Inicio Blog Página 1293

Los Derechos Humanos y Puerto Rico

Por
Luis Alejandro Molina Alanis
-

Celebremos los 71 años de la Declaración de los Derechos Humanos luchando por nuestra liberación individual y colectiva.

 

Por Luis Pedraza Leduc

Especial para CLARIDAD

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) es un documento adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París. En esta se recogen en sus 30 artículos los derechos humanos considerados básicos para todo ser humano. En estos tiempos donde el imperio impone una ley para obligar a pagar una deuda a la colonia y que decide reducir el gasto público a costa de afectar servicios esenciales, consideramos prudente recordar qué aprobaron las naciones del mundo en ese momento histórico.

Destacamos los artículos que se refieren a los derechos económicos, sociales y culturales, por su importancia y pertinencia hoy.

Artículo 22.

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

Artículo 23
 

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

ARTICULO 24

Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

Artículo 25 

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

Artículo 26 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

Artículo 27 

1.Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

El plan fiscal impuesto por la Junta de Control Fiscal, el presupuesto anual que aprueba la legislatura, los llamados acuerdos entre bonistas, la JCF y el gobierno, así como sus planes de ajuste de deuda, son las herramientas para gobernar hoy en día en la colonia. Es así que se echa por la borda toda consideración a lo que llamamos derechos humanos. La Constitución aprobada en Puerto Rico en 1952, sujeto a los criterios del Congreso imperial, adoptó en esencia estos derechos humanos en la Carta de Derechos. Sin embargo, el Congreso no acepto la Sección 20 de la Carta derechos que consignaba específicamente los derechos sociales y económicos.

No obstante, debemos reconocer que aspiramos a una sociedad donde el reconocimiento a estos derechos sea el modo de vida. Ello requiere la descolonización del país y el cese inmediato del control de Estados Unidos sobre Puerto Rico. Celebremos los 71 años de la Declaración de los Derechos Humanos luchando por nuestra liberación individual y colectiva.

Por una Patria nueva

Por
Luis Alejandro Molina Alanis
-

Por Denis Márquez Lebrón

Especial para CLARIDAD

El pasado domingo 1 de diciembre, en un abarrotado Complejo Ferial de Ponce, se celebró la Asamblea del Partido Independentista Puertorriqueño.  En la misma se ratificaron nuestras candidaturas nacionales a la Gobernación, Comisaría Residente, Senado por Acumulación y Cámara por Acumulación.  Personalmente fue un gran privilegio estar juntos a un inmenso grupo de patriotas, reunidos para una vez más reafirmar nuestro compromiso por la independencia de Puerto Rico y la justicia social.

La Asamblea fue dedicada a la juventud combativa del verano del 19, integrada en gran parte por la juventud independentista que estuvo representada en la asamblea por un grupo de jóvenes pipiolas y pipiolos que han asumido diversas candidaturas, demostrando con su ejemplo, que forman parte de esa generación de los que no se dejan.  Se unen de esta manera, a cientos de compañeros y compañeras que son parte de la generación de los que nunca se han quitado, constituyendo el ejército de 1,026 candidatos que componen la papeleta del PIP en todo Puerto Rico, proponiendo candidatos y candidatas de altura, compromiso y patriotismo para todos los puestos electivos del país.

Nuestra asamblea, que ratificó las candidaturas que se proponen desde la base de nuestros comités municipales, seleccionó a mi compañero de papeleta del 2016, Juan Dalmau Ramírez, como nuestro candidato a la Gobernación del 2020, a Luis Roberto Piñero como su compañero de papeleta para la candidatura a la Comisaría Residente en Washington y a mi compañera de mil batallas en la calle, María de Lourdes Santiago al Senado por Acumulación.

Unido a este grupo de patriotas que se ponen a la disposición de todo el país para cambiar el curso de nuestra historia y transformar el gobierno de Puerto Rico, la asamblea me concedió la responsabilidad de continuar con nuestro trabajo fiscalizador y de promoción de la justicia social, desde la candidatura a la reelección como Representante por Acumulación.

