefensas y desvalidas para el enorme deleite y disfrute de amplios sectores de nuestra sociedad. Los norteamericanos, particularmente, demuestran ser sumamente tolerantes e interesados en ver sucesos extremadamente violentos. Las peleas de gallos no necesariamente satisfacen ese deseo morboso y malsano de presenciar verdadera violencia.

La violencia que se exhibe en los deportes competitivos de contacto físico (football, boxeo, “extreme fighting”, lucha libre, artes marciales y otros) entre seres humanos que terminan seriamente lastimando a sus participantes con contusiones, roturas de huesos, daño cerebral, parálisis de extremidades o perdida de vida es solo para generarle  placer y diversión a los espectadores. Esta violencia está presente en nuestra sociedad a diario y a toda hora para el deleite a sus seguidores.

¿Sin gallos en el 2020

no hay voto?

Ciertamente hay políticos que, dentro de sus limitaciones, han actuado en pro del deporte cultural de los gallos. Sin embargo, otros políticos en posiciones de poder o que pretenden ser candidatos a posiciones electivas que tienen acceso y relaciones en el Congreso de EUA y en los círculos políticos en Washington consistentemente se han negado a utilizar esos recursos y contactos para proteger la industria de los gallos en Puerto Rico. Ya algunos en el deporte plantean que la consigna de los galleros debe ser, “Sin gallos en el 2020 no hay voto”. Esta consigna no logra el propósito de castigar con el voto a aquellos candidatos que no utilizaron sus accesos en Washington para proteger nuestro deporte cultural. Es importante que los galleros sean selectivos en el proceso de castigar con su voto a candidatos particulares. Aquellos candidatos que incumplieron su responsabilidad de representar los intereses de nuestra industria serán repudiados por los galleros.

TALLER SALUD = activismo y educación

Por
Luis Alejandro Molina Alanis
-

Por Cándida Cotto

ccotto@claridadpuertorico.com

“Un comunicado de prensa de alerta nacional, de ninguna manera satisface lo que se está pidiendo. La diferencia no es sobre la palabra, es sobre el mecanismo. Un comunicado de prensa no es una orden ejecutiva. Lo que pasa es que La Fortaleza lanza el comunicado como un ejercicio de relaciones públicas y hacer ver a los grupos como irracionales”.

A la luz de 40 años de trabajo defendiendo y procurando los derechos de la mujer, la organización feminista Taller Salud es una voz más que autorizada para recalcar la necesidad de que el Gobierno declare un Estado de Emergencia Nacional por la Violencia de Género. La actual directora ejecutiva de Taller Salud, Tania Rosario Méndez, recalcó que lo que se le está pidiendo a la gobernadora es una orden ejecutiva. La diferencia, puntualizó, es que se supone que una orden ejecutiva tenga unas instrucciones que establezcan cuál es la prioridad del gobierno e imparta instrucciones específicas a las agencias que tengan que ver con la protección de las mujeres.

Rosario Méndez, quien junto a otras organizaciones del Movimiento feminista participó a nombre de Taller Salud (TS) en algunas de las reuniones con la gobernadora en diciembre reiteró que el reclamo de emergencia nacional por la violencia de género está vivo. De hecho, el movimiento feminista se ha mantenido realizando manifestaciones frente a la Fortaleza después de la reunión. La más reciente fue el lunes, 2 de diciembre, con un performance de diez musas, cada una de ellas mostrando una pintura de algún tipo de violencia en su cuerpo.

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La historia de Taller Salud

En ocasión de su aniversario número 40 (el 6 de diciembre) Rosario Méndez, quien es su cuarta directora, en entrevista con CLARIDAD repasó los inicios de Taller Salud. Narró que esa iniciativa surgió de las activistas Carmen Guzmán y Eugenia Acuña, la primera puertorriqueña y la segunda chilena, pero ambas residentes en Nueva York en los años 70. Estas decidieron venir a Puerto Rico a intentar fundar una colectiva feminista. De primera intención no tuvieron éxito. Luego, en el 79, invitan a otras compañeras, entre ellas a Nirvana González, y deciden centrar el trabajo que querían hacer en la fuerza política de la salud, en la salud de las mujeres como un ejercicio de derecho, de lo que dijo: “Todavía hoy en día es innovador, revolucionario y hasta incómodo”.

