Dedicatoria de la 180 Asamblea del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico

 Por Josefina Pantoja Oquendo

El sábado 12 de septiembre, fecha en que también se conmemora el natalicio del Maestro don Pedro Albizu Campos,  jurista entre otros muchos atributos que nos inspiran y cuya mención fue recibida con gran entusiasmo por la matricula, se celebró la asamblea número 180 del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.  Por primera vez y debido al COVID-19, el evento y las múltiples actividades que lo antecedieron, tuvieron lugar de forma virtual.  Con el distanciamiento físico requerido, a la sede acudimos muy pocas personas que teníamos un rol que desempeñar.  La transmisión se hizo a través de una plataforma digital y de las redes sociales.

El tema central de la Asamblea fue “El Estado de Derecho ante el Dilema Ambiental”.  El quehacer denuestra más que centenaria institución ha estado siempre vinculado al bienestar de la humanidad, particularmente del pueblo puertorriqueño.  La crisis ambiental existente en el mundo, el nefasto impacto que tiene sobre los sectores más vulnerables y para las futuras generaciones, plantea la necesidad de tomar acciones, como lo ha estado haciendo el movimiento ambiental boricua.  Dos importantes resoluciones fueron aprobadas por unanimidad.  La primera compromete al Colegio a adoptar una política de reducción, reutilización y reciclaje de desperdicios sólidos y a diseñar un programa para lograrlo.  La segunda rechaza la propuesta del Mapa de Clasificación de Suelos que está para aprobación de la gobernadora.  Tan importante pieza de política pública ha sido traída en medio de la pandemia para limitar la participación ciudadana y violentar el debido proceso de ley. Además, no garantiza la sabia conservación y el uso adecuado de los recursos naturales.  Nunca he escuchado una palabra sobre el ambiente y los recursos naturales de la Lic. Wanda Vázquez Garced, ni como candidata, ni como gobernadora.

A tenor con el lema sobre el que giró la asamblea, una de las personas a quienes se le dedicó fue el compañero Pedro Saadé Lloréns, quien estuvo en nuestra sede junto a su familia.  A continuación la presentación que hice sobre este puertorriqueño, que encarna los mejores valores de nuestro Pueblo.*

Nuestro querido, creativo y muy activo presidente Edgardo Román Espada y la Junta de Gobierno tomaron una muy acertada decisión al establecer como tema central de esta Asamblea 180 del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, “El Estado de Derecho ante el Dilema Ambiental”.  Las múltiples manifestaciones de la crisis ambiental a través de eventos atmosféricos catastróficos, incendios forestales de magnitud sorprendente, eventos telúricos poco antes vistos, el peligro de extinción de apreciadas especies en el Universo, todo ello muy vinculado a la contaminación causada por la humanidad, especialmente por las prácticas depredadoras de poderosas industrias, nos alertan sobre el impacto que causan en los sectores más vulnerables.  Abren también nuestras conciencias y corazones sobre la necesidad y responsabilidad que tenemos de impedir que las futuras generaciones reciban de nuestras manos ese legado de destrucción.  La historia debe demostrarles que luchamos en todas las formas posibles para que tengan un mejor mañana.

Son las voces de organizaciones protectoras y defensoras del ambiente, de las comunidades que luchan como David frente a Goliat en contra de los proyectos de  empresas multimillonarias y de sectores aliados como políticos y funcionarios corruptos, las que mantienen en alto la bandera de la protección del ambiente, de los recursos naturales, de la salud de la gente.

Entre las voces sobresalientes que con su conocimiento y curtidas destrezas de la litigación y del activismo ha acompañado siempre a valientes boricuas que sin dinero, pero con voluntad, perseverancia e inteligencia estratégica defienden nuestros preciados recursos, está el compañero Pedro Saadé Lloréns, Colegiado 5452de esta institución.  Dentro del tema conmemorativo de la Asamblea “se caía de la mata”, como dice el refranero popular dedicarle el evento a este jurista que por décadas ha dedicado su vida

a la litigación de casos con el propósito de obtener justicia ambiental con la protección de los mares, el aire, los ríos y lagunas; los espacios para que pescadores lleven el  pan a sus familias; para que las comunidades no sean arrinconadas por grandes y contaminantes empresas y la niñez pueda jugar libremente sin que incineradoras, gasoductos y desperdicios tóxicos envenenen su salud.