Hace cuatro años, acepté la encomienda de ser el candidato del  PIP a la Cámara.  Con el apoyo y el voto de miles de puertorriqueños fui electo.  Desde el día uno en la Cámara  comenzamos nuestra jornada, nuestra lucha en representación de la mayoría de este país que exige y reclama democracia y justicia social, decencia y honestidad; ante la realidad de una Cámara subordinada –como todo el país- a la expresión más burda del colonialismo que es la Junta de Control Fiscal, la cual ha actuado en contubernio con los que insisten en darle la espalda al país.  Constantemente, retamos a la legislatura de Puerto Rico a que no fuesen cómplices de la Junta, proponiendo la eliminación del presupuesto de la misma y a no allanarse a sus mandatos, a no reconocer sus vetos a las legislaciones, y a representar lo que reclama el país, mediante la confrontación a ese ente colonial y anti democrático.  Asumimos con patriotismo y determinación, la palabra empeñada de María de Lourdes durante su campaña a la gobernación en el 2016 de que ¡a la Junta de Control de Fiscal, ni un vaso de agua!

En este cuatrienio, hemos batallado por preservar la educación pública y gratuita, oponiéndonos al cierre de cientos de escuelas, pero no solo con palabras, sino con acción.  Participando en cada piquete, en reuniones con las comunidades escolares, denunciando a la criminal y corrupta empresaria que dirigía el Departamento de Educación.  Además, apoyando mediante la presentación de legislación, distintos proyectos comunitarios de rescates de escuelas como, por ejemplo, MARES en Levittown, y Las Carolinas en Caguas.

Denunciamos y combatimos el crimen del mercado de la salud y presentando legislación para un plan universal de salud.  Luchamos y defendimos el patrimonio nacional y la cultura puertorriqueña, protegiendo murales y apoyando a nuestros artistas, escultores y cineastas.  Batallamos por la justicia social, por el acceso a los tribunales de los más necesitados, en contra de la criminalización del independentismo y del carpeteo digital; para que las leyes respeten los derechos humanos y la diversidad de relaciones humanas, por la equidad y en contra de la violencia por género.

Siempre, durante toda mi vida he luchado por los derechos de la clase trabajadora en el empleo público y privado, en contra de la reforma laboral y he promovido legislación de avanzada para proteger sectores marginados y discriminados.

Desde el principio del cuatrienio denuncié la odiosa agenda de la Junta de destruir nuestra Universidad, de mutilar su presupuesto y quitarles derechos a los estudiantes, de eliminar –en complicidad con el gobierno- su sistema de retiro y el cierre de varios recintos.  Hoy, más que nunca, hay que levantar la voz y la acción en defensa de nuestra universidad para que siga siendo pública y accesible.

Hemos dado la batalla y seguiremos dándola por la defensa de las pensiones de miles de trabajadoras y trabajadores públicos, el reclamo es y será ni un solo centavo de recortes a nuestros pensionados y pensionadas.

Renovamos nuestro compromiso, asumido con orgullo y patriotismo en enero de 2017.  Continuaremos la constante lucha por nuestros recursos naturales y el medio ambiente, por defender la protección a las reservas naturales y ampliar las mismas; impulsando la legislación que elimina el uso del glifosato en nuestros suelos; evitar que la Junta de Planificación junto a los grandes intereses destruya miles de cuerdas de terreno que son de conservación y para la agricultura.

Seguiremos insistiendo en la transformación de nuestro sistema energético a uno renovable, en continuar defendiendo a la AEE como una corporación pública, en que la energía sucia del carbón desaparezca de nuestra nación. Reconocer que gracias a la lucha en la calle de nuestras pipiolas y pipiolos de Peñuelas, logramos finalmente mediante legislación la prohibición del depósito de cenizas en Puerto Rico.

Tenemos que continuar insistiendo en nuevas políticas y acciones para atender el problema de la criminalidad y la narco dependencia ante los fracasados modelos punitivos y conservadores.

De igual forma denunciamos, fiscalizamos, y combatimos toda legislación y acciones que perjudican este país, de frente, en el hemiciclo, en la vistas públicas, pero sobre todo en la calle, con los estudiantes, con los pensionados, con las trabajadoras y trabajadores, estando en solidaridad, siempre presente en nuestra acción política y legislativa. Abrimos camino para que se conociera una nueva voz que defendiera el país.

Durante todo este cuatrienio, la delegación del PIP en la Legislatura trabajamos en equipo, representados en ambos lados del Capitolio, y el próximo cuatrienio, esta vez junto a María de Lourdes, lo volveremos a hacer.