Rosario Méndez relató que al final de los 70, y para las dos próximas décadas, había otras organizaciones hermanas cuyos trabajos también giraban en torno a asuntos concretos, como derechos laborales, la salud de las mujeres, la violencia de género, y que tenían trabajos de coalición, como la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora (OMPT) y Coordinadora Paz para la Mujer (CPM).

En sus inicios, las mujeres que integraban la colectiva tenían sus empleos y no fue hasta 1989 que tomaron la decisión de registrar a Taller Salud como una organización sin fines de lucro, lo que les dio la oportunidad de recibir fondos de organizaciones y poder realizar proyectos con profesionales contratados como fue en un trabajo de educación popular y promoción de la salud.

El hecho de que al presente Taller Salud se encuentre focalizado en el pueblo de Loíza e incluya trabajo con varones fue un poco circunstancial, indicó su directora.

A raíz del azote del huracán Hugo en 1989, que dejó devastado a Loíza, Taller Salud se acercó para trabajar en ese pueblo, en lo que ahora se conoce como El Terraplén. Se construyeron unas casas “temporeras” en forma de barracas para las personas que habían perdido sus viviendas. Allí empezaron a tener distintas experiencias y se estrechó la relación con la comunidad de Piñones así que decidieron alquilar un espacio en Medianía, a la vez que mantuvieron doble sede, como por 10 años, en Santa Rita, en Río Piedras.

El modelo de servicios de TS es uno de promoción de la salud integral y prevención de la violencia, centrado en servicios educativos. En un momento del 2007, Taller Salud revisó su misión, visión y valores para poder incluir trabajo con niños, ya que sus integrantes comenzaron a darse cuenta que en Loíza había muchos varones que habían sido víctimas de abuso sexual cuando niños.

Sobre este trabajo expone Rosario Méndez: “Esa idea de que solo las niñas y las mujeres están sujetas a la violencia no es correcta ni en lo abstracto, ni en lo público, ni en lo estadístico tampoco”. Considera que en Puerto Rico las estadísticas de diabetes serían consideradas epidémicas si sus números fueran tan altos como los números de abuso sexual por habitantes. “Tienes unos adultos que son violentos porque también fueron violentados de niños y nadie brega con eso, eso no se toca, ni con una vara larga”.

Continuó diciendo: “El otro lado de eso es que si esa intervención, si no tiene perspectiva de género, termina dañando sobre el daño. Y ahí es donde entran los estilos de trabajo de Taller Salud, donde tanto la educación como la terapia tienen enfoques feministas de equidad, de justicia social, de derechos humanos. Tiene unos marcos sobre los cuales se hace la intervención para no victimizar la víctima, y no es tan fácil hacer ese trabajo y sostenerlo por años”.

Esa inclusión fue una progresiva. Primero comenzó con niños, incluyéndolos en los proyectos de niñez exclusivos para las niñas y luego añadiendo a los varones jóvenes.

La violencia

En cuanto a la situación de violencia entre los jóvenes, desde el año 2012 Taller Salud tiene un proyecto exclusivo para trabajar con esta problemática. El proyecto surgió de las mismas mujeres, de los grupos de focales, en donde identificaron como una prioridad el evitar que les mataran sus hijos varones. “Para Taller Salud eso fue indiscutible, es una prioridad de salud feminista”. En respuesta, en el 2011 se inauguró un proyecto de salud pública que atiende la violencia entre bandos, con mediación de conflicto, manejo de caso individualizado y alcance comunitario, el cual ha tenido distintas etapas.

Rosario Méndez reconoció que para el 2017 en Loíza, antes del huracán, estaban en un momento bastante estable, de descenso de la rivalidad y de la volatilidad, en se podía predecir que iba haber calma por bastante tiempo y los conflictos estaban en un nivel bajo o moderado donde TS podía mediar y evitar que escalaran.