Hijo de Aixa Lloréns, una mujer cuya dulzura sin duda ha heredado y de Don Pedro Saadé Urane, comerciante de ascendencia árabe, evidente en los rasgos de su hijo, cursó sus grados elementales y la escuela secundaria en el Colegio San Conrado de Ponce, donde también nació. Aunque había expectativas de que se hiciera cargo de la tienda de su padre, razón por la cual probablemente hizo un bachillerato en  Administración Comercial y Ciencias en la Universidad de Georgetown, su vida siguió el camino del Derecho.  A su regreso, se casó con su amada, Haydée Yordán (Tita).  El noviazgo superó la distancia, aunque, como ella me decía ayer sin la tecnología actual, se dependía de las cartas y ocasionales llamadas. Obtuvo el Juris Doctor con honores de la Universidad de Puerto Rico.  Para estudiar la Maestría en Derecho marchó con Tita y su primogénito Ricardo, de solo unos meses a Londres donde obtuvo el grado en la London School of Economics and Political Science, en el 1971.

Dirigió brevemente la División de Litigios del Departamento de Asuntos del Consumidor.  También estuvo en la Junta de Calidad Ambiental.  Su innato compromiso de solidaridad con los sectores más vulnerables encaminó sus pasos laborales hacia una criatura de este Colegio, Servicios Legales de Puerto Rico, donde tuvo un largo desempeño.  La sede entonces era en la Calle Hatillo, en Hato Rey y coincidió con gente del calibre de Pedro Varela, María Dolores Fernós, Salvador Tió, Sonia Rodríguez.  La litigación en todos los foros para defender los derechos de las personas sin recursos económicos era la consigna y se  establecieron importantes precedentes. Uno de los primeros casos de Pedro fue el de la Vacía Talega y la comunidad Piñones, donde una millonaria compañía pretendía arrasar con las áreas de mangle y otros preciados recursos naturales del lugar, desarraigando de paso una comunidad cuyos ancestros estaban allí desde tiempos inmemoriales. La PFZ  quería construir un complejo de turismo y de viviendas. No lo lograron gracias a los litigios administrativos y judiciales que se entablaron para apoyar la lucha de una comunidad que se defendía de una ofensiva poderosa y racista para erradicarlos de su entorno histórico.

El trabajo de Pedro en Servicios Legales se extendió por catorce años. Además de comparecer como abogado litigante en los foros administrativos, en todos los niveles del Tribunal de Puerto Rico, en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, el Circuito de Apelaciones y el Tribunal Supremo de Estados Unidos, también dirigió diferentes componentes del Programa, entre los que se destaca la Unidad de Calidad Ambiental. Se trataba de un proyecto especializado integrado por abogadas y abogados, paralegales y asistentes administrativas que bajo la dirección de Pedro representaba clientela de múltiples comunidades en diferentes partes de Puerto Rico.  Además, evaluaba y comentaba Legislación, Reglamentos y Declaraciones de Impacto Ambiental que, de ser aprobados, colocarían en riesgo importantes recursos naturales y la calidad de vida de comunidades.  Como director de la Unidad desarrolló seminarios para que el personal de SLPR adquiriera las destrezas necesarias para litigar casos ambientales de forma exitosa.