Vamos de nuevo a la Cámara con más ímpetu, con más optimismo, con una inmensa alegría porque estaremos respaldados por la gente que sale todos los días a luchar, por los que quieren trasformar este país y por los que reclaman justicia, libertad y solidaridad.  Por los que quieren reconstruir esta nación, y ver un nuevo amanecer para nuestra patria.  Pero sobre todo hemos defendido y vamos a continuar defendiendo el derecho de este pueblo a su libertad, a acabar con el colonialismo de una vez y por todas, para que podamos mandar en nuestra nación y reconstruir una patria nueva, desde nuestra INDEPENDENCIA. ¡QUE VIVA PUERTO RICO LIBRE!

El autor es representante a la Cámara por el Partido Independentista Puertorriqueño

Colonialismo con cadena corta

Por
Luis Alejandro Molina Alanis
-

Sólo una convicción genuina provee las fuerzas para afrontar los sacrificios que ese tipo de choque implica. Nada hay en el actual liderato colonial puertorriqueño que lleve a pensar que las expresiones públicas emitidas tras las acciones de la Junta surgen de ese tipo de convicción y no de meras posturas políticas de cara a una futura elección.

 

Alguna vez se describió la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos bajo el Estado Libre Asociado (ELA), como una de “colonialismo con cadena larga”, una referencia específica a la relativa laxitud con que, por décadas, el gobierno de Estados Unidos aprobó y desembolsó de sus fondos para diferentes agencias, programas e iniciativas que se financian en conjunto con el gobierno de Puerto Rico, y que se destinan a servicios esenciales tales como alimentos, educación, salud, vivienda y otros. Lo mismo aplicaba a las múltiples propuestas que se aprobaban para extender a Puerto Rico- fuera al gobierno o a entidades privadas o sin fines de lucro-  fondos variables de distinto tipo, para atender situaciones específicas de sectores vulnerables de la población. Así fue deviniendo Puerto Rico en una colonia totalmente dependiente donde, a imagen y semejanza de la metrópolis, dos partidos se turnan el gobierno sucesivamente y acceden a dichos fondos federales mediante los cuales gobiernan, politiquean y utilizan para favorecer y premiar a sus leales partidarios y financiadores de sus campañas políticas.

El mal uso de fondos públicos en Puerto Rico- sean locales o federales- se ha convertido en  uno de los males endémicos de esta colonia podrida.  Y en la medida en que la economía ha ido decayendo, por la inercia e ineptitud de los sucesivos gobiernos, la dependencia en los fondos que vienen del Norte, y por consiguiente la corrupción pública y privada en nuestro país han ido creciendo y extendiéndose.

En los últimos cuarenta años, el récord ha sido fatal. Entre 1992-2000, bajo el gobierno de Pedro Rosselló, más de 40 oficiales de dicha administración, así como contratistas y contribuyentes políticos del Partido Nuevo Progresista (PNP) fueron encausados por fraudes millonarios con fondos provenientes del gobierno federal que estaban asignados para servicios esenciales al pueblo.  Hoy, esta situación ha hecho crisis en la medida en que la artificial “bonanza económica” del ELA se ha trastocado en una crisis económica, fiscal y moral de grandes proporciones que impacta todo, y a todos, en el país.

Los sucesivos gobiernos del PNP y del Partido Popular han ido en franca decadencia con oficiales electos o nombrados por afiliación y lealtad partidista, en lugar de mérito, aptitud y conocimiento; inversionistas políticos que quieren cobrar con intereses una vez que su candidato gana la elección y se instala en el gobierno; una economía deprimida para la cual no se plantean soluciones realistas ni se desarrolla un plan estratégico; una deuda pública de decenas de miles de millones de dólares, que compromete la mayor parte de los ingresos del gobierno, y una corrupción que ha ido extendiéndose como hiedra por todo el aparato gubernamental y por la esfera privada también. Administración de gobierno tras administración de gobierno, hemos sido testigos de la variedad de esquemas que se han diseñado para desviar fondos públicos de sus legítimos propósitos y convertirlos en botín para ser repartido como prebenda. Los arrestos y acusaciones el verano pasado de la entonces secretaria de Educación, Julia Keleher; la administradora de la Administración de Servicios de Salud (ASES), Ángela Ávila y un súper contratista del gobierno de Ricardo Rosselló, Fernando Scherrer, de la firma de contabilidad BDO, son solo los más recientes entre una larga cadena de escándalos por corrupción con fondos públicos federales y locales en los distintos gobiernos que se han turnado el poder en Puerto Rico.