Sin pretender simplificar la situación de violencia la feminista describió que esta se da entre barrios, en sectores dentro de un barrio, que las lealtades cambian, que tienen que ver con quiénes son los líderes, que las rivalidades son muy antiguas y que a veces tiene que ver con percepciones de lo que es el honor o las faltas de respeto o con agravios viejos que el joven siente la necesidad de vengar. En el presente eso se cruza con el narcotráfico, con el acceso a armas ilegales, con la pobreza. “Son al menos cuatro o cinco generaciones que han crecido con una verdad que les dice que no importa lo que hagan no van a poder dejar de ser pobres y que eso es lo que les toca, eso es lo que se merecen. Que no pueden aspirar a otra cosa”.

El racismo

Otra circunstancia que denunció es que nadie quiere hablar del racismo. “Hay unas complejidades que tienen que ver directamente con las consecuencias de la esclavitud. Nosotros somos una sociedad posesclavista que retiene dinámicas de la época de la esclavitud, no solo creencias. Como nadie quiere hablar de eso, si se reduce todo a las decisiones y valores de cada persona, pues, cada persona tiene la culpa y ya está. Pero el feminismo no puede mirar la vida así porque entonces no tendría sentido. Si nosotros no consideramos las dinámicas de opresión que han vivido las mujeres no existiría la equidad de género. Lo que quiero decir es que aquí, además del patriarcado, estamos viendo racismo estructural en su expresión más cruel y el asunto colonial, que en ocasiones es bien difícil integrarlo”.

En sintonía añadió: “¿Qué tiene Loíza? Loíza es un exbatey de cimarrones y cimarronas, que tiene agua en el norte, en la costa Atlántica, agua en el sur por todos los caños, entre el Río Herrera y el Río Grande de Loíza, y la Laguna Torrecilla, que es perfecta para el contrabando. Esa es la razón por la que los esclavos la escogieron. ¿Y qué tiene Puerto Rico? Una situación de ocupación militar, con un gobierno que no controla sus costas, su aduana. ¿Por dónde es que entra la droga aquí? Pues por las costas que vigila Estados Unidos. No es por otro lado. Y usualmente son las costas de mayor pobreza, de mayor exclusión, de menor desarrollo. Ya casi se puede especular que se diseña el desarrollo así, para poder continuar con que haya un flujo de tráfico ilegal que enriquece a unos y es otro quien pone los muertos”.

El proyecto Acuerdo de Paz, que ya tiene siete años, lo coordina la líder comunitaria de Loíza Zina Alejandro. En este momento el proyecto atiende a jóvenes que se considera están en un alto riesgo de ser asesinados o de ellos incurrir en actividad violenta. Se trabaja con ellos diversidad de planes para reducir su riesgo y, en el proceso, empezar a mirar otras opciones de vida. Rosario Méndez no pasa por alto que en este trabajo hay además una parte estructural que por más voluntad y apoyo que se tenga es un muro difícil de superar. Se refiere a las estructuras y normas del Estado. “Ahora mismo Taller Salud trabaja bastante con los tribunales que tienen unos espacios de oportunidad para instalar proyectos de justicia restaurativa, sobre todo para menores de edad primeros ofensores”.

Para celebrar sus 40 años de activismo, entre otras actividades, Taller Salud comenzó a publicar en verano una serie de documentales titulados Las primeras, dirigido por Carla Cabina. Son diez entrevistas a diez mujeres puertorriqueñas, cada una de ellas que fue la primera en hacer algo. Por ejemplo: la primera mujer neuróloga, la Procuradora de la Mujer, la primera en hacer una investigación de la trasmisión del VIH de la madre al bebé, la primera en litigar en pantalones y otras. Además una serie de 12 cuentos recreados de mujeres puertorriqueñas de este siglo y el pasado, a cargo de la artista Saudi Morales. Ambas series se pueden ver en la plataforma Sound Clowd.

El último proyecto es la encomienda a la periodista Ana Teresa Toro de escribir una investigación sobre la organización. El libro, Un cuerpo propio: 40 Años de Taller Salud, fue presentado en su actividad de aniversario celebrada el reciente seis de diciembre.

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