Desde 1988 nuestro homenajeado se dedica a la práctica privada de la profesión, principalmente en el área ambiental, aunque también incursiona en el campo de la Planificación, Daños y Perjuicios, Cooperativismo y otros de naturaleza civil.  Afortunadamente, está compartiendo su formación profesional y práctica con estudiantes de Derecho, tanto en la Clínica Ambiental de la Universidad de Puerto Rico como en un Seminario que ofrece en la Escuela de Derecho de su Alma Máter.  Estudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana y de la Universidad Católica también se han beneficiado de sus clases.  La importancia de esta aportación a la formación de juristas en el campo ambiental es que el acercamiento de Pedro a esta litigación especializada no se limita al estudio de las disposiciones legales y la jurisprudencia.  Tampoco considera la acción legal como el único camino para combatir proyectos y acciones que atentan contra el ambiente, los recursos naturales, la salud de las personas que queremos proteger. Para él son herramientas que están al servicio del bien común y que se combinan con otras estrategias como es el activismo, el trabajo colectivo, la organización comunitaria, la alianza de sectores; la defensa de los principios, aunque ello traiga consecuencias como la pérdida de lo más preciado, la libertad.  Así quedó demostrado cuando como resultado de la lucha en Vieques a finales de los años setenta y principios de los ochenta, por una abusiva sentencia del Tribunal Federal fue encarcelado durante varios meses junto a su cliente Carlos “Taso” Zenón, el legendario pescador viequense.

La historia de la lucha por la protección del ambiente y de los recursos naturales en Puerto Rico incluye importantes capítulos en los que el Lic. Pedro J. Saadé ha sido el timonel en la ruta legal: Piñones Vacía Talega, la protección de la Laguna Tortuguero entre Vega Baja y Manatí, junto a la inolvidable ambientalista y organizadora comunitaria Toñita Vigo, el Incinerador de Arecibo, el Gasoducto, el caso de las Cenizas en Peñuelas,  la Cantera Canarico en el Sur, el Vertedero de Ponce, el área rescatada y protegida frente al Hotel Marrito, que también involucró al Municipio de Carolina y tantos otros que se nos quedan en el tintero.

Tenemos en Pedro un digno representante de la esencia de compromiso y solidaridad sobre la que se levanta nuestro Colegio.  Este hombre, sobrino de uno de nuestros más insignes poetas nacionales, Don Luis Lloréns Torres, inteligente, sensible, cariñoso, gentil, firme en sus principios, litigante acucioso, profesor por excelencia, padre de Ricardo, de Omar que camina junto a él como abogado ambiental forjado con la misma madera, de las gemelas Camila y Gabriela, abuelo consentidor de cuatro niñas y un varón, hermano de Marien, enamorado por siempre de Tita, amigo querido por tantos años, paladín del ambiente, defensor de los derechos humanos y de la integridad de este Colegio merece, sin duda, la dedicatoria de nuestra asamblea número 180.

*La Asamblea también fue dedicada a la Lic. Ana Delia Sánchez Crespo, quien fue parte de la Judicatura durante muchos años y una defensora de nuestro Colegio.

Por Manuel de J. González/CLARIDAD

Antes de una elección general siempre se desarrollan campañas publicitarias para que la gente vaya a votar. Este año aún no se escucha la que debiera hacer la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), pero a juzgar por lo que ve las redes sociales y en los medios de prensa, puede que no haga falta. Los llamados a inscribirse y a salir a votar se escuchan por doquier de parte de personas privadas y figuras públicas, presentando el voto como el medio para nuestra salvación. Si votamos podríamos acabar de una vez con el bipartidismo, la corrupción y otro montón de males sociales. “Hay que sacarla para poder sacarlos”, se dice, con referencia a la tarjeta que nos permitiría participar.

No creo que el voto sirva para tanto, sobre todo en el país que nos ha tocado vivir. Pero no hay duda que en determinadas ocasiones puede ser importante y, repasando lo que últimamente hemos sufrido, parece que estamos ante una de esas.

Los puertorriqueños llevamos siglos votando. Las primeras votaciones en el último siglo del régimen colonial español fueron esporádicas y muy limitadas. Sólo un puñado participaba. Tras la ocupación estadounidense de 1898 comenzamos a votar con mayor amplitud a partir de la imposición del Acta Foraker en 1900. Desde entonces nunca se ha cesado.