La respuesta del gobierno de Estados Unidos ha sido contundente. Al colonialismo con cadena larga le han cortado drásticamente sus eslabones, porque las potencias coloniales no se andan con chiquitas cuando de sus intereses, o de su dinero, se trata. Por eso, el Congreso olvidó la Carta de Derechos de Naciones Unidas, y sus cacareadas pretensiones de gobierno propio en Puerto Rico para tomar una acción enérgica contra nuestro país: la imposición de la nueva ley colonial PROMESA y una Junta de Control Fiscal con poder para determinar unas nuevas reglas del juego que, entre otras cosas, incluyen medidas estrictas de control y rendición de cuentas por los fondos que asigna el gobierno federal a Puerto Rico, sean para educación, vivienda, salud o cualquier otro de los servicios esenciales que requiere nuestro pueblo. Bajo estas nuevas reglas, las agencias del gobierno colonial están todas bajo el manto de la sospecha y, como tal, serán vigiladas y tratadas por una metrópolis que ya no oculta su desinterés ni su desprecio por nosotros.

La dependencia y la “gansería” no son una ruta económica viable para ningún pueblo del mundo. Son solo el caldo de cultivo para la corrupción y podredumbre. Tampoco es una ruta viable de desarrollo la desidia de una metrópolis colonial que ya no encuentra utilidad para la colonia que ha explotado por más de 120 años. Por eso, el colonialismo en Puerto Rico llegará a su fin  porque no es productivo ni sostenible para colonizadores ni colonizados, ya sea con la cadena larga  de los tiempos de la fantasía del ELA, o con la cadena corta de estos tiempos de dura realidad de la Ley PROMESA y la Junta de Control Fiscal.   

   

El sistema de salud al garete

Por
Luis Alejandro Molina Alanis
-

“Lo que se propone en el proyecto no va a resolver nada porque seguiría dejando el monstruo de dos cabezas que tenemos ahora”. Víctor Ramos Otero, presidente Colegio de Médicos de Puerto Rico

 

Por Giancarlo Vázquez López

gvazquez@claridadpuertorico.com

Algunos aseguran que la eliminación de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) es una forma de evitar el problema de la corrupción. En cambio, hay quienes temen que lo que propone el Proyecto del Senado 1437 comprometa los servicios al Departamento de Salud (DS) al este no ser del todo eficiente.

Por lo complicado que puede ser la función de manejar un presupuesto como el que recibe ASES y considerando las faltas del Departamento de Salud, los que defienden que se mantenga la corporación pública sostienen que su autonomía fiscal y jurídica proporciona las eficiencias para que el aparato burocrático que afecta al DS no altere la continuidad de los servicios. Otros sugieren una oficina que esté bajo el DS, pero que a su vez se le deleguen unas funciones que tengan autonomía fiscal y jurídica.

El presidente del Colegio de Médicos, Víctor Ramos Otero, mencionó que siempre han estado de acuerdo con la eliminación de ASES. Pero no bastaría con eliminarlo y crear un órgano adscrito al DS que responda a la dirección del secretario, como lo propone el proyecto presentado por el presidente del senado.

En todos los estados de los Estados Unidos hay una entidad designada para obtener dinero federal y administrar los fondos Medicaid, explicó Ramos Otero. La entidad designada en Puerto Rico es el Programa Medicaid, del Departamento de Salud. Sin embargo, quien administra los fondos para salud que recibe la isla es ASES. “Funciona como un monstruo de dos cabezas”, describió Ramos.

El presidente del Colegio mostró preocupación sobre la posible creación de una “secretaría auxiliar” en el DS, de eliminarse ASES. “Nosotros creemos que debe ser una agencia tipo ASSMCA, que está adscrita a Salud, pero tiene independencia fiscal y administrativa”.

Sostuvo que bajo la estructura de Salud “como está, burocrática y lenta”, no va a funcionar. Ramos sugirió que debe haber una oficina estatal única de Medicaid donde esté todo integrado en un mismo sitio.

