Por Manuel de J. González/CLARIDAD
El caos que se vivió el domingo 9 de agosto, cuando debían celebrarse las elecciones primarias de los partidos Nuevo Progresista y Popular, es un nuevo ejemplo de la descomposición del gobierno colonial de Puerto Rico. Antes vimos como ese mismo gobierno no podía responder a las necesidades más básicas de la población y ahora llega al colmo de no poder garantizar que un grupo de personas pueda ejercer el derecho al voto.
Los mismos partidos que celebraban sus primarias el pasado domingo, y que en medio de despelote quisieron proyectarse como víctimas, son los que han conducido la administración pública puertorriqueña al nivel de desamparo en que se encuentra. Fue el desastre de la administración de Alejandro García Padilla, con su corrupción y su incompetencia, lo que llevó a la gobernación de Ricardo Rosselló. Y desde que comenzó el nuevo cuatrienio, todos hemos sido espectadores del derrumbe.
Prácticamente ningún área o sector del gobierno del PNP que comenzó en enero de 2017, ha tenido un nivel de competencia mínimo. Antes del espectáculo que se escenificó el domingo 9 de agosto, mirábamos todos los días el caos en el Departamento del Trabajo, incapaz de canalizar una ayuda básica a cientos de miles de desempleados. El dinero está en los bancos, pero quienes lo necesitan pasan los días en largas colas sin que nada les llegue.
Ese mismo caos, y por las mismas razones, lo vimos el pasado domingo en una simple elección primaria. Las papeletas de votación estaban impresas, apiladas en las oficinas de la Comisión Estatal de Elecciones, que no era capaz de organizar la gestión mínima de distribuirlas. Igual como se obliga todos los días a los desempleados a esperar muchas horas para recibir nada, se obligó a miles de personas a hacer cola para no poder votar. La incompetencia y la desidia cambia de día y de escenario, pero es la misma. Para colmo, tanto los desempleados obligados a esperar en fila para recibir nada, como las convocadas a votar en las elecciones internas del PNP y el PPD, enfrentaban el riesgo de la pandemia, que el mismo gobierno mantiene descontrolada. Muchos de ellos estarán engrosando otra lista dentro de varios días: las de los “positivos confirmados”.
En el bochornoso caos producido en las primarias, el Partido Nuevo Progresista no puede poner cara de víctima porque la CEE es controlada y dirigida por ellos. Igual que el gobierno que ese partido regentea desde 2017, la CEE es un ejemplo dramático de incompetencia desde que el PNP pasó a controlarla a principios de 2018.
No estamos hablando de un evento similar a las elecciones generales, que moviliza a casi dos millones de electores. En la primaria del domingo, apenas se movilizaron 200 mil personas en toda la isla. Pero aún ante una actividad tan reducida fueron incapaces de un desempeño mínimamente efectivo. Tanto en la CEE como en el gobierno los funcionarios se escogen como premio político y tras garantía de lealtad. De ahí el despelote.
El mejor ejemplo de lo que decimos ocurrió a principios de 2018 cuando el gobernador Rosselló nombró para dirigir la CEE a un individuo inescrupuloso, cuyo historial tramposo el liderato del partido conocía a plenitud. Por eso lo nombraron. Aquel individuo – Rafael Ramos Sáenz – era desconocido en casi todos los círculos porque el cargo más alto que había ocupado era el de juez municipal de Moca. El liderato del PNP, sin embargo, lo conocía muy bien porque mientras ejercía el cargo de juez presidía la Junta de Inscripción Permanente del municipio y, desde allí, militaba solapadamente en el partido. Quien lo nombró sabía que su militancia violaba los principios básicos de la ética judicial y, esperando que eso no se supiera, no tuvo reparo en ponerlo a cargo de la identidad responsable de organizar elecciones.
A no ser por las peleas internas dentro del PNP, aquel juez municipal inescrupuloso estuviera todavía al mando de la CEE. Esas luchas internas, particularmente entre Ricardo Rosselló y Thomas Rivera Schatz, permitieron que se divulgara un chat entre los integrantes del comité de campaña de Rosselló donde el juez de Moca departía con sus colegas de partido. La denuncia hizo insostenible la permanencia del juez corrupto en la presidencia de la CEE, cargo al que había llegado gracias a su militancia y a su capacidad para el chanchullo.
Del actual presidente, Juan Ernesto Dávila, no conocemos ningún chat, pero igual que el otro, también llega al cargo gracias a sus contactos partidarios. Esos contactos le sirvieron para que la mayoría de los jueces que componen el Tribunal Supremo lo seleccionaran como secretario de la corte, imponiéndoselo a la presidenta del cuerpo. Desde allí lo reclutó Rivera Schatz para colocarlo en la presidencia de la CEE. Su capacidad administrativa era desconocida porque la secretaría del Supremo es una oficina minúscula, pero de su fidelidad política no había duda.
En medio del caos del pasado domingo 9 de agosto tanto Rivera Schatz como la gobernadora Wanda Vázquez intentaron presentarse como víctimas, enfilando los cañones contra Dávila. El pataleo no les sirve de mucho porque el país sabe que la CEE es de ellos. Es el mismo gobierno que provocó casi 4 mil muertos tras el huracán María y el que mancha con tinta de incompetencia todo lo que toca. El desastre de la CEE les pertenece, igual que el de la AEE, el del Departamento de Salud, en de las filas del desempleo y tantos más.
El último desastre tendrá una larga cola. Detener un proceso eleccionario en marcha, autorizado mediante legislación, no es algo de poca monta. La misma noche del domingo 9 de agosto comenzaron los pleitos cuando Pedro Pierluisi, quien dominaba la contienda dentro del PNP, acudió al tribunal para cuestionar la paralización y exigió que se contaran los votos ya emitidos. Quien paralizó el proceso fue Rivera Schatz, presidente del PNP, que apoya a la actual gobernadora, contrincante de Pierluisi.
Ya pueden ver cómo se desborda la excreta.