En ninguna de esa larga lista de ejercicios electorales el pueblo puertorriqueño ha votado por quienes efectivamente nos gobiernan. Hasta 1948 las votaciones sólo servían para seleccionar legisladores. El gobernador lo nombraba el presidente de Estados Unidos y, aunque contábamos con una legislatura electa por voto popular, el Congreso estadounidense aprobaba legislación a su antojo. En el año antes mencionado se autorizó el votó por el gobernador, pero el poder para legislar sin limitaciones siguió estando allá. La Constitución de 1952 no cambió en lo absoluto ese hecho fundamental. El gobernador y la legislatura que salgan de las elecciones de 2020 tendrán que rendirle cuentas a la Junta de Control Fiscal que impuso el Congreso, y todos seguiremos condicionados por lo que otros decidan a miles de millas de distancia.

¿Y si no votamos para elegir a los que realmente mandan, vale la pena votar? El recuento anterior nos demuestra que el valor de nuestro voto siempre será relativo y dependerá de las circunstancias de cada momento aumentar o reducir esa valoración. En 1964 el Movimiento Pro Independencia (MPI) llamó a una “huelga electoral”. No fue un simple retraimiento, sino una campaña activa de rechazo a las elecciones de ese año, cuando la hegemonía del PPD, erigido casi en partido único, convertía el voto en un ritual inútil. Se quería, además, utilizar el ambiente electoral para lanzar un aldabonazo de conciencia al independentismo, que en las elecciones anteriores había caído en la marginación. De aquella campaña el MPI salió con más fuerza y más militancia. Una década después la misma organización que llamó al boicot, trasformada en Partido Socialista Puertorriqueño (PSP), se inscribió como partido electoral y participó en las elecciones de 1976 porque entonces entendió que esa participación beneficiaba la lucha que desarrollaba.

Además de ver las elecciones como un escenario que, dependiendo como se participa, puede ayudar a adelantar objetivos a más largo plazo (que en el caso del MPI-PSP era la independencia de Puerto Rico) es innegable que los funcionarios que allí se eligen cada cuatro años afectan la vida de todos los puertorriqueños. Su poder es limitado, pero suficiente para hacernos la vida un poco halagadora o más miserable.

El cuatrienio que está por terminar evidencia que las ramas del gobierno puertorriqueño, con todo lo que tienen de colonial, ejecuta funciones importantes y, por tanto, nos debe preocupar quiénes estarán al mando. Luego del azote del huracán María, de los terremotos que afectaron el sureste y la pandemia en la que aún estamos inmersos, la importancia de contar con funcionarios gubernamentales honestos y medianamente eficientes está a la vista de todos. La terrible penuria que todos sufrimos tras el huracán estuvo alimentada por la incompetencia y la corrupción pública. También de éstas nace la improvisación frente a la pandemia, la limitada disponibilidad de pruebas y el tratamiento criminal a los desempleados.

Además del gobierno central, también se ha demostrado la importancia de contar con legisladores capaces y honestos. Juan Dalmau y Denis Márquez – dos de los mejores legisladores que he visto en muchos años – demostraron en este cuatrienio que a veces se puede hacer bastante, aunque se luche desde la soledad.

En suma, nunca se puede perder de vista que el voto que vamos a emitir el próximo 3 de noviembre no nos sirve para elegir a quienes realmente nos gobiernan, pero aún con esa enorme limitación, podemos utilizarlo para intentar aliviar nuestras penurias. En esa elección, además, en otro ejemplo de abuso de poder, el PNP nos convoca a votar Sí o No a la anexión. Sabemos que es otro plebiscito inconsecuente, impuesto a la trágala para tratar de llevar sus fieles a las urnas, pero si de todos modos vamos a ir a una caseta de votación aprovecharemos para decir que NO.