“En ASES, cuando tú cuadras a las 12 a m., a las 8 am les emites los cheques a las aseguradoras, porque tienen una cuenta aparte de Hacienda. En Salud tú das una factura y estás tres meses esperando por Hacienda y si lo pones aquí y estás tres meses esperando por Hacienda, más el tiempo que a la aseguradora le dé la gana de pagarte, pues, no va a funcionar”, argumentó.

“Lo que se propone en el proyecto no va a resolver nada porque seguiría dejando el monstruo de dos cabezas que tenemos ahora. Plantea eliminar ASES y crear otro programa en salud. El proyecto se va a enmendar completamente para hacer algo con sentido. Lo radicaron más como un borrador para trabajar sobre él. Ni siquiera se basa en la última ley de ASES, se basa en la ley original”, añadió.

Según dijo, el Departamento de Salud presentó 18 páginas de enmiendas que lo convierten básicamente en un proyecto nuevo. También, un estudio que nadie había visto, de una compañía planteando la consolidación. Concluyó que nadie está de acuerdo con el proyecto tal y como está.

El miércoles pasado hubo unas vistas públicas. El secretario del DS fue el único que defendió el proyecto. Según dijo el doctor Rafael Torregrosa, presidente del Consejo Multisectorial de Salud (CMS), en la vista pública salió a relucir que no hay un documento en el que diga o se exija que se tiene que eliminar ASES. Lo que hay son unos estudios. No obstante, no está claro de quién proviene esta orden o condición.

“En la vista pública se le preguntó a la directora de ASES y se le pidió al secretario. Y como tal, no hay una carta que venga de CMS, del Congreso o de otra agencia que diga que ASES se tiene que eliminar, sino que se hace porque informalmente se le ha pedido al secretario que se tiene que eliminar ASES, según él alega. No hay un documento del Gobierno federal que exija eso, según se dijo en la vista”.

Torregrosa añadió que lo que se está tratando con la ley es que la oficina que maneje esos fondos esté directamente bajo la jurisdicción del Departamento de Salud.

Según la ley federal, lo estipula quien tiene la autoridad de administrar el programa de Medicaid, que es el Health Authority de cada estado. En Puerto Rico, la oficina estatal de Medicaid está bajo la jurisdicción del DS y del secretario.

“Partiendo de esa premisa, y de que esa es la práctica en la mayoría de los estados, [se propone] que se regrese a eso. Eso es una manera que, según lo interpretan muchas personas, podría ayudar a que no haya estas prácticas de corrupción y esta vulnerabilidad de una corporación pública en la que otros meten las manos”.

Lo que se está tratando con la ley es que la oficina que maneje esos fondos esté directamente bajo la jurisdicción del Departamento de Salud, porque lo que se alega es que la autonomía fiscal y financiera de ASES es probablemente lo que la ha hecho  tan vulnerable a los actos de corrupción y a todo lo que ha pasado.

“Al ser una corporación pública separada puede hacer todo este proceso de contratación y todas estas otra malas prácticas que acabaron en estos arrestos. Ese origen es el racional de por qué se quiere eliminar ASES”.

Por su parte, Ramos expresó que el choque entre ASES y Medicaid ha sido un problema histórico desde que se creó ASES por la Ley Núm. 72 de 7 de septiembre de 1993. Recalcó que siempre han propuesto crear una oficina estatal de Medicaid y, eventualmente, poner todos los fondos de salud en un mismo pote para hacer un sistema universal. “Para eso hay que juntarlo todo, incluyendo ACAA, Fondo, etcétera. Pero por ahora, más que desaparecer a ASES, es crear la Oficina Estatal de Medicaid”.

Aun así, esto no sentaría las bases para la creación de un sistema de salud universal. Eso dependerá de quién esté en el gobierno. El MMIS (Medicaid Management Information System) es un programa que ahora tiene Medicaid y que eventualmente va a sustituir a ASES en la mayoría de sus funciones. Probablemente, por eso éramos la única jurisdicción que no lo tenía. Ramos dijo que con muy poco se puede convertir el programa en un pagador universal.

“La infraestructura para crear un sistema universal que maneje esto y montarla encima del MMIS no es complicada, pero claro, la persona que venga a gobernar tiene que querer eso. Pero de poderse hacer, se podría hacer con muy pocos cambios”.

Ciencias Médicas Senado Académico en contra de los proyectos presentados en la legislatura

Por
Luis Alejandro Molina Alanis
-

El  Senado Académico del recinto de Ciencias Médicas aprobó varias mociones, entre estas, una para oponerse al 1430 y otra dirigida específicamente a oponerse al 1441, según redactado, y recomienda el desarrollo de un comité de trabajo para evaluarlo y modificarlo.

 

Por Giancarlo Vázquez López

CLARIDAD

gvazquez@claridadpuertorico.com

El Senado Académico del Recinto de Ciencias Médicas (RCM-UPR) se expresó en contra de los proyectos del Senado 1430 y 1441 tal como fueron presentados en la Legislatura. Ambos proyectos sientan las bases para la privatización del Recinto, según han alegado estudiantes, claustrales y economistas.

En una reunión el pasado jueves, 15 de diciembre, el Senado Académico aprobó varias mociones, entre estas, una para oponerse al 1430 y otra dirigida específicamente a oponerse al 1441, según redactado, y recomienda el desarrollo de un comité de trabajo para evaluarlo y modificarlo.

El proyecto 1441 propone la creación del Fondo Apremiante del RCM, separado e independiente del Fondo General, a los fines de otorgar becas, subsidios y ayudas a estudiantes (70%), así como una partida de fondos discrecionales (30%). Según la resolución, tanto la distribución de fondos propuesta como la manera de constituir y administrar el Fideicomiso requieren mayor pensamiento a los fines de lograr el fin propuesto.

A estos fines, el Senado Académico aprobó la constitución de un Comité Ad-hoc para analizar el proyecto y hacer las recomendaciones en su próxima reunión de febrero de 2020.

“Actualmente, la Ley de la Universidad nos permite hacer estas gestiones sin la necesidad de nuevos proyectos de ley que pongan en riesgo que fondos públicos caigan en manos privadas mediante Alianzas Público-Privadas”, expresó en un comunicado de prensa Juan C. Vega, senador estudiantil por la Escuela de Enfermería.

En cuanto al proyecto 1430, este le permite al RCM establecer corporaciones subsidiarias que puedan desarrollar alianzas público-privadas, recibir, custodiar y administrar fondos, donaciones, transferencia de activos, recursos o fondos externos al recinto, dirigir la operación de propuestas federales y estatales y otras.

La resolución del Senado Académico señala que dicho proyecto carece de un análisis de costo-beneficio que pueda demostrar que Ciencias Médicas recibirá fondos nuevos y cómo estos serían utilizados para salvaguardar la misión académica, investigativa y de servicio al país que presta el Recinto.

En el documento se argumenta que “la multiplicidad de corporaciones subsidiarias y las alianzas público-privadas crean espacios privatizados dentro de la misma institución universitaria y restan transparencia a la sana administración de fondos públicos”.

El proyecto no explica cómo se allegarán fondos al Recinto de Ciencias Médicas, sin embargo, abre la puerta a que el dinero público pase a manos privadas. Por otra parte, pone en riesgo la preparación de los futuros profesionales de la salud, las investigaciones que se llevan a cabo en el Recinto y el cuidado de la salud al pueblo de Puerto Rico.

En el mismo comunicado de prensa emitido por el Senado Académico del recinto, la senadora académica Lida Orta Anés alegó que ambos proyectos habían estado circulando en la Legislatura desde antes del verano con cambios en los números que los identifican y de legisladores que los han radicado. La radicación inicial se dio en la Cámara y luego de la aprobación, tanto en la Cámara como en el Senado de Puerto Rico, el entonces gobernador Ricardo Rosselló emitió un veto expreso al mismo antes de abandonar La Fortaleza.

Todo esto trascendió de forma ajena al SA, sin que ese cuerpo de gobernanza del Recinto haya sido informado y mucho menos consultado. La Ley Orgánica de la UPR claramente establece las funciones y responsabilidades de los rectores y los senados académicos en las unidades. Orta Anés puntualizó que el rector no tiene la prerrogativa de ir por su cuenta a la Legislatura a “peticionar” proyectos de ley que redunden en cambios de esa magnitud y, mucho menos, aduciendo que tiene el apoyo de la comunidad universitaria del Recinto.

Al cierre de esta edición, el Consejo General de Estudiantes de Ciencias Médicas no tenía  una posición oficial sobre este asunto, ya que aún no se había reunido para discutir los puntos presentados en la reunión del pasado 5 de diciembre.

1...1.2921.2931.294...1.872Página 1.293 de 1